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La quiebra de la rama menos peligrosa

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), y el exconseller y eurodiputado de JxCat Antoni Comín. EFE/ David Borrat

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"El poder menos peligroso puede convertirse en el más peligroso"

Fernández-Fontecha

No quiera la fortuna que tengamos que ponernos a salvo de bestias o demonios encaramándonos a las ramas de un árbol y, si así fuera, no cabe duda de que nos desearíamos a nosotros mismos asirnos a la rama menos peligrosa, a la que menos riesgo tuviera de quebrarse y enviarnos directos a la boca de los leones. En teoría política y jurídica se ha denominado en múltiples ocasiones al poder judicial como “la rama menos peligrosa” o, por ir hasta Locke, el menos peligroso de los poderes precisamente por constituir una suerte de no poder. ¿Y qué sucede si la rama menos peligrosa se quiebra? ¿A dónde nos aboca su fractura? 

Subamos, subamos. Vengan conmigo. No se queden en el suelo discutiendo si son tirios o troyanos, porque igual nos pueden lancear. Subir más allá de la discusión pedestre. Suban y así veamos qué pasa con esto de la amnistía, si es justa o si es el fin del mundo o si es una cosa y la otra o ninguna de las dos. Subamos incluso más allá de esos jueces que aprietan las filas para oponerse a la aplicación de una norma dictada por el legislativo y que consideran que la separación de poderes supone su constitución en un poder autónomo e incontrolable que debe batallar contra aquel del que emanan las leyes a las que están sometidos. Independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice la Constitución. En este mundo en el que las palabras se resignifican y los conceptos quedan hueros, hasta algunos jueces están jugando con los términos para pretender que su papel es oponerse numantinamente a la aplicación de una ley, proclamando así su desconfianza en los propios controles constitucionales del sistema y arrogándose un papel que bajo ningún concepto puede corresponderles. 

La separación de poderes no significa que el Poder Judicial sea un poder incontrolable e incontrolado en tanto que controlado únicamente por él mismo. Durante décadas esa posición de privilegio se ha ido resolviendo con una apelación al autocontrol pero ahora se han descontrolado. No sólo en las redes sociales o en sus declaraciones públicas y privadas sino en su tarea jurisdiccional. “La persistencia conductual por uno o varios tribunales en la fijación de una doctrina errónea, lesiva de los derechos, irracional o sesgada, no es un asunto ajeno a las Cámaras pues tales pautas destruyen el objetivo de la ley”, eso que describía hace tres años Fernández-Fontecha resulta clavado a lo que han estado practicando y anuncian que practicarán ciertos jueces en nuestro país. Así que, desde esa perspectiva, la adecuación del anteproyecto de ley para evitarlo no sería sino una forma de enmendar esa deriva. Por cierto, Fernández-Fontecha no es sospechoso de ser proamnistía y esto lo escribió tiempo antes de que esta se dibujara en el horizonte. Ahí es cuando se trazan las teorías sin injerencias políticas, ya saben.

Continuaba el jurista afirmando que esa función de control “no es un ataque a la independencia judicial, pues esta no puede amparar la capacidad de mantener un criterio erróneo desde el punto de vista argumentativo, sino que se concreta en la ausencia de presiones” y también que “la independencia y la inamovilidad no constituyen una franquicia ni excluyen que las cámaras controlen la aplicación de las leyes” dado que “un juez puede suspender la obra del Parlamento mediante argumentos extravagantes, irracionales o ideológicamente sesgados, que antepongan su voluntad a la voluntad de la ley”. ¡Cómo alivia que un jurista conservador, contrario a la amnistía y de reconocido prestigio haya puesto negro sobre blanco que podría producirse lo que a ojos vista se produce y lo que muchos llevamos denunciando mucho tiempo!

“La actividad legislativa no queda sometida en su efectividad a la voluntad de los jueces, porque esto supondría la destrucción del sistema constitucional”, añadía. Qué bonita respuesta a esa patulea de políticos y periodistas que aplauden las ocurrencias de un sector judicial como la expresión de la única posibilidad constitucional olvidando que es el Estado Democrático de Derecho el que nos sirve de marco constitucional. 

“Es la validez general del razonamiento la única limitación que realmente defiende los derechos del justiciable” y es por eso que los derechos de los justiciables se vieron afectados tanto en la condena de sedición como en la creación de los delitos de terrorismo y de alta traición por jueces rebosando de su función. Los aplauden en redes otros jueces hablando del golpe de Estado que ha dado Sánchez, y supongo que el Congreso, y del que nos van a salvar ni más ni menos que entorpeciendo la aplicación de las leyes cuando estas sean promulgadas mediante subterfugios y añagazas. Esa es la quiebra de la rama, ahí sí que nos vamos todos al cuerno. “No cabe entender que la sola enunciación de que el juez actúa sometido a la ley garantice que así sea”, afirmó en su día el citado jurista. 

Ya nos podemos caer de la rama y del guindo, en esa formulación teórica está dicho técnicamente todo lo que burdamente se pretende expresar hablando de jueces fachas y otras cuestiones propias de un partido de fútbol. Sean lo que sean —y hasta tienen derecho a ser fachas— lo que no pueden es obviar que están sometidos al imperio de la ley y que esa ley y ese imperio no lo determinan ellos sino el Parlamento. Que no están llamados constitucionalmente a salvar nada, que no son un poder autónomo, que la independencia se predica de su capacidad de resistir presiones e injerencias y de su derecho a ser preservados de ellas y que con su actitud se convierten en una suerte de independentistas apoyados en errores conceptuales y en una deficiente interpretación del sistema de poderes. 

Dicho lo cual, la ley de amnistía ha sido construida bajo el objetivo de mantener el poder, un empeño prosaico bien exprimido por los de Puigdemont, y es perfectamente legítimo mostrarse contrario a este ejercicio de maquiavelismo. Eso es una cosa, rebosar el papel constitucional para entorpecerlo es otra completamente distinta. Si las Cortes aprueban algo inconstitucional, que no sería la primera vez, la propia Constitución prevé su defensa. Con esa actitud nos dicen expresamente que repudian el sistema y que no confían ni asumen el papel determinante de control de las leyes atribuido al Tribunal Constitucional. Y si ellos desconfían del TC y pretenden suplantarlo ¿qué nos impide a los demás desconfiar de ellos?

No me ha quedado una columna muy entretenida, lo reconozco. Pero es que esto mismo ya se lo dije de una forma jocosa en otra ocasión y ahora ha llegado el momento de ponerse serios y de dejar claro que estas cosas no son simples ni dirimibles en argumentarios o ocurrencias o por aclamación tuitera. Que los jueces han saltado de hacer seminarios interminables y técnicos para analizar las bondades y deficiencias de las leyes o los borradores para contribuir a su mejora a pretender dictarlas con su criterio o modificarlas mediante su acción es un hecho constatable. Que malo es que haya fieras que acosen a la democracia debajo, pero que peor es que la rama menos peligrosa se esté rompiendo es algo que vamos a constatar. 

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