Todas las empresas contratadas a dedo por Mazón para la dana: compañías “amigas”, empresarios condenados y firmas de primer nivel

La factura de los daños causados por la dana al patrimonio público de la Generalitat Valenciana se elevaba hasta el pasado mes de octubre a 642,6 millones de euros. Este es el montante de los contratos de emergencia adjudicados a dedo por el Gobierno de Mazón de los que hasta ahora se ha dado cuenta a la comisión de investigación de la dana en las Corts, según la documentación recabada por elDiario.es.

Con motivo de las inundaciones del 29 de octubre, la Generalitat activó los mecanismos previstos en la legislación vigente para dar respuesta inmediata a las necesidades urgentes derivadas de la catástrofe. Se aplicó así el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, regulador de la contratación de emergencia, que implica la posibilidad de adjudicar los contratos a dedo sin sacarlos a concurso público para agilizar los plazos.

Las obras se han adjudicado a un total de 150 empresas, muchas de ellas de prestigio y con un gran recorrido, alguna cuestionada por tener vinculaciones con miembros del gabinete de Mazón y otras, si bien con grandes capacidades técnicas, materiales y humanas para afrontar obras de gran calado en el corto plazo, con directivos condenados por corrupción en el pasado.

En este último grupo se encuadrarían Becsa (21,5 millones), CHM Obras e Infraestructuras (24,1 millones) y Tizor, de Grupo Cívica, vinculada al empresario alicantino Enrique Ortiz (1,7 millones). En total, 47,3 millones de euros en contratos adjudicados a dedo.

En el caso de Becsa, uno de sus accionistas, el empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla, fue condenado en el marco del 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales relativos a los comicios autonómicos y municipales de 2007 y por un delito de falsedad documental.

Los contratos que se le han adjudicado han sido por 10,2 millones de euros la redacción del proyecto y ejecución de las obras de emergencia DANA-2024 de rehabilitación de varios tramos de las carreteras CV-35, CV-42, CV-43, CV-50, CV-235, CV-245, CV-390, CV-355 y CV-515. Zona conservación Valencia Norte. Por 8,1 millones la redacción del proyecto y ejecución de las obras de emergencia DANA-2024 de rehabilitación de los puentes de la carretera CV-50 situados en los puntos kilométricos 74+000 y 76+200 término municipal de Cheste (Valencia). Y por 3,2 millones las obras para la reposición de elementos de seguridad y estudio y medidas para garantizar la estabilidad de la presa de Buseo en el término municipal de Chera (Valencia), con motivo de las lluvias torrenciales ocurridas el día 29 de octubre de 2024.

Por parte de CHM Obras e Infraestructuras, su presidente, el empresario Francisco Javier Martínez Berna, asumió la misma pena (un año y nueve meses) en la causa por la financiación ilegal del PP valenciano. Las adjudicaciones a la mercantil han sido 11,5 millones para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de emergencia DANA-2024 de rehabilitación de la carretera CV-36 desde el punto kilométrico 8+000 hasta el punto kilométrico 10+000 y reparación del viaducto sobre el Barranco del Poyo en el punto kilométrico 8+640 en los términos municipales de Alaquàs, Aldaia y Torrent (València). Contrato de emergencia por valor de 6,4 millones para las obras de rehabilitación del puente ferroviario sobre el barranco del Poyo en Paiporta, junto con la inspección y medidas correctivas de las estructuras en el tramo Picanya-Castelló por el desbordamiento del Barranco del Poyo. Y un contrato por valor de 6,2 millones para las obras de reconstrucción de dos centros de la Generalitat en la localidad de Catarroja, en la comarca de l'Horta Sud.

La empresa alicantina Tizor Hormigones y Asfaltos SL, integrada en el Grupo Cívica, fue adjudicataria de la reconstrucción de infraestructuras afectadas por la dana en el municipio de Gestalgar, en la rivera del río Túria por 1,7 millones de euros, impuestos incluidos. La compañía y el holding empresarial pertenecen a la familia del empresario alicantino Enrique Ortiz, condenado tras confesar haber financiado ilegalmente al PP valenciano.

Por otra parte, la empresa STV Gestión SL, de la cual fue responsable de Relaciones Institucionales José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, se adjudicó 2,7 millones en uno de los primeros contratos de emergencia adjudicados, para la limpieza de polígonos industriales afectados por la barrancada.

Varios de los propietarios de la empresa también son accionistas de la sociedad Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA, adjudicataria de 3,2 millones de euros en un contrato de emergencia para obras en una depuradora.

La Generalitat defiende las contrataciones

Fuentes autonómicas consultadas por elDiario.es defienden al respecto que la contratación de emergencias llevada a cabo por la Generalitat en el marco de los trabajos para reconstruir infraestructuras dañadas o directamente arrasadas por la DANA sigue “escrupulosamente la normativa”. La contratación por emergencia “es una forma de contratación que se adapta a la actual situación donde no hay tiempo que perder y, por ello, no se presentan varios candidatos para realizar las obras, sino que se asigna de forma directa por parte de la Generalitat”, explican.

Según explican, “se ha buscado un reparto equitativo y que no fueran dos o tres empresas las únicas que asumieran las reparaciones”. De hecho, “en el caso de las carreteras de titularidad autonómica, de las siete obras más relevantes, ninguna firma repite”. Una situación muy similar tiene lugar “en las obras locales asumidas por la Generalitat ante la imposibilidad de realizarlas los ayuntamientos, como es el caso”.

Las mismas fuentes añaden: “Hablamos de que solo en los trabajos realizados por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Recuperación han trabajado de forma directa 150 empresas. Hacía falta un esfuerzo masivo y se han escogido empresas que podían realizar los trabajos en tiempo y forma y tuviesen medios. Hablamos de empresas que han tenido contratos en esta y la anterior legislatura y que también han realizado contratos para el Gobierno. Como se ha hecho en este proceso, se han priorizado criterios de disponibilidad inmediata solvencia y que buscan que las obras puedan ser finalizadas en su totalidad y que no desista una firma a mitad ejecución”.