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Compromís lleva a Antifraude sobrecostes millonarios y contratos 'a dedo' “al límite” de la ilegalidad en la dana

El expresident Carlos Mazón, durante una visita a la depuradora de Algemesí-Albalat meses después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Miguel Giménez

València —

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Compromís ha denunciado ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) la gestión de los contratos de emergencia tramitados tras la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024. La formación pretende que Antifraude investigue exhaustivamente lo que consideran un patrón generalizado de sobrecostes desproporcionados, fraccionamiento de facturas y elusión deliberada de los procedimientos ordinarios de licitación pública.

En una rueda de prensa celebrada este martes, los diputados autonómicos Joan Baldoví, Isaura Navarro y Carles Esteve han detallado el contenido de la denuncia, y han arremetido duramente contra la gestión del Consell. Así, la documentación aportada por Compromís —respaldada también por informes de la Sindicatura de Comptes— pone el foco en los expedientes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, además de entidades instrumentales como Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR).

De los 223 contratos de emergencia iniciales por valor de 584 millones de euros, aseguran que al menos 16 han sufrido modificaciones sustanciales que disparan la factura final en más de 58 millones adicionales (un incremento superior al 10%).

Entre los casos más flagrantes destacan: la gestión de residuos, donde los lotes adjudicados inicialmente por 59,6 millones de euros se incrementaron en 15 y 9,7 millones respectivamente bajo el argumento de un volumen imprevisto de restos; infraestructuras y depuradoras, con modificaciones en la depuradora de Algemesí-Albalat, cuyo precio inicial se multiplicó por ocho hasta alcanzar los 3,6 millones de euros, o el complejo de Valencia Sud de FGV, que pasó de 19,2 a 28,9 millones; o las diferencias de precios con el Estado.

En este sentido, el informe denuncia que la Generalitat llegó a pagar materiales de construcción con sobrecostes de entre el 29% y el 325% en comparación con los importes abonados por el Ministerio de Transportes en actuaciones similares (como abonar 13,68 euros por metro cuadrado de excavación mecánica frente a los 3,23 euros estatales).

El “truco” del 49,99% en Montserrat

En el ámbito local, la denuncia destapa prácticas orientadas a burlar la legalidad de los contratos públicos. Un ejemplo paradigmático es el del Ayuntamiento de Montserrat, donde la reforma del polideportivo municipal —adjudicada a la constructora Bertolín y a una asistencia técnica— aprobó un modificado de obra por un porcentaje exacto del 49,99936%. El presupuesto inicial de 1,4 millones se elevó hasta los 2,1 millones de euros (un sobrecoste de más de 703.000 euros).

Según se detalla en el escrito presentado por Compromís ante Antifraude, este porcentaje milimétrico se diseñó de forma intencionada para quedarse justo por debajo del límite legal del 50%, evitando así la obligación de resolver el contrato original y convocar un nuevo concurso público. Todo ello se ejecutó, además, omitiendo la función fiscalizadora de la Intervención Municipal, cuya titular emitió un informe de advertencia sobre la gravedad de la infracción.

Compromís ha denunciado que esta práctica erosiona los recursos públicos y ha criticado duramente el contexto normativo actual. Así, han advertido que el nuevo reglamento de la agencia Antifraude “se carga la participación y la transparencia en el órgano, se acaba la rendición de cuentas a las entidades cívicas y, por tanto, a la sociedad, y la colaboración con la Fiscalía”.

Por último, los valencianistas han subrayado la necesidad de que la Agencia investigue de oficio todos estos contratos de emergencia para depurar responsabilidades contables o penales, al tiempo que exigen que se remitan de forma íntegra los expedientes completos tanto de la administración autonómica como del consistorio de Montserrat para aclarar el destino de unos fondos públicos que, a su juicio, han sufrido un uso claramente fraudulento e injustificado.

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