La respuesta punitiva contra los jóvenes de Blocus preocupa a los abogados ante la la huelga general: “Es un aviso”

“Éramos tres abogados para todos los chicos”. La abogada Anahí Zárate estaba de guardia en el turno de oficio cuando, en un solo día, tuvo que asistir a 35 menores detenidos por los saqueos y disturbios del 24 de octubre en Barcelona. La respuesta judicial y policial tras los altercados de Blocus preocupa a abogados bregados en la defensa de manifestantes ante la huelga general convocada para el próximo miércoles.

La abogada Júlia Humet advierte de un “riesgo de criminalización desmedida” en caso de disturbios el próximo 11 de noviembre. “Se está tirando de la receta dura de siempre sin analizar por qué hay gente tan joven que tiene tan poco sentimiento de pertenencia a la comunidad que está dispuesta a participar de estos disturbios”, valora.

“Estos días vivimos un aviso a navegantes de cara a la huelga”, señala el abogado Xavier Monge, del colectivo Alerta Solidària. El letrado pone el foco en el blindaje del centro de Barcelona y otras ciudades catalanas del pasado sábado, que comportó una actuación policial inédita con más de 2.000 identificados. “El principio de proporcionalidad que debe guiar toda intervención de la policía salta por los aires”, zanja.

El abogado alerta del “efecto desaliento” a acudir a protestas que puede comportar la repetición de un blindaje policial, más en un contexto de prehuelga general. “Un dispositivo así se puede vender el primer fin de semana, pero es insostenible en el tiempo: por respeto a los derechos fundamentales y porque no hay suficientes medios policiales”, agrega Monge.

Los menores detenidos escucharon a los jueces que les explicaron las distintas medidas cautelares (prohibición de acudir a manifestaciones, libertad vigilada) y, en su mayoría, las entendieron. Sus familias no responden a un único perfil, ni socioeconómico ni a la hora de reaccionar a la detención: había padres y madres que se sentían culpables, pero también otros instalados en la negación.

Las distintas fuentes judiciales consultadas coinciden con el diagnóstico de los responsables de Interior: la convocatoria de Blocus no tenía un objetivo político, como una manifestación estudiantil o sindical. Muchos de los jóvenes fueron a la plaza Catalunya porque recibieron un mensaje en redes, o se lo dijo un amigo, para ver qué tal estaba el ambiente. Y se encontraron, y algunos se sumaron, a uno de los episodios de disturbios en la capital catalana más inesperados.

Ahora empieza el procedimiento, que en menores es más rápido que en adultos y se suele sustentar, en primera instancia, en alrededor de un año. “El objetivo de la jurisdicción de menores no es el castigo, es que los chicos tomen conciencia de que por este camino no van bien”, resalta Zárate. 

Para lograr que los menores se reeduquen, remarca Zárate, resultará fundamental el apoyo a las familias de los chicos. “Estamos en un momento social muy complejo y hay muchas familias que precisan de herramientas y ayuda para acompañar a sus hijos”, señala la abogada.

A juicio de Humet, resulta “preocupante” que el Govern, empezando, por el president, Salvador Illa, acompañara tuits de detenciones de jóvenes de 14 o 16 años con el mensaje de “no habrá impunidad”. “Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones públicas porque la bronca y los límites a estos menores se los tienen que poner en sus casas, no el president de la Generalitat”. 

Monge también se muestra escéptico con el plan del Govern para perseguir a las plataformas digitales donde se cocieron los disturbios por la tradicional falta de cooperación de estas multinacionales en los procedimientos: “El Código Penal está pensando para el papel, no para las redes”, explica. “No puede ser que grupos de jóvenes saqueen tiendas, pero la respuesta no puede quedarse en decir que los encerrarán a ellos y arruinarán a sus padres para pagar los destrozos”, apostilla.

Para lograr que los menores se reeduquen, remarca Zárate, resultará fundamental el apoyo a las familias de los chicos. “Estamos en un momento social muy complejo y hay muchas familias que precisan de herramientas y ayuda para acompañar a sus hijos”, señala la abogada.

Salvada la segunda convocatoria de Blocus sin saqueos, las causas judiciales no solo afectan a 130 detenidos en octubre, sino que se han adentrado en la huella digital: cuatro hombres, mayores de edad, permanecen en prisión preventiva, dos en Barcelona y otros dos en València, como supuestos promotores de los disturbios a través de las redes. Los indicios más sólidos pesan contra uno de los jóvenes valencianos, que estuvo en París en las protestas estudiantiles.

En el caso de los dos barceloneses, los jueces les han imputado un delito de organización criminal, algo que también recibe críticas de los abogados. “¿Cómo se está imputando una organización criminal si lo que destaca de estos jóvenes es que apenas están organizados?”, enfatiza Humet. “Las redes, y su uso por parte de los jóvenes, nos superan a todos porque somos boomers”, sentencia Monge.

El abogado alerta además de que los jueces han prohibido a varios jóvenes asistir a nuevas manifestaciones pese a los precedentes de la Audiencia de Barcelona que tumbaban ese veto tras los disturbios del procés o por Can Vies. “Si no enviamos a los jóvenes un mensaje de que su malestar se puede canalizar a través del ejercicio de derechos fundamentales, y solo reciben detenciones y castigo, la situación no mejorará”, concluye.