Operación Octubre Rojo o cómo ganar perdiendo

Desde febrero de 2010 hasta junio de 2015 trabajé con Jaime Miquel en el análisis electoral y la estrategia de Compromís. Nuestra amistad venía de 1997: cuando venía a València se quedaba en mi casa. Para mí, el mejor analista electoral: algo así como Messi. Yo le hacía de secretario con nuestras “hojas mágicas”. Poníamos los datos, apretábamos el botón y veíamos los movimientos. Sin IA ni un duro, con tablas de transferencias del CIS, retrovisor electoral y constantes, obteníamos proyecciones que se acercaban a los resultados finales de manera asombrosa.

La magia estaba en el oficio. Jaime había aprendido de su padre, Jorge Miquel Calatayud, quien puso en marcha Gallup en España en 1969 y asesoró con sus encuestas a un tal Juan Carlos en la etapa preconstitucional. Jaime acabó dirigiendo Gallup en España. Su método exigía conocer el censo, cada circunscripción y las trayectorias del voto. Identificados los peces, había que armar la flota para convertirlos en pescado: el negocio de los votos. Detectar un espacio electoral y organizar una candidatura capaz de representarlo.

He recuperado aquellas hojas mágicas. Jaime las tenía preparadas en Puerta de Hierro, donde falleció en mayo de 2025, pocos días después de Vicent Bufort. Había pensado en un candidato independiente para los territorios sin una fuerza propia de izquierda capaz de articular ese espacio. Una marca blanca que evitase las peleas entre partidos y recogiese el voto perdido por el PSOE. Esas peleas ya las hemos visto. No pensaba en Ada Colau ni Yolanda Díaz. Pensaba en una persona capaz de entenderse con los empresarios y defender los derechos de los trabajadores: representar a quienes abandonasen un PSOE paralizado por su cobardía.

En aquellas conversaciones aparecía el aviso de otro 15M. Cuando trabajar no permite vivir cerca de tu familia, pagar una vivienda ni construir un futuro, el malestar busca representación. Recupero esa advertencia, sin convertirla en una predicción garantizada. Los números que presento son una simulación sobre los resultados de 2023.

El bipartidismo puede perder confianza por su incapacidad para resolver problemas como la vivienda, que condiciona el futuro de varias generaciones. En 2015, PP y PSOE quedaron en 123 y 90 diputados; Ciudadanos obtuvo 40 y Podemos y sus confluencias, 69. Nuestra simulación sitúa ahora al PP en 110 y al PSOE en 102: 138 escaños quedarían en manos de otras fuerzas, prácticamente los mismos que entonces. Una parte decisiva del Congreso volvería a escapar al control de los dos grandes partidos.

En 2026, los receptores de ese desgaste podrían ser otros. En la derecha, la hipótesis es que Vox recogería parte del voto del PP entre quienes buscan una ruptura radical. En la izquierda, ante la ausencia de una organización estatal solvente, Jaime proponía candidaturas útiles y renovadas, con arraigo y liderazgo territorial. A ERC, EH Bildu y BNG, consolidadas en territorios con una fuerte identidad nacional, debían sumarse Compromís, CHA, Més Mallorca y una nueva Adelante Andalucía. Se trataba de construir acuerdos con las izquierdas de cada país de esa España plurinacional. Más Madrid también tenía cabida en ese proyecto.

En la hipótesis que planteo ahora, Sumar, Podemos e Izquierda Unida tendrían que contribuir a construir una candidatura útil en la España castellana y en los territorios sin una fuerza propia que encabezase ese espacio. En los demás, participarían en las candidaturas territoriales aceptando sus liderazgos. La propuesta exigía compartir decisiones y protagonismo para convertir el descontento en representación útil. En este ejercicio, la transferencia del PP a Vox es una hipótesis de cálculo, no un destino inevitable.

La candidatura útil debe tener también una traducción parlamentaria. En cada territorio, la lista debería presentarse bajo la personalidad jurídica del partido territorial que la encabece, mediante la fórmula electoral que corresponda. El objetivo es que la cooperación permita conservar voces propias en el Congreso. Para la próxima legislatura, la reforma del Reglamento permite constituir grupo con cinco diputados y una media de al menos el 10% de los votos válidos en las circunscripciones donde se obtenga representación; también contempla la vía del 3% estatal. 

Multiplicar voces reparte capacidad de iniciativa, negociación y control ante lo que pueda venir. Quienes no alcancen los requisitos podrían explorar un grupo confederal o un acuerdo técnico, preservando su autonomía y cumpliendo el Reglamento.

Para examinar la idea he partido de los resultados definitivos de 2023. Como hipótesis de trabajo, supongo que PP y PSOE pierden cada uno el 15% de sus votos de 2023. El PP los cede a Vox; el PSOE, a la candidatura útil de izquierda de su provincia. Esta reúne el voto de Sumar de 2023, que incluía a Podemos, o el de las izquierdas territoriales en las que se integren. Los demás partidos mantienen sus apoyos. No incorporo votos nuevos ni pérdidas a la abstención.

Es una estimación condicionada, no una encuesta. Perder el 15% de los votos no equivale a perder 15 puntos porcentuales. Supongo que las coaliciones conservan los apoyos de sus integrantes para comprobar qué permite la aritmética, aunque políticamente esa conservación no esté garantizada.

Las provincias pequeñas muestran el límite. Las 21 circunscripciones que eligen hasta cuatro diputados suman 68 escaños. En 2023, Sumar no obtuvo ninguno y Vox consiguió uno. En este escenario, las candidaturas útiles reúnen seis diputados en ese conjunto, concentrados en Álava, Lleida, Lugo y Ourense. En buena parte de las restantes provincias, reunir votos sigue sin bastar para obtener representación.

Burgos ilustra el riesgo: el reparto pasa de dos diputados del PP y dos del PSOE a dos del PP, uno del PSOE y uno de Vox. La candidatura útil suma unos 27.974 votos, el 13,81%, pero queda fuera. Lugo ofrece otra posibilidad: al reunir el voto de Sumar con el del BNG y añadir la transferencia socialista, la candidatura alcanza aproximadamente el 18,39% y obtiene un diputado. El PP baja de tres a dos.

La candidatura útil provincial exige mirar el último escaño y representar a quienes reclaman vivienda, servicios públicos y control democrático. La identidad territorial puede articular ese acuerdo, pero la simulación no demuestra que una nueva marca movilice más.

En las provincias grandes hay más espacio para transformar apoyos en representación. En esta simulación, la candidatura útil obtiene siete diputados en Madrid. En Barcelona, la candidatura encabezada por ERC que integra ese espacio alcanza once. En Andalucía, la nueva Adelante Andalucía reúne nueve: dos en Cádiz, dos en Málaga, dos en Sevilla y uno en Córdoba, Granada y Huelva. No es el mismo problema disputar tres diputados que 37.

La Comunitat Valenciana ofrece un ejemplo concreto. Compromís, integrando a Sumar y Podemos y recibiendo el 15% del voto socialista de 2023, consigue seis diputados: dos en Alicante, uno en Castellón y tres en Valencia. Pero esos avances no deben venderse automáticamente como pérdidas de la derecha: parte de la ganancia corresponde a escaños que pierde el PSOE.

El balance estatal es PP, 110; Vox, 61; PSOE, 102; candidaturas útiles de izquierda, 66. PP y Vox suman 171 y no alcanzan la mayoría absoluta

El balance estatal es PP, 110; Vox, 61; PSOE, 102; candidaturas útiles de izquierda, 66. PP y Vox suman 171 y no alcanzan la mayoría absoluta. El resto reúne 179, aunque no constituye por ello una mayoría política automática. Para impedir una investidura de la derecha, esa mayoría de escaños tendría que traducirse en votos suficientes en contra: las abstenciones también pueden facilitarla.

Ese es el sentido de ganar perdiendo: PP y PSOE retroceden y Vox crece, sin asegurar a la derecha el Gobierno. Para mí, votar a Sánchez como refugio automático es la peor inversión cuando no cambia lo que falla. Sus 102 diputados superarían los 90 de 2015: erosión del bipartidismo, sin repetir exactamente sus mínimos.

La España plural y plurinacional, después del procés, necesita diputados decentes que rindan cuentas a sus territorios y fiscalicen el poder. Mi crítica se dirige a la deferencia hacia los grandes lobbies y a una autoridad del Tribunal Supremo que demasiadas veces se presenta como ajena al debate público. Reclamar control democrático exige concretar reformas, responsabilidades y contrapesos. PSOE y candidaturas útiles sumarían 168: necesitarían pactar, y esa pluralidad daría capacidad de control a sus socios.

Si quieren que el escenario cambie, que se pongan las pilas. Hay espacio para todos si comparten decisiones y ceden protagonismo. Operación Octubre Rojo sería un acuerdo provincia a provincia para convertir el desgaste del bipartidismo en representación útil. Los números permiten imaginarlo; construir confianza y compromisos corresponde a quienes aspiran a representarnos.

Tabla nacional del escenario

PP–Vox: 171 escaños. PSOE y candidaturas útiles: 168. PNV, Junts, Coalición Canaria y UPN: 11. Mayoría absoluta: 176.

Nota metodológica. Se conserva el reparto provincial de 350 escaños de 2023 y el total de votos válidos de cada circunscripción, incluidos los votos en blanco. D’Hondt con umbral del 3%; en Ceuta y Melilla gana la candidatura más votada. Los cálculos utilizan valores sin redondear; los votos publicados se redondean a unidades. Se supone que Vox concurre en Santa Cruz de Tenerife, donde no presentó lista en 2023.

Cabeceras asumidas: Compromís en la Comunitat Valenciana; CHA en Aragón; Més en Illes Balears; nueva Adelante Andalucía en Andalucía; ERC en Catalunya; EH Bildu en Euskadi y Navarra; BNG en Galicia; Nueva Canarias en Canarias. En Madrid, Asturias, Murcia y los demás territorios no se asigna un liderazgo concreto. La fila “Candidaturas útiles sin cabecera territorial” agrupa ese espacio: no presupone una candidatura estatal única ni añade de nuevo los votos de Sumar, Podemos o IU ya integrados en las listas territoriales. Más Madrid forma parte de la reflexión política, pero no tiene una fila propia en este cálculo. No se integran PNV, Junts, UPN ni Coalición Canaria.