Arasti reconoce que el centro tecnológico Altamira corre peligro y podría acabar instalándose en el extranjero

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha reconocido que el primer proyecto estratégico del Gobierno de Cantabria, el centro tecnológico Altamira, está en peligro y podría acabar instalándose en el extranjero porque aún no dispone del suministro eléctrico necesario para funcionar.

De momento, el proyecto -cuyas obras tenían que haber empezado en enero- sigue a la espera de si el Ministerio acepta las alegaciones de Cantabria al reparto de energía y finalmente autoriza el “enchufe” con la potencia que se ha solicitado a la central eléctrica de Penagos.

El centro de datos se ha estado promocionando sin tener confirmadas las condiciones para instalarse en los 636.000 metros cuadrados entre los municipios de Piélagos y Villaescusa que adquirió su promotor, el fondo de inversión Stoneshield. En origen se anunció una inversión privada de 3.600 millones de euros y la generación de miles de empleo.

Arasti ha aprovechado una comparencia ante los medios de comunicación para aclarar algunas dudas sobre la adquisición de las parcelas, después de que el Grupo Parlamentario Regionalista le preguntase en el Parlamento por este asunto. El consejero acusa al portavoz del PRC, Pedro Hernando, de sembrar “la insidia” de que los terrenos no habían sido comprados sino que podrían haber sido objeto de una mera opción de compra. Arasti ha dicho que una filial del grupo promotor, Tavira, compró por 9,5 millones de euros las parcelas para desarrollar la primera fase del campus tecnológico, incluso antes de tener esa autorización administrativa.

Así, de obtener dicha autorización, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático, el proyecto se llevará a cabo “con rapidez”, pero en caso contrario se acometerá “en otro país”, ha avisado Arasti.

La operación de venta se realizó, además, con celeridad en Madrid. Al día siguiente, 4 de julio, de que el Consejo de Administración de la empresa pública VIPAR aprobase la venta ya se elevó a escritura pública, ha confirmado el consejero.

Cómo se gestó la compra

La promotora del centro de proceso de datos Altamira inició la compra de la mitad de los terrenos públicos donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse públicamente el proyecto. Cuando en febrero de 2025 el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto. Un Plan urbanístico cuya aprobación tenía que haberse producido en diciembre.

El proyecto se va a ubicar en una parcela de 636.432 metros cuadrados en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) para desarrollar y comercializar este suelo industrial, que lleva sin actividad alguna desde hace 18 años, en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Una ubicación que la empresa considera “estratégica” en torno a un nudo de autovías: la A-8, la S-30 y su conexión con la A-67, además de su proximidad a dos infraestructuras: el puerto y el aeropuerto.

El 25 de noviembre de 2024, cuando aún no se conocía el proyecto, VIPAR sacó a la venta la denominada parcela Altamira 1, de 374.572 metros cuadrados, el 60% del terreno previsto para el centro de datos, con un precio mínimo de 7,8 millones (sin IVA). Ese mismo día se abrió el proceso en la Plataforma de Contratación del Estado y en la web de SEPIDES al que únicamente se presentó el grupo Stoneshield Capital. Lo hizo a través de otra sociedad, Tavira, que el pasado 23 de junio cambió de nombre a XDC North Coast, S.L.

Tres meses después, en mayo de este año, la empresa pública autorizó la venta definitiva de los terrenos del polígono industrial por el importe de salida, aunque al añadir el IVA el desembolso para la promotora asciende a 9.492.450 euros (7.845.000 euros más IVA). Sin embargo, la compra no se ha formalizado hasta el pasado 4 de julio a nombre de la última empresa.