¿Es posible negociar la paz en la guerra de Ucrania?

La situación actual del conflicto ruso-ucraniano representa un caso paradigmático de la superioridad de la opción de no-acuerdo o de la “mejor alternativa posible asimétrica”. Ninguna de las partes puede imponer una solución militar decisiva, pero ambas creen —o al menos actúan como si creyeran— que su alternativa a negociar sigue siendo mejor que aceptar los términos del otro. Esto explica por qué, en lugar de negociar, el conflicto ha mutado hacia una nueva fase de escalada calculada: los ataques a infraestructuras energéticas o logísticas, puertos, redes eléctricas y población civil no buscan alterar sustancialmente las líneas del frente, sino producir un efecto de desgaste deliberado sobre la resiliencia social y económica del adversario. Rusia ataca infraestructura energética ucraniana buscando quebrar la moral civil antes del invierno; Ucrania responde con ataques de largo alcance sobre refinerías e infraestructura logística rusa, buscando encarecer el esfuerzo bélico ruso y visibilizar que Rusia tampoco es invulnerable en su propio territorio. Esta dinámica se corresponde estrechamente con el concepto de costos crecientes: cada parte intenta subir el precio que el otro debe pagar por continuar la guerra, no ya en términos de vidas de soldados en el frente (donde el estancamiento es evidente), sino en términos de infraestructura civil, economía y cohesión social.

Este tipo de guerra de desgaste conecta también con el deterioro de la mejor alternativa posible del oponente: al golpear la capacidad energética o productiva del rival, cada bando intenta reducir el valor de la opción “seguir luchando sin negociar” para el otro. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite estructural evidente: mientras ambas sociedades mantengan la voluntad de resistir —apoyadas por ayuda externa en el caso ucraniano, o por un aparato represivo interno relativamente eficaz en el caso ruso— el desgaste puede prolongarse indefinidamente sin producir un colapso claro de ninguna de las partes, generando lo que podría llamarse un “empate destructivo” donde el coste humano y material sigue creciendo sin alterar el resultado militar.

Un segundo grupo de conceptos relevante es el de asimetría y poder relativo. La asimetría temporal es central: Rusia, con mayor población, industria militar reconvertida y un sistema político que no depende de elecciones competitivas, puede permitirse pensar en plazos de varios años. Ucrania, en cambio, depende de ciclos de ayuda occidental sujetos a cambios políticos internos en Estados Unidos y Europa, lo que genera una presión estructural para buscar resultados en el corto-medio plazo. Además, el exministro de Defensa ucraniano ya ha pedido que se celebren elecciones, lo que traerá mucha cola en las próximas semanas.

A esto se suma la asimetría de reversibilidad: para Ucrania, aceptar la pérdida de facto de territorios ocupados es una decisión políticamente casi irreversible dada la centralidad de la integridad territorial en su discurso nacional desde 2014; para Rusia, en cambio, ciertas concesiones (como detener ataques a infraestructura civil) son más fácilmente reversibles si el proceso fracasa. Esta diferencia en la “reversibilidad” de las concesiones que cada parte podría hacer complicar enormemente el diseño de cualquier proceso de desescalada gradual, porque lo que para un lado es un gesto de buena voluntad de bajo riesgo, para el otro puede representar un sacrificio político de gran magnitud.

En el plano comunicativo, ambas partes han recurrido extensamente a la narrativa de excepcionalidad histórica (Rusia enmarcando la guerra como una continuación de la Gran Guerra Patria contra el nazismo, Ucrania enmarcándola como una guerra existencial de descolonización frente al imperialismo ruso) y a estrategias de deslegitimación selectiva del liderazgo contrario. Esto hace que cualquier proceso de negociación deba lidiar primero con el problema de cómo hablar sobre cómo hablamos: antes de discutir fronteras o garantías, es necesario desactivar el lenguaje maximalista que ambas partes han usado para movilizar apoyo interno (la “derrota de Rusia” por un lado, la “operación militar especial” y la negación de la identidad ucraniana por otro).

Aquí resulta especialmente útil el concepto de reconocimiento gradual de facto frente al reconocimiento formal. Un acuerdo realista no requiere que Ucrania reconozca legalmente la anexión de territorios ocupados —lo cual sería políticamente inviable e ilegal bajo el derecho internacional— sino que puede basarse en una ambigüedad constructiva: un alto el fuego que congele la línea de contacto actual sin necesidad de que ambas partes acuerden su estatus jurídico final, dejando esa cuestión para una negociación política de largo plazo o, simplemente, sin resolverla formalmente, similar a lo ocurrido con Chipre, Cachemira o la península de Corea, donde el “congelamiento” del conflicto ha durado décadas sin resolución jurídica definitiva, pero también sin nueva violencia a gran escala.

Con estos elementos en mente, una propuesta de un alto el fuego que congele las fronteras actuales de facto, sin reconocimiento formal por parte de Ucrania, resulta consistente. El enfoque de “fórmula – detalles” sería clave: primero acordar el principio general (cese de hostilidades, no reconocimiento formal, pero aceptación práctica de la línea de contacto como frontera administrativa temporal) y dejar para después, mediante negociación por etapas, los detalles técnicos de verificación, monitoreo internacional y garantías. Las cláusulas de revisión periódica permitirían que este acuerdo no se perciba como definitivo ni para Rusia ni para Ucrania, reduciendo la resistencia interna de ambas poblaciones a aceptar lo que de otro modo parecería una capitulación permanente.

Respecto a los derechos lingüísticos de la población del Donbás, esta garantía debería diseñarse como una cláusula de no interferencia mutua verificable internacionalmente, posiblemente mediante mecanismos similares a los de la OSCE, evitando que se convierta en un pretexto futuro de reactivación del conflicto, como ocurrió, en cierta medida, con los Acuerdos de Minsk, cuya ambigüedad y falta de mecanismos de verificación robustos contribuyeron a su fracaso. Sería fundamental evitar el error de Minsk: una ambigüedad constructiva mal calibrada, que en aquel caso se convirtió en ambigüedad destructiva al permitir interpretaciones irreconciliables sobre secuenciación, como elecciones primero o retirada de fuerzas primero.

Finalmente, el componente más ambicioso de la propuesta que expongo es un pacto de no agresión de Rusia con los países europeos junto a un proceso de desescalada del rearme, lo que requeriría ir más allá del marco bilateral Rusia-Ucrania hacia una internacionalización estratégica del conflicto, transformándolo de una disputa territorial bilateral en un nuevo marco de seguridad europea post-Guerra Fría. Esto conecta con la idea de construcción progresiva de confianza: no sería razonable esperar un tratado de desarme inmediato, sino más bien un proceso de reciprocidad gradual, con gestos de confianza progresivos verificables (reducción escalonada de despliegues militares en fronteras, transparencia mutua en ejercicios militares, canales de comunicación directa entre mandos militares para evitar incidentes accidentales). Para que esto sea posible, resulta indispensable despojar al conflicto de su dimensión personalista: la guerra ha quedado en buena medida secuestrada por las trayectorias, egos y narrativas de supervivencia política de Putin y Zelenski, para quienes un acuerdo puede leerse como una derrota personal o una traición a los sacrificios ya realizados.

Superar este síndrome de estar atrapado exige un reencuadre identitario, que permita a ambos líderes presentar cualquier acuerdo no como una capitulación individual, sino como una decisión de Estado que trasciende sus biografías políticas, garantizando así salidas dignas que no dependan de la humillación del contrario ni de la glorificación excesiva de uno mismo. Un acuerdo de este tipo no resolvería todas las tensiones geopolíticas subyacentes, pero permitiría detener el sufrimiento civil inmediato, estabilizar una situación que actualmente solo genera destrucción sin cambios sustanciales en el terreno, y abrir un espacio —por frágil que sea— para que la diplomacia, en lugar de los misiles sobre centrales eléctricas y hospitales, vuelva a ser el escenario principal donde se dirima el futuro de la región, despojada del peso de los egos individuales que hoy la sostienen.