El balance de la jueza de la dana: la “absoluta indecisión” del Cecopi evitó que se enviara el Es-Alert “tres horas” antes

La jueza de la dana ha establecido que la “absoluta indecisión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, “ante una situación que lejos de mejorar iba empeorando”, propició que el Es-Alert no se enviara “con tres horas de antelación” a pesar de que se podía perfectamente haber alertado así de pronto. Si bien el mensaje automático a los móviles se envió finalmente a las 20.11 —fue “tardío” y con un mensaje “erróneo”, según la magistrada—, un testigo muy relevante (el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez) confirmó, incluso documentalmente, que la “posibilidad de alertar a la población” estaba encima de la mesa desde prácticamente el inicio de la reunión del Cecopi. Así lo detalla la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un auto dictado este jueves, en el que recuerda que la propuesta de Suárez ya planteaba la lúcida recomendación a la población de que “con carácter inmediato” se accediera a zonas altas.

La resolución rechaza el careo, propuesto por una de las acusaciones particulares, entre la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, y Jorge Suárez, al haber quedado acreditado durante la instrucción la cronología contrastada de los hechos. Y se erige en un detallado balance de la investigación de la magistrada de Catarroja, que apuntala la desastrosa gestión por parte de la Generalitat ante la dana.

La jueza recuerda que la propuesta inicial del subdirector de Emergencias no fue “del agrado” de José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, “ni se asume” por parte de Pradas, quien tras una hora de reunión suspendió el Cecopi para “pensar las diferentes opciones”.

La jueza considera que los “motivos técnicos como causa del retraso”, alegados tanto por Pradas como por varios de los testigos de la causa, “eran en realidad inexistentes”. “El lanzamiento de un mensaje de alerta no chocaba con dificultades de tal naturaleza”, afirma el auto.

De hecho, la magistrada recuerda que, en el caso del Es-Alert de las 20.11, el funcionario de Emergencias Miguel Molla, “con gran eficiencia”, apenas tardó dos minutos y 36 segundos en validar el mensaje para que llegara a los móviles de la población de la provincia de Valencia.

“Múltiples canales” para alertar a la población

Además, reitera la instructora, las alertas a la población “hubieran podido efectuarse a través de múltiples canales”, más allá de la herramienta concreta del Es-Alert. Aun así, remacha, “no concurría ningún impedimento en el envío del Es-Alert”.

El Cecopi, según la instructora, tenía margen de maniobra: “Había tiempo, poco, pero había”. Sin embargo, la “parálisis en la toma de decisiones” impidió una respuesta mínimamente eficaz ante la emergencia de la dana. A estas alturas de la instrucción, además, “no pueden quedar dudas” sobre quién asumía la decisión de enviar el mensaje, tal como ha avalado por unanimidad la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

También cuestiona que el trasnochado mensaje de las 20.11 se enviara exclusivamente por la situación en la presa de Forata, ya que a esa hora, en el seno del Cecopi, “ya se sabía la situación del barranco del Poyo”, tal como manifestaron en sede judicial tanto Suárez como Salvador Romo, comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participó en la reunión en el Centro de Emergencias de l'Eliana.

De hecho, el mensaje previsto por la presa, inmersa en una situación potencialmente catastrófica, “nunca” se llegó a enviar, “ni aguas abajo de Forata ni a ninguna otra zona”.

Romo, según recuerda el auto, declaró el pasado 5 de marzo que uno de los militares de la UME sobre el terreno le avisó sobre las 18.45 de que no podía pasar de Riba-roja del Túria “porque el barranco estaba muy desbordado”, dato que comunicó a Suárez. También aludió a los “vídeos sobre el barranco del Poyo” que circulaban entre “todos los que se encontraban en la sala del Cecopi”.

Las “dudas jurídicas” de Pradas

Por otro lado, las llamadas al 112 “se contaban por miles” y la rambla del Poyo “era uno de los lugares afectados”, agrega el auto. Sin embargo, Pradas expresó “dudas jurídicas” sobre el contenido del mensaje y se transformó en un texto más suavizado y alejado de un posible escenario de confinamiento (ya no recomendaba permanecer en los domicilios, que a la consellera le parecía demasiado “imperativo”, sino evitar los desplazamientos). Y ello, a pesar de que, tal como confirmó Suárez a viva voz en el Cecopi ante las dudas sobre la viabilidad jurídica, la consellera era la directora del Plan de Inundaciones y, por tanto, “sí que podía adoptar dicha medida”.

La jueza destaca el mensaje de voz enviado por Pradas a José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete del president Carlos Mazón, en el que la consellera anunciaba que se iba a enviar un segundo Es-Alert que recomendaba alejarse de barrancos o ramblas y permanecer en altura. El jefe de gabinete del president, destaca la magistrada, contestó que la posibilidad de un confinamiento para toda la provincia de Valencia era una “barbaridad” y sugería (según Cuenca) u ordenaba (según lo entendió Pradas) “que se quitara eso de la cabeza”.

La comparación de un confinamiento de emergencia ante la dana (para “evitar que la población pereciera ahogada”) con el que duró “meses” a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, tal como se evocaba, “no resultaba lógica”.

“La alegada concurrencia de motivos jurídicos que podían dilatar la procedencia de un aviso a la población mostraría un desconocimiento de las propias competencias en la gestión de la emergencia, y lo que era más preocupante, mostraría que disquisiciones jurídicas sin asidero legal suponían posponer un mensaje que ninguna violación causaba, no solo de derechos fundamentales, sino de ningún otro derecho de los receptores”, afirma la jueza Ruiz Tobarra.

Las llamadas fuera de la sala del Cecopi

El auto también alude al hecho, confirmado por varios testigos (incluido Jorge Suárez), de que Pradas y su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, siempre llamaban por teléfono a terceras personas saliendo de la sala del Cecopi.

“Se ignora con quién consultó la señora Salomé Pradas”, reconoce la jueza.

Aunque a nadie se le escapa, y así consta en un informe notarial aportado por la propia exconsellera e incorporado a la causa (y publicado íntegramente por elDiario.es), que Pradas llamó en varios momentos clave a su superior jerárquico, el entonces president Carlos Mazón, quien alargó aquella tarde la comida y sobremesa en un reservado del restaurante El Ventorro con la comunicadora Maribel Vilaplana.

Eventual careo de Pradas con Mompó y Martín Moratilla

La jueza desliza que la averiguación de esas llamadas fuera de la sala del Cecopi podría ser plausible con un hipotético careo entre los dos investigados, aunque recuerda que “tendrían derecho a no declarar y a no decir verdad”. E incluso con un careo entre Pradas y Argüeso y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el entonces director general de Emergencias, Emilio Martín Moratilla, que presenciaron algunas de esas llamadas telefónicas.

“Es evidente”, señala el auto, que existía una “relación más estrecha” y “de más confianza” entre los dos investigados con Mompó o Martín Moratilla que con el funcionario Jorge Suárez. A modo de ejemplo, la magistrada instructora recuerda que la “acertada” propuesta inicial de Suárez de texto del Es-Alert “no se asumió” por parte de Salomé Pradas, quien “insistía en que todos tenían que estar de acuerdo”.

Tanto en el primer Es-Alert de las 20.11 como en el segundo, enviado poco antes de las 21.00, fue Salomé Pradas quien dio las “instrucciones”. Incluso impuso “correcciones lingüísticas” al texto en su versión en valenciano, junto con Vicente Mompó.

Tras las correcciones (con cambios como el normativo “tipus” por el incorrecto “tipo” o, en la misma línea, de acentos), Pradas “hizo una foto a la pantalla del ordenador” con el borrador y dijo: “Adelante”. “Lo mismo sucede”, explica la instructora, con el segundo mensaje Es-Alert: la consellera les ordenó a los técnicos que “antes de que se envíe” quería verlo.

“Numerosos fallecimientos” antes del Es-Alert

En definitiva, el mensaje “se envió tarde” y con un texto “tan genérico” de mera precaución, según la expresión de Pradas, que “realmente no alertaba del peligro que corría la población de toda la provincia de Valencia, especialmente en las zonas donde no llovía”, tal y como han refrendado dos de las peritos principales que han declarado en el marco del procedimiento: la geógrafa Ana Camarasa y la meteoróloga Victòria Rosselló.

Nuria Ruiz Tobarra reprocha que, entre las 19.00 y las 20.00 (antes del envío del Es-Alert), “se produjeron numerosos fallecimientos o había personas que estaban intentando salvarse”, tal como han acreditado cientos de familiares de las víctimas en sus declaraciones como perjudicados.

La jueza recuerda el caso concreto de un fallecido en un garaje de Paiporta. Los testigos que presenciaron su muerte (y aportaron al sumario de la causa su “estremecedor relato”) trataron de ayudarlo con la “impotencia” de no poder salvarlo y presenciando así la “agonía” del hombre, que “incluía despedirse de sus familiares ante la creencia de que no saldrían vivos de ese garaje”.

Por otro lado, el segundo Es-Alert, aunque “más acertado en su contenido”, también fue “tardío” para las poblaciones de la comarca de l´Horta Sud, así como para Algemesí o Guadassuar. Además, tampoco se envió a la zona de Sot de Chera, donde fallecieron dos personas por el desbordamiento de la presa de Buseo, de titularidad autonómica.