Atrapados en 1985: los bomberos exigen una ley estatal para dejar de responder a las emergencias “a gritos”

El próximo jueves se cumplen dos años de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrebató la vida a 233 personas en la provincia de València. Sin embargo, UGT advierte de que no se han aprendido las lecciones de aquella tragedia. Representantes sindicales de bomberos han denunciado este martes la vulnerabilidad del actual sistema de emergencias y han exigido la aprobación urgente de una ley estatal Básica de Bomberos y Bomberas que sirva para superar el actual modelo vigente, que se sustenta sobre la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, un marco legal que consideran completamente desfasado frente a la gravedad y recurrencia de las crisis climáticas actuales, como se pudo comprobar con el temporal 'Adam' que azotó el norte de la provincia de Alicante y el sur de la provincia de Valencia -con especial incidencia en la localidad de Oliva- del pasado fin de semana.

Almanzor Guerra, responsable federal del Sindicato de Bomberos y Bomberas de UGT-SP, que ha estado acompañado por Helios Martín y Marcel Montero, representantes sindicales de UGT-PV en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ha puesto el ejemplo de la movilización provocada por 'Adam' y ha señalado que la movilización simultánea de los servicios de los consorcios provinciales de Valencia, Alicante y Castellón para atender los daños en una sola localidad (Oliva) demuestra que el sistema actual colapsaría ante una emergencia generalizada como la sufrida en 2024.

En España existen alrededor de 22.000 efectivos de bomberos repartidos en unos 130 servicios dependientes, fundamentalmente, de administraciones locales y autonómicas. Ante este escenario, la falta de cohesión operativa obliga a los efectivos a actuar de forma precaria: “Ahora viene, por ejemplo, el compañero de Guadalajara a colaborar aquí en un gran servicio y como no estamos coordinados por canales de emisoras ni nada, pues a gritos o con el teléfono móvil; oye, dame tu teléfono y, si me hace falta ayuda, te llamo. Y esto no tiene sentido, que estamos ya en 2026”.

Coordinación, catálogo de recursos y procedimientos de activación

Para corregir esta situación, el sindicato reclama tres pilares fundamentales que incluiría la nueva normativa: un mecanismo de coordinación estatal ágil, diseñado para permitir el traslado de efectivos entre comunidades autónomas de forma acordada y sin demoras burocráticas, “que aísle las decisiones operativas de las disputas políticas”; un catálogo estatal de recursos humanos y materiales, que no es más que “una herramienta transparente para conocer de antemano la disponibilidad de medios en todo el territorio nacional”; y procedimientos integrados de activación o protocolos comunes que unifiquen la operativa y las comunicaciones radiofónicas entre distintos cuerpos de bomberos.

Desde UGT también alertan de la desigualdad en la protección de la ciudadanía según el territorio, y han señalado que los parques situados fuera de las grandes áreas metropolitanas sufren un grave déficit de personal. Según un estudio de prevención de riesgos laborales elaborado por el sindicato, una intervención segura en un incendio estructural o en un rescate complejo requiere de un mínimo de cinco efectivos (un mando y dos binomios de trabajo), una dotación que en numerosas zonas rurales se reduce a dos o cuatro bomberos de guardia.

En la misma línea, Helios Martín ha criticado que la seguridad de los ciudadanos acabe dependiendo de los recursos económicos de cada administración local o autonómica: “En función del interés político o la economía de esa comunidad autónoma se van a ver mejor o peor protegidos”. “Lo que no puede ser es que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia lleve cuatro bomberos en un camión, en la zona de Teruel vayan solo dos y los servicios que dependen del Ayuntamiento de València lleven seis efectivos”, ha lamentado.

El proyecto de ley básico, impulsado a través de una plataforma sindical conjunta junto a Comisiones Obreras y que se estaba negociando con las diferentes fuerzas parlamentarias, quedó paralizado por el adelanto electoral. UGT insta al Gobierno y a las Cortes a retomar la iniciativa legislativa en cuanto se constituyan de nuevo para dotar a los profesionales de las garantías necesarias y evitar que la seguridad dependa del código postal.