Cómo la primera condena de la historia a un país por genocidio marca el futuro del caso contra Israel en La Haya
Tras cada explosión que se cuela por el teléfono, Raji Sourani interrumpe la conversación. “¿Lo escuchas?”, pregunta. La última suena especialmente cerca e impone un silencio a ambos lados de la línea. “Huele toda la casa a explosivo. Me estoy ahogando”. El abogado palestino cuelga el teléfono. Es 9 de octubre de 2023 e Israel acaba de iniciar su genocidio en Gaza. Tras la destrucción de su casa, sobrevivir a las bombas y verse desplazado dentro de la Franja en numerosas ocasiones en tan solo los dos primeros meses de ofensiva, Sourani logró escapar a Egipto a finales de noviembre. Un mes después, estaba sentado en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, entre el ejército de abogados de Sudáfrica en su caso contra Israel por genocidio.
Este jueves, Sourani no escondía su alegría por un fallo histórico del máximo tribunal de la ONU: Myanmar se ha convertido en el primer país del mundo condenado por cometer genocidio contra la población rohingya. El palestino lo vincula directamente al caso abierto contra Israel del que forma parte. “Es un gran día para todos los que creemos en la justicia y rendición de cuentas. Esta decisión nos da esperanza y fortalece nuestro optimismo estratégico en el tribunal más importante de la Tierra. Demuestra que el caso de Sudáfrica va por buen camino”, concluye el abogado, que también es uno de los principales impulsores del caso contra líderes israelíes en la Corte Penal Internacional —que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa—.
La Corte sostiene que la intención genocida puede coexistir con otros objetivos y que debe aplicarse al conjunto de las pruebas. Por tanto, un objetivo militar, como la campaña contra Hamás, no excluye por sí mismo la existencia de intención genocida
Sourani tiene argumentos jurídicos para sostener ese optimismo. El tratado sobre genocidio señala como elemento indispensable probar que existe la “intención de destruir grupos protegidos”. Eso es precisamente lo que hace tan difícil de demostrar la comisión del peor de los delitos. Israel dice que está combatiendo contra el “grupo terrorista” Hamás, pero Myanmar también decía que estaba luchando contra el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA). “La sentencia dice que, aunque el Gobierno diga que lleva a cabo operaciones contra el terrorismo, eso no excluye que cometa genocidio contra civiles”, explica Sourani. “Las pruebas circunstanciales demuestran la intención genocida y por eso ha sido condenado Myanmar. Esto sienta un precedente legal muy serio”.
La clave: cómo demostrar la intención
“La Corte sostiene que la intención genocida puede coexistir con otros objetivos y que debe aplicarse al conjunto de las pruebas. Por tanto, un objetivo militar, como la campaña contra Hamás, no excluye por sí mismo la existencia de intención genocida”, explica a elDiario.es Sonia Boulos, profesora en la Universidad Nebrija, experta en Derecho Internacional y que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante años numerosos casos frente al Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la clave de este fallo, afirman los expertos.
En consecuencia, la cuestión fundamental pasa a ser si el objetivo declarado de la ofensiva explica la conducta de Israel, es decir, el asedio y la hambruna, la destrucción del sistema sanitario, el desplazamiento masivo, la violencia sexual y de género sistemática documentada por la Comisión de Investigación Independiente de la ONU, la muerte de niños a una escala masiva y el volumen general de víctimas civiles. “En el caso Myanmar, la Corte otorgó especial relevancia precisamente a la violencia sexual y los ataques contra niños, puesto que ninguna justificación militar puede explicarlas”, dice Boulos.
Si hubiéramos querido cometer un genocidio, nos habría llevado exactamente una tarde
En palabras de la Corte Internacional de Justicia: “La evaluación de Myanmar de ARSA como una amenaza terrorista no excluye la posibilidad de que Myanmar actuara con intención genocida”. Es más, los jueces reconocen que las operaciones del ejército se realizaron en zonas donde ARSA estaba presente o había atacado, pero eso, una vez más, no desmonta la intención genocida. Ese argumento puede ser clave para el caso contra Israel. “Las localidades específicas examinadas por la Corte donde Myanmar llevó a cabo operaciones de limpieza corresponden todas a zonas donde la prueba establece que ARSA cometió ataques, o donde Myanmar sostiene que ocurrieron tales ataques… Por tanto, existe una correlación geográfica y temporal entre los ataques de ARSA y las operaciones de limpieza que les siguieron”, según los jueces.
El fallo sostiene también que las “víctimas y daños muy superiores a lo que justificaba la necesidad militar” es considerado “relevante”. “La Corte no puede concluir, a partir de toda la prueba examinada en su conjunto, que una intención de llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia, una intención de desplazar por la fuerza o una intención de castigar a la población rohingya sean inferencias razonables a extraer”. Y concluye: “A juicio de la Corte, la única inferencia razonable que puede explicar las acciones de Myanmar es la intención de destruir a una parte sustancial del grupo protegido, a saber, la población rohingya del norte del Estado de Rakáin”.
“La ejecución de niños y hombres, la violencia sexual generalizada, el ataque deliberado a niños y bebés, la quema metódica de aldeas y los ataques contra civiles que huían no son compatibles con una intención de llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia”, afirman los jueces. Los barrios arrasados en Gaza, los bebes muertos, los ataques a civiles mientras iban a recoger ayuda humanitaria o huían por la ruta de evacuación establecida por el Ejército israelí... “Todo el mundo ha visto la destrucción. Es el conflicto mejor documentado de la historia”, dice Sourani.
Las pruebas
Netanyahu se ha defendido repetidamente de las acusaciones de genocidio diciendo que si hubiesen querido destruir a los palestinos de Gaza, ya lo habrían hecho porque tienen medios de sobra para hacerlo. “Si hubiéramos querido cometer un genocidio, nos habría llevado exactamente una tarde”, dijo en agosto de 2025.
Pero en el caso de Myanmar, la Corte Internacional de Justicia también desmonta esta línea de defensa: “El hecho de que Myanmar no aprovechara todas las oportunidades que tuvo para destruir a miembros del grupo rohingya no excluye una inferencia de intención genocida”.
En este sentido, Boulos aclara que las “medidas parciales de contención” no bastan para descartar la intención genocida. “Dado que la Corte consideró la ausencia de distinción entre civiles y combatientes como un indicio de dicha intención, las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario pueden servir como prueba de genocidio, y no únicamente de crímenes de guerra”, añade.
Sourani sostiene que, además, en el caso de Gaza, la intención, “el elemento más importante del crimen”, “se ha expresado claramente a través de declaraciones de los líderes de Israel.
En este sentido, la sentencia contra Myanmar recoge también declaraciones de líderes políticos y militares de odio contra los rohingyas e, incluso, sostiene que declaraciones que no incitan directamente al genocidio pueden ser constitutivas de pruebas sobre la intencionalidad genocida si se analizan en su contexto. “Las expresiones de discurso de odio pueden ser relevantes al evaluar la intención genocida del Estado, especialmente en aquellos casos en que la persona que difunde el discurso de odio es un funcionario gubernamental de alto rango o donde la difusión del discurso de odio está organizada por autoridades gubernamentales [...] Las manifestaciones que no lleguen a llamar expresamente a la destrucción física de un grupo pueden constituir prueba de la intención genocida, pero las declaraciones de un perpetrador deben ser entendidas y valoradas en su contexto adecuado. A este respecto, la Corte toma nota del solapamiento temporal entre la campaña de discurso de odio contra los rohingyas y las operaciones de limpieza”.
El caso de Sudáfrica contra Israel gira en gran medida en torno al hambre inducida y a las condiciones de vida impuestas al grupo, respecto de las cuales no existe todavía un precedente sobre el fondo
Otras pruebas que recoge el tribunal son los testimonios de víctimas, así como los informes de distintas misiones de la ONU, especialmente la Misión Internacional de Determinación de los Hechos y el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar. En el caso de Palestina, también existen. La Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre Palestina ya concluyó en 2025 que Israel ha cometido un genocidio en Gaza. Además, los jueces han dado un peso importante a las imágenes satelitales para determinar los hechos y recuerdan que cuando un Estado (como Myanmar e Israel) niegan el acceso a los investigadores de la ONU, el tribunal permite a la otra parte “recurrir de forma más amplia y liberal a inferencias de hecho y pruebas circunstanciales”.
Descolonizar el genocidio
Para Boulos, la sentencia marca un proceso clave de “descolonización del concepto de genocidio”. “Los sesgos coloniales influyeron en la propia definición del crimen. Reino Unido y Francia se opusieron a una definición que pudiera implicar a sus guerras coloniales. El genocidio pasó entonces a entenderse como un crimen contra personas perseguidas por ser quienes son, es decir, por su identidad como miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No se entendía que incluyera a personas perseguidas por lo que hacen, es decir, por actos de rebelión o resistencia que ellas, o supuestamente otros miembros de su grupo, hubieran cometido”, dice la jurista.
Una vez determinada la intencionalidad de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, los jueces tendrán que determinar los actos definidos en el artículo II del tratado como constitutivos de genocidio: “(a) matanza de miembros del grupo; (b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
“Además de las matanzas, el fallo de Myanmar se basó en la violencia sexual, las medidas destinadas a impedir nacimientos, los desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas. Esto respalda las alegaciones de Sudáfrica sobre violencia sexual, de género y reproductiva en virtud de los artículos II(b) y II(d) —integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos—”, dice Boulos. “El punto aún pendiente es el artículo II(c), es decir, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. La conclusión alcanzada en el caso Myanmar se fundamenta en los apartados (a), (b) y (d), mientras que el caso de Sudáfrica gira en gran medida en torno al hambre inducida y a las condiciones de vida impuestas al grupo, respecto de las cuales no existe todavía un precedente sobre el fondo”.
Boulos concluye que el “vergonzoso” fracaso del Consejo de Seguridad para actuar tanto en la situación de los rohingya como en Gaza “hace especialmente importante la emergencia de un modelo descentralizado de impulso judicial”. El caso contra Myanmar fue iniciado por Gambia y el de Israel, por Sudáfrica. Ambos son países que no tienen conexiones directas con los hechos. “En este modelo, los Estados individuales hacen efectivas obligaciones debidas erga omnes, incluida su propia obligación de prevenir el genocidio, mediante la promoción de procedimientos judiciales en interés de la comunidad internacional”, señala la profesora.
“La reciente sentencia en Gambia contra Myanmar demuestra que este modelo puede tener éxito y anima a otros Estados a seguir el mismo camino. Nicaragua ya lo ha hecho y ha demandado a Alemania por complicidad, alegando que el apoyo militar y político alemán a Israel facilita el genocidio y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Para Sudáfrica, esto resuelve algo más que la cuestión de la legitimación activa. Myanmar también fue declarada responsable de incumplir la orden de 2020 de preservar pruebas, lo que refuerza la alegación de Sudáfrica de que Israel no ha cumplido las órdenes dictadas en 2024”.
Sourani concluye que después de esta sentencia, el caso de Sudáfrica es “mucho más fuerte”. “Israel estará en una posición muy difícil para defenderse y los jueces han demostrado una independencia real y un coraje extraordinario a pesar de las presiones y el miedo que Estados Unidos e Israel han intentado imponer sobre La Haya con sanciones y amenazas de desmantelar el tribunal”.
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