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Joan Subirats

Joan Subirats, és Dr. en Ciències Econòmiques, catedràtic de Ciència Política i investigador i responsable del Programa de Doctorat de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en temes de governança, gestió pública i en l’anàlisi de polítiques públiques i exclusió social, així com en problemes d’innovació democràtica, i societat civil, temes en els que té publicats nombrosos llibres i articles. Col.labora habitualment a diversos mitjans de comunicació.El seus darrers llibres com autor, coautor, editor o coeditor són: Análisis y gestión de políticas públicas, Ariel, Barcelona, 2008; Otra sociedad ¿Otra política?, Icaria, 2011; Repensar las políticas urbanas, Diputació de Barcelona, 2012

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Más allá del urbanismo: Políticas urbanas y ciudades. Reconsiderando el escenario

Nuestra sociedad ha sufrido un fuerte proceso de urbanización. Solo desde 1990 hasta hoy, la proporción de suelo destinada a asentamientos urbanos ha crecido en un 40 por ciento, y en ciertas zonas, como las de la costa, se ha más que doblado en ese mismo periodo. Por otro lado, somos conscientes de que las ciudades reflejan y concentran los valores, los problemas y las alternativas del conjunto de la sociedad hoy en el mundo y también aquí. Podríamos, pues, afirmar que las políticas urbanas deberían ocupar un lugar destacado en el campo de las políticas públicas. Pero ¿es lo mismo hablar de políticas urbanas que de "urbanismo"?

Las intervenciones calificadas como "políticas urbanísticas" se fueron constituyendo en relación con los lugares en los que la gente vivía, se concentraba y organizaba en esos espacios un conjunto de actividades vitales. Las ciudades concentraron esta localización de actividad social y, al compás de su propio desarrollo, se fueron convirtiendo en objeto de estudio y análisis. Las primeras preocupaciones fueron la planificación urbana (en sus diferentes acepciones, town planning, aménagement du territoire…), y el cómo "ordenar" los flujos de creciente urbanización regulando usos del suelo o favoreciendo desarrollos “armónicos” de las ciudades y de sus alrededores.

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¿Inteligencia urbana?

En una intervención reciente en Bruselas, el conocido arquitecto Rem Koolhaas manifestó su preocupación por la deriva que iba tomando el debate sobre las “smart cities”. En el tono de su intervención parecía exteriorizarse la preocupación de los arquitectos por su aparente pérdida de protagonismo en la construcción de la ciudad actual. Pero ello no le quita razón en algunas de sus referencias críticas. De alguna manera acusaba a los artífices del plural y abigarrado movimiento que se articula en torno a la idea de “smart city” de tratarnos como estúpidos. La ciudad que dibujan, afirmó, es una ciudad de color de rosa en la que los ciudadanos aparecen infantilizados. “¿Por qué la “smart city” nos ofrece solo progreso?. ¿Dónde queda el espacio para la transgresión?”. Hay cientos de años de pensamiento, de experiencia de inteligencia urbana que parecen hoy inútiles. La intervención concluye con elementos que ya han sido puestos de relieve por Morozov y, entre nosotros, Rendueles o Galdón, sobre el lado oscuro del progreso digital, la amenaza de control generalizado y la probable necesidad de disponer en el futuro de espacios no digitalizados. Advierte Koolhaas que es curioso que sitios como Silicon Valley, que deberían ser una muestra de las ventajas de esos espacios “smart”, tengan hoy problemas de segmentación, de elitismo, generando problemas con la propia gente del vecindario. “Smart cities y política han tendido a divergir”, concluye.

Entiendo que son reflexiones significativas. Sin estar forzosamente de acuerdo con todo lo que afirma, Koolhaas pone de relieve algunos aspectos a tener en cuenta. Sobre todo en pleno debate sobre el futuro de la ciudad que sin duda va a producirse, en mayor o menor medida, aprovechando la convocatoria de elecciones locales del 24 de mayo. Hoy mismo, 3 de febrero, oía en la radio a Saskia Sassen (que intervino el día antes en los debates del CCCB “Prendre la paraula”) manifestándose asimismo crítica sobre el movimiento de “smart cities” por el peligro que se consideraran “estúpidos” a sus habitantes. Y proponiendo que se aprovechara mucha más el conocimiento compartido y distribuido de sus habitantes. Un conocimiento basado en la experiencia y en la vivencia. Que llena de implicación ciudadana a los cambios, y permite una apropiación social de algo que sin ello no deja de ser visto como una modernidad ajena e impuesta.

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Justícia urbana

Des de diferents perspectives es ve utilitzant el concepte de "justícia" per referir-se a temes i dilemes que no relacionaríem directament amb el que convencionalment entenem per justícia. Acostumem a referir-nos a la justícia quan assenyalem l'àmbit en què es dirimeixen conflictes d'interessos i / o competències entre persones, entitats, empreses i institucions. Però el terme no esgota aquí el seu contingut. Com recorden diferents diccionaris, justícia es refereix també a "tracte just" o una distribució equitativa de premis i càstigs. En aquesta última accepció és evident la seva connexió directa amb la política, que precisament troba el seu nucli essencial en les conseqüències de tota decisió pública, que acaba sempre comportant guanyadors i perdedors. Tota acció pública pot ser objecte d'avaluació utilitzant paràmetres d'equitat i de tracte que incorporin el compliment de drets, el reconeixement de diferències o la dignitat de les persones. Llibertat, igualtat i justícia són valors constantment en competició quan ens referim a la qualitat d'una democràcia.

Tot això ve al cas, com dèiem al principi, pel creixent ús de conceptes com "justícia ambiental" o "justícia espacial", que han estat considerats per alguns autors i escoles de pensament, com directament connectats amb els debats i problemes als que enfronten actualment les ciutats. A l'últim número de la revista "Ecologia Política", trobem una entrevista de Santiago Gorostiza a Isabelle Anguelovsky (investigadora de l'ICTA) sobre "justícia ambiental". En la mateixa es comenta que el concepte comença a divulgar-se als Estats Units a finals dels anys 70, després de diversos conflictes ambientals relacionats amb els abocaments contaminants que algunes empreses feien en nuclis urbans, i va començar a relacionar-se protecció de la salut, temes mediambientals i desigualtats socials, denunciant l'impacte negatiu de diverses infraestructures (autopistes, abocadors, ...) o activitats (refineries, indústries de reciclatge, ...), i tot això en zones en què predominava població negra o llatina (Vegeu entrevista a TVE sobre el tema). Per la seva banda, s'acaba de publicar en castellà, un llibre del conegut geògraf californià, Edward W. Soja que porta per títol "A la recerca de la justícia espacial" (Tirant Humanitats, València, 2014). En el llibre, prologat per Josep Vicent Boira, s'assenyalen, amb diversos exemples de la realitat nord-americana, la capacitat de produir "geografies injustes". És a dir, el com de l'activitat mercantil, institucional o simplement humana en els espais urbans, poden derivar (moltes vegades sense intencionalitat manifesta), efectes d'injustícia social duradors que afectin el ventall d'oportunitats vitals dels que els pateixen. És a dir, que acabin generant estructures duradores d'avantatges i desavantatges distribuïdes de manera desigual.

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Justicia urbana

Desde distintas perspectivas se viene utilizando el concepto de “justicia” para referirse a temas y dilemas que no relacionaríamos directamente con o que convencionalmente entendemos por justicia. Acostumbramos a referirnos a la justicia cuando señalamos el ámbito en que se dirimen conflictos de intereses y/o competencias entre personas, entidades, empresas e instituciones. Pero el término no agota ahí su contenido. Como recuerdan distintos diccionarios, justicia se refiere también a “trato justo” o a una distribución equitativa de premios y castigos. En esta última acepción es evidente su conexión directa con la política, que precisamente encuentra su núcleo esencial en las consecuencias de toda decisión pública, que acaba siempre conllevando ganadores y perdedores. Toda acción pública puede ser objeto de evaluación utilizando parámetros de equidad y de trato que incorporen el cumplimiento de derechos, el reconocimiento de diferencias o la dignidad de las personas. Libertad, igualdad y justicia son valores constantemente en liza cuando nos referimos a la calidad de una democracia.

Todo esto viene a cuento, como decíamos al principio, por el creciente uso de conceptos como “justicia ambiental” o “justicia espacial”, que han sido considerados por algunos autores y escuelas de pensamiento, como directamente conectados con los debates y problemas a los que enfrentan actualmente las ciudades. En el último número de la revista Ecología Política, encontramos una entrevista de Santiago Gorostiza a Isabelle Anguelovsky (investigadora del ICTA) sobre “justicia ambiental”. En la misma se comenta que el concepto empieza a divulgarse en los Estados Unidos a finales de los años 70, tras diversos conflictos ambientales relacionados con los vertidos contaminantes que algunas empresas realizaban  en núcleos urbanos, y empezó a relacionarse protección de la salud, temas medioambientales y desigualdades sociales, denunciando el impacto negativo de diversas infraestructuras (autopistas, vertederos,…) o actividades (refinerías, industrias de reciclaje,…), y todo ello en zonas en las que predominaba población negra o latina (Véase entrevista en TVE sobre el tema). Por su parte, acaba de publicarse en castellano, un libro del conocido geógrafo californiano, Edward W. Soja que lleva por título “En busca de la justicia espacial” (Tirant Humanidades, Valencia, 2014). En el libro, prologado por Josep Vicent Boira, se señalan, con diversos ejemplos de la realidad norteamericana, la capacidad de producir “geografías injustas”. Es decir, el cómo de la actividad mercantil, institucional o simplemente humana en los espacios urbanos, pueden derivarse (muchas veces sin intencionalidad manifiesta), efectos de injusticia social duraderos que afecten al abanico de oportunidades vitales de los que los padecen. Es decir, que acaben generándose estructuras duraderas de ventajas y desventajas distribuidas de manera desigual.

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Después del 9-N, ¿cómo seguimos?

Ya estamos en el 10 de noviembre. Ahora sabemos con mayor certeza el número de ciudadanos que están dispuestos a seguirse movilizando para ejercer el derecho a decidir y, muchos de ellos, para poder conseguir la independencia de Cataluña (poco más de dos millones). Lo podremos saber por comarcas y por municipios (con diferencias de participación muy significativas entre Osona o la Garrotxa y el Baix Llobregat o el Barcelonés). Sabremos así cuál es la potencia de la movilización social que ha conseguido hacer avanzar el proceso, incluso por encima de las expectativas y voluntades de algunos partidos y dirigentes políticos. Sabremos también cuál es el porcentaje de gente que, a pesar de no ser independentista, apoya el derecho a decidir (en torno al 20% de los que fueron a votar). Pero seguimos sin saber muchas cosas. Por ejemplo, sin encuestas posteriores no sabremos cuál es la distribución por edades y orígenes de los que participaron (la impresión es que la abstención fue más importante entre los jóvenes que entre los mayores, y que el origen diverso del electorado por comarcas, explica la diferencia). Tampoco sabemos si la masa de gente movilizada muestra los límites del independentismo en Cataluña, o sólo expresa la voluntad de aquellos más militantes y organizados.

También sabemos que, por ahora, el que tiene la posibilidad de hacer avanzar de manera significativamente diferente el proceso es el presidente Mas. Es él el único que puede convocar elecciones anticipadas y ya ha advertido que su deseo sería liderar una lista unitaria (o al menos conjunta con ERC). Al mismo tiempo sabemos que los partidos ERC, ICV-EUiA y CUP no son partidarios de la lista unitaria, y más bien apuntan a unas elecciones donde cada uno defienda lo que entienda conveniente, sin renunciar a la idea de compartir algún punto en común que muestre la voluntad conjunta de hacer realidad la autodeterminación. Los días antes al 9N observamos procesos de acercamiento entre CiU, PSOE y PP (de los que se hizo eco Joan Rigol), que expresa la capacidad de Mas y del gobierno de la Generalidad de jugar con diferentes escenarios, dejando abierta la puerta a agotar la legislatura con el apoyo del PSC y reclamando, a la vez, una consulta pactada con el gobierno de Madrid. Esto situaría a las únicas elecciones que tenemos delante con fecha fija, que son las municipales del 24 de mayo, como las que servirían de punto de confrontación sobre el derecho a decidir. De esta forma se alteraría la agenda local y las dinámicas políticas específicas que caracterizan estas elecciones.

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Després del 9-N, com seguim?

Ja som al 10 de novembre. Ara sabem amb més certesa el nombre de gent que està disposada a seguir-se mobilitzant per exercir el dret a decidir i, molts d’ells, per poder aconseguir la independència de Catalunya (poc més de dos milions). Ho podrem saber per comarques i per municipis (amb diferències de participació molt significatives entre Osona o La Garrotxa i el Baix Llobregat o el Barcelonès)... Sabrem així quin és el gruix de la mobilització social que ha anat aconseguint fer avançar el procés, fins i tot per sobre de les expectatives i voluntats d’alguns partits i dirigents polítics. Sabrem també quin és el percentatge de gent que tot i no ser independentista, recolza el dret a decidir (a l’entorn del 20% dels que varen anar a votar). Però seguim sense saber moltes altres coses. Per exemple, sense enquestes posteriors no sabrem quina és la distribució per edats i origens dels que varen participar (la impressió és que l’abstenció va ser més important entre els joves que entre els grans; i que l’origen divers de l’electorat per comarques, n’explica la diferència). Tampoc sabem si la massa de gent mobilitzada mostra els límits del independentisme a Catalunya, o només expressa la voluntat d’aquells més militants i organitzats.

També sabem que, ara com ara, el que té la possibilitat de fer avançar de manera significativament diferent el procés és el president Mas. És ell l’únic que pot convocar eleccions anticipades i ja ha advertit que el seu desig seria liderar una llista unitària (o al menys conjunta amb ERC). Al mateix temps sabem que els partits ERC, ICV-EUiA i CUP no són partidaris de la llista unitària, i més aviat apunten a unes eleccions on cadascú defensi el que entengui convenient, sense renunciar a la idea de compartir algun punt en comú que mostri la voluntat conjunta de fer realitat l’autodeterminació. Els dies abans al 9N vàrem observar processos d’acostament entre CiU, PSOE i PP (dels que se’n va fer ressò en Joan Rigol), que podem assenyalar la capacitat de’n Mas i del govern de la Generalitat de jugar amb diferents escenaris, deixant oberta la porta a esgotar la legislatura amb el recolzament del PSC, seguint demanant una consulta pactada amb el govern de Madrid. Això situaria a les úniques eleccions que tenim davant que tenen data fixa, que són les municipals del 24 de maig, com les que servirien de punt de confrontació sobre el dret a decidir, alterant l’agenda local i les dinàmiques polítiques específiques que caracteritza aquestes eleccions.

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Más allá de Can Vies

Seguro que cuanta más información se tiene sobre lo que pasa en la ciudad, más se ve el caso Can Vies como un ejemplo del conflicto que hay en Barcelona, sobre qué ciudad estamos haciendo y qué ciudad queremos. Los hechos que preceden el desalojo del pasado lunes 26 de mayo, día siguiente a las elecciones europeas, son importantes y nos ayudan a entender lo que muchos podrían considerar como una reacción desproporcionada de los implicados y de la gente del barrio y de la ciudad que los apoya, ante uno de los muchos casos que en los últimos años han acabado con desalojo de casas ocupadas en Barcelona.

Creo que el debate de fondo está situado en coordenadas más amplias. Se centra en la creciente tensión que se produce entre una forma de gobernar y administrar la ciudad que tiene raíces básicamente representativas, tecnocráticas y jerárquicas, y una emergente exigencia de compartir decisiones, de respetar la autonomía de la iniciativa social y de valorar lo que es público no sólo por el hecho de que la propiedad y la gestión sean institucionales, sino por el hecho de que exista una implicación colectiva en las formas de decidir y de hacer. Las instituciones representativas basan su función en la capacidad de ser los intermediarios entre la voluntad general, expresada en las urnas, y la capacidad de proveer servicios frente a las necesidades sociales. En la medida que se discute cada vez más la capacidad de representar la voluntad general por parte de muchas de las instituciones actuales, y que la capacidad de provisión se ha hecho más exigua, las condiciones de crisis se dan y se expresan de muchas maneras. Por otra parte, y de manera más concreta, en Barcelona se van dando fenómenos crecientes de pérdida de control de las autoridades municipales frente a iniciativas económicas que imponen condiciones, se apropian de espacios y servicios y condicionan significativamente el funcionamiento de la ciudad. De alguna manera la ciudad parece alejarse del control de sus ciudadanos y de las instituciones que reclaman su representación. El debate es, pues, sobre quién representa mejor lo que es público, lo que es común.

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Més enllà de Can Vies

De segur que quan més informació es té sobre el que passa a la ciutat, més es veu el cas Can Vies com un exemple del conflicte que hi ha a Barcelona, sobre quina ciutat estem fent i quina ciutat volem. Els fets que precedeixen el desatllojament del passat dilluns 26 de maig, l’endemà de les eleccions europees, són importants i ens ajuden a entendre el que molts podrien considerar com una reacció desproporcionada dels implicats i de la gent del barri i de la ciutat que els dóna suport, davant d’un dels molts casos que en els darrers anys han acabat amb desatllojament de cases ocupades a Barcelona.

Crec que el debat de fons està situat en coordenades més amplies. Se centra en la creixent tensió que es produeix entre una forma de governar i administrar la ciutat que té arrels bàsicament representatives, tecnocràtiques i jeràrquiques, i una emergent exigència de compartir decisions, de respectar l’autonomia de la iniciativa social i de valorar el que és public no només pel fet que la propietat i la gestió siguin institucionals, sinò pel fet que existeixi una implicació col·lectiva en les formes de decidir i de fer. Les institucions representatives basen la seva funció en la capacitat de ser els intermediaris entre la voluntat general, expressada a les urnes, i la capacitat de proveïr serveis front a les necessitats socials. En la mesura que es discuteix cada cop més la capacitat de representar la voluntat general per part de moltes de les institucions actuals, i que la capacitat de provisió s’ha fet més minsa, les condicions de crisi es donen i s’expressen de moltes maneres. Per altra banda, i de manera més concreta, a Barcelona es van donant fenòmens creixents de pèrdua de control de les autoritats municipals en front a iniciatives econòmiques que imposen condicions, s’apropien d’espais i serveis i condicionen significativament el funcionament de la ciutat. D’alguna manera la ciutat sembla allunyar-se del control dels seus ciutadans i de les institucions que en reclamen la seva representació. El debat és, doncs, sobre qui representa millor el que és públic, el que és comú.

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Ada Colau: qué liderazgos para qué política

La palabra que cierra el sentido comunicado de Ada Colau anunciando que deja la portavocía de la PAH  es "Seguimos". No hay mejor resumen de la trayectoria de Ada y de la que colectivamente y desde diversos espacios y colectivos se va configurando. Estamos ante un caso evidente de aparente contradicción entre la fuerza de un movimiento que ha hecho del empoderamiento y del protagonismo de todos sus miembros un elemento central, y la tremenda capacidad de comunicación y de agregación que ha tenido Ada Colau como rostro, persona y personaje. Pero, si conocemos la forma de operar del colectivo, sabremos que el gran empuje de su movilización viene de la capacidad que han tenido en transformar cada drama individual en categoría de lucha, cada afectado en un experto en el tema, cada episodio en una oportunidad de aprendizaje de todos los implicados. En ese contexto Ada Colau no ha jugado el papel clásico de líder, sino el de referente de referentes.

Aquella persona que simbolizaba la lucha colectiva que tenía decenas y centenares de rostros y también de referentes en cada uno de los más de doscientos núcleos de La PAH repartidos por toda España. Es evidente que el equilibrio entre protagonismo individual y colectivo no es fácil de conseguir, y como ella misma recuerda, ha tenido que ocultar muchas veces sus verdaderas emociones y posiciones. Cuando aparecía en los medios era a la vez persona, personaje y portavoz de miles y miles de afectados por las hipotecas y desahucios, y también de todos aquellos que veían en ella y en la PAH una esperanza de transformación social y de defensa de lo público que iba mucho más allá de las instituciones y de lo políticamente correcto. Ha sido y es una más, con su cotidianeidad a cuestas, con sus cansancios y cabreos. Aguantando, para conseguir llegar a espacios y gentes a los que por otras vías no llegaba, a personajes impresentables en shows televisivos de dudosa seriedad.

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Per què cooperativisme ara?

Es pot defensar que la situació de crisis econòmica i de canvi d’època obre noves oportunitats al món cooperatiu? Jo penso que si, però aquesta finestra d’oportunitat no crec que hagi de venir justificada pel fet que les cooperatives són més resilients, més capaces de funcionar amb menys recursos o pagant pitjor la feina que s’hi fa. A diferència també del que alguns pensen, no crec que aquestes oportunitats del cooperativisme vindran determinades per la capacitat d’amagar o de fer menys visibles els trets identitaris propis del cooperativisme i camuflar-se com una empresa més. Al revés, entén que cal posar en primera línia els arguments més ideològics i de valors. Dit d’una altra manera, cal ser cooperativistes i simultàniament, però no abans, empreses eficients i ben organitzades.

La ràpida evolució cap a escenaris econòmics i productius molt marcats per la mundialització dels intercanvis, a cavall del gran canvi tecnològic, i la capacitat de desvincular producció i enclavament territorial, ha desequilibrat les relacions poder econòmic-poder polític. Per altra banda, és evident que el tipus d’economia que s’ha anat consolidant es basa en l’intercanvi competitiu, que tendeix a concentrar guanyadors i perdedors. I els dos bàndols, com bé veiem, es van distanciant a mesura que anem avançant en aquest segle. Tot plegat està fent replantejar els mateixos principis inspiradors del sistema econòmic, un sistema competitiu que genera individualisme i enfrontament. Una competitivitat que s’ha convertit en un principi absolut, autònom i amb existència pròpia.

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