Blindar la vivienda protegida y movilizar pisos vacíos: las claves para frenar el aumento descontrolado de precios

El precio medio de la vivienda nueva se ha duplicado desde 2019 en la ciudad de València y su área metropolitana. El valor medio de venta supera ya los 3.700 euros/m2 en la capital y alcanza más de 4.500 euros/m2 en municipios de la primera corona como Godella, Almassera o El Puig, según los resultados del informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València correspondiente al tercer trimestre de 2025. Después de Andalucía y Catalunya, la Comunitat Valenciana es la región con más ejecuciones hipotecarias durante el mismo periodo de tiempo: 655 en total, 443 de las cuales son viviendas. Y este año se han llevado a cabo más de 3.800 desahucios en la comunidad.

A este panorama se le suma el hecho de que la valenciana es la segunda comunidad autónoma con mayor aumento de alquileres turísticos: 63.190, un 19% más en el último año. Que en el País Valenciano hay medio millón de viviendas vacías, a menudo a manos de grandes poseedores o bancos; que el 5% de la vivienda protegida de España corresponde a la comunidad -con 742 pisos, según datos de 2024-, y que el Gobierno valenciano no aplica la ley estatal que limita los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. Por todo ello, el acceso a una vivienda a un precio asequible se ha convertido, en demasiados casos, en un imposible. En un objetivo que genera estrés, inestabilidad y precarización entre quienes lo buscan.

Ante esta situación, Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO PV) quiere dar respuestas a la emergencia residencial de la comunidad con demandas y alternativas locales que incluyen diferentes medidas y políticas públicas de vivienda. Y además, el sindicato pasa a la acción colectiva: la plataforma Juntas por la Vivienda, de la que CCOO PV forma parte, Valencia No está en Venta y Acuerdo Social Valenciano han convocado una manifestación para el próximo sábado 20 de diciembre a las 18 horas en València. Con el lema 'Por el derecho a la vivienda, ahora!', las entidades llaman a la ciudadanía a instar a las administraciones a intervenir contra el aumento descontrolado del precio de la vivienda, la realidad de los desahucios y sus consecuencias sociales y el impacto de la turistificación en la vida vecinal.

Más vivienda protegida

En el País Valenciano hay miles de pisos turísticos ilegales que impulsan una sociedad de turismo descontrolado, de beneficios exclusivamente privados que rompen con un modelo de barrio de convivencia. Mientras, las 742 viviendas protegidas en 2024 que posee la comunidad se reparten entre València -con 648- y Alicante -94. Zero en Castellón. Hasta la entrada en vigor de la nueva normativa, aprobada por el Consell a finales de 2024, las viviendas de protección pública no podían ser descalificadas, lo que impedía hacer de la vivienda un bien de especulación.

Las dificultades para acceder a una vivienda que este conjunto de circunstancias acarrea llevan a CCOO PV a reclamarle al Gobierno valenciano que solicite la calificación permanente de todo tipo de viviendas de protección pública, para evitar que la vivienda construida con dinero público pueda venderse a precios de mercado, a la vez que le pide que limite los precios de compra y alquiler de vivienda, con la declaración de zonas tensionadas. La organización también insta a las administraciones a impulsar medidas que aumenten la disposición de espacios sin uso residencial, como la rehabilitación de viviendas privadas vacías con contrato de cesión pública, para aumentar la oferta de alquileres a precios asequibles.

Mientras los cambios no llegan, el sindicato ha habilitado un servicio de atención y asesoramiento accesible a través del correo electrónico politicasocial@pv.ccoo.es y del teléfono 963 882 100.

Prorrogar la moratoria antidesahucios

Finalmente, y en relación con los desahucios, CCOO y otros sindicatos y organizaciones sociales se reunieron la semana pasada con los portavoces de los grupos parlamentarios para solicitar su apoyo al Real Decreto Ley que debería aprobar el Gobierno para prorrogar la moratoria antidesahucios, que expira el próximo 31 de diciembre.

Los representantes de los grupos políticos que asistieron a la reunión -PSOE, Sumar, ERC, EH-Bildu, PNV, Podemos, Compromís y BNG- acogieron positivamente esta demanda de mínimos de las entidades que impulsan la iniciativa, a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la ampliación de la moratoria.

Para las organizaciones sociales es fundamental que esta medida transitoria se convierta en estructural, a través de alquileres sociales en las viviendas de grandes tenedores y de realojos dignos en el resto de situaciones. Si no se acepta la moratoria, el futuro de más de 60.000 hogares vulnerables de toda España estará comprometido a partir del 1 de enero de 2026.

Los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la reunión coincidieron en la necesidad de dotar de un carácter estructural las medidas que tienen que garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Pero el Gobierno aún no se ha pronunciado.