La presidenta del Tribunal de Cuentas sentencia que no se han desviado fondos europeos para pagar pensiones

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha querido dejar claro este jueves en el Parlamento que no se ha producido el desvío de fondos europeos del Plan de Recuperación para realizar “ningún pago procedente de ningún servicio de la Seguridad Social” como pueden ser pensiones.

El organismo fiscalizador dio a conocer el pasado 5 de mayo un informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Estado de 2024 donde detectó que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de ese año a 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que viene provocando la prórroga anual de los Presupuestos desde 2023.

Chicano ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de diferentes informes de fiscalización al Congreso y al Senado, pero no de ese informe de la Cuenta General del Estado, pese a que el PP llegó a registrar una petición para cambiar el orden del día y que se incluyera dicho texto.

“Categóricamente les digo que no”

Finalmente, en el orden del día no estaba la Cuenta General del Estado de 2024, pero los grupos de la oposición han aprovechado sus turnos de intervenciones para sacar el tema y la presidenta Chicano ha querido adelantar un pronunciamento: “Categóricamente les digo que no se han utilizado fondos europeos para ningún pago procedente de ningún servicio de Seguridad Social”.

Tras subrayar la Comisión Europea que desde Bruselas “no cuestionan el uso legal” de las ayudas comunitarias, Enriqueta Chicano ha apostillado que en el citado informe, ni en los votos concurrentes ni en el particular (contrario) se apunta a que se haya producido un desvío de fondos europeos.

“El día que presente la Cuenta General hablaremos más despacio de este asunto, pero vamos, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran”, ha zanjado la máxima representante del organismo fiscalizador.

En concreto, el informe apuntaba que ante la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, el Gobierno autorizó en noviembre de 2024 dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

El Tribunal expuso que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, pues el organismo entendía que existe una “incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.