La políticas de vivienda del PP en Balears que no solucionan el problema: beneficio fiscal, liberar el suelo y sin tope al alquiler

El acceso a la vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas en Balears -también a nivel nacional- y ahora se ha convertido en el principal caballo de batalla en periodo preelectoral. El problema habitacional en el archipiélago es acuciante desde hace alrededor de una década y, desde entonces, cada vez ha ido a peor y ha sido un impedimento para que los servicios públicos, el sector turístico y los propios residentes puedan encontrar hogares asequibles para sus plantillas o para ellos mismos. 

Desde su llegada al Govern, en 2023, Marga Prohens (PP) ha centrado su llegada su política habitacional en aumentar la oferta mediante fórmulas urbanísticas basadas en facilitar la construcción y ofrecer incentivos fiscales para la compra de vivienda en lugar de aplicar mecanismos de contención de los alquileres o declarar zonas tensionadas. Algo que ahora, cuando el Gobierno central ha comunicado una subvención de 180 millones de euros a las comunidades que han topado los alquileres -entre las que se encuentran Catalunya, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, pero no Balears- pasará factura a la región. 

La estrategia del Ejecutivo de Prohens se ha enfocado hacia otra dirección: liberalizar el suelo -en un territorio límite y ya muy saturado como son las islas-, impulsar proyectos residenciales estratégicos y promover Viviendas a Precio Limitado (VPL), además de impulsar una política fiscal que beneficia en muchos casos a los propietarios. En ese sentido, se ha eliminado el impuesto de sucesiones entre padres e hijos y se ha anunciado la eliminación de los impuestos autonómicos a los jóvenes de menos de 36 años en la compra de su primera vivienda. 

Este último anuncio, que como tal no se ha materializado, lo hizo la presidenta hace apenas dos semanas durante el último Debate de Política General de la legislatura, ya declarada la anticipación de los comicios del próximo 20 de noviembre. Durante el mismo, Prohens también aseguró cambios en la ley para destinar a la emergencia habitacional recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Una hoja de ruta a medio cumplir

El Govern ha sostenido, a lo largo de su mandato, que limitar los alquileres puede provocar la retirada de inmuebles del mercado y acabar encareciendo los pisos disponibles. Casi recién estrenada la legislatura durante la que ha necesitado continuamente a Vox, con quien el Partido Popular firmó para poder gobernar un pacto programático que incluía 110 medidas, el Govern aprobó el Decreto ley 6/2023 y posteriormente la Ley de Emergencia 3/2024.

A través de las normas se consolidó la figura de Vivienda de Precio Limitado (VPL), con precios limitados de compra y alquiler. Sin que ello haya supuesto, en tres años, la construcción o puesta en el mercado de todas las viviendas previstas. La Conselleria de Vivienda cifra actualmente algo más de 10.000 viviendas asequibles -tanto VPO como VPL- destinadas a ciudadanos que lleven más de cinco años empadronados en las islas. Una cifra que se desinfla si se tienen en cuenta las actuaciones llevadas realmente a cabo. 

La Conselleria de Vivienda cifra actualmente algo más de 10.000 viviendas asequibles -tanto VPO como VPL- destinadas a ciudadanos que lleven más de cinco años empadronados en la islas

Se marcó, en la misma hoja de ruta para abordar la problemática de la vivienda, agilizar las ayudas al alquiler, para lo que se han mantenido varias convocatorias y la última, correspondiente al ejercicio de 2025, que a día de hoy sigue en proceso de resolución, y el uso de los fondos europeos Next Generation para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de viviendas. En ese sentido, a día de hoy tan solo se han agotado los fondos de uno de los programas para la rehabilitación de inmuebles. El Govern ha ampliado el plazo para finalizar las obras financiadas, que inicialmente terminaba en junio de 2026, hasta junio de 2028.

El fracaso del programa ‘Lloguer Segur’

Uno de los ejes más importantes del plan del Ejecutivo autonómico fue la promoción pública: incrementar la vivienda protegida disponible en alquiler mediante el Institut Balear de Vivenda (IBAVI), sin que hayan entrado por ahora en fase de tramitación las 47 promociones con 1.213 viviendas presentadas con 228 millones de inversión. El plan contemplaba un total de 613 viviendas en Mallorca, 248 en Menorca, 292 en Eivissa y 60 en Formentera. 

Se inició, eso sí, la pasada legislatura por el ejecutivo formado por PSOE, Més y Podemos y ha sido desde entonces cuando el IBAVI ha aprobado 499 garantías por 15 millones de euros, con 418 en Mallorca, 62 en Menorca y 19 en Eivissa. 

A día de hoy, la Conselleria responsable eleva a 2.000 estos recursos, “una cifra que va en aumento” -aseguran-, en colaboración con ayuntamientos o consells insulares, y que incorpora proyectos “de calado” tanto en Palma -citan más de 300 viviendas públicas en terrenos cedidos por el Consell de Mallorca junto al velódromo- como en Eivissa -con más de 200 viviendas dotacionales en colaboración con Salut cerca del hospital de Can Misses-, también según el Govern. Una de las medidas para acelerar la promoción pública, añaden, es la nueva figura de su declaración como inversiones de interés autonómico: 41 promociones, con más de 950 viviendas previstas, han sido declaradas de interés autonómico. Todo esto tampoco se ha materializado todavía.

Por otro lado, la medida mediante la que se esperaba la movilización de viviendas vacías a raíz de programas de intermediación como ‘Lloguer segur’ ha logrado una cifra de éxito mucho más baja respecto a la que el autonómico esperaba conseguir inicialmente. Esto son unas 3.000 viviendas que finalmente se han quedado en 112. El programa está orientado a captar viviendas vacías de pequeños propietarios y ofrecerlas a residentes -con un lustro de empadronamiento- con una rebaja del 30% respecto al precio de alquiler tasado por la Administración. En junio de 2026 había captado 92 inmuebles y en los últimos meses ha incorporado otros veinte.

Frente a las 3.000 viviendas que quería incorporar el Govern a su programa de 'Lloguer Segur', orientado a captar viviendas vacías de pequeños propietarios y ofrecerlas a residentes con una rebaja del 30% respecto al precio del alquiler tasado por la Administración, tan sólo se han incorporado 112

Se ha puesto en marcha, eso sí, la creación de un Observatorio de Vivienda, cuya regulación se incorporó en la Ley 3/2024 aprobada por el Parlament, que además consolidaba el marco de las viviendas de precio limitado y las medidas urbanísticas introducidas inicialmente por el decreto de 2023. 

Liberación de suelo y promociones “asequibles”

El Govern incrementó por otra parte hasta los 382.000 euros -antes el umbral tope eran 270.000- el precio de las viviendas que se pueden beneficiar del programa de avales públicos que permiten cubrir el total de una hipoteca, sin tener que adelantar un 20% para la entrada. Con los menores de 40 años como principales beneficiarios -para acceder a los avales del Gobierno la edad límite son los 35-, familias monoparentales, numerosas y personas con discapacidad. 

El Govern incrementó hasta los 382.000 euros el precio de las viviendas que se pueden beneficiar del programa de avales públicos que permiten cubrir el total de una hipoteca

En el caso ineludible de que se cumplan los requisitos de que se trate de una primera vivienda y que se destine a un uso habitual. Actualmente, el precio medio de las operaciones inmobiliarias en Balears se sitúan en los 410.322 euros, siendo el más elevado de todo el territorio nacional, según datos de 2025 de los Registradores de la Propiedad.

El Ejecutivo autonómico ha situado en cerca de 10.000 las viviendas asequibles que tiene en distintas fases de tramitación o planificación destinadas a personas con cinco años de residencia. Aunque de esta cifra una gran parte están lejos de la disponibilidad. Casi la mitad -4.400, en cifras de la institución- se “están tramitando” con la Ley de Emergencia 3/2024 y el programa ‘Construir per Llogar’. Entre las fórmulas hay reconversión de locales; la creación de VPL a partir de la división de viviendas e incrementos de altura o el aprovechamiento de edificios inacabados. Así como cambios de uso de solares vacantes para poder destinarlos a vivienda pública o de precio limitado.

El monto habitacional agrupa así proyectos en fases muy distintas y viviendas no terminadas ni disponibles todavía. En paralelo, el Ejecutivo ha aprobado herramientas para ampliar el suelo residencial. En marzo de 2025 impulsó un decreto ley inicialmente limitado a Palma, que en julio se extendió al conjunto de las islas mediante la Ley 4/2025. La norma creó los llamados proyectos residenciales estratégicos (PRE) para “desbloquear” suelo y agilizar promociones de vivienda “asequible” -se proyectan 8.000-, sin que se haya contemplado un porcentaje mínimo de construcción de VPL o VPO, aunque el Govern asegura que serán la mitad; 4.000. 

El Ejecutivo autonómico ha situado en cerca de 10.000 las viviendas asequibles que tiene en distintas fases de tramitación o planificación destinadas a personas con cinco años de residencia. Aunque de esta cifra una gran parte están lejos de la disponibilidad

Eduard Vila, director general de Arquitectura y Vivienda del Govern durante el mandato progresista de Francina Armengol (2017-2019), considera que el equipo de gobierno del PP ha apostado por “unas cifras sobredimensionadas” y por soluciones que “ya habían fracasado otras veces”. “Lo único que han hecho es privatizar el suelo”, sostiene Vila, que critica que algunas de las promociones anunciadas se hayan quedado bloqueadas y que las condiciones previstas dificulten la construcción de vivienda de protección oficial. 

También lamenta que no se hayan cumplido los plazos anunciados para construir ni haya puesto en marcha los protocolos que había prometido. El exdirector general considera que las políticas aplicadas muestran “una falta de empatía con la sociedad” y cuestiona que la vivienda se trate como un activo cuyo precio siempre tiene que subir. Vila critica además que el Govern haya planteado recurrir a fondos procedentes de la ecotasa para financiar medidas de vivienda cuando “ya había entrado en campaña electoral”.

Los incentivos fiscales: la medida estrella

En 2026, el Govern ha puesto sobre la mesa más incentivos fiscales como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda y estimular la oferta. El 14 de junio entraron en vigor nuevas medidas que ampliaron el precio máximo de los inmuebles que podían acogerse a determinadas bonificaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), redujeron la fiscalidad de las viviendas de precio limitado e incorporaron una deducción para los propietarios que congelaran el alquiler. 

Durante el mismo mes, el Ejecutivo balear aprobó la Ley 4/2026, con nuevas medidas para acelerar la construcción de vivienda protegida y que simplificó trámites y eliminó determinados requisitos administrativos para promociones públicas. También modificó las reservas de vivienda protegida para favorecer el alquiler. 

En paralelo, el Govern mantuvo su rechazo a aplicar la herramienta estatal para contener los precios del alquiler. El 6 de octubre, PP y Vox sumaron sus votos para tumbar en el Parlament una propuesta del PSIB-PSOE que habría permitido a los ayuntamientos y al IBAVI iniciar los procedimientos para declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando se cumplieran los requisitos legales. 

La iniciativa fue rechazada por 33 votos frente a 24. La declaración habría abierto la puerta a aplicar medidas de contención de las rentas en las zonas afectadas, una vía que el Ejecutivo autonómico ha descartado explorar y que tendrá sus consecuencias. Ahora, Prohens estudia recurrir ante los tribunales la decisión de Sánchez de dejar fuera a las comunidades que no han aprobado estas limitaciones -un criterio que el Govern ha considerado “discriminatorio”-, de las subvenciones estatales. Una actuación que, por otro, lado supone la aplicación de la Ley de Vivienda 2023.