MAR pisa la línea más peligrosa
Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro”
No sé si habrán sido alguna vez funcionarios o funcionarios eventuales, pero les puedo asegurar que hace años se usaba el papel de fumar para las cuestiones más nimias. Yo trabajé siete años para el CGPJ y puedo asegurarles que todos los que nos dedicábamos a tareas de comunicación en aquella época tuvimos que sufrir el incordio de llevar dos teléfonos o bien una tarjeta sim con dos números –el oficial y el particular– para asegurarnos de que no llamábamos o mandábamos un mensaje al pariente, fuera o no particular, con el número oficial. Ahora creo que con las tarifas planas de datos todo eso ha cambiado, menos para Hacienda, que sigue considerando que un autónomo no puede desgravarse la línea de datos móvil, aunque sea imprescindible para su trabajo, por si la usa para algo privado aunque el coste sea el mismo.
Quiero decirles con esto que el escrúpulo ha regido siempre –al menos hasta los ignominiosos tiempos que vivimos– la relación de los servidores públicos con los medios puestos a su disposición con la condición irrenunciable de orientar su uso a la realización del bien común. Confundir el bien común con el del “señorito” o “señorita” no es admisible. Les aclaro que en el argot de los Dircom suele llamarse así al político, personaje, empresario o representante de institución al que dedican sus esfuerzos comunicativos. Por eso la línea que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) ha pisado es tan peligrosa, porque ya ni la deontología ni la ley permiten la instrumentalización de bienes públicos para fines privados.
Sucede que un montón de periodistas recibió esta semana un envío remitido desde la jefatura de Prensa de la Comunidad de Madrid que vehiculaba una nota de prensa de un bufete sobre anomalías en la relación de estos abogados con uno de sus clientes, precisamente el que es el “convividor” con la presidenta de la CAM. Repito por si queda duda: cliente particular-abogados-nota de prensa de bufete-envío con medios públicos. O sea, repetimos, un bufete de penalistas afirma haber tenido un problema con la comunicación con uno de sus clientes que considera hackeada por lo que ha presentado una denuncia. Hasta ahí tenemos un tema que precisará de la confirmación de ese delito y de haberse producido la investigación sobre la autoría. ¿Cómo acaba este asunto llegando a una lista de periodistas desde medios públicos? Si el bufete Gallardo hubiera querido enviar esta nota a un grupo grande de periodistas seleccionados –a los considerados del bando amable– hubiera tenido que o bien contar con un profesional de la comunicación propio o con una agencia especializada que hubiera llevado a cabo la redacción, la selección de contactos y la remisión. Fíjense que yo hasta tengo publicado un manual sobre comunicación de abogados y bufetes y tengo claro que esa sería la única manera correcta. Eso, claro, cuesta dinero. Ese es el motivo por el que muchos letrados no disponen de los medios para hacer llegar masivamente información sobre los asuntos que llevan o los problemas que les aquejan.
Resulta que el tema no es nada baladí. De hecho el legislador tuvo a bien introducir este texto en el Código Penal: “La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselos, destinare a usos privados el patrimonio público a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 3 años y suspensión de empleo” (artículo 432 bis). Vamos, que no estaban por la labor de pasar por alto la utilización espuria de los medios destinados al bien común. Es esta una cuestión que les ha dado muchos sinsabores a los funcionarios y políticos independentistas catalanes. Hasta se intentó usar la malversación contra ellos por el uso durante unas horas de edificios públicos -colegios y otros- para llevar a cabo un referéndum ilegal. No sólo. En el Tribunal de Cuentas se tramitan procedimientos por los gastos derivados de la elaboración de cartelería, traducción de folletos y otros materiales de acción exterior de la Generalitat al considerar que no servían a los fines de interés público sino a los intereses políticos de quienes los encargaron. Poca broma. A ver si las normas y las interpretaciones que gustan tanto para emplumar a unos no van a regir para los otros. Recuerden lo que siempre digo: un solo listón y para todos.
Así que se han utilizado ordenadores o teléfonos, listas de envío con direcciones entregadas para la recepción de información pública, tiempo de los funcionarios que decidieron enviarlo y lo hicieron y hasta del propio MAR, que modificó la nota inicial redactada por el bufete según delatan los metadatos. Todo para hacer llegar una nota privada de un bufete privado sobre un señor particular. Esos son los hechos; si encajan en el tipo como un guante es cosa que los juristas deben decidir. A lo mejor sólo lo hace si eres catalán, no digo yo que no. Por cierto, para más inri, esa marca delatora de MAR se introdujo para apuntar directamente al Gobierno como responsable del hackeo, algo que los abogados penalistas no hubieran hecho ni borrachos, insisto, ni borrachos. El pirateo, añadió MAR dejando rastro, “es muy sofisticado y solo al alcance de los Estados”. Insisto, ni borrachos los penalistas firman eso. Tampoco hay problema de prueba, fíjense, porque tanto el envío como el añadido han dejado más rastros que un caracol.
No sé si por mala conciencia o porque son así de echaos p'alante pero la propia Ayuso intentó en rueda de prensa justificar ese uso injustificable de medios públicos para usos privados: “No se trata de un particular sino del Estado de Derecho”. Es decir, que según la presidenta no se utilizó todo el departamento de prensa de la CAM en beneficio no ya de su novio sino de su propia carrera política sino que lo hicieron por el bien común. Miren la excusatio y ya vemos. Pues siento recordarle a Ayuso que ni para defender el Estado de Derecho se pueden infringir las leyes. Esa defensa del Estado de Derecho para impedir la vulneración del sagrado secreto de las comunicaciones abogado-cliente ya la ha realizado el bufete Gallardo presentando una denuncia. Incluso si en algún momento hubiera el más mínimo indicio de que el Estado ha tenido que ver, los tribunales serían la vía y sus gabinetes de prensa los encargados de remitir la noticia a los periodistas. “La sensación es que todo ciudadano que sea incómodo para este Gobierno tendrá que tener enfrente a todos los poderes del Estado y será despojado de sus derechos”, dijo la buena mujer, con el aplauso cerrado de todos los espiados por Fernández Díaz, de Aragonés, de los abogados del procés y de todos los que sufrieron al gobierno de su partido que utilizó a la policía y otros medios públicos vulnerando las leyes por intereses políticos. Pregúntele, pregúntele señora Ayuso a Fernando Martínez.
No sé si al principio de esta historia ella sabía de las ilegalidades de su novio –que no es defraudador confeso como se repite, nadie es confeso hasta que firma una conformidad y admite el delito y menos por un correo de su abogado y no suyo–, lo que sí sé es que el pánico les está haciendo enredarse y puede que se estrangulen solitos. Ahora sí sabe Ayuso. Ahora que dice a veces que la casa es del particular y a veces que ella sólo se ha comprado una casa hipotecándose para un montón de años. ¿En qué quedamos? Ahora sí está pringándose en la defensa de un particular desde un organismo público con el dinero de todos los madrileños.
No me cabe duda de que hay muchas cosas que investigar aquí y la del envío de esa nota de prensa es una de ellas. Lo mismo que el TSJM va a investigar el envío por parte de la Fiscalía de otra nota de prensa que tampoco debieron enviar nunca. Una cosa no empece la otra. Ojo con las batallas y con la guerra a muerte por el poder, que se nos quedan las instituciones por el camino y ahí sólo perdemos los ciudadanos.
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