EEUU-Irán: un acuerdo muy favorable (de momento) para Teherán

El acuerdo de principios alcanzado entre Estados Unidos e Irán descansa sobre dos pilares de seguridad inmediata: el mantenimiento de un alto al fuego y la reapertura del Estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio energético global. Sobre esta base, ambas partes se han otorgado un plazo de dos meses para negociar las cuestiones técnicas del Memorándum de Entendimiento (MoU), un instrumento jurídico-diplomático de naturaleza pre-vinculante que establece principios y parámetros generales sin comprometer aún obligaciones definitivas de fondo. Su valor estratégico reside en unas primeras medidas de construcción de confianza, orientadas a reducir la hostilidad inmediata y crear las condiciones mínimas para que un proceso de mayor profundidad pueda sostenerse.

En este contexto, la ausencia de Israel es un elemento de enorme significación analítica, pues Tel Aviv ha actuado hasta ahora como un spoiler clásico, es decir, un actor que percibe que la paz amenaza sus intereses y que utiliza todos los medios disponibles, desde la presión política hasta la acción militar, para sabotear el proceso. Washington optó conscientemente por una estrategia de sobrepaso a ese actor, asumiendo el coste político de la fractura con su aliado estratégico, pero Israel puede volver a ejercer ese papel perturbador en cualquier momento de los próximos dos meses, especialmente si percibe que los contenidos del acuerdo comprometen de manera irreversible su seguridad regional.

Los elementos que van conociéndose del Memorándum revelan una arquitectura negociadora extraordinariamente favorable a Irán, lo que explica tanto el entusiasmo de Teherán como las reservas de Tel Aviv y de sectores del establishment estadounidense. Entre las disposiciones más significativas figura una cláusula de no interferencia mutua en los asuntos internos del otro, un reconocimiento implícito de la soberanía iraní que Teherán ha perseguido durante décadas como condición de dignidad nacional; la posibilidad de que Estados Unidos reduzca su presencia militar en el Golfo Pérsico, lo que alteraría el equilibrio de poder regional de manera estructural; y un supuesto compromiso para financiar con 300.000 millones de dólares la reconstrucción de Irán, cifra de enorme potencia simbólica pero de credibilidad muy incierta, habida cuenta de la penosa experiencia de los compromisos de reconstrucción para Gaza, que en su mayor parte quedaron sobre el papel.

A estos elementos se añaden el levantamiento de las sanciones contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el exterior, medidas que Teherán considera condiciones de supervivencia económica no negociables, así como el establecimiento de un mecanismo de verificación y el aval de Naciones Unidas mediante una resolución del Consejo de Seguridad, lo que dotaría al acuerdo de una legitimidad multilateral que lo blindaría, al menos parcialmente, frente a futuras administraciones estadounidenses o frente a la presión israelí. En conjunto, este contenido configura un “paquete de medidas asimétrico”, en el que la parte que más concede en apariencia, Estados Unidos, es quien posee mayor urgencia en estabilizar el proceso.

El diseño del acuerdo responde a una lógica clásica de diplomacia por etapas, que prioriza los puntos de convergencia más accesibles antes de abordar los asuntos de mayor sensibilidad política y técnica. Las disposiciones de seguridad inmediata -el alto al fuego y la reapertura del Estrecho- demuestran que ambas partes poseen voluntad política suficiente para ceder en puntos operacionales concretos, generando una dinámica necesaria para sostener el proceso. El diferimiento de los asuntos verdaderamente centrales a las conversaciones técnicas de los próximos dos meses responde a la necesidad de gestionar las líneas rojas de cada parte.

Para Irán, el compromiso formal de no producir armas nucleares, algo antiguo y que figura en el MoU, representa una concesión de enorme trascendencia interna que requiere ser compensada con las garantías económicas y de soberanía ya mencionadas; para Estados Unidos, cualquier concesión verificable en materia de enriquecimiento o de presencia militar necesita un proceso de legitimación interna que no puede realizarse en una primera ronda. Paradójicamente, el compromiso nuclear iraní es también el elemento que puede ofrecer cierto alivio a Israel, aunque difícilmente suficiente para neutralizar su oposición a un acuerdo que percibe como un reconocimiento estratégico de la República Islámica. El establecimiento de grupos de trabajo técnicos traslada los asuntos más conflictivos a un espacio de negociación más discreto, menos expuesto a las presiones de la opinión pública y a los actores domésticos de veto en ambos países.

La configuración multilateral de los apoyos diplomáticos constituye uno de los elementos de mayor riqueza analítica del proceso. Pakistán ejerce la mediación formal, con capacidad de proponer soluciones y aproximar posiciones, mientras que Qatar, Arabia Saudita y Turquía aportan sus buenos oficios, una función facilitadora más discreta orientada a crear las condiciones logísticas, comunicacionales y políticas para el diálogo. Que Qatar haya asumido este rol no sorprende, pues Doha ha construido durante décadas una doctrina de política exterior basada en ser sede de negociaciones sensibles, capitalizando su pequeñez geopolítica como garantía de neutralidad instrumental. Más significativo resulta el papel de Arabia Saudita, históricamente el principal adversario regional de Irán, cuya disposición a facilitar el proceso indica un reordenamiento estructural del sistema de seguridad del Golfo, en el que Riad parece priorizar la estabilidad económica y el proyecto Vision 2030 sobre la lógica de confrontación sectaria, especialmente tras el acercamiento saudí-iraní mediado por China en 2023.

La participación de Turquía añade la dimensión de una potencia media con vínculos simultáneos con la OTAN, el mundo islámico y Rusia, dotando al proceso de una legitimidad transregional que ningún otro actor podría ofrecer. Esta constelación no es accidental, sino que representa la construcción deliberada de una coalición de garantes, una red de actores con intereses propios en el éxito del proceso, que funciona como red de seguridad política frente a los embates del spoiler israelí y frente a la fragilidad inherente de todo entendimiento en sus fases tempranas.

Un Memorándum de Entendimiento no constituye ninguna garantía de culminación exitosa, y la historia de las negociaciones de paz en conflictos de alta intensidad está plagada de MoUs que funcionaron como antesalas de nuevos ciclos de ruptura, antes que como umbrales hacia acuerdos definitivos. Lo que sí ofrece este instrumento son unas narrativas de blanqueamiento, salvar la apariencia. Washington puede presentarlo como una demostración de firmeza coercitiva que doblegó la postura iraní en materia de seguridad marítima; Teherán puede enmarcarlo como el inicio del camino hacia el levantamiento de sanciones y como un reconocimiento de su peso estratégico. Este mecanismo de ambigüedad constructiva es precisamente lo que permite que dos partes con narrativas nacionales profundamente incompatibles, firmen un mismo documento sin que ninguna perciba haber capitulado.

El plazo de dos meses, quizás prorrogable, opera como una fecha límite diplomática que obliga a las partes a mantener y aprovechar el “momento de aproximación” y a gestionar sus exigencias más maximalistas dentro de un horizonte acotado. Sin embargo, ese mismo plazo introduce un riesgo simétrico, pues, si las conversaciones técnicas fracasan o se estancan, si el compromiso de reconstrucción de 300.000 millones corre la misma suerte que los prometidos para Gaza, si Israel encuentra la manera de reactivar su rol de spoiler o si los actores domésticos de veto en Washington bloquean las concesiones necesarias, el coste político del colapso será considerablemente mayor para ambas partes que si el MoU nunca hubiera existido. El acuerdo ha convertido el proceso en una apuesta, que eleva tanto las posibilidades de un entendimiento histórico como las de una ruptura de consecuencias agravadas. Se ha dado un paso adelante, pero el acuerdo definitivo tendrá que esperar, al menos, dos meses más.