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Las trabas para abortar en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid: “Esto vale 500 euros y tú no vas a pagar nada”

“Esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada”. Es la frase que escuchó Marta, el nombre ficticio de una mujer de 40 años que el pasado febrero acudió a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para abortar. En la unidad de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunidad, una oficina a la que tienen que acudir todas las mujeres que quieran abortar a través de la sanidad pública en Madrid, le atendió una persona que le remarcó el coste de la intervención y le aseguró que todos los hospitales de la región son objetores, a pesar de que la ley exige que la objeción sea una decisión individual de cada profesional.

Precisamente, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a Isabel Díaz Ayuso poner en marcha el registro de objetores que establece la norma, pese al rechazo de la presidenta a cumplirlo.

En el audio de la conversación, que grabó la mujer y al que ha accedido elDiario.es, puede escucharse cómo personal de la unidad le hizo firmar un documento que hablaba de que su caso estaba dentro de los “supuestos despenalizados” para abortar, a pesar de que, desde 2010, España cuenta con una ley de plazos y no de supuestos. En el caso de Marta se trataba, además, de una interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas, un plazo en el que las mujeres no tienen que justificar su decisión ni demostrar que encajan en supuesto alguno. En el documento puede leerse cómo, tras los datos personales de la mujer, consta este texto: “Solicita la interrupción voluntaria del embarazo al estimar que se encuentra incluida en los supuestos despenalizados por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo”.

Marta acudió a la oficina que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene en la calle Sagasta de la capital después de pedir información en una de las clínicas privadas más conocidas de Madrid, Isadora. Allí le explicaron que para que la sanidad pública financiara su procedimiento debía acudir a esa oficina para que le dieran el documento de derivación. Fue allí donde la enfermera del SERMAS que la atendía le remarcó que esa prestación tenía un coste que ella no iba a pagar y que le iba a entregar “una factura” que su hospital debería abonar en el plazo de un mes.

“Tú vas a ir a Isadora, esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada (...) Esto es una factura, tú vas a Isadora, Isadora te lo hace sin cobrarte nada y luego le pasa la factura al hospital”, le explica a la mujer, que le expresa su malestar porque le haga saber el coste de la intervención y por tener ella que hacerse cargo de ese trámite. “Yo misma trabajo en el SERMAS y en ninguna otra prestación le hacen al paciente recoger una hoja de pago cuando le derivan a un centro privado ni le hacen saber lo que cuesta la prueba o la operación que les van a hacer”, explica Marta.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran, sin embargo, que no se trató de una factura, sino de un “reconocimiento del derecho a la financiación”. “Es decir, se informa a la paciente mediante un documento y el coste autorizado para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez acredita que la paciente cuenta con tarjeta sanitaria y cumple los criterios. Este es un procedimiento que precisa de control y rigor”, señalan. Sobre la ley, reconocen que se trata de una ley de plazos y no de supuestos, “y hasta esa semana la mujer no tienen por qué expresar los motivos de la interrupción”, pese a que a Marta sí se le obligó a firmar ese documento.

Burocracia para abortar

Fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) aseguran que son frecuentes las quejas de mujeres “que trasladan su malestar por la manera en la que les han atendido” en la oficina del Servicio Madrileño de Salud. “Tienen que pasar por este trámite burocrático, algo que no sucede si, por ejemplo, vas al traumatólogo y te derivan a la sanidad privada para alguna prueba o intervención. En otros casos, los pacientes no tienen que gestionar ellos mismos su carta de pago”, explican. El trato y el periplo que las mujeres tienen que pasar para abortar y que la sanidad pública madrileña se haga cargo del pago hace que algunas prefieran acudir directamente a un centro privado y abonar ellas el importe.

A pesar de que el aborto es una prestación sanitaria pública, el 78,7% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas. En Madrid, esa cifra es del 99%, es decir, apenas el 1% de los abortos se realizan directamente en hospitales públicos. La mayoría de intervenciones las financia la sanidad pública de cada comunidad autónoma a través de conciertos con los centros. En el caso de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no existe un concierto con clínicas privadas, sino que emiten facturas por cada intervención derivada. La comunidad gobernada por Ayuso es una de las regiones en la que más mujeres terminan pagando su aborto: el 27,5% de todas las intervenciones las abonan las pacientes, es decir, escapan a la financiación pública.

Hasta hace poco las cartas de pago contemplaban el coste de la intervención. “La mujer no tiene por qué saber nada de eso”, aseguran fuentes de ACAI, que critican que en este caso se le hiciera saber de palabra a la paciente. En los últimos meses, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid lanzó una batería de preguntas sobre el servicio que se da en la unidad de IVE y reclamó que las hojas de derivación dejaran de incluir el coste de la intervención. “Les hemos reprochado que les den estas cartas y que tengan que llevarlas las propias mujeres, esto no pasa en ninguna otra prestación sanitaria”, subraya la diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales, que critica que solo exista un único punto en toda la comunidad para hacer este trámite y con un horario reducido, algo que “dificulta que haya mujeres que puedan acudir”. “Te hacen sentir que estás haciendo algo mal”, resume Marta.

“Supuestos despenalizados”

En el audio de la conversación puede escucharse cómo la mujer dice sentirse sorprendida por tener que firmar un documento en el que se habla de supuestos despenalizados al tratarse, además, de un aborto libre dentro de las primeras 14 semanas. “Lo tenemos redactado así”, le responde la enfermera que, ante las quejas de la mujer, le ofrece hablar con una superior. La coordinadora de la oficina le asegura entonces a Marta que la ley actual es “de plazos y supuestos”. “Si no quieres firmarlo, no lo firmes, pero entonces no te lo podemos tramitar, son supuestos basados en los plazos, pero sí se mantienen los supuestos porque no es lo mismo un psiquiátrico que un cáncer que un comité, que es por riesgo del bebé; el tuyo es el 14, que es gestación antes de las 14 semanas”, le dice a la mujer, que finalmente firmó el documento.

Desde ACAI señalan la “mala redacción” de la carta al hablar de “supuestos despenalizados”: “Eso no debería aparecer así porque tenemos una ley de plazos y esa explicación no es adecuada”. La ley de aborto de 2010 habla de supuestos solo a partir de la semana 14. Antes de ese plazo, “se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros”. Es a partir de esa fecha cuando existen plazos para abortar si concurren algunas circunstancias, como la existencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, un hecho que debe pasar el dictamen de un comité bioético, o el riesgo para la vida o la salud de la embarazada. En ningún caso la norma actual habla de un supuesto “psiquiátrico”.

Cuando la pareja de la mujer pregunta a la enfermera por qué no es posible realizar el aborto en el hospital público que les corresponde, esta asegura que todos los hospitales de Madrid son objetores. La nueva ley del aborto obliga a las comunidades autónomas a poner en marcha registros de objetores que garanticen que la objeción de conciencia se ejerce de manera individual por cada profesional sanitario y no de forma colectiva por cada servicio de ginecología y obstetricia. En 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades, incluida Madrid, acordaron los requisitos para crear estos registros. Sin embargo, la oposición de Isabel Díaz Ayuso a ponerlo en marcha hizo que Sanidad llevara a la comunidad a los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la comunidad que iniciara los trámites para crear el registro.