El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 37.000 plazas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2026, con algo más de 37.000 plazas. La cifra supone un ligero aumento respecto a la aprobada el año pasado, con 400 plazas más, y se desglosa en 27.232 plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) y 9.785 para los Cuerpos de Seguridad del Estado. La oferta no cuenta con el respaldo sindical, al igual que sucedió el año pasado, porque el Ministerio no ha negociado las cifras con los representantes de los empleados públicos.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha informado de los números globales de la oferta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el detalle de los puestos se conocerá mañana, con la publicación de las plazas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De las 27.232 plazas ofertadas para la AGE, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

En los últimos años, el Gobierno ha destacado la creación de “empleo neto” en la Administración Central tras años de recortes, fruto de las restricciones a la entrada de trabajadores públicos durante la pasada crisis financiera y ante el gran número de jubilaciones que se están produciendo en los últimos años. La convocatoria récord fue la de 2024, con unos históricos 40.000 puestos.

Con esta nueva Oferta de Empleo Público, López ha cifrado en “6.200” los empleos netos creados, fruto de las salidas en 2025 y las nuevas incorporaciones previstas. El ministro de Función Pública ha subrayado que en los últimos años se está rebajando la edad media de la plantilla en la Administración General del Estado, hasta los 49 años desde el máximo de 51 años en 2020.

CCOO ha considerado “insuficientes las veintisiete mil plazas anunciadas, que no responden a las necesidades del servicio público ni en la cobertura de vacantes ni en la promoción interna”, ha criticado el sindicato.

Empleos tecnológicos y para emergencias climáticas

El ministro ha destacado una apuesta de esta Oferta de Empleo Público por reforzar las plazas tecnológicas y también puestos para enfrentar las consecuencias de emergencias climáticas. “Es una oferta diferente a otras en el pasado. Tiene sobre todo una gran prioridad: la digitalización y el uso de la IA en la Administración Pública. Obviamente con un objetivo: mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”, ha afirmado Óscar López. 

En concreto, el ministro ha informado de que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

“Vamos a digitalizar la Administración Pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleos. Vamos a transformar empleos, no a destruir empleos”, ha insistido el ministro, lo que considera que manda “un mensaje muy importante para el sector público” en estos momentos sobre la posible repercusión de la IA en el mercado laboral. El objetivo además es “aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales”, ha añadido.

Respecto a las emergencias climáticas, la Oferta de Empleo Público incluye “346 plazas” de una oferta extraordinaria para reforzar los servicios públicos en este campo, ha añadido el responsable de Función Pública, sobre todo en el Ministerio de Transición Ecológica.

Refuerzo de “áreas estratégicas”

López ha mencionado que otra de las novedades de esta OEP es que se ha diseñado no desde un enfoque de “cubrir las bajas con altas”, sino priorizando la dotación de recursos humanos “en áreas estratégicas”, según un análisis prospectivo de las necesidades de país y del estado de las distintas administraciones y servicios públicos.

Entre estas áreas estratégicas, el Ministerio de Función Pública ha destacado un listado: la transformación digital e inteligencia artificial, el impulso y liderazgo de la transición energética, la prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, el refuerzo de las capacidades de ciberseguridad del Estados, la mejora de las infraestructuras y el transporte, la estrategia comercial: digitalización, expansión y refuerzo del tejido productivo, la seguridad pública, la protección de la ciudadanía y el refuerzo de las capacidades de defensa, así como la nacionalidad y migraciones (fruto de la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular), y la mejora de la atención a la ciudadanía.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos, CCOO, UGT y CSIF, han denunciado la falta de negociación de la oferta de empleo público, como sucedió en años precedentes. CCOO ha expresado sus recelos por los anuncios de transformar el empleo público a través de la digitalización y la IA, al considerar que “crean incertidumbre al ocultar las cifras, abren la puerta a las empresas tecnológicas muy interesadas en lo público para realizar negocios y amplían la externalización de servicios públicos en la Administración General del Estado”.

En UGT, han subrayado también sus quejas por la falta de convocatoria de unas 9.000 plazas laborales de anteriores Ofertas de Empleo Público, de 2023 a 2025, algunas a punto de caducar (ya que tienen que convocarse en el plazo de tres años). El Ministerio se comprometió con los sindicatos que aprobaría las plazas en unos dos meses, según fuentes sindicales, que apremian a Función Pública a cumplir con su palabra y no demorar tanto las convocatorias de empleo.

Por su parte, CSIF denunció la “opacidad” del Ministerio y subrayó que “el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior”.