Operación Octubre Rojo (Plan B): Sánchez se pone la camiseta, València puede decidir la mayoría

Cuando escribí la primera entrega de Operación Octubre Rojo quedaban cinco días hábiles para cerrar los acuerdos electorales. La propuesta llegaba a tiempo: organizar candidaturas útiles, provincia a provincia, capaces de convertir el desgaste del bipartidismo en representación y capacidad de decisión. Ahora las coaliciones están cerradas y podemos comprobar quién ha reunido la flota y quién ha preferido seguir disputándose el mismo caladero.

El acuerdo completo entre fuerzas de arraigo territorial, Podemos y Frente Amplio solo ha llegado a Canarias y la Comunitat Valenciana. En Aragón y Baleares hay alianzas territoriales, pero Podemos queda fuera. En Andalucía concurren Adelante, Frente Amplio y Podemos por separado. En Catalunya, ERC incorpora a Podemos mientras los Comuns mantienen otra candidatura. El mapa obliga a hacer cuentas distintas en cada territorio.

La primera consecuencia puede resultar incómoda para quienes esperaban que la ruptura condujera necesariamente a una victoria de las derechas: Sánchez puede ganar. Puede recoger una parte del voto que sus antiguos socios dejan sin una candidatura con posibilidades de representación. Otra cuestión es qué izquierda quedaría a su alrededor y con qué capacidad para exigirle cambios.

Sánchez parece haber leído la oportunidad. Mientras los exministros de Sumar y Podemos comparecen con traje y chaqueta, como si presentaran el catálogo de otoño de alguna marca de Amancio Ortega, él se pone una camiseta y se ofrece como «la fuerza de la gente». La imagen resume una disputa política: quién representa el descontento cuando quienes nacieron para hacerlo vuelven a discutir por las listas.

El mensaje parece dirigido al electorado frustrado con los politólogos de la Complutense: si aquellos ya no os convencen, aquí estoy yo para frenar al fascismo. Sánchez busca recoger el malestar y ofrecerse como refugio. La fragmentación le ofrece una oportunidad formidable: convertir la decepción con su Gobierno en un motivo para volver a votarlo.

Según las tablas del CIS de octubre, el 63,6% de quienes votaron al PSOE en julio de 2023 declara que volvería a hacerlo, mientras un 14,5% sigue indeciso. Había, por tanto, un espacio para disputar el voto socialista. Nuestra hipótesis era que un 15% de sus apoyos de 2023 podía encontrar destino en candidaturas de las izquierdas territoriales que hicieran piña con Podemos y Frente Amplio. Aquel escenario atribuía más de sesenta escaños a ese espacio y 102 al PSOE, mientras PP y Vox se quedaban en 171. Era una posibilidad condicionada a los acuerdos y a la captación de ese voto, no una transferencia acreditada por la encuesta.

Nuestro nuevo ejercicio examina qué ocurriría si el electorado progresista siguiera movilizado, pero cambiara de candidatura ante la falta de acuerdos. No suponemos una transferencia de la izquierda a la derecha, sino una redistribución dentro de los bloques, con consecuencias distintas según la provincia.

En la derecha mantenemos la hipótesis de que el PP cede a Vox el 15% de sus votos de 2023. Las tablas de transferencias del CIS permiten contrastar ese movimiento; el porcentaje concreto que aplicamos pertenece a nuestra simulación. El PP conservaría unos 6.936.711 votos y Vox alcanzaría 4.281.126. Juntos sumarían 11.217.837. La transferencia cambia su reparto interno, pero no añade un solo voto a su suma.

El PP puede perder votos respecto a 2023 y, sin embargo, disimular esa pérdida en su porcentaje si disminuye la participación entre los demás electorados. También puede compensar parte de la fuga hacia Vox captando antiguos votantes socialistas: el CIS recoge una intención de voto al PP del 4,7% entre quienes recuerdan haber votado al PSOE. Esa entrada no está incorporada a las cifras anteriores, que aíslan la transferencia del PP a Vox. Si aumenta la participación progresista, el porcentaje popular puede reflejar con mayor claridad la sangría hacia la ultraderecha.

En la izquierda, donde no hay una alternativa compartida con opciones, el PSOE conserva inicialmente sus apoyos de 2023 y recibe la mitad del antiguo voto de Sumar. Las candidaturas territoriales mantienen un tratamiento distinto: les atribuimos una transferencia del 15% del voto socialista de sus provincias. En Andalucía, la captación de la mitad del antiguo voto de Sumar corresponde a Adelante, no al PSOE.

Traducido a personas, el movimiento es considerable. La primera versión del ejercicio atribuía a Sánchez 1.267.091 votos de la antigua candidatura de Sumar, en la que también participó Podemos. Al cambiar el tratamiento de Andalucía, la captación socialista quedaba en 1.004.406 votos: algo más de un millón de electores.

Después de descontar las transferencias a las candidaturas territoriales, el PSOE/PSC alcanzaba unos 8.057.192 votos. Esa es la base del cálculo provincial que produjo los 130 diputados socialistas de referencia. No son apoyos asegurados: requieren recuperar a su propio electorado y atraer una parte importante de quienes votaron a su izquierda. Pero permiten entender por qué examinamos una recuperación superior a la que dibujan muchas expectativas sobre el PSOE.

La diferencia con el ejercicio anterior está dentro del espacio progresista. Entonces, el PSOE obtenía menos diputados y las candidaturas alternativas reunían buena parte de la representación. Ahora Sánchez podría rentabilizar la percepción de que votar a Frente Amplio o a Podemos por separado no servirá para obtener un escaño en determinadas provincias. El PSOE puede mejorar sin que crezca el bloque de izquierdas.

La derecha, por su parte, puede reunir más votos que el PSOE y quedarse sin mayoría absoluta. El Congreso se decide circunscripción a circunscripción: cuentan el tamaño de cada una, la concentración o dispersión de los apoyos y los cocientes D’Hondt. Y cuentan, por supuesto, los diputados de las demás candidaturas. Una suma estatal no explica por sí sola quién podrá gobernar.

Pero la Comunitat Valenciana plantea la operación contraria a la concentración del voto en el PSOE. Aquí pedimos expresamente el voto útil a Compromís, también a quienes votaron socialista en 2023.

Aquí sí existe una candidatura compartida, con arraigo y posibilidades de representación. Un apoyo adicional al PSOE puede no modificar sus diputados; ese mismo apoyo a Compromís puede permitir disputar el último escaño a Vox. Centrar la estrategia en que el PSOE supere al PP en votos puede dejar intacto el reparto de escaños. Conseguir que un diputado de la derecha pase a la candidatura valenciana de Compromís cambia las cuentas del Congreso.

Los seis diputados de Compromís–Front Valencià que contempla el escenario —tres por Valencia, dos por Alicante y uno por Castellón— necesitan esa movilización y la transferencia socialista que hemos supuesto. No llegan automáticamente por haber firmado un acuerdo. Se trata de que esos seis contribuyan a mantener a PP y Vox por debajo de 175 escaños y resulten decisivos para construir otra mayoría.

Puede incluso darse una paradoja poética: que la única diputada de Podemos en toda España acabara por ser la de Alacant, de la mano de Compromís. Es una posibilidad, no una conclusión que podamos asegurar sin conocer todos los puestos elegidos de las candidaturas compartidas. Pero retrata el cambio: la supervivencia parlamentaria de una organización estatal podría depender de su acuerdo con una fuerza territorial.

Ahí aparece la transformación más profunda. La izquierda alternativa al PSOE con dirección en Madrid puede quedar reducida a una presencia residual. Frente Amplio obtendría tres diputados en nuestro ejercicio de referencia; para Podemos en solitario planteamos una horquilla de cero a uno. La pretensión de ordenar desde la capital las alianzas, los puestos y las prioridades del resto perdería su fundamento electoral.

El espacio político no desaparecería con esas marcas. Podría reorganizarse alrededor de partidos que responden ante electorados concretos y cuentan con implantación, liderazgos y prioridades propios.

Compromís entraría así en el club de fuerzas capaces de intervenir en la política española desde su territorio, junto a las izquierdas ya consolidadas de Catalunya, Euskadi y Galicia. Adelante Andalucía disputa su incorporación a ese espacio: en esta revisión la situamos en tres diputados, una valoración orientativa que exige comprobar su captación provincial. Más Madrid podría acabar recorriendo un camino semejante si consigue convertir su arraigo en un proyecto autónomo y duradero. Lo mismo cabe plantear para Unidad del Pueblo Canario: el acuerdo completo le permitiría aspirar a tres escaños en nuestro escenario.

La consecuencia sería una configuración confederal de la izquierda: partidos distintos que acuerdan cómo intervenir en las instituciones comunes. Una España autonómica con sistemas políticos propios, semejante en ese aspecto a los Länder. La coordinación nacería del pacto entre organizaciones arraigadas, con compromisos compartidos sobre vivienda, servicios públicos, financiación y derechos. El PNV y Junts estarán pensando en revalidar sus grupos parlamentarios, para lo que necesitan cinco escaños.

El arraigo, sin embargo, tampoco convierte cualquier transferencia en un acierto. CHA y Ara MÉS quedan en una horquilla de cero a un diputado: la ausencia de Podemos en esas alianzas limita la concentración de apoyos. ERC merece cautela por la separación de los Comuns. Y en Galicia hay provincias donde debilitar al PSOE no permite entrar al BNG y puede beneficiar al PP. El voto útil necesita cuentas provinciales, no consignas generales.

Si el BNG hubiera formalizado un acuerdo como el de Compromís, las cuentas serían otras. Pero las negociaciones también arrastran memoria: mi lectura es que los intentos de desplazar a las fuerzas territoriales han dejado una desconfianza que todavía pesa en Galicia, Baleares y Aragón.

Sánchez puede ganar y quedarse con la camiseta. Pero la cuestión para el electorado progresista también es quién tendrá fuerza para obligarlo a resolver lo que sigue pendiente. Operación Octubre Rojo aspiraba a convertir el desgaste en capacidad de decisión. La Comunitat Valenciana conserva esa posibilidad: seis diputados que ayuden a impedir una mayoría de PP y Vox y hagan que formar una alternativa exija escuchar la voz valenciana.

Seguiremos contrastando esta tesis provincia a provincia. Las tablas del CIS ayudan a identificar movimientos; las hipótesis permiten examinar sus consecuencias. Después hay que comprobar dónde un voto cambia el último diputado. Porque la esperanza necesita organización, pero también necesita cuentas.