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Violeta Assiego

Activista de DDHH y abogada. Trabaja y colabora con diferentes organizaciones en el análisis, investigación y comunicación de temas relacionados con la discriminación y los derechos humanos. Da charlas y conferencias sobre diversidad sexual y desigualdad social y de género. Coordinadora del blog '1 de cada 10'.

Señalar con nombre y apellidos, ¿es ese el camino?

No creo que las redes sociales sean el medio para hacer justicia, conocer la verdad y para que las víctimas tengan una reparación efectiva. Sin embargo, las redes están teniendo una función clave a la hora de dar a conocer aquello que hasta ahora se ha venido callando y reprimiendo: las violencias sexuales contra las mujeres. Las redes sociales, no solo en España, se han convertido en el espacio donde las mujeres –negada y atacada nuestra libertad sexual por quienes deben protegerla– hemos encontrado la libertad para contar y la sororidad de hacerlo sin miedo. A través de Twitter, Facebook e Instagram se ha logrado que se deje de ningunear un problema que pone al descubierto que ante los próceres de la sociedad patriarcal ser mujer es sinónimo de dominación, abuso y castigo.

A pesar de todo esto, o precisamente por todo esto, no puedo celebrar los señalamientos que han tenido lugar esta última semana a hombres, con nombre y apellidos. Miro con cautela, que no con desconfianza, la denuncia pública que han protagonizado multitud de mujeres anónimas. Era de esperar que pasara algo así al constatar con  el #Cuéntalo (por si quedaban dudas) el abanico de violencias que sufrimos las mujeres. Acoso, abusos, agresiones, humillaciones y maltrato son experiencias demasiado frecuentes, y la hartura, indignación e impotencia que provocan necesitan canales por los que aflorar. Pero, a mi juicio, no es una buena noticia que uno sea a través de señalamientos cómo los que han tenido lugar estos días.

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La cortina de humo de Rafael Catalá, ellos ganan

Como si estuviera en una tertulia de sobremesa con sus más íntimos, el ministro de Justicia Rafael Catalá  ha hecho unas declaraciones en la COPE que responsabilizan al voto particular y a su autor del estupor, indignación y críticas jurídicas que ha provocado la sentencia de 'la manada'.

Sin duda, ese voto particular y el magistrado Ricardo González deberían ser objeto de un riguroso estudio por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la imparcialidad, profesionalidad y diligencia de jueces y magistrados. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, único responsable de evaluar este aspecto, ha decidido cerrar filas en defensa de la labor del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra y no dejar ningún atisbo de reflexión, autocrítica o sencillamente, de revisión a que algo pueda haber fallado en este fallo. Para este órgano constitucional, la labor del tribunal ha sido minuciosa y profesional. Cuesta aceptar y hasta creer que, ante tantas evidencias, el CGPJ solo se limite a rescatar a sus jueces del cuestionamiento democrático y debate público. Prefiere no preguntarse por qué la confianza ciudadana en la Justicia se está viendo tan gravemente comprometida a raíz de este caso y pasar página.

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Condena ejemplar del patriarcado a las mujeres

La mujer está para lo que está y el hombre, ya sabemos, que para disfrutar. Él puede saciar su deseo con todo aquello que le dé placer, y la mujer, a todo esto, solo le sirve para saciar su sed. Él es libre. Las mujeres estamos aquí para él. La sociedad le refuerza y las resoluciones judiciales también. La libertad es cosa de hombres y la libertad sexual también. Para él imponer no es violencia ni intimidación, los hombres son así, siempre han sido así.  

La condena de 9 años de prisión a 'la manada' podría calificarse de escandalosa (que lo es) si no fuera porque esta Justicia, machista y patriarcal, es la que lleva desde hace más de 10 años juzgando la violencia de género a regañadientes, sin entender que en sus manos está no solo nuestra integridad y seguridad (la de las mujeres) sino la de toda la sociedad. La condena de hoy me atraviesa de arriba abajo, pero en realidad es un fiel retrato del sistema machista que nos domina y que naturaliza las violencias de cada día. Un sistema que refuerza el rol dominador del hombre mientras detesta el feminismo que cuestiona sus pilares, sus conceptos y sus violencias.

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Violencia en las parejas del mismo sexo, ¿es violencia de género?

No es baladí el nombre que se dé a la violencia que agrede y mata dentro de una relación de pareja entre personas del mismo sexo. Desde nuestro marco legal, esta no es calificada como ‘violencia de género’ sino como ‘violencia doméstica de pareja’. El hecho de que sea así tiene un sentido. Sin embargo, desde un enfoque feminista que denuncie las opresiones del cisheteropatriarcado toca actualizar los ‘por qué’ para que no queden sin denunciar ni atender las opresiones comunes que se dan en la denominada violencia intragénero.

Mientras lo hacemos, el neomachismo aprovecha cada ocasión para inocular en la sociedad el mensaje de que la mujer –en el ámbito de la violencia de género– tiene un tratamiento privilegiado ante la Ley. No solo porque se discrimine a los hombres que son agredidos por sus mujeres sino porque (a su juicio) las leyes también relegan a “ciudadanos de segunda categoría” a gais y lesbianas cuando sufren maltrato en sus relaciones afectivas.

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Ingratas, peligrosas y mentirosas, así ve el PP a las ONG

En plena campaña de la X Solidaria, un grupo de ONG ha pedido a España que no venda armas a Arabia Saudí. Algo que a ojos de Rafael Hernando es inaudito porque “las ONG, que viven gracias a los impuestos de los españoles, deberían estar preocupadas por el empleo” que puede generar este preacuerdo.

Parece olvidar el portavoz del PP que de los impuestos de los españoles (e incluso de los no españoles que contribuyen al erario público) también vive él. Que es de ese dinero de donde salen las 14 pagas de su sueldo de más de 7.000 € al mes, según las fuentes consultadas .

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Indultar por Semana Santa, esa ‘bonita tradición’ de la que no disfrutará María Salmerón

El indulto no es una tradición. Puede que este matiz no quede lo suficientemente claro contrastando las noticias de los últimos días con los datos que ofrecen desde la Fundación Civio. De entre los indultos concedidos en 2016 y 2017, casi la mitad han sido a petición de las cofradías religiosas con motivo de la Semana Santa. A medida que las cifras globales de indultos disminuyen (el número anual ha bajado de 201 a 27 en los últimos cinco años), los que se conceden en el marco de la Semana Santa, se mantienen. La justificación, en palabras del ministro Rafael Catalá, es que se trata de “una bonita tradición”.

Ligar “medidas de gracia penales” con “actos de penitencia religiosa” transgrede (entre otras cosas) la separación de poderes que ha de existir dentro de un Estado aconfesional. Además, discrimina, en el acceso a esta medida de perdón, a la población penitenciaria que no practica el catolicismo o que no quiere participar de los rituales que conlleva la intermediación de las cofradías. Por ejemplo, la libertad de uno de los cinco presos que ha obtenido el indulto (vía cofradía) se proclamará este jueves ante la Catedral de León, en la escenificación del episodio del Nuevo Testamento en el que escribas y fariseos solicitan a Poncio Pilatos la liberación de un reo.

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Lavapiés y el reverso tenebroso de los delitos de odio

Odiar y amar son sentimientos, no delitos. Y como tales son parte del ser humano. Es cierto que el odio cuando se expresa nos incomoda, nos inquieta, nos preocupa y hasta nos ofende.

Se equivocan quienes pretenden hacernos creer que el odio, de por sí, es un delito y que quien lo expresa, un criminal. No son las emociones ni los sentimientos lo que se juzga con los denominados, y tan de moda, delitos de odio. Nada más lejos de la realidad. Pero viendo el clima que se está creando al respecto parece que el hecho de expresar sentimientos hostiles hacia representantes públicos o políticos es motivo suficiente como para verse inmerso en ese proceso penal.

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De Purísima no tiene nada ese infame lugar

La primera vez que le oí reconocer que más de la mitad de los niños, casi doscientos, dormían en el suelo o compartían cama con otros niños, no me lo podía creer. Me parecía inaudito que el propio Consejero de Bienestar Social de Melilla, responsable último y principal de que se brinde un trato digno a los menores de edad que están bajo su tutela, reconociera pública y desenfadadamente que esas eran las condiciones de vida de un centro de protección español (que no de internamiento como se ha venido diciendo). Lo que para él era (y es) lo más normal, a mi juicio era (y es) un trato injusto, inhumano y degradante.

Ante el denominado fenómeno de los “menores extranjeros no acompañados” que lleva produciéndose en Melilla desde finales de los noventa (ni más más ni menos), no hay soluciones integrales ni estructurales. Las ideas que surgen suelen ser tan peregrinas como indignas. Entre estas se encuentra la que en alguna ocasión ha comentado el propio Consejero de Bienestar Social de que sean los propios niños -como parte de los cursos de formación de carpintería y soldadura que escasamente se les ofertan- los que hagan las estructuras de las camas. A cambio, además de tener un espacio donde dormir, obtendrían un certificado de haber realizado esta actividad ocupacional. Aquello no debió resultar.

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El caso Oxfam y la cultura machista de las ONG

Veintiséis nuevos casos de “conducta sexual inapropiada” tras el escándalo de Haití. Esta cifra la ha facilitado el propio director general de Oxfam-Gran Bretaña ante el Parlamento británico. Nuevas denuncias apenas dos semanas después de conocerse, por la prensa, que trabajadores de la ONG no solo habían organizado orgías con mujeres víctimas del terremoto de Haití sino que, a pesar de conocerse los hechos por parte de la organización, esta les avaló asegurándoles un puesto de trabajo y garantizando su impunidad.

Lo que parecía un escándalo puntual, brutal y fuera del control de la organización está resultando ser un continuo de informaciones sobre casos de violencia machista que no solo afectan a Oxfam. Otras ONG reconocen la existencia de situaciones similares de acoso y agresiones sexuales a mujeres por parte de alguno de sus miembros. Tan solo en el último año, y tan solo en tres ONG (las británicas Save the Children, Cruz Roja y Christian Aid), se confirman que más de un centenar de denuncias de este tipo.

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Argumentos contra la prisión permanente revisable

Llamarlo ‘populismo punitivo’ también es un eufemismo. La ‘prisión permanente revisable’ es una violación de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de los seres humanos e infringe un trato cruel, inhumano y degradante a un sujeto al que se le niega el derecho a la esperanza que recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Afirmar esto, que la prisión permanente revisable (tal y como está recogida en nuestro Código Penal) representa una violación de derechos humanos, no es algo nuevo. Desde que en el año 2015 se aprobó, las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones de jueces, de fiscales y de abogados, así como expertos en materia penal han reiterado cuáles son los argumentos jurídicos que deslegitiman una medida así en un sistema penal que busca y persigue la reinserción y la reeducación. Entre estos argumentos quizá resulte útil destacar de forma muy somera algunos de ellos:

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