La Transición española a la democracia fue un periodo complicado, conflictivo, plagado de dificultades y obstáculos. La valoración sobre su devenir resulta hoy más polémica que nunca: si durante algunos años el discurso hegemónico trazó un panorama casi idílico, calificando el periodo como ejemplar, hasta el punto de constituir un modelo para las transiciones que vendrían después en otras latitudes como América Latina o Europa del Este, fundamentalmente, la irrupción de nuevas generaciones al mando de la política española, la distancia respecto al horror de la guerra, la desaparición de los miedos que condicionaron la intervención de la ciudadanía tras la muerte de Franco y, sobre todo, la crisis económica y política que desde 2008 sacudió nuestro país y Europa en su conjunto propiciaron una transformación de la mirada.
Se difundieron entonces discursos muy críticos con el sistema resultante de la transición a la democracia, denominado peyorativamente régimen del 78, enfatizando los elementos que efectivamente perturbaron la implementación de una democracia avanzada en nuestro país, como la extensión de la corrupción que ligaba poderosos intereses económicos con las élites políticas, devenidas en casta alejada de la ciudadanía con el jefe del Estado en lugar destacado. Ya hace tiempo, no obstante, que investigadores del periodo habían puesto de relieve aspectos no desconocidos, pero sí poco visibilizados bajo la capa de purpurina extendida sobre el conjunto. Así, el balance de la violencia política desplegada en esos años nunca debió permitir conclusiones demasiado autocomplacientes: Portugal y Grecia salieron de dictaduras con un reguero de muertos y heridos mucho menor.
Esta violencia política tuvo varios agentes responsables. Además de la vinculada a unas fuerzas de orden público acostumbradas a actuar en un régimen dictatorial, desconocedor y violador de los derechos humanos, el terrorismo fue uno de los protagonistas indiscutibles del proceso. Si ETA fue la organización más activa y letal, con notable diferencia, no cabe menospreciar la actuación de otros grupos, particularmente los GRAPO, que, como ha subrayado el historiador Gaizka Fernández, causaron más muertes que la alemana Baader-Meinhof, por sorprendente que pueda parecer, dada la notable diferencia de repercusión obtenida por ambas organizaciones. También actuaron varios grupos nacionalistas, que cometieron atentados en comunidades como Cataluña, Aragón, Galicia o Canarias, en una suerte de pálida imitación de las prácticas de ETA.
Otro terrorismo activo y que jugó un papel más que significativo en la transición fue el de extrema derecha. Se trató de una actuación protagonizada por numerosos grupos y personas, a veces de forma descoordinada y no planificada, pero unificada por los objetivos y la ideología que la animaba: esta se vinculaba a un fascismo que todavía se parecía a los que se conformaron en las décadas precedentes a la II Guerra Mundial, mientras que el objetivo que unía a estos grupos no era otro que el restablecimiento de la dictadura.
No siempre es cierto que los extremos se tocan, pero en este caso sí que confluyeron los intereses de algunos de estos grupos terroristas, aunque la finalidad última fuera bien diferente; mientras la extrema derecha pretendía la reedición del franquismo porque ese era el régimen que respondía a su visión nacionalista y totalitaria, ETA (y seguramente los GRAPO, aunque en este caso hay menos estudios que lo avalen) buscaban provocar un golpe de estado que pusiera en marcha el mecanismo “acción-represión-acción” que exploró con cierto éxito en los últimos años del franquismo.
Paradójicamente, como pone de relieve la profesora e historiadora Sophie Baby, la resultante de la violencia desplegada desde estos ámbitos no solo no consiguió sus objetivos desestabilizadores, sino que contribuyó a la consolidación de la vía reformista emprendida por Adolfo Suárez con el apoyo de la oposición, porque alentó los fantasmas 'guerracivilistas' que merodearon durante el periodo. Según esta interpretación, la violencia habría contribuido a prolongar el temor que buena parte de las generaciones mayores mostraban ante la posibilidad de repetir las circunstancias que llevaron a la Guerra Civil. Es evidente que desde el Gobierno se incidió en esta interpretación, eludiendo otros posibles análisis que podrían haber inclinado la situación hacia otros derroteros.
Cantabria participa del panorama descrito. Al igual que en el resto de España (salvo Euskadi), el terrorismo con mayor incidencia numérica es el de extrema derecha, aunque no alcanza las dimensiones de otros ya citados, porque no se producen asesinatos (como sucedió con este mismo terrorismo en Madrid o Montejurra, por ejemplo), pero que sería erróneo calificar como de baja intensidad. Su impacto y su reiteración fueron amplios, quizá más que por sus efectos inmediatos en forma de daños materiales o lesiones (que también los hubo), por su presencia recurrente, con todo lo que ello implicaba en cuanto a condicionante del devenir político y de la amenaza constante sobre militantes y activistas, fundamentalmente de izquierdas.
La capacidad de intimidación de la extrema derecha se vio incrementada por la inacción, cuando no abierta complicidad, manifestada en la frecuente impunidad, e incluso en ocasiones colaboración, con la que contaron desde las fuerzas policiales
Su capacidad de intimidación se vio incrementada por la inacción, cuando no abierta complicidad, manifestada en la frecuente impunidad, e incluso en ocasiones colaboración, con la que contaron desde las fuerzas policiales. Hay una estrecha relación entre el discurso de la extrema derecha oficial (el denominado en la época bunker) y la violencia supuestamente de “incontrolados”, que en realidad eran habitualmente militantes de las organizaciones ultras, y en ocasiones miembros de las fuerzas de orden público, o muy directamente vinculados a ellas.
Quienes recibieron las agresiones eran sobre todo militantes y activistas de las organizaciones de izquierdas, a los que se hacía llegar el mensaje de que no podían pensar que la muerte de Franco significaba la recuperación de su actividad política en total libertad; pero el objetivo de restringir las libertades incluía también la labor cultural de librerías, quioscos, cines y actuaciones musicales. Las librerías eran objetivo sencillamente identificable y blanco fácil de las agresiones. Pero también algunas películas no gratas y grupos musicales igualmente considerados irreverentes conocieron los ataques de los nostálgicos del franquismo.
Estos ataques respondían a la voluntad de los militantes franquistas de no renunciar a la censura que había impedido a la ciudadanía acceder a los productos culturales que desde las élites gobernantes (con un papel estelar de la Iglesia católica) se consideraban inmorales, y que incluían tanto los directamente vinculados a propuestas políticamente progresistas y de izquierdas como a los relacionados con lo que desde la religión oficial se consideraba atentatorio contra los valores morales establecidos.
Pero más allá de las formas concretas que pudieran adoptar los objetivos de la violencia fascista, subyace en todas sus actuaciones la finalidad de amedrentar, de hacer entender no solo a la militancia de izquierdas (activa y numerosa en la época) sino al conjunto de la ciudadanía que corría un riesgo todo lo que se saliera de la “normalidad” que había presidido la sociedad durante el franquismo, y que incluía por supuesto una férrea censura. Todos los avances que se iban logrando, siempre parciales y costosos por la lentitud de la adaptación de las leyes y por las inercias mantenidas por las fuerzas de orden público se veían agravadas por la presencia recurrente de una extrema derecha violenta.
Como han puesto de manifiesto estudiosos de la transición, y en concreto de la violencia ejercida durante el periodo (Baby, Casals, Rodríguez, Gallego), la extrema derecha fue derrotada porque, con todas las dificultades y carencias que se puedan estimar, el franquismo no volvió y fue sustituido por un régimen democrático homologable a los del resto de Europa Occidental, pero su derrota fue relativa, porque su presencia amenazante ejerció una función de freno a las demandas democráticas y progresistas; igualmente, contribuyó a fomentar los miedos que ya subyacían en amplios sectores de la población, temerosa de reeditar una Guerra Civil que las generaciones mayores tenían muy presente.
No hubo exactamente esa política de olvido que se achaca al discurso dominante en la Transición. Más bien, la presencia de la Guerra Civil cumplió un papel disuasorio respecto a las demandas de una izquierda hasta entonces recluida en las catacumbas
No hubo exactamente esa política de olvido que a veces se achaca al discurso dominante en la Transición. Más bien, la presencia de la Guerra Civil, implícita siempre y explícita muchas veces, cumplió un papel disuasorio respecto a las demandas de una izquierda hasta entonces recluida en las catacumbas. La presencia de la extrema derecha, además del temor inducido por su querencia por la violencia, materializado en las armas que portaban y empleaban sus militantes, suponía un recordatorio persistente de que las prácticas franquistas seguían vivas en el país, y nadie podía dar por hecho que no volvieran a imponerse desde el poder.
La actitud de las fuerzas de orden público y los ruidos de sables procedentes de los cuarteles justificaban ampliamente el miedo. El 23 de febrero vendría a certificar la razón de los temores; su fracaso tendría igualmente algo de incompleto: la fallida vuelta a la dictadura se vio levemente compensada por un “golpe de timón” que, desde el Gobierno de José Calvo Sotelo, y posteriormente los de Felipe González, evitaría los excesos de un proceso que se había escapado de las manos a Adolfo Suárez, al menos desde el punto de vista de los sectores más conservadores.
Aunque la sopa de siglas que acompañó la eclosión de organizaciones políticas en los años de la Transición también afectó a quienes eran partidarios de prohibirlas, los atentados terroristas fueron reivindicados en nombre de organizaciones que en ocasiones solo servían de pantalla para eludir el origen y la pertenencia de los autores. Sin duda la “partida de la porra” de aquellos años se vinculó generalmente a los Guerrilleros de Cristo Rey, pero el carácter de esta organización probablemente es más fluido y versátil de lo que la fama alcanzada podía hace pensar.
Tanto en Cantabria como en el resto de España hubo una organización protagonista en el ámbito de la extrema derecha durante los últimos años del franquismo y la transición: Fuerza Nueva. Organización legal, primero como asociación cultural editora de una revista y posteriormente como partido político. Las reiteradas implicaciones de sus afilados en actos violentos extendieron una sospecha que la tozudez de la realidad y las contradicciones de sus dirigentes no hicieron sino confirmar.
Así, tanto sus líderes nacionales como provinciales se desligaron sistemáticamente de las acciones terroristas cometidas por correligionarios o simpatizantes de la organización, y expresaron su rechazo. Sin embargo, no faltan en sus proclamas justificaciones que vienen a avalar los desmanes. Por ejemplo, Blas Piñar, en entrevista concedida a la Hoja del Lunes el 8 de mayo del 78 afirmó: “La violencia por la violencia, como la acción por la acción (….), carece de sentido. Hay momentos, sin embargo, en que la violencia constituye un deber y hasta una exigencia de caridad; yo siempre hago la siguiente pregunta a los que me formulan este tema: ¿si van a violar a su esposa, ¿usted qué hará? ¿Contestará usted al violento con la violencia para salvar la dignidad de su mujer? En este caso, usted es un violento. Y si no recurre a la violencia para defender a su mujer de la violencia de ese violento, ¿qué es usted?” .
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