Los socios presionan al Gobierno para que blinde los alquileres en el paquete de medidas contra la crisis

El ala socialista del Gobierno se ha encontrado un escollo en la negociación del paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han reclamado al Ejecutivo que ese nuevo escudo incluya medidas en materia de vivienda. Bien para prorrogar los contratos de alquiler, para congelar los precios o para proteger a hogares vulnerables de desahucios sin alternativa habitacional.

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. “Creemos que es la medida más importante que debe adoptar este Gobierno y vamos a seguir defendiéndola el tiempo que haga falta”, advertía el ministro Pablo Bustinduy, para quien esta es “una prioridad absoluta”.

“Vamos a convencer al Partido Socialista y a todo el Gobierno de que un escudo social tiene que ser sí o sí con medidas de vivienda”, defendía también este lunes la titular de Sanidad, Mónica García, para quien “no hay escudo social sin vivienda”.

Desde el espacio de Sumar insisten en establecer un paralelismo con la guerra de Ucrania, cuando “se aprobó y se aplicó sin reparos por parte de la mayoría parlamentaria” una prórroga de los alquileres. “Esta demanda va más allá de las fuerzas políticas, aunque ya ha sido expresada por varias de ellas; lo están reclamando organizaciones sociales como Amnistía Internacional o el Sindicato de Inquilinas y, sobre todo, es una demanda transversal”, indican fuentes consultadas, para quienes “lo primero es convencer al PSOE”. “Al resto de grupos se les convence negociando, con voluntad política”, confían.

Es, precisamente, en esa debilidad parlamentaria en la que se escudan los socialistas, que quieren llevar el viernes al Consejo de Ministros un paquete de consenso, que pueda pasar sin problemas el trámite parlamentario.

Este martes, la senadora de ERC Sara Bailac exigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que congele los alquileres, que prorrogue los contratos mientras dure la inestabilidad internacional y que suspenda los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. “No se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”, apremió.

A Rodríguez le sorprendió, dijo, el “tono de la pregunta”. “No entiendo por qué me reprocha a mí algo que no depende de mí, sino de otros grupos parlamentarios”, contestó, en referencia a la moratoria antidesahucios que tumbaron en dos ocasiones Junts, PP y Vox. La ministra, que no suele confrontar directamente con sus socios, acusó a la senadora de “tratar de confundir con ambición partidista a los ciudadanos”: “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”.

ERC presentó esta misma semana un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales “para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar la estabilidad económica ante el aumento de precios provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán”. Las propuestas incorporaban, entre otras, las ya mencionadas, además de una limitación al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al Euríbor en la vivienda habitual.

BNG y Compromís también reclamaron medidas en este sentido. Y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute defendió, a través de su cuenta de X, la necesidad de “prorrogar de manera extraordinaria los contratos de alquiler y las cuotas hipotecarias, porque es muy previsible que se vaya a dar un aumento de ambos en los próximos meses”.

En la misma línea va el “plan anti-Trump” de Podemos. Este martes, el secretario de organización y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, demandaba al Gobierno medidas relativas a la vivienda, como bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios de un mínimo de 12 meses, la expropiación de viviendas a los fondos buitre para destinarlas al parque público y un tope a las cuotas de hipotecas variables.

Fuentes del Ejecutivo trasladan la intención de que el paquete cuente con un amplio respaldo parlamentario. Eso incluiría al PP, que ya ha advertido que votará en contra del decreto si desde el Gobierno “siguen insistiendo en que se legalice la okupación”, señaló la portavoz Ester Muñoz, en referencia a la prohibición de dejar en la calle a familias vulnerables que no puedan pagar los alquileres o a quienes se les terminen los contratos.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, insistía este martes en las “lecciones” aprendidas tras la respuesta a la crisis en el inicio del conflicto en Ucrania, en 2022. Una era la “rapidez”, anticipando en 10 días el primer paquete de medidas. Otra, que ese paquete que se conocerá el viernes sea “proporcionado con el impacto que estamos observando” para tener “esa flexibilidad de poder ir respondiendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos”.

Esta ha sido la respuesta de Cuerpo a varias preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros sobre la intención del Gobierno de incorporar algunas de las medidas de los socios en materia de vivienda. También, “que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso sin ningún problema”.

Al margen de los grupos políticos a la izquierda del PSOE, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclamó también que se congelen los alquileres y algunas organizaciones sociales se han pronunciado en el mismo sentido. Desde Amnistía Internacional, que señalaba la semana pasada que “la guerra no solo amenaza los precios de la gasolina o los alimentos” sino que “sus efectos se notarán también en el derecho a la vivienda, por el previsible impacto de la inflación en unos precios desorbitados”; hasta el Sindicato de Inquilinas, que exigía la congelación del precio del alquiler, una prórroga de tres años para los contratos y recuperar la moratoria antidesahucios.

“Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indicaban desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas este viernes. Por el momento, desde Economía señalan que “a día de hoy no estamos en las circunstancias en las que estábamos después de dos semanas del inicio de la guerra de Ucrania”.

Es algo en lo que coincidía también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este martes decía estar “negociando”, aunque reconocía que “no es la misma situación que Ucrania”. En lo que la crisis en Irán sí puede tener un efecto directo en los alquileres es la actualización de los precios que se realizan año a año. Aunque el Ministerio de Vivienda puso en marcha un índice de referencia de los arrendamientos de vivienda, para desligar estas actualizaciones del IPC en picos de inflación, este solo afecta a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Los contratos anteriores continúan ligados al IPC o al índice de Garantía de Competitividad, si viene indicado en el contrato. Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorros, publicó el pasado viernes su previsión de inflación para marzo, con una subida hasta el 3,6%, desde el 2,3% de febrero, que repercutiría directamente en los alquileres con actualización anual en marzo. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, se aprobó una limitación extraordinaria al 2% en 2022 y 2023 y al 3% en 2024, que el Tribunal Supremo avaló este mes de enero.