Los protocolos no tenían la culpa

Resulta que se puede avisar antes de que llegue el agua. Se pueden suspender las clases, restringir los desplazamientos, confinar a la población y enviar alertas a los móviles sin esperar a que los coches flotaran por las calles. Es posible reunir a los responsables de emergencias con antelación y tomar decisiones aunque después alguien proteste porque no había llovido tanto como se esperaba. Todo eso se ha hecho esta semana. Y casi todo se podía hacer el 29 de octubre de 2024, cuando 233 personas perdieron la vida. No han inventado un nuevo sistema de protección civil ni han descubierto una tecnología desconocida. Los instrumentos estaban ahí. También las competencias. Lo que no hubo fue la misma anticipación en las decisiones. La comparación es tan incómoda como escuchar a la vicepresidenta Camarero eludir la respuesta cuando se le pregunta. Ella estaba esta semana y estaba cuando Carlos Mazón recogía premios, comía y desaparecía.

No han sido dos DANAs iguales. La de 2024 tuvo unas características especialmente destructivas, con precipitaciones intensísimas en las cabeceras de los barrancos y avenidas que alcanzaron poblaciones donde apenas había llovido. Esta semana los mayores acumulados se han concentrado en otras zonas y la evolución de las inundaciones ha sido diferente. Sería tramposo comparar únicamente el número de víctimas y atribuir toda la diferencia a la actuación de los responsables públicos. Pero también sería intentar engañar a los ciudadanos utilizar las diferencias meteorológicas para evitar analizar las decisiones políticas en cada caso. Porque el 29 de octubre la AEMET activó el aviso rojo por la mañana y el mensaje masivo a los móviles no llegó hasta las 20:11. Para entonces, demasiadas personas ya estaban atrapadas y muertas. No hacía falta inventar ningún dispositivo tecnológico. Hacía falta decidir cuándo utilizar los medios disponibles.

Ahora hemos visto al CECOPI reunirse desde primera hora, adoptar restricciones, enviar mensajes con instrucciones concretas y comunicar a la población que debía permanecer en casa, evitar desplazamientos y alejarse de barrancos y zonas inundables. Hubo carreteras cortadas, trenes suspendidos y actividades aplazadas. Todo ello tiene consecuencias económicas, genera molestias y puede provocar críticas si finalmente el agua no llega donde se esperaba. Es el precio de prevenir, también si se acerca un puente. Porque no, el cambio climático no es una bendición que permita alargar la temporada turística, por mucho que algunos responsables del Consell hayan querido encontrarle ventajas. Los fenómenos extremos no entienden de puentes, reservas hoteleras ni calendarios electorales. Ante esta realidad incontestable, cada día es mucho más difícil explicar por qué no se adoptaron determinadas precauciones cuando el riesgo sí acabó materializándose. Los avisos meteorológicos no son órdenes automáticas de confinamiento, pero tampoco están para decorar los mapas de colores que aparecen en televisión.

Camarero ha preferido evitar las comparaciones y hablar de aprendizaje. Es comprensible que las administraciones revisen sus procedimientos después de una tragedia. Lo que no resulta tan sencillo es presentar como una novedad la utilización de herramientas que ya estaban disponibles. Si ahora se considera imprescindible anticipar los mensajes, restringir la movilidad y actuar antes de que las calles se conviertan en ríos, habrá que explicar qué impedía hacerlo entonces. Y, sobre todo, qué decisiones se tomaron con la información que iba llegando a los responsables de la emergencia. Aprender de una tragedia es una obligación. Descubrir que muchas de las medidas que ahora se presentan como aprendizaje ya podían haberse adoptado entonces exige algo más que una explicación.

No cabe la equidistancia, tan invasiva con la razón. Las administraciones tienen obligaciones diferentes y deben responder por ellas. La Confederación Hidrográfica, la AEMET, los ayuntamientos y el Gobierno central deben explicar sus actuaciones cuando corresponda. Pero la dirección de la emergencia en la Comunitat Valenciana era responsabilidad de la Generalitat. Y Carlos Mazón presidía aquel gobierno. La discusión sobre dónde estaba, a qué hora salió de El Ventorro o cuándo llegó al centro de emergencias no puede separarse de lo que estaba ocurriendo mientras tanto. No porque un presidente tenga que calcular el caudal de un barranco o redactar personalmente cada alerta, sino porque gobernar implica asumir responsabilidades sobre las decisiones de quienes dirigen los servicios públicos. Para eso se ocupa el cargo. También los días en que no hay inauguraciones, fotografías ni buenas noticias que anunciar. Y Camarero ha sido la voz del Consell que lo ha justificado casi todo. Y, ahora que la comparación les señala tan claramente, se ha quedado muda.

Y hay otra parte de la gestión que merece atención. Porque una catástrofe no termina cuando se retira el barro. Continúa cuando hay que reconstruir viviendas, recuperar negocios y distribuir las ayudas públicas. La Sindicatura de Comptes ha reconocido la rapidez con la que la Generalitat concedió subvenciones tras la DANA de 2024. El 60% estaba abonado en febrero de 2025. Pero también ha detectado importantes deficiencias de control. En las ayudas a vehículos, 1.936 expedientes no habían acreditado en plazo la baja definitiva, con 6,4 millones de euros cuyo reintegro señala el informe. En las destinadas a enseres aparecen al menos 4.417 expedientes con factores de riesgo que requieren comprobaciones adicionales. No significa que todos los beneficiarios hayan cometido irregularidades. Evidencia que la Administración debe verificar adecuadamente a quién ha pagado, por qué y cuánto.

La urgencia justificaba simplificar trámites. Nadie que hubiera perdido su casa o su negocio podía esperar meses a que la burocracia resolviera cada papel. Pero precisamente por eso era necesario organizar controles posteriores suficientes, como reclama la Sindicatura. También para evitar que unos reciban más de lo que corresponde mientras otros no obtienen lo necesario para recuperarse. La rapidez no debería ser incompatible con la eficacia. Ni la solidaridad con la vigilancia del dinero público. Sería lamentable que, después de todo lo ocurrido, acabáramos descubriendo que tampoco se gestionó adecuadamente la reparación de los daños.

Esta semana hemos comprobado la importancia de tomar decisiones preventivas con los instrumentos disponibles. No elimina el peligro ni garantiza que no haya víctimas. Pero demuestra que anticiparse importa. Ahora queda por comprobar si también somos capaces de gestionar correctamente lo que viene después. Porque las alertas tardías pueden tener consecuencias irreparables y las ayudas mal gestionadas pueden prolongar durante años el daño de una catástrofe. En ambos casos hay algo que no debería depender del tiempo que haga: que quienes gobiernan sepan qué tienen que hacer y respondan por lo que hacen. Y por lo que dejan de hacer. A días del aniversario de la dana de los errores, convendría no olvidarlo nunca.