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Elisa Beni

Con 23 años fui la directora más joven de un diario español y ahora escribo en el diario más joven. En medio he pasado por decenas de redacciones y aún así sigo amando el periodismo. Ahora vivo este periodo decisivo como analista y comentarista en Las Mañanas de Cuatro,El Gran Debate de T5, Julia en la Onda de Onda Cero, "Tiempo" y allí donde quieran una voz que cree en lo que dice.

El tercer negrito...

Five little soldier boys going in for law;

One got in chancery and then there were four

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¡Agua...!

T1 M4... Sánchez... ¡Agua! Varias generaciones de periodistas de casi todos los países han crecido y han vivido bajo la sombra del Caso Watergate. "Puerta del Agua" se llamaba aquel edificio del que salieron unos papeles robados que revolucionaron la política norteamericana en los años 70 y se convirtieron en el emblema de cómo la función de control de la prensa podía llegar a derribar hasta las más altas murallas en una democracia y agua es lo que hacen ahora muchos. El Watergate constituyó la sacralización de la idea del Cuarto Poder, ignoto para Montesquieu, que se convertía en las modernas democracias en un añadido que reforzaba los equilibrios y el control. Tanto que los equipos políticos profesionales se cubrieron de los llamados técnicamente gatekeepers que luchaban para proteger la portería de sus señoritos y para intentar desviar los tiros a puerta de aquellos que intentaba, con mejores o peores artes, colar un gol definitivo al poder.

Este equilibrio se ha basado en unas normas conocidas, adquiridas y suscritas por los aspirantes a chutar a gol que, fueran de la ideología que fueran y quisieran apoyar al equipo que apoyaran, estaban conformados de una pasta intelectual que admitía que para pasarle factura a un político y forzar su dimisión había que tener un caso que apuntara a una línea de flotación real -su credibilidad, su coherencia, la honestidad, la mentira, la corrupción- y que se contaba con las pruebas fehacientes que según el método empírico científico acreditaran sin lugar a dudas que tal falta se había producido. Eso ha sido así durante todo el siglo pasado y las reglas de este juego del equilibrio de poderes y de la forma de voltearlo han sido pasadas y obtenidas de generación en generación sin grandes problemas más allá de las especulaciones intelectuales sobre dónde andaban los grises, sobre los matices de la operativa y sobre las líneas de fricción. Ninguna divergencia importante, aunque sí interesante. Puedo asegurarles que en toda universidad nos transmitieron a todos los periodistas los mismos conceptos sobre la verdad, la objetividad, la comprobación de datos, la aportación y protección de fuentes... Mentirá quien les diga que no, al menos antes de que llegara la verdad líquida e instrumental a nuestras vidas.

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Probidad u oprobio

Lo más grave de lo sucedido con Montón ha sido para mí darme cuenta, en el momento de su dimisión, de que no tiene ninguna consciencia de la gravedad de los hechos que la han sacado de un Gobierno que no puede permitirse ni la más mínima falta de decencia por ética y por la decencia prometida, pero también por cálculo electoral. En las aguas en las que el PSOE deberá pescar en las elecciones, sólo el anzuelo de la limpieza y del compromiso con la integridad conseguirá aumentar el volumen de piezas. Esa limpieza, esa honestidad, esa honradez en las acciones que se debe exigir a todo servidor público se llama probidad. No queremos gobernantes cuya única altura sea la de no ser delincuentes. Hay algo más que exigir.

Es duro comprobar que jóvenes políticos, procedentes de las nuevas generaciones, no han logrado aprehender ni aprender en su paso por la Universidad qué sea la probidad intelectual. No hay saber más importante ni más decisivo para la formación del estudiante y futuro trabajador intelectual que la comprensión de este concepto. La probidad académica, la probidad intelectual, es aquel conjunto de principios y valores que forman en la integridad y honradez a la persona en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en su posterior desempeño. El plagio es el peor pecado contra esta integridad, el peor. Robar ideas es más ignominioso que hurtar dos cremas en un supermercado y quienes no hayan aprendido eso en su paso por las aulas son unos ignaros de la decencia intelectual. En la vida académica se aprende que estudiar, compartir conocimientos, citar y basar las propias ideas en las expresadas por otros es una riqueza del intelecto mientras que arrebatarles su propiedad intelectual para provecho propio es una de las peores formas de latrocinio.

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Con V de... Lesmes

La plasticidad de la norma y de sus consecuencias ha ganado un lugar sublime en manos del CGPJ y de su actual virrey ya con fecha de caducidad. Cada vez más esta modesta crónica del lado oscuro de la Plaza de la Villa de París va conectando con los géneros distópicos que otros como Alan Moore cultivan con maestría. Dudo estar a la altura. Así, si hace unos días tenía que explicarles cómo se las habían apañado de una forma irregular para forzar un amparo a Llarena y asegurarse de que su bolsillo no sufra en Bruselas, ahora tengo de hablarles de cómo esos mismos arcanos del Derecho han servido para condenar a otro magistrado al limbo de los justos y privarle de su ejercicio jurisdiccional y de su sueldo durante unos cuantos meses cubriendo el doble objetivo de mantenerlo apartado de dónde no quieren verlo y de hacerle la Pascua florida, que tampoco es objetivo menor.

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Los réditos de la incoherencia

Esta es la historia de unas personas que por mor de criticar y combatir una cosa de la que abominan terminan haciendo lo mismo y elevado a la enésima potencia. Sí, esta es la historia de los preclaros defensores de la indemnidad de la jurisdicción española y de la limpieza del juego jurídico y que para limpiarlo de añagazas se convierten en trileros. Esta es, en definitiva, la historia de los que para combatir lo que consideran un inaceptable ataque a la independencia del españolísimo Llarena, a través de una demanda civil en Bélgica por declaraciones privadas, se dejan caer con un asunto penal contra una jueza belga por un acto realizado con toga y en sala de vistas.

Ustedes juzgarán. Yo me he pasado varias horas hablando con reputados juristas que trabajan en tan distintos ámbitos como la abogacía, la alta judicatura o la cátedra y me he divertido mucho con sus espantos: "Querella delirante", "absoluta gilipollez sin sentido", "demencial", "de chiste". Algunos de ellos opinan también que la demanda civil belga no tendrá recorrido; pero aquí de lo que se trata es de este nuevo y surrealista movimiento sobre cuyos posibles objetivos hablaremos más tarde. La llamada 'Asociación Movimiento 24DOS para la defensa del derecho de defensa', que se constituyó por abogados para optar a la presidencia del Colegio de Madrid, ha presentado una querella contra la jueza belga que celebró la vista del martes, contra el abogado Boye dicen que como director letrado de la demanda belga y contra Puigdemont y los cuatro exconsellers como demandantes además de a la traductora jurada. Los acusa de los delitos de prevaricación y usurpación de funciones (a la jueza belga Dessy), de inductor a la prevaricación de la jueza y del delito de presentación de traducción falsa o de falsedad documental (al abogado Boye) y de también inducción a la prevaricación y a la usurpación de funciones de la jueza (sic) a los demandantes.

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Et si c’etait faux...

¿Y si fuera falso? ¿Y si todo lo que estos días se está vertiendo en torno a la presunta manipulación de las palabras de Llarena fuera demostrablemente falso? Me he permitido titular hoy en francés ya que a la vista de la cantidad de expertos en el condicional que han surgido, no creo que haya dudas sobre el significado. Lo cierto es que se han pronunciado tirios y troyanos en redes sociales, se ha acusado de graves delitos a abogados y se ha hablado incluso de denunciar a estos ante el Colegio de Abogados y, todo ello, sin haber visto documentos ni haber comprobado casi nada de lo que se dice.

Después de haber hecho ese mínimo repaso, que todo periodista que se precie debe realizar, puedo afirmar que es falso que se trate de una manipulación realizada a posteriori para intentar engañar al juez belga y que, desde luego, la traductora ha tenido responsabilidad por dejación. Lo cierto es que los abogados belgas que firman la demanda me confirmaron ayer personalmente que ésta fue redactada por su equipo en Bruselas y que la traducción del fragmento que contiene el error se realizó también allí. El abogado español, Gonzalo Boye, no participó en la misma lo cual viene refrendado por el hecho de que Boye, de nacionalidad alemana, domina ese idioma, el inglés y el español, pero no sabe francés. No pudo por tanto traducir nada ni darse cuenta del error que contenía el párrafo. Sólo podría haberlo hecho si la traductora hubiera traducido TODO lo que contenía en francés el documento, incluido ese párrafo. Sólo así se hubiera visto que la traducción del párrafo entrecomillado atribuido a Llarena era diferente a ese mismo párrafo recogido en español en la demanda.

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Corporativismo como ariete

La acertada postura del Ministerio de Justicia ante la insólita petición por parte del CGPJ de utilizar fondos públicos para defender a un juez concreto, Pablo Llarena, en un asunto civil privado en Bélgica ha suscitado la airada reacción de las principales asociaciones conservadoras de jueces y de fiscales. En un duro comunicado conjunto llegan a dejar sobrevolar la amenaza de acciones penales sobre la ministra y su equipo por “la pasividad al no adoptarse medidas para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad de la jurisdicción de España” a la par que exigen al Gobierno que adopte las medidas instadas por el CGPJ en el amparo concedido. Nada dicen de  las condiciones extemporáneas en las que este fue acordado ni por supuesto se inquietan por las consecuencias penales que tal actuación de la Comisión Permanente del CGPJ pudiera tener. Me temo que esto se lo están trabajando otros.

Entiendo que el comunicado asociativo se produce sin haber leído la demanda civil belga puesto que afirman que se trata de una demanda “por su actuación en el asunto en el que ha sido instructor”. Lo cierto es que la demanda afirma en reiteradas ocasiones que lo que consideran vulneración de derechos durante la instrucción se sustanciará en otras instancias y que en ningún caso es motivo de ese procedimiento civil. No cabe duda de que, usando la necesidad de contextualizar la petición, la demanda aprovecha para compilar no sólo algunos hechos del procés, sino también párrafos de los autos de Llarena en los que a éste se le fue la pluma y acabó afirmando que es la ideología independentista que mantienen los procesados la decisiva para mantenerlos en prisión. Tienen buen cuidado, no obstante, de remachar que su demanda no se refiere a eso. El contexto también sirve para recoger manifestaciones del Gobierno anterior y de otras instancias en las que se afirma que el delito de rebelión se ha cometido y que estas personas fueron quiénes lo cometieron. Algo que ha acabado por resultar casi normal en España pero que puede escalofriar a más de uno fuera.

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¿A quién desnuda Llarena?

Es indudable que la pretensión del magistrado Llarena de que el Gobierno español se haga cargo, con fondos públicos, de su representación legal en Bélgica ante la demanda civil presentada por el expresident de la Generalitat y cuatro de sus exconsellers, pone sobre la mesa del nuevo Ejecutivo español un marrón sobrevenido y de compleja solución.

El amparo irregular concedido por el CGPJ al magistrado ha sido redirigido al Ejecutivo en una exigencia de apoyo a la totalidad de la jurisdicción española, argumentado que es toda ella la amenazada por unos jueces belgas que, ellos también, aplican su principio de legalidad.

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Rescatando a Llarena

Hasta la fecha el sufrido contribuyente español se ha visto abocado a rescatar bancos y concesionarios de autopistas varios, pero no se había dado el caso hasta el momento de que se nos pidiera que rescatáramos a un juez. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo. El magistrado Llarena, con el dudoso apoyo de su amigo Lesmes, el amo del calabozo del CGPJ, pretende que se utilice dinero público para pagar la representación legal de Pablo Llarena en un pleito civil en Bruselas y, además, que en caso de que éste se pierda y sea condenado, se utilice el dinero de todos para pagar la indemnización, que sería simbólica, y hacer frente a las costas, que no lo serían tanto.

Ya saben, era esa demanda civil presentada por Puigdemont y los ex consellers Serret, Comin, Puig y Ponsatí de protección del honor por manifestaciones privadas realizadas por el magistrado en conferencias (patrocinadas por BMW, en FAES y en universidades de verano) en las que se habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por parte del juez que instruye su caso. Esa demanda civil que le partía la caja a Llarena y al resto del mundo y que el entonces juez decano de Madrid consideró que no debía ni de hacerle llegar. Esa demanda que ha seguido su curso legal y que mantiene su citación para septiembre. Lo que era una coña y una ocurrencia hace dos meses ha terminado poniendo en marcha mecanismos inauditos para el rescate de Llarena. Con el dinero de todos. Y ojo a eso. Porque lo que se sustancia en Bruselas -lugar de residencia de los demandantes- es si el magistrado Llarena, que en sus escritos judiciales considera presuntos autores de un delito de rebelión y malversación a los catalanes, ha cometido un ilícito civil al dar por hecho en manifestaciones privadas que lo han cometido. Se preguntarán ¿y qué tiene que ver el CGPJ y el Ministerio de Justicia y, sobre todo, nuestro dinero con lo lenguaraz que sea Llarena o lo que se le escape el subconsciente cuando va por ahí de gira? Pues eso mismo me pregunto yo y me parece que también Justicia debe de estudiar muy bien la situación antes de tomar una decisión que pudiera suponer una mala utilización de fondos públicos, ya que esto tiene un nombre muy feo. Ya saben.

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Juristas en el Callejón del Gato

Sabido es que a principios del pasado siglo existía en el viejo Madrid un callejón próximo a la Puerta del Sol en el que un avispado comerciante había instalado dos espejos deformantes, uno cóncavo y otro convexo, por los que no había "gato" que no se hubiera aprestado a pasar para ver su imagen extraña y alegremente deformada. Sabido es además porque un grande de las letras –Valle-Inclán, mentémoslo sólo para el que no caiga– excentrico, extravagante y lúcidamente esperpéntico, los consagró en sus obras. Cierto es que en Luces de Bohemia, Max Estrella ya nos avanza que "la deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta".

Viene a cuento esta historia hiperbólica y castiza porque cada vez más compruebo que muchas personas con fuerte formación jurídica tienden a pasar la vida por el callejón compuesto de las reglas del Derecho sin darse cuenta que la sociedad, más allá de haberse dotado de ese espejo, por mucho que quieran dotarlo de matemática perfecta, sigue teniendo una existencia real y ontológicamente probada más allá del prisma del Derecho. Pártase de la base de que respeto todos los principios básicos del Estado de Derecho y que defiendo que sin ellos es imposible construir una sociedad justa y democrática. Ahora bien, eso no implica que la realidad se diluya en ellos. Quiero decir con ello que existe el agravio y la ofensa más allá de que el derecho lo establezca como tal. Existe la necesidad, la carencia o la injusticia más allá de los límites fijados por el Derecho. Las leyes, y sobre todo el derecho penal, son el mínimo exigible, pero más allá de él existen injusticias, e incluso cuando estas no se someten a su égida, siguen existiendo.

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