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El 'lawfare' contado por alguien que lo sufrió

Antonio Rodrigo Torrijos (de pie), en una vista del caso Mercasevilla. Imagen de archivo
26 de abril de 2024 22:52 h

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En diciembre de 2022, en una entrevista que me hizo este medio de comunicación, afirmé determinados extremos y alerté de ciertos “futuribles” que ahora, pasado el tiempo, muestran su vigencia y acierto por más que duela afirmarlo.

Acababa de ser absuelto (después de años de calvario judicial) del último de los casos en que me vi inmerso tras una organizada y planificada operación de acoso político-mediático por lo que llamé siempre el tea party local. Y, si me apuran, impulsado, aunque parezca excesivamente directo, por el conglomerado de intereses financieros, políticos y económicos (con sus terminales judiciales y mediáticas) que tanto mandaba y manda, aunque nunca se presente a las elecciones.

Esa operación se pergeñó durante el periodo (2003-2011) en que mi fuerza política, IU, cogobernó junto con el PSOE el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, si bien su crudeza alcanzó el punto álgido entre los años 2007-2010, con un auténtico aquelarre de noticias falsas, ocultación de los logros del gobierno local, hipérbole de lo negativo... Es decir, la mentira como estrategia. En ese tiempo se llevaron a cabo políticas de transformación desconocidas hasta entonces en el municipalismo y que produjeron la mayor transferencia de rentas del capital a rentas sociales que se había conocido hasta entonces en Sevilla.

Construcción de unas 7.000 viviendas públicas a precio tasado, que en realidad se vendían a un tercio menos que en el mercado. Hicimos el parque social de vivienda, una inédita y novedosa entonces, iniciativa de alquiler que dio respuesta a los desahucios (a un precio no superior al 5% de rentas de los adjudicatarios) para ofrecer a los que eran expulsados de las que tenían. Adoptamos la decisión de intervenir en el asimétrico binomio capital-trabajo con las cláusulas, en la contratación administrativa, obligatorias para las empresas que contrataban con el Ayuntamiento, lo cual garantizaba prevención ante la siniestralidad laboral, convenios colectivos y condiciones de trabajo dignos, representación sindical. Sectores empresariales nos acusaron de “bolchevizar” las relaciones laborales en Sevilla.

Hicimos una inversión desde lo público desconocida hasta entonces en la ciudad. Situamos a Sevilla en el liderazgo europeo con la apuesta por la intermodalidad en el transporte público y la movilidad sostenible (carriles bici, energía no contaminante, peatonalizaciones, luminarias tipo led...). Pusimos en marcha los Presupuestos Participativos: vade retro, satanás, ¿cómo que los ciudadanos van a decidir que una parte importante del presupuesto local tenía que ir allí o aquí? Socialismo. Implantamos el “bonobús solidario” para que las y los desempleados pudieran desplazarse gratis en el transporte público.

Y no fue sólo lo que hicimos, sino lo que impedimos el pelotazo urbanístico en la Dehesa de Tablada (23.000 viviendas de lujo y desaparición de la misma como pulmón verde para toda el área metropolitana) o la Central Térmica en Punta del Verde que, de haberse hecho, hubiera afectado a la salud de un tercio de la población. O el “urbanismo a la carta”, al que tan acostumbrados estaban ciertos grupos promotores.

Lo hicieron, organizaron e impulsaron, como dice Coppola en El Padrino, no por razones personales sino por negocio, había que sacarnos del gobierno y a ello se aprestaron hasta conseguirlo

Es decir con estas y otras muchas medidas que llevamos a cabo no solo mejoramos la calidad democrática de la corporación y la vida de la ciudadanía, ni logramos mayores cuotas de igualdad social y de acceso a los servicios públicos, sino que alcanzamos la mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales. Y eso era dinero, de tal forma que exacerbó la animadversión de muchos promotores, del sector financiero y de los grandes empresarios. Estos son, en mi opinión, los que impulsaron lo que ahora está tan de moda y que se conoce como lawfare y que yo siempre llamé cacería política. Y lo hicieron, organizaron e impulsaron, como dice Coppola en El Padrino, no por razones personales sino por negocio: había que sacarnos del gobierno y a ello se aprestaron hasta conseguirlo.

Pues bien, siempre sostuve, en aquella entrevista y otras oportunidades de expresión publica, que Sevilla fue un laboratorio donde se ensayó el lawfare como si de una inversión socio-política se tratase y que, de resultar exitosa, como desgraciadamente fue, se extendería hasta alcanzar al Gobierno de España, como estos días se está confirmando. Tras aplicaciones “intermedias”, también con resultados satisfactorios –casos Mónica Oltra, Juan Carlos Monedero, Victoria Rosell, Pablo Iglesias, Irene Montero, Carlos Sánchez Mato…–, había que continuar con el mismo procedimiento, eso sí, mejorado y pulido tras ese recorrido.

Y es cuando deciden abordar la madre de todos los lawfare contra el presidente del Gobierno a través de su mujer. Qué importan la ética, incluso, la estética, si lo importante es desalojar al “okupa”, según la enfermiza y peligrosa terminología empleada por la extrema derecha y la derecha extrema para designar a aquellos que tienen el “atrevimiento” de gobernar por mandato popular.

En la Sevilla de aquellos años, gobernada legítima y democráticamente por la izquierda (en una España pintada de “azul”), se invirtió, se ensayó... y se logró acabar con una experiencia de gobierno para la mayoría social que bien pudiera haber servido como ejemplo para otras administraciones y que comportaba un riesgo para aquellos que consideran este país, “por designio divíno”, como una propiedad que sólo pueden administrar ellos.

Al presidente del Gobierno de España tengo la osadía de pedirle que no ceda, que es muy duro (bien lo sé) pero que no ceda, porque el interés general, lo común, la convivencia y las libertades bien lo merecen

Dije entonces (2022) y sostengo ahora que aquí se ensayó una cacería política que ahora está en marcha contra el Gobierno de España y, desgraciadamente, tal afirmación no fue solo premonitoria sino acertada.

La lección aprendida de todo esto, y en el actual escenario, es que mirar para otro lado porque “conmigo no es” ha devenido en peligro grave, no contra tal o cual persona (aunque muchos lo hayamos pagado caro) o formación política, sino contra la Democracia (en mayúscula) y el sistema de derechos y libertades para todas y todos. Y si las fuerzas sociales y políticas, la ciudadanía en su conjunto, no lo vemos y situamos en el centro de la agenda de este país la defensa de la democracia como el único espacio común donde es posible el debate, la divergencia y el acuerdo, la involución y la noche del fascismo (de otra forma tal como lo conocimos pero no por ello menos liberticida) están servidos.

Posdata: Vaya toda mi solidaridad, comprensión y apoyo para todas aquellas personas y sus familias que por defender con firmeza y responsabilidad sus ideas y llevarlas a la práctica en las instituciones tal como se comprometieron ante la ciudadanía, sean del partido o fuerza política que sean, sufrieron persecución política y/o fueron apartadas de las responsabilidades para las que resultaron electas. Y muy especialmente, y en este trascendente momento histórico, para el presidente del Gobierno de España y su familia, al que tengo la osadía de pedirle que no ceda, que es muy duro (bien lo sé) pero que no ceda, porque el interés general, lo común, la convivencia y las libertades bien lo merecen.

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