La Fiscalía solicita 45 años de cárcel para el presunto asesino de su pareja embarazada en Vitoria en 2023

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra J.R., presunto asesino de una mujer de 32 años en Vitoria en el año 2023. La víctima era su pareja y en el momento de los hechos se encontraba embarazada de mellizos. El presunto agresor, que tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra la mujer y contaba con una orden de alejamiento que había sido quebrantada, le asestó 13 cuchilladas delante de su hija de tres años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre sin agua ni comida, a la que encontraron 20 horas más tarde de lo sucedido en el día de las elecciones municipales y forales.

La Fiscalía solicita 45 años de prisión para el acusado: 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicita que indemnice con 500.000 euros a la hija de ambos y con 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad respecto a la niña.

Las acusaciones también solicitan 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones lamentan que como consecuencia del impacto emocional sufrido por aquella traumática experiencia, presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución, puesto que argumenta que cuando la acuchilló el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, con Tribunal del Jurado, se alargará hasta al próximo 15 de mayo y contará con las declaraciones de más de 40 testigos, además de técnicos, agentes y peritos.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando J.R. presuntamente asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.