Ceuta, asaltada por los desamparados

El asalto que ha sufrido la ciudad española norteafricana de Ceuta por parte de una descomunal masa de emigración descontrolada, proveniente de Marruecos, es el peor de su ya difícil historia, superando con mucho el de mayo de 2021. Alrededor de 50.000 personas habrían accedido al enclave español en apenas dos días, la mayoría desde el mar, salvando a nado el espigón de El Tarajal que lo separa del territorio marroquí, pero después, en medio del caos y el desbordamiento de las fuerzas de seguridad existentes, también por las fronteras terrestres. Incluso ha habido una cierta réplica en Melilla con algunos centenares vulnerando la frontera para acceder a territorio español.

Ceuta se ha visto sumida en una grave crisis, también de seguridad, pero sobre todo humanitaria, porque no podía absorber a los recién llegados. La ciudad carece de medios, no tiene servicios sanitarios o alimenticios, ni de alojamiento, para hacer frente a tal cantidad de gente. El resultado ha sido una multitud de emigrantes, en su mayoría jóvenes, caminando sin rumbo o durmiendo en las calles, intentando obtener comida o incluso agua, en medio de una población autóctona asustada. Ante esta falta de recursos, o quizá porque se lo ordenaron, la mayoría de los que entraron regresaron a Marruecos apenas un día después, pero aún quedan en la ciudad suficientes para que la crisis no se dé por terminada. En todo caso, ya se puede extraer una primera lección: es necesario disponer de depósitos de alimentos no perecederos, agua, ropa, y capacidad de reparto, no solo en Ceuta, sino en todas las ciudades, para hacer frente a una emergencia porque pueden surgir en cualquier momento, y no solo migratorias sino de muchos tipos.

El Gobierno ha dado la impresión de haber sido sorprendido por una crisis de esta envergadura; se ve que los servicios de inteligencia españoles no son capaces de prever incidentes tan masivos como éste. Tardó horas en reaccionar, pero finalmente lo hizo, el propio presidente se desplazó a Ceuta, se enviaron refuerzos de seguridad a las dos ciudades, y se puso en marcha una presión diplomática sobre Marruecos que empezó a dar resultados con un aumento de la acción policial, bastante tímido hasta que llegaron órdenes (¿de quién?) de actuar con contundencia sobre los querían pasar a territorio español, y entonces todo se acabó, salvo pequeños grupos que se resistieron a abandonar

Como siempre que hay una crisis sobrevenida, como en la pandemia, como en los incendios, la oposición, lejos de colaborar, de aportar soluciones, de acceder a un consenso para buscar una posición común aceptable para todos, no solo coyuntural sino de futuro, aprovecha para atacar al Gobierno -en particular a su presidente- y culparle de lo que pasa, aunque sea con argumentos falsos, contradictorios o absurdos, dirigidos a un público muy bien dispuesto a respaldar cualquier acusación o invectiva contra él. En este caso, además, con especial fruición pues la cuestión migratoria es tal vez el arma política principal a la que recurren para obtener réditos electorales. Es fácil provocar el miedo o el egoísmo de la gente esgrimiendo tópicos como la invasión, que en Ceuta ha sido una realidad, pero para España son solo unos pocos miles de personas en un país con casi 50 millones de habitantes -de los cuales la inmensa mayoría de los más de 10 millones nacidos en el extranjero están perfectamente integrados- o el aumento -absolutamente minoritario- de la delincuencia. Demagogia populista.

La acusación principal contra el Gobierno es la inacción, si bien no dicen muy claro qué debería hacer y no está haciendo, salvo decretar la emergencia nacional, aunque el Sistema Nacional de Protección Civil no reconoce los flujos migratorios entre los supuestos que permiten declararla. Se podría acudir a la Ley de Seguridad Nacional, pero esto implica elevar el nivel de la crisis, que por el momento solo es un problema de orden público y logístico, y probablemente aumentar la tensión con Marruecos. Por otra parte, la declaración de emergencia nacional no resolvería el problema, como tampoco lo resuelve esencialmente el refuerzo del contingente de la Guardia Civil o el despliegue del Ejército para reforzarla. Estas últimas medidas, aprobadas por el gobierno, han sido muy importantes para garantizar el orden público y la seguridad de la población, así como para evitar la vulneración de las fronteras terrestres, pero, en lo que respecta a la llegada irregular desde el mar, no pueden mejorar la situación, porque el verdadero problema ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio en la que prohíbe las devoluciones en caliente de las personas que lleguen a nado, determinando que el rechazo exprés solo es aplicable a quienes tratan de entrar “superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”. Ante esa sentencia, ni la Guardia Civil ni el Ejército, ni una declaración de emergencia nacional, pueden hacer gran cosa para evitar la entrada de emigrantes desde el mar; solo pueden -y deben- socorrerlos.

Es difícil comprender que una persona que se cuela por un paso fronterizo o una valla puede ser expulsada sin más trámites pero una que accede desde el mar, con los mismos derechos o falta de ellos, no puede serlo. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo indica que, al referirse a elementos de contención fronterizos sin especificar que sean terrestres, queda abierta la posibilidad de que se establezcan elementos de contención en el mar, como podrían ser redes sujetas a una línea de boyas, lo que permitiría legalmente aplicar las devoluciones exprés a quienes llegan a nado. Por supuesto, la devolución en caliente de inmigrantes, hayan llegado por tierra o por mar, es una medida contraria al respeto a los derechos de recurso y asistencia jurídica que tienen estas personas, pero es inevitable en casos como éste en el que es imposible que Ceuta pueda acoger a 50.000 personas durante los tres o cuatro meses que requieren las tramitaciones, además de lo difícil que sería dar apoyo jurídico a todos ellos.

Es evidente que la sentencia del Supremo, aunque no haya sido ni de lejos la causa principal del asalto, ha contribuido a la creación y propagación de bulos en las redes sociales que aseguraban que la frontera con España estaba abierta y que los que entraran en Ceuta serían acogidos e iban a recibir documentación para saltar a la Península y Europa. Una muestra más de que el asalto no ha sido espontáneo, sino instigado y dirigido.

La oposición aduce que el efecto llamada lo ha producido la regularización de emigrantes que ha aprobado el Gobierno español, pero este es un argumento extraordinariamente falaz, puesto que la llegada clandestina de inmigrantes se ha producido desde hace muchos años sin que hubiera regularizaciones. Los que entran en España en pateras, escondidos en camiones, o con visado de turista, para buscar una vida mejor o huyendo de regímenes represivos, asumen que estarán en situación irregular, y lo seguirán haciendo igual si no son regularizados, aunque su falta de documentos les someta a condiciones laborales abusivas. La anterior crisis migratoria en Ceuta, en mayo de 2021, no se produjo después de una regularización de emigrantes.

Esta tesis del efecto llamada de la regularización ha sido asumida también por otros gobiernos de la Unión Europea, como el de Italia, que ha suspendido parcialmente el acuerdo de libertad de circulación con España, o incluso por algunos muy alejados del escenario de la crisis como Finlandia, Suecia o Dinamarca, que han solicitado que se excluyera a España del acuerdo de Schengen, algo que no hicieron cuando Angela Merkel dejó entrar en Alemania a un millón de refugiados sirios, en 2015. Pero estas posiciones no parecen realmente muy motivadas por los hechos que están sucediendo en Ceuta. Las probabilidades de que los que han entrado en la ciudad -la mayoría muy jóvenes y pobres- lleguen a coger un avión para volar hasta Italia -¡o Finlandia!- es bastante cercana a cero. Se trata más bien de aprovechar este incidente para reforzar su oposición respecto a la decisión del Gobierno español sobre una regularización que, además de ser consistente con el respeto a los derechos humanos, está siendo muy positiva para la economía, que ellos no han tenido el valor de tomar, y cuya adopción -exitosa- en un Estado miembro de la UE les deja en evidencia. Habrá que estudiar si la decisión de Giorgia Meloni vulnera el Acuerdo de Schengen, pero en todo caso la falta de solidaridad que demuestran estas posiciones es escandalosa y prueba el deterioro de la cohesión entre Estados miembros que amenaza ya con destruir la Unión Europea.

El origen de esta crisis, como de otras anteriores, no está en ninguna regularización, sino en Rabat. Por mucho que el Gobierno español elogie -tal vez por tacticismo diplomático- la cooperación con Marruecos y eche la culpa a las mafias -que en este tipo de irrupciones no obtienen beneficios-, una concentración de decenas de miles de personas en Fnideq, antiguo Castillejos, a las puertas de Ceuta, no pasa desapercibida, no se produce por sorpresa, ni mucho menos sin la permisividad de las autoridades marroquíes. El rey Mohamed VI, asesorado por el majzén -su auténtico gobierno antidemocrático en la sombra- utiliza a su pueblo, incluidos menores, para lanzarlo hacia las plazas de soberanía españolas cuando le interesa políticamente, con absoluto desprecio a su futuro, e incluso a su vida, que en este caso han perdido al menos 67 personas. Se trata de una agresión, se quiera llamar de “zona gris” o de guerra híbrida, para la que el sátrapa marroquí no se atreve a utilizar a sus soldados sino a una masa de desamparados, a los que lo único que les queda es la esperanza de lograr una vida mejor, aunque entre ellos haya también elementos disruptivos no tan inocentes.

El momento en el que ha sucedido no ha sido tampoco casual. La mayor entrada de inmigrantes se produjo precisamente el día siguiente de la fiesta del trono, en la que Mohamed VI suele hacer un discurso nacionalista después del cual siempre se producen manifestaciones reivindicativas. No habló de Ceuta y Melilla, pero sí de la nueva relevancia internacional de Marruecos, probablemente refiriéndose al apoyo de Trump. El asalto sucede 10 días después de que el presidente Sánchez visitara Argel para cerrar un acuerdo político y comercial, que no ha sentado nada bien en Rabat, y solo siete desde que el Congreso aprobó la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio era una provincia española, lo que en cierto modo desafía la soberanía marroquí. Probablemente la crisis de Ceuta es la respuesta de Mohamed VI.

Con todo, lo que hay detrás de este episodio -como de los anteriores y otros que vendrán- es la negativa de Marruecos a reconocer la soberanía española de Ceuta y Melilla, cuya marroquinidad reivindica sin cesar, aunque solo se puede basar en razones geográficas puesto que ambas ciudades eran españolas más de 400 años antes de que existiera un reino de Marruecos independiente. El derecho internacional da la razón a España y establece que ninguno de los dos enclaves es una colonia. En 1976, Marruecos presentó el caso ante Naciones Unidas para exigir su descolonización, pero la ONU desestimó la petición y nunca las ha incluido en su lista de territorios no autónomos o pendientes de descolonización, al reconocer que forman parte integrante del territorio y la soberanía de España desde mucho antes de la creación del Estado marroquí moderno. Es revelador que Rabat jamás ha reclamado un referéndum en estas ciudades -que por otra parte sería imposible con la actual Constitución española-, porque sabe que si pasaran a ser marroquíes sería en contra de la voluntad de sus habitantes, incluidos los de origen marroquí, que lógicamente prefieren ser españoles -y europeos- antes que marroquíes. Su estrategia se basa en aumentar la presión comercial y especialmente la migratoria, con la esperanza que los habitantes de ambas ciudades y el Estado español se cansen de sufrirla y le cedan su soberanía, algo que por ahora está muy lejos de pasar

Los gobiernos españoles, éste y los anteriores, siempre han reaccionado ante las reivindicaciones y muestras de agresividad marroquí intentando minimizarlas y desescalar las crisis. En marzo de 2022, el presidente Sánchez puso fin a cuatro décadas de apoyo político a la independencia del pueblo saharaui, con el que España había contraído una responsabilidad histórica, aceptando por escrito la soberanía de Rabat sobre el territorio, en favor de una autonomía que todavía es puramente teórica. A cambio, en abril, Sánchez y Mohamed VI firmaron un acuerdo que ponía fin a la tensión producida por el asalto de emigrantes a Ceuta de 2021. Se suponía que la traición a los saharauis conllevaría el cese de la presión sobre Ceuta y Melilla, incluida la apertura de una aduana comercial de nueva planta en Ceuta y la reapertura de la de Melilla, que las autoridades marroquíes cerraron unilateralmente en agosto de 2018. Pero no ha servido de nada, ese acuerdo no se ha cumplido, las fronteras se abren de forma intermitente, por la sola voluntad de Rabat que las cierra unilateralmente cuando lo cree conveniente.

Esto debería recordarnos una lección que Marruecos viene dejando clara desde hace muchas décadas en sus relaciones con España. El apaciguamiento no funciona con ellos, solo sirve durante un tiempo muy corto. Rabat entiende las cesiones como debilidad y en seguida vuelve a por más, con renovadas reivindicaciones y demandas, utilizando el bloqueo de las ciudades o, como en este caso, el arma de la emigración irregular. Solo una posición de firmeza, clara, consistente y creíble, podrá frenar esta falta de respeto a los acuerdos y a la convivencia entre vecinos, que puede conducir -si no se corta- a situaciones más peligrosas. Y en esa posición se debe exigir a la Unión Europea el apoyo absoluto e incondicional, hasta llegar si es preciso a la suspensión del acuerdo comercial preferente, en aplicación del contenido de los Tratados europeos.

Como suele suceder en regímenes autoritarios o no democráticos, la reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla, igual que anteriormente la del Sahara, pretende incitar un nacionalismo que cubra políticamente una situación interior deplorable, tanto en términos de derechos humanos -recuérdese la reciente detención del periodista Ali Lmrabet por difamación- como en las condiciones de vida, que condenan a una gran parte de los ciudadanos a la miseria, mientras aumentan los enormes dispendios del rey, que solo pasa temporadas en el país y es fiel amigo de Trump y de Netanyahu, en contra del sentimiento lógicamente favorable a Palestina de la mayoría de la población. Y es muy probable que esas amistades tengan mucho que ver con lo que ha pasado en Ceuta.

Los que se juegan la vida para alcanzar territorio español son los que menos culpa tienen. Huyen de la represión, de la pobreza, de la falta de futuro. Están en una situación desesperada e intentan mejorarla, como haría cualquiera en su lugar. Las migraciones tienen siempre raíces políticas y económicas. El producto interior bruto per capita español es más de ocho veces superior al marroquí, y esta es la mayor diferencia existente en el planeta entre países fronterizos. Es necesario ir a la causa, no al efecto, porque si la causa perdura, si Marruecos no mejora sus condiciones económicas y políticas, si se sigue permitiendo a Mohamed VI utilizar la presión migratoria como arma política, el efecto se repetirá inevitablemente y nos enfrentaremos una y otra vez al mismo problema, sin que la represión sirva para nada más que para castigar a los desamparados que osan desafiar su destino, y amenazar nuestro confortable bienestar.

El problema migratorio no es solo nuestro. En todo el mundo los flujos migratorios aumentan, y lo seguirán haciendo en la medida en que la globalización los facilita y las diferencias económicas entre países y regiones aumentan. Por ahora, la respuesta de los países ricos es la represión, brutal en EEUU con los crímenes del ICE, más disimulada en Europa, aunque igualmente cruel. Pero esta estrategia no va a dar resultado, no hay compuerta que detenga un tsunami, solo puede retrasarlo a costa de mucho sufrimiento.

Hay otra solución, que es nivelar progresivamente las condiciones de vida entre países ricos y pobres, y esa sí puede ser eficaz porque nadie quiere abandonar a su familia ni su país si no se ve obligado a ello. Asumirla exige una línea política diferente, que limite nuestro crecimiento en favor de la ayuda al desarrollo, y poca gente está todavía dispuesta a renunciar a una mínima parte de su nivel de vida. Los políticos lo saben, y actúan -en general- en consecuencia. Pero si no tomamos este camino, nos veremos abocados a un mundo en permanente tensión, y dominado por la violencia, con unos pocos países ricos viviendo rodeados de alambradas para proteger su bienestar mientras el resto intenta asaltarlas. Y no debemos olvidar que, si eso sucede, los que estarán confinados dentro de esas alambradas no serán ellos, sino nosotros.