El abandono del Sáhara y la ley del más fuerte

Las negociaciones sobre el Sáhara Occidental dieron un vuelco en el año 2000, cuando las resoluciones del Consejo de Seguridad dejaron de mencionar el referéndum para hablar solo de una solución mutuamente aceptable. En la práctica, eso equivalía a aceptar la vía marroquí de la autonomía, sobre todo tras la propuesta de Rabat de 2007, que podría haber permitido un cierto autogobierno con protagonismo de los saharauis. Pero esa opción se fue difuminando con los años, a medida que más países apoyaban el plan marroquí. Hoy solo 26 Estados reconocen a la República Saharaui (RASD), el Consejo de Seguridad es mayoritariamente favorable a Marruecos y Rabat cuenta con el respaldo militar de Estados Unidos e Israel, lo que hace inviable cualquier respuesta militar del Frente Polisario.

El informe del secretario general de la ONU del 1 de octubre, que extrañamente no pudo consultarse en la web hasta el día 23, exhortaba a negociar “una verdadera autonomía para el pueblo del Sáhara Occidental” como resultado más factible, que luego se sometería a consulta. La autodeterminación quedaba reducida a aprobar o no la autonomía marroquí. El Polisario acusó al enviado, Staffan de Mistura, de comprometer su neutralidad al respaldar ese plan. Estados Unidos, redactor del texto, aplicó una táctica de anclaje alto: su borrador del 20 de octubre presentaba la autonomía bajo soberanía marroquí como única solución viable, ponía fin a las funciones de paz de la MINURSO el 30 de abril de 2027 para convertirla en misión política, sin la R de referéndum, hasta el 31 de octubre de ese año, abría la negociación a otros actores saharauis y pedía al ACNUR censar los campamentos, algo que el Polisario siempre rechazó. Luego hizo una concesión calibrada: la versión del día 24 recuperó la autodeterminación y renunció a transformar automáticamente la misión, pero mantuvo el plan marroquí como única base de negociación, apoyándose en la ambigüedad de llamar a la autonomía la solución más factible y hablar a la vez de un acuerdo aceptable que contemplara la autodeterminación. La presión era extrema y confirmaba los peores escenarios.

En la sesión del día 30, el representante estadounidense defendió que su propuesta respaldaba la libre determinación y calificó de inaceptable el statu quo. Al vetar después la prórroga rusa, Washington eliminó la mejor alternativa del oponente: el statu quo. Rusia convirtió su veto en un efecto espóiler estructural. Pasó de las abstenciones al bloqueo directo, algo inédito en este conflicto, y lo justificó con una narrativa moral: acusó al texto de imponer soluciones unilaterales y habló de “un veto que salva vidas”. Su contrapropuesta, una prórroga de un año sin cambios, equivalía a congelar el proceso y solo obtuvo tres votos a favor (Rusia, China y Somalia), con el veto estadounidense y once abstenciones. Así, la MINURSO cesó sus operaciones al expirar su mandato el 31 de octubre de 2026. El secretario general reafirmó el derecho saharaui a la libre determinación, pidió máxima moderación ante el riesgo de escalada y prometió seguir impulsando el diálogo.

El Polisario había amenazado con retirarse si el borrador se aprobaba sin cambios, se aferró al marco de 1991 y se apoyó en el veto ruso. Marruecos actuó desde la superioridad de su alternativa de no acuerdo: el control territorial y el apoyo de Washington, París y Londres hacían que el fracaso del Consejo no le perjudicara, e insistió en sacar la cuestión de la agenda de la ONU para llevarla a acuerdos bilaterales y regionales. Ni siquiera había certeza de que el Consejo aprobara una nueva resolución: dependería de que las potencias con veto superaran su profundo desacuerdo. En los últimos años, ya había admitido que el referéndum era imposible, y sin poder garantizar el alto el fuego la MINURSO ya se había convertido en una simple misión de observadores de una guerra de baja intensidad.

El fin de la misión ha cambiado las reglas de juego. Hasta entonces, los tres actores negociaban en un marco multilateral que, aunque debilitado, ponía límites. Marruecos recogió los frutos de su asimetría temporal: tenía más tiempo que nadie y lo usaba a su favor. Para Rabat, el bloqueo del Consejo era un paso más para sustraer el conflicto del ámbito multilateral y blindarlo con la doctrina de no injerencia: si el Sáhara dejaba de ser un territorio pendiente de descolonización para convertirse en un asunto interno, cualquier crítica podría presentarse como intromisión. A ello sumó el enmarcado de la victoria: la víspera de la votación, El Aaiún ya estaba engalanada para el “Día de la Unidad”, creado el año anterior para conmemorar la resolución de 2025. Además, la retirada eliminó el último testigo internacional sobre el terreno: cada hecho consumado sería más difícil de revertir sin nadie que lo documentara.

Estados Unidos perdió la votación, pero no necesariamente la partida. Su veto mostró que prefería ninguna misión antes que una misión inalterada, y una MINURSO desmantelada se parecía bastante a lo que su borrador pretendía de forma gradual. Washington externalizaba el fracaso hacia el veto ruso y ganaba margen para una diplomacia paralela fuera del Consejo, donde nadie podía bloquearle. Su riesgo era la asimetría de mediación: cuanto más se alejara de la ONU, más difícil le sería presentarse como garante imparcial ante Argelia y buena parte de África, pero a la administración Trump, eso le da lo mismo. El Polisario celebró el veto ruso porque frenaba la consagración del plan marroquí, pero ese veto acabó con la única presencia de la ONU vinculada al referéndum. Su amenaza de abandonar las negociaciones se quedaba sin el proceso que tomaba como rehén, y su estrategia de doble mesa de legitimidad, con la ONU por un lado y la Unión Africana y los tribunales europeos por otro, perdía su pilar principal. Le quedaba el estatus del Sáhara como territorio no autónomo, con cada vez menos instrumentos para hacerlo valer, mientras Marruecos sumaba el respaldo de dos tercios de la Asamblea General, suficientes para que un día pida sacar al Sáhara de a lista de territorios a descolonizar. Y cualquier escalada resultaba más arriesgada: sin observadores, ataques y represalias quedaban sin verificar, y el relato lo imponía quien controlaba la información.

Quienes más han perdido son los saharauis, en el territorio y en Tinduf. Desaparece la vigilancia del alto el fuego y queda en el aire la base jurídica del desminado, en una franja donde operan drones y nadie registrará ya las víctimas civiles, sobre todo pastores y transportistas. La misión había limpiado unos 150 millones de metros cuadrados, pero el territorio sigue siendo uno de los más contaminados por explosivos de la región. Los refugiados, tras medio siglo dependiendo de una ayuda menguante, podrán sufrir una mayor fatiga de los donantes. Y en la zona controlada por Marruecos, aunque la MINURSO nunca tuvo mandato sobre derechos humanos, su presencia era un freno simbólico; sin ella, activistas y periodistas quedan más expuestos. Los saharauis afrontan así una triple orfandad: pierden la presencia de la ONU, su causa se desplaza a foros donde tienen menos voz y su futuro depende de un pulso entre Washington, Moscú, Rabat y Argel en el que son objeto, pero rara vez sujeto, de la negociación. Sus opciones se reducen a volver bajo una autonomía que no eligieron, permanecer en un exilio indefinido o emigrar.

En definitiva, todo el proceso ha sido un engaño y una traición al derecho internacional, en el que la geopolítica ha acabado imponiéndose a la diplomacia. Si algún día se reabre una negociación, quedará en manos de Washington y se limitará a un dilema estrecho: aceptar o rechazar la autonomía. Este desenlace es fruto de que ambas partes abordaran el conflicto con una lógica de suma cero, en la que la victoria de uno exigía la derrota del otro, y despreciaran fórmulas intermedias que habrían podido beneficiar a los saharauis. Lo ocurrido recuerda inevitablemente a Palestina. Los dos pueblos acumulan resoluciones de la ONU que avalan su derecho a decidir su futuro y, pese a ello, han quedado relegados ante los cálculos estratégicos de las grandes potencias. En ambos escenarios se han ignorado las normas que debían protegerlos y los derechos que ya les habían sido reconocidos, y se ha sustituido la búsqueda de acuerdos compartidos por la imposición de hechos consumados. Lo que se ha impuesto es la ley del más fuerte, que reduce a saharauis y palestinos a meros espectadores de su propio destino y debilita la credibilidad de todo el orden internacional.