Hablan los directores de colegios valencianos tras dimitir en apoyo de la huelga: “Tenemos instalaciones de 1955”

Continúa la crisis educativa en la Comunitat Valenciana. Este jueves, centenares de equipos directivos de colegios e institutos se han concentrado a las puertas de las Corts Valencianes con el objetivo presentar su dimisión en bloque ante la consellera de Educación, Carmen Ortí. La acción, anunciada como ultimátum el pasado lunes, se produce en el noveno día de una huelga indefinida que mantiene las negociaciones rotas y las posturas entre sindicatos y Administración más alejadas que nunca.

El testimonio de los directores presentes, ante una situación “insostenible” y la “falta de respeto” del Gobierno valenciano, dibuja un mapa de la educación pública marcado por la precariedad material y el agotamiento psicológico. Desde el entorno rural, Jaume Olmos, director del CRA (Colegio Rural Agrupado) Benavites-Quart de les Valls, justifica la renuncia por “dignidad y responsabilidad”, y denuncia que su alumnado convive con instalaciones de 1955 en condiciones “deplorables”. Una realidad compartida por Irene Rial (CEIP Tirant Lo Blanc de Albalat dels Tarongers) y Adam Badenes (CEIP Monteolivete de València), quienes alertan sobre obras interminables y edificios antiguos sin climatización ni mantenimiento básico. “Hay alumnos que no se atreven a ir al baño porque las condiciones son deplorables; estamos poniendo parches para tapar las carencias de la Conselleria”, relata Olmos.

Sin embargo, la mayor preocupación reside en la atención a la diversidad. Los directivos denuncian que la falta de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) está vaciando de contenido el concepto de inclusión. “No es posible que las sesiones de apoyo sean de 30 minutos; eso no es inclusión”, lamenta Maite Donet, del colegio Ausiàs March de Paiporta, uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana ubicado en la zona cero de la dana. A este déficit se suma la lentitud en la cobertura de bajas, que obliga a los centros a realizar “sobreesfuerzos y malabarismos” para no desatender al alumnado más vulnerable.

La carga administrativa es otro de los detonantes de este “plantón”. Javier Catalá, jefe de estudios del CRA El Pinar Alcublas-Higueruelas, resume el sentimiento general: “La burocracia nos sale por las orejas”. Para muchos de los concentrados, el conflicto no es solo una cuestión de recursos, sino de gestión, y señalan directamente a la consellera Ortí, al secretario autonómico Daniel McEvoy y al titular de Hacienda (exresponsable de Educación), José Antonio Rovira, como responsables del bloqueo actual.

El malestar también se extiende a otros colectivos esenciales. Educadores de Educación Especial han denunciado que los servicios mínimos decretados por la Generalitat en su caso —fijados en un 60% para su sector— han “coartado” su derecho a la huelga. “Somos imprescindibles para la autonomía de los chavales, pero nuestras ratios son elevadísimas”, señalan desde el CEE Rosa Llàcer.

Pérez Llorca pide “autocrítica”

En un encuentro informal a las puertas del Parlamento autonómico, donde este jueves había sesión de control al president, Juanfran Pérez Llorca ha intentado rebajar la tensión dialogando con algunos de los manifestantes. El jefe del Consell ha admitido que “algo se está haciendo mal” si no se alcanza un acuerdo, pero ha instado a los docentes a asumir “el cincuenta por ciento de la responsabilidad” en el bloqueo.

El president ha vinculado la falta de recursos a la infrafinanciación autonómica, y ha pedido el apoyo de la comunidad educativa para reclamar más fondos al Gobierno central. “Cuando pedimos dinero al Gobierno de España, también necesitamos ayuda”, ha trasladado a los directores. Sin embargo, para los equipos directivos presentes, la solución no pasa por la política institucional, sino por una negociación inmediata que dote a las aulas de la dignidad que, aseguran, han perdido.