La Generalitat valenciana reconoce ante la jueza que retiró sus bomberos forestales en plena catástrofe de la dana

La Generalitat Valenciana ha reconocido ante la jueza de la dana que retiró la práctica totalidad de sus efectivos de los bomberos forestales en plena catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así consta en un informe oficial incorporado a la causa, adelantado por El País y al que también ha tenido acceso este diario. El documento de la empresa pública Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE), firmado por el director técnico operativo, el ingeniero Manuel Villanueva, explica que el servicio de bomberos forestales es de “naturaleza autonómica”. Su “dirección y encuadre operativo”, agrega, corresponde a la Generalitat Valenciana.

La jornada de la dana, la SGISE contaba con 25 unidades terrestres operativas y dos unidades helitransportadas. Sin embargo, solo dos de esas unidades prolongaron sus servicios hasta la madrugada del día siguiente. Las unidades de Requena, que se retiró a la base a las 5.00, y de Chelva, refugiada a las 2.00 en el parque de bomberos de Requena al no poder regresar a su base “por tener los accesos cortados”, fueron las únicas que prolongaron sus servicios, tras haber efectuado ambas rescates en Utiel.

El resto de unidades, situadas en otros puntos de la provincia de Valencia más o menos alejados de la zona de la catástrofe de la dana, se retiraron entre las 19.15 y las 19.30. Todas ellas (Ontinyent, Xàtiva, Font de la Figuera, Rótova, Castelló de Rugat, Pedralba, Yátova Sinarcas y Los Isidros) “sin intervención” alguna ante la emergencia. La unidad de Villagordo realizó un servicio de salvamento y rescate en Utiel (fue movilizada a las 16.35 y se retiró a las 19.15).

Un “sistema” diseñado para asegurar la “coordinación operativa”

El personal de los bomberos forestales está dotado, según indica el informe, con un “equipo de meteorología adversa” (considerado como equipo de protección individual). También cuenta con varios equipos para el vadeo distribuidos por zonas operativas, así como de un remolque especial por cada provincia para el trabajo en inundaciones, dotado con electrobombas y generadores eléctricos.

La movilización operativa de los efectivos se realiza mediante protocolos y canales establecidos con los consorcios provinciales de bomberos. El “sistema” está diseñado para asegurar la “coordinación operativa con el resto de los recursos movilizados (bomberos de los consorcios provinciales, medios aéreos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios y otros organismos intervinientes)”, detalla el informe.

“Este modelo de movilización busca una gestión integrada y coordinada de las emergencias, especialmente relevante en incidentes de carácter complejo o multirriesgo, garantizando la coherencia del mando y de las comunicaciones”, apostilla.

“Situaciones de grave riesgo colectivo”

La SGISE también asegura que los forestales, según el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat, participa en el “seguimiento de caudales, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables”. A pesar de ello, los efectivos no fueron movilizados en la dana para esta tarea clave (se trata de una de las líneas de investigación de la jueza de Catarroja que instruye la causa).

Además, están integrados en el Plan Territorial Autonómico de Emergencias, interviniendo en “emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos tales como inundaciones, temporales de viento, episodios de nieve, servicios de salvamento y rescate, y otras situaciones de grave riesgo colectivo”. Y actúan “bajo la dirección operativa del plan correspondiente, en coordinación con los consorcios provinciales de bomberos y el resto de los organismos implicados”.