Dos años después, peor

Dos años después de la DANA y uno de la dimisión de Carlos Mazón, la Comunitat Valenciana tiene otro presidente, pero cuesta encontrar demasiadas razones para pensar que la política valenciana ha mejorado. El PP ha cambiado de cara sin cambiar de rumbo, la extrema derecha condiciona todavía más las decisiones del Consell y la televisión pública se parece cada día menos a aquella À Punt que nació para recuperar un servicio público y cada día más a Telemadrid y Canal 9. Mientras tanto, las víctimas siguen reclamando justicia, los profesores se movilizan sin que les escuchen y el expresidente que no estuvo donde debía estar aquella tarde continúa disfrutando de un escaño, un sueldo y los privilegios que le corresponden por haber ocupado el Palau de la Generalitat. Dos años después, algunas calles ya no tienen barro. En la política valenciana resulta bastante más difícil encontrar algo limpio.

Mazón se marchó el 3 de noviembre de 2025 después de resistir un año de manifestaciones multitudinarias, contradicciones y explicaciones sobre aquella interminable comida que le mantuvo alejado de la gestión de la emergencia. Se fue porque la presión de las víctimas y de la sociedad hizo insostenible su continuidad. Salió del despacho tras los gritos del funeral, pero no se ha ido del todo. Sigue en el escaño 98 de Les Corts, conserva el aforamiento y cuenta con el respaldo de un PP que no sabe cómo quitárselo de encima. No ha registrado una sola iniciativa parlamentaria desde su dimisión. Ni preguntas, ni solicitudes de documentación. Su única intervención en la Cámara fue ante la comisión de investigación de la DANA.

234 víctimas mortales después, Mazón dispone de una oficina de expresidente que cuesta alrededor de 155.000 euros anuales, con asesor, chófer y vehículo oficial. Cobra como diputado y recibe un complemento mensual de 634 euros por ser portavoz de una comisión que no se ha reunido desde que ocupa el cargo. Y, por si fuera poco, tiene la desvergüenza de percibir 101 euros por desplazamiento a Les Corts, pese a disponer de coche oficial y conductor. Unos 1.900 euros en los ocho meses de los que hay datos. La vida entre baños en la playa en días laborables, aplausos de sus compañeros y sonrisas irónicas desde su estrado sale muy cara a los valencianos.

La indignidad trasciende a Mazón. Alberto Núñez Feijóo continúa sin exigirle que entregue su acta y Juanfran Pérez Llorca gobierna con el expresidente sentado entre los diputados de su partido. Las asociaciones de víctimas han vuelto a reclamar su salida de Les Corts y han señalado directamente al presidente nacional del PP. Le piden decencia a alguien en el PP, de Mazón no la pueden esperar. La salida de Óscar Puente debería sonrojar a los populares. Han reclamado con razón, pero sin autoridad moral. Ahora, han quedado a la intemperie. El expresident es cada día un problema más grande, que evidencia el nulo control que del partido tienen Feijóo y Pérez Llorca, ni juntos ni por separado. Un año después, Génova no ha confirmado al actual president como candidato a las elecciones de 2027 ni ha autorizado el congreso regional que debería legitimar su liderazgo. Y cada vez resulta más complicado, ante el goteo de informaciones relativas a operaciones urbanísticas de su etapa como alcalde de Finestrat. Pese a que la oposición no ha dado con un material realmente hiriente, lo desvelado y lo que vendrá dinamitan la imagen de renovación que pretendía ofrecer. Su gobierno, más allá de no desprenderse de la putrefacción que emana de su antecesor, está marcado por el servilismo ante Vox. La DANA debería haber obligado a revisar las políticas ambientales, territoriales y de prevención. Sin embargo, el Consell ha mantenido decisiones pactadas con la extrema derecha que van precisamente en dirección contraria. Después de eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, PP y Vox han suprimido la Agencia del Cambio Climático, eliminado instrumentos fiscales contra las emisiones contaminantes y facilitado cambios urbanísticos que afectan a zonas de riesgo. Hasta han encontrado una solución lingüística para el problema: borrar de la estructura de la Generalitat la denominación de Cambio Climático y sustituirla por la de «cambios meteorológicos extremos». Una aportación científica extraordinaria. Si no nos gusta lo que ocurre, cambiamos el nombre. Lástima que los barrancos no entiendan de eufemismos y que las inundaciones no consulten antes el organigrama del Consell.

La radicalización también se aprecia en el debate público. El PP valenciano ha ido adoptando un tono cada vez más agresivo en sus redes sociales y en sus enfrentamientos con la oposición. El insulto, la descalificación personal y la bronca parecen ocupar el espacio que deberían reservarse los argumentos. Quienes llegaron prometiendo moderación parecen sentirse cómodos en ese terreno. La convivencia con Vox no solo se mide en presupuestos o votaciones. También se nota en el lenguaje, en las prioridades y en lo que se empieza a considerar normal. À Punt ofrece uno de los ejemplos más inquietantes de esta transformación. La televisión pública valenciana ha radicalizado su orientación editorial y tolera, cuando no fomenta, la manipulación y el insulto gratuito. La cadena machaca con mala educación a políticos rivales y sistemáticamente a su audiencia, cada vez más menguante. Salvo honrosas excepciones, o se es ofensivamente antisanchista o no se puede acceder a la pantalla. Y, claro, entre toros e insultos, no les cabe La mort de Guillem. Alguien cometió el error de programar esta coproducción precisamente cuando la familia impulsaba una campaña para conseguir el reconocimiento de Guillem como víctima del terrorismo. Pero lo frenaron. Son lentos, pero eficaces al servicio de la censura y el veto. Ha tenido que ser Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, quien le recordara a Pérez Llorca y a À Punt algo elemental: que no se puede seleccionar a las víctimas en función de quién las asesinó o de las simpatías políticas de quienes las recuerdan. «Queriendo silenciar a esta víctima, estáis silenciando a todas», les ha reprochado. La actitud no es nueva, pero no por conocida deja de ser hiriente. Víctimas de la ultraderecha, del accidente del metro o de la dana. No se respeta nada. Y, dos años después, cada día, menos.