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Violeta Assiego

Activista de DDHH y abogada. Trabaja y colabora con diferentes organizaciones en el análisis, investigación y comunicación de temas relacionados con la discriminación y los derechos humanos. Da charlas y conferencias sobre diversidad sexual y desigualdad social y de género. Coordinadora del blog '1 de cada 10'.

Los niños que Casado quiere ya tienen madre

Nos vuelven a contar cuentos de criadas y señoras, de malas y buenas madres en función del color de la piel o de la posición que ocupemos en la sociedad. La propuesta de Pablo Casado a favor de aprobar una Ley que apoye la maternidad deja claro desde el minuto cero que este es un tema del que los Populares quieren hacer bandera. Ante lo que el líder del PP denomina "invierno demográfico", él propone "la cultura de la vida". ¿Cómo? Favoreciendo que las familias españolas tengan hijos (e hijas), sean estos biológicos o… adoptados. Para esto último, se compromete a "destinar todos los recursos posibles para que las familias que deseen adoptar puedan hacerlo sin tener que salir obligatoriamente de España". Es decir, el líder popular se compromete a que españolas y españoles adopten en España y no tengan que acudir a la adopción internacional.

Pero desatascar las actuales listas de espera en la adopción nacional no es tarea fácil con el actual sistema de protección que, en cumplimiento de principio de subsidiariedad, prima (o debería hacerlo) que el menor permanezca en su familia o vinculado a esta antes de retirar definitivamente la patria potestad a sus progenitores. Esta política de protección a la infancia es la razón (lógica) de que la mayor parte de las niñas y niños en situación de desamparo (es decir, adoptables) tengan edades superiores a las que "desean" las personas y parejas que acuden a la adopción para formar una familia. Por tanto, fomentar la adopción nacional según la "demanda" que hacen las potenciales familias adoptantes en España "necesitaría" que haya más niños menores de 3 años abandonados o entregados a las instituciones para ser adoptados (algo que si sucediera dejaría en evidencia que algo falla en nuestro sistema de protección).

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El feminismo imparable no adoctrina, transforma

En medio del mayor ataque que está sufriendo nuestra democracia por la retórica separatista y confrontativa de la ultraderecha, el feminismo sale y saldrá masivamente a la calle. No hemos necesitado que nos pusieran autobuses ni que nos repartieran banderas ni pancartas ya hechas y prefabricadas. Nuestros mensajes vienen de casa, se han coloreado en las asambleas y las plazas y se inspiran en el día a día donde vemos y vivimos el machismo y la violencia sexista que nos hemos hartado de aguantar. No hemos necesitado que viniera nadie a decirnos qué gritar ni, por supuesto, necesitamos que nadie nos diga qué votar. El feminismo no tiene dueños ni dueñas, no porque lo digan las derechas o las izquierdas sino porque el feminismo es libertad (acabado en D).

Nuestro mensaje es claro: vamos a seguir avanzando y nada ni (ningún don) nadie nos va a parar. Hemos salido a las calles por los derechos de las mujeres, no para frenar a la ultraderecha de Abascal. Eso, en todo caso, será un efecto colateral, pero no, no es nuestro objetivo principal. Esa no es nuestra la responsabilidad. Es un acto de cobardía y complicidad con el patriarcado señalarnos como el ejército de salvación que detendrá a la derecha de tres cabezas. Esa obligación la deben asumir las instituciones, partidos, organizaciones, organismos y medios de comunicación que dicen velar por la Constitución, la convivencia, la justicia y la paz social. Nos quieren meter en sus guerras y usarnos de trinchera, pero nosotras no estamos aquí para hacerles la guerra, pueden hacérsela ellos solitos. La nuestra es otra lucha y es pacífica, es feminista, antirracista, interseccional y de clase. Es una lucha de derechos humanos.

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No vamos a caer en la trampa

"La mejor forma de resistir es seguir avanzando". La frase la encuentro en el muro de Facebook de la feminista Justa Montero. Así es. No vamos a avanzar si cada vez que rebatamos las provocaciones, insidias y ataques de Vox, Pablo Casado y, ahora también, Hazte Oír entramos en un bucle de emociones sin salida que nos desgastan y debilitan. No podemos perder de vista que estos discursos negacionistas, machistas y racistas son (usando la metáfora de Wendy Brown) como las termitas: viven de nuestra energía mientras la devoran; energía que, por otra parte, es la que sostiene la estructura de aquello que quieren destruir: la democracia, el feminismo, la diversidad, la ternura y la solidaridad. 

La ultraderecha (en España y fuera de aquí) necesita de la movilización permanente de nuestras emociones si estas nos conectan con la ira y la crispación. Sin ellas, no son nadie. Nuestra respuesta reactiva es parte de su botín. Pero ¿cómo no caer en su trampa, en su juego perverso? ¿Cómo parar esa maquinaria posfascista global que está pensada y diseñada para cuestionar y distorsionar derechos haciendo creer que son privilegios y por ello nos hace saltar? Avanzando… juntas, sin egos y en formato comunidad, en modo democracia entendida como formula para gobernar(nos). 

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Francisco Serrano sale a cazar

Perseguir a alguien por sus ideas está prohibido en nuestro país porque la libertad ideológica es uno de esos pilares fundamentales de nuestra democracia, algo que recoge la Constitución en su artículo 16. Pero si, además, el motivo que da pie a esa persecución y purga (la falsa “ideología de género”) es un invento proyectado desde una ideología ultra y totalitaria, estamos ante un posible delito de odio por motivos ideológicos, algo que está tipificado en nuestro Código Penal.

Desacreditar y despreciar de forma sistemática, como hace Francisco Serrano, a quienes luchan contra la violencia de género es, sencillamente, incitar, atacar y perseguir de forma sistemática, injustificada e injustificable a quien, desde un organismo, organización o entidad, está prestando un servicio recogido y estipulado en nuestras leyes y en la normativa internacional que España ha de respetar. Teñir de sospecha la labor profesional de quienes se dedican a informar, asesorar y acompañar a las mujeres no ha sido suficiente para el juez condenado por prevaricación y líder andaluz de Vox. Ahora, su propuesta es que el Parlamento andaluz recabe los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, de los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de los equipos de Menores de la región que evalúan el riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia machista. Su objetivo es ver si están colegiados, capacitados e ideologizados. Más allá de que se esta extralimitando en su función, justifica la necesidad en unas supuestas denuncias que de haberse hecho (a ver si van a ser falsas, Sr. Serrano) deberían tramitarse en los organismos destinados a tal efecto. No es competencia suya pedir al Parlamento que escudriñe sin motivo objetivo y de forma indiscriminada y arbitraria la labor profesional de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la violencia machista.

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La violencia de género no es un accidente de tráfico

La proposición de ley que se ha aprobado en el Congreso mejora la pensión que hasta ahora recibían las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. Pasan de los 140 euros mensuales a los 600 euros, como mínimo, cuando las mujeres no hayan cotizado. La nueva ley afianza y afina una modificación que ya introdujo la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015 que aprobó el PP. Esta reconocía que estos huérfanos debían percibir la pensión absoluta equiparando la prestación a la que se concede cuando el progenitor sobreviviente abandona a sus hijos. De esta forma, queda claro el mensaje a entrever: cuando un padre asesina a la madre, está abandonado a sus hijos.

La ley aprobada (matizable y mejorable, como todas las que aparentan consenso y tardan años en aprobarse) da un paso más en ese reconocimiento de víctimas que debe otorgarse a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Más allá del hecho de ahorrar trámites e incrementar cuantías, de lo que estamos hablando es de acercar un derecho a una cuantía que reconozca y repare el daño que causa una violencia estructural que, por volumen, motivación y perfil de agresores y víctimas, perfectamente, podría calificarse como feminicidio.

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Ciudadanos y el colectivo LGTB, entre el pinkwashing y el homonacionalismo

En las últimas semanas, el partido de Albert Rivera viene mostrando su lado más gayfriendly. En la concentración de los cuarenta y cinco mil que tuvo lugar el pasado domingo en Colón, el líder de Ciudadanos hizo sus declaraciones ante las cámaras con varias banderas arcoíris detrás. Un gesto inesperado entre tanta bandera de España que sentó como una patada en el estómago a uno de los otros dos convocantes, a sus compañeros de viaje desde las elecciones en Andalucía, el partido ultraderechista Vox.

Ciudadanos se salta el primer acuerdo, el de llevar tan solo banderas de España 🇪🇸. Se ve que eso les acompleja y quiere convertir la concentración en un bosque de banderitas bruselianas 🇪🇺, algo que nada tiene que ver con el objetivo de esta manifestación #SánchezLárgate10Fhttps://t.co/e9YLCsMNwI

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Asesinatos, suicidios y violencia machista

En los crímenes machistas, como el que ha tenido lugar esta semana en Reus, el orden de los factores sí altera el valor del producto. Un chico de 19 años se tira por la ventana tras decapitar a una chica de 17. Un hombre se suicida tras asesinar a una mujer, un patrón desafortunadamente frecuente.

Nadie cree (desde luego yo lo tengo muy claro) que si ese orden se invirtiese esa sería la solución al gravísimo problema de la violencia de género que nos destruye. Es cierto que, de haberse dado esa alteración en la ecuación, decenas de mujeres, niñas y niños seguirían con vida, y que si yo fuera familiar o amiga de alguna de estas víctimas estaría en mi legítimo deseo de que estos factores se hubiesen alterado para que el hombre que asesinó a mi ser querido, si se iba a quitar la vida, lo hubiera hecho antes de matarla. Pero no, no solo es que esa no sea la solución a esta lacra social, sino que la realidad nos dice que los criminales machistas prefieren matar antes de morir. Ese es parte de su ritual de amenazas y violencia contra la mujer, es parte de su culto a un tipo de masculinidad agresiva y vacía que, en vez de pedir ayuda o buscar otras referencias, se alimenta del dolor, infelicidad, miedo y sumisión que provocan a su alrededor. Suicidarse después de asesinar es parte del horror de la violencia machista, pero eso no exculpa a sus autores de sus crímenes y ni mucho menos les convierte en víctimas en otras estadísticas.

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Le pegué porque era mío

No todas las violencias son iguales por mucho que lo repitan (una y otra vez) Casado, Egea y Vox. No lo son, principalmente, porque cada forma de violencia responde a un tipo de motivación, es decir, oculta (aunque veces no tanto) una serie de valoraciones y creencias sobre la persona que es víctima. Son esos motivos los que permiten a su autor encontrar esa especie de legitimidad que le ayuda a justificarse (antes, durante y/o después) de dañar a alguien. Comprender esto para plantear políticas y soluciones en términos de educación, convivencia y derechos es querer lo mejor para una sociedad y un país, al margen de las creencias personalistas de los que solo miran por lo suyo y a corto plazo.

Uno de los grandes avances a la hora de hacer frente a la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja ha sido lograr que la respuesta ante esta violencia, además de integral y legal, sea social. En una década se ha logrado, aunque todavía queda muchísimo por andar, un cambio de paradigma en el que menospreciar, insultar, pegar o matar a tu pareja no está bien visto. Cada vez existe un mayor y mayoritario reproche social hacia esas actitudes sexistas, misóginas y machistas en una relación parejas o de ex. Va calando la idea de que no hay ningún tipo de justificación y que lo de “la maté porque era mía” es una verdadera aberración. Otra cosa es que algo tan estructural no se puede eliminar de la noche a la mañana y que antes de lograrlo nos va a tocar dar la batalla frente quienes nos acusan de adoctrinar cuando hablamos del derecho a la vida y a la integridad de las niñas y mujeres. Esto viene con el pack de feminismo y activismo en derechos humanos.

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¿Cómo resistir al imperio de la crispación?

Hay vida más allá de Vox. Es posible que no lo parezca por el tiempo que le dedicamos en las redes sociales y en nuestras conversaciones cotidianas. Estamos preocupadas y también cabreadas, es normal. Cómo no estarlo. El lado oscuro de la derecha española ha pasado a ocupar doce escaños en Andalucía y el horario del prime time informativo en radio y televisión. Quienes alardean de llevar pistola y defender la España Viva han construido su propia ideología del género masculino para atacar al feminismo, promover el racismo institucional y relegar al ostracismo a las personas cuya vida no responda a un modelo familiar cis-hetero-tradicional. A la 'España Viva' le sobran casi tres cuartas partes de la población y cuanto más preocupadas y cabreadas estemos, los de la ideología del género masculino parecen estar mucho mejor.

De hecho, a pesar de su ceño fruncido, se lo están pasando pipa. Tanto ellos como los que, desde las redacciones y los platós de televisión, les bailan el agua como si no hubiera otros enfoques o suficientes cosas que contar. Dejamos atrás unas semanas en las que unos y otros disfrutan a lo grande viéndonos así, inquietas e indignadas. Como si esa fuera su venganza en frío por todos los sonrojos, desafíos y sudores por los que las mujeres les estamos haciendo pasar. Podría tener hasta su punto si no fuera porque esto, más allá de lo estúpido que es el revanchismo, es la ultraderecha preconstitucional tocando poder, marcando agenda repartiendo leña a progres, mujeres, migrantes y LGTB con solo el 11% de los votos.

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Las lagunas en Derecho del licenciado Casado

“El patrimonio exclusivo de la defensa de la mujer y de la defensa de aquellas personas que son más desfavorecidas”, como dijo este jueves Pablo Casado, por supuesto que no lo tiene la izquierda. El patrimonio exclusivo de la defensa de cada una de las personas que las declaraciones de derechos humanos nos señalan como ‘vulnerables’ (no porque seamos débiles sino porque nuestros derechos son sistemáticamente vulnerados por quienes se creen superiores y ocupan posiciones sociales de poder) lo tenemos las propias personas titulares de derechos. La voz, al igual que los derechos, son patrimonio nuestro.

Sin embargo, lo que sí tienen los partidos políticos –sean de izquierda, centro o derecha, cuando legislan y gobiernan–, es la responsabilidad intransferible de que no se produzcan vulneraciones y violaciones de derechos. Es decir, cuando un partido asume el poder ejecutivo es suya la obligación última de proteger, garantizar y promover los derechos de todas las personas en su territorio, regularizadas o no. Indistintamente, por supuesto. Pero existe un importantísimo matiz. Para la efectiva aplicación de ese principio de igualdad, el artículo 14 que ahora tanto invocan Vox y Partido Popular, los gobiernos tienen que velar de forma especial y diferenciada por esas personas que formamos parte de los colectivos nombrados como vulnerables y entre lo cuáles (muy a pesar de algunos) se encuentran las mujeres pero no los hombres.

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