Ceuta: lo que no es y lo que sí es

No es un problema de mafias. Las organizaciones criminales existen y deben perseguirse, pero explicar la llegada de decenas de miles de personas únicamente por la actuación de las mafias que trafican con seres humanos resulta muy insuficiente y evita nombrar el verdadero conflicto: el papel que juega Marruecos. La situación que vive Ceuta no puede entenderse sin analizar el contexto geopolítico, la gestión que el país vecino hace de su frontera y la posición de poder que mantiene en su relación con España y con la Unión Europea. Tampoco puede entenderse sin nombrar la represión que vive el pueblo saharaui y cómo la Administración Trump ha reforzado el respaldo de Estados Unidos a la posición internacional marroquí sobre esos territorios. Y, desde luego, no puede entenderse sin asumir que la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y las violaciones de los derechos humanos en Marruecos constituyen un terreno fértil para empujar a miles de personas a abandonar sus hogares, arriesgando sus vidas para intentar llegar a nuestro país.

No es un efecto llamada. No puede explicarse lo ocurrido apelando a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la acogida de personas menores de edad solicitantes de protección internacional ni tampoco a una hipotética regularización extraordinaria. Quienes sostienen esa tesis obvian que una resolución judicial dictada hace apenas unos días no es capaz de movilizar en tan poco tiempo a decenas de miles de personas ni de alterar, por sí sola, la situación en la frontera. Hablar de efecto llamada es simplificar mucho el análisis, que si fuera mínimamente riguroso no pasaría por alto esos factores geopolíticos y mucho más complejos que limitan enormemente la capacidad de actuación del Gobierno español, y también de explicaciones públicas.

No es una invasión. Hablar en términos de invasión, como hacen la extrema derecha y una parte de la derecha, solo genera alarma social. Lo que está sucediendo en Ceuta, frontera exterior de la Unión Europea, no es una invasión, los miles de personas migrantes que han entrado en la ciudad autónoma no forman parte de ningún ejército enemigo ni existe una estrategia militar de ocupación. Lo que sí existe es una estrategia de presión política que instrumentaliza los flujos migratorios con fines económicos y geopolíticos. Llamarlo invasión impide comprender la dimensión real de lo que ocurre y dificulta encontrar respuestas eficaces.

No es una crisis migratoria. Es, ante todo, una crisis humanitaria, pero también una crisis política. Cuando personas en situación de extrema vulnerabilidad son utilizadas para presionar a otro Estado, el problema no es ellas, sino los gobiernos que las convierten en instrumentos de presión aprovechándose de su pobreza, de la falta de oportunidades y de la vulneración de sus derechos. Como señala la APDHE, esta situación hunde sus raíces en la externalización de las fronteras y en años de prácticas ilegales en su gestión. A ello se suma la deshumanización con la que se las trata para dejar de ser personas y convertirse en cifras, amenazas o problemas de seguridad. Las personas que han llegado a Ceuta no constituyen un peligro por sí mismas; están siendo utilizadas para generar una situación de tensión e inestabilidad política.

No es una cuestión de seguridad frente a derechos. Un Estado tiene derecho y obligación de controlar sus fronteras, pero también la obligación de respetar la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, incluidos los instrumentos de protección de las personas menores de edad y las garantías de quienes solicitan protección internacional. La gestión de las fronteras y la protección de los derechos humanos no son incompatibles; ambas forman parte del Estado de Derecho. La integridad territorial de los Estados no es incompatible con la protección de los derechos humanos.

En todo caso, en ese relato no olvidemos que han fallecido al menos cuarenta personas y que sus vidas tienen exactamente el mismo valor y la misma dignidad que las nuestras. Tampoco ignoremos el impacto que esta situación tiene sobre quienes viven en Ceuta. Es el momento de exigir a quienes nos gobiernan serenidad, responsabilidad institucional y la aplicación de respuestas que ya están previstas y que respetan los derechos de todas las personas. excepcionalidad de la situación no justifica deshumanizar a las personas migrantes, al contrario, hacerlo solo dificulta comprender las causas de lo que está sucediendo, deteriora la convivencia y alimenta un discurso del odio que únicamente beneficia a quienes sustituyen el diálogo y el Derecho por la violencia contra las personas.