Marruecos, país seguro ¿para quién?

Marruecos pudiera parecer un país seguro desde una mirada occidental y de turista extranjero, pero eso no permite afirmar que lo sea para devolver allí a las personas migrantes que entraron en Ceuta hace ya tres semanas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. El PP sostiene que se puede considerar Marruecos como «país seguro» para justificar esos retornos. Sin embargo, no basta con medir la seguridad por la ausencia de un conflicto armado ni invocar que se trata de un país vecino con el que España mantiene relaciones diplomáticas y la Unión Europea acuerdos de cooperación. La seguridad de un retorno no puede presumirse con carácter general, y menos aún sin analizar quién es la persona a la que se pretende retornar, su situación familiar, las violencias que ha sufrido y las condiciones reales en las que quedará tras la devolución. La pregunta no es si Marruecos resulta seguro para quien lo visita desde Europa, sino si lo es para las personas concretas que cruzaron la frontera y ahora se encuentran en Ceuta.

Por este motivo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes (aunque no solo) no cabe ningún retorno automático ni individual, ni colectivo. La Ley de Extranjería –e incluso el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 que muchos quieren usar como puerta de atrás para sacar a las y los niños de la ciudad autónoma– exige una valoración individualizada en la que el interés superior de la infancia ha de primar. Es decir, se debe escuchar a cada persona menor de edad, conocer sus circunstancias, averiguar las razones por las que salió de Marruecos y comprobar si su regreso permitiría una reunificación familiar efectiva y segura o, en su defecto, si existen unos servicios de protección concretos y adecuados que puedan hacerse cargo de ellos. No basta identificar y trasladar al otro lado de la frontera. Las leyes no lo permiten; unos valores éticos mínimos, tampoco. Salvo que se considere que estas vidas merecen menos protección y son, en definitiva, menos humanas que las de quienes reclaman su devolución.

Tampoco las personas adultas pueden ser devueltas en bloque sin identificar sus circunstancias ni permitirles solicitar protección internacional. Si una persona, sea hombre o mujer, manifiesta temor a regresar, solicita asilo o presenta indicios de persecución, trata u otra situación de especial vulnerabilidad, la devolución debe suspenderse mientras se examina su caso. Es necesario reconocer que, para determinados perfiles, la propia legislación marroquí hace que el país alauí no sea seguro. Por ejemplo, las personas LGTBIQ+ pueden ser perseguidas de acuerdo con el artículo 489 del Código Penal marroquí que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y establece penas de entre seis meses y tres años de prisión. La ONG Human Rights Watch en su último informe sobre Marruecos, confirma que esta criminalización continúa vigente y documenta la persecución de quienes desafían públicamente las normas sexuales y religiosas impuestas.

Marruecos tampoco puede considerarse un país seguro para todas las mujeres y niñas, ya sean marroquíes, migrantes o refugiadas. Su ordenamiento penaliza la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres mientras deja sin reconocer adecuadamente algunas de las violencias ejercidas contra ellas. El Código Penal castiga las relaciones sexuales consentidas entre personas no casadas, penaliza el adulterio y criminaliza el aborto sin que exista excepción alguna cuando el embarazo es consecuencia de una violación. De esta forma, si una mujer denunciase una violación fuera del matrimonio, podría acabar siendo juzgada por haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales si no acredita la falta de consentimiento; y si la violación provoca un embarazo, además de las consecuencias penales, la mujer estaría expuesta al rechazo familiar, la expulsión del hogar e incluso la separación de sus hijos e hijas. Por cierto, la violación dentro del matrimonio tampoco está considerada como delito.

Si hablamos de matrimonio infantil, es importante subrayar que este sigue siendo posible en Marruecos, dado que el Código de Familia permite que los jueces lo autoricen de manera “excepcional”, pero esa excepción está muy lejos de ser anecdótica. Según los datos oficiales del Ministerio de Justicia de Marruecos recopilados en informes de UNICEF, en el año 2020 los tribunales marroquíes aprobaron un total de 13.335 solicitudes de matrimonio de menores de edad. Esto significa que aproximadamente más de 12.600 niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio legalmente bajo autorizaciones judiciales excepcionales ese año.

Quizá Núñez Feijóo y sus aliados de la extrema derecha desconozcan este dato cuando exigen que estos niños, niñas y adolescentes “vuelvan con sus familias”, como si todos hubieran abandonado hogares estructurados y protectores a los que bastara con devolverlos, y no pudieran estar huyendo precisamente de situaciones de violencia dentro de su propio entorno familiar. La reunificación familiar solo puede considerarse protectora después de investigar esas circunstancias, no antes. Retornar sin más a un niño o una niña porque lo reclamen el líder del PP, el presidente de Ceuta, el portavoz de la Comisión Europea o el ministro de Exteriores no es protegerlos, especialmente si se les devuelve al mismo contexto de violencia, abandono o explotación del que huyeron.

No menos preocupante es el trato que Marruecos dispensa a las personas migrantes y refugiadas, especialmente a las procedentes del África subsahariana. Marruecos es parte de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo de 1967, pero todavía no dispone de un sistema nacional de asilo plenamente desarrollado y operativo. De hecho, ACNUR continúa registrando las solicitudes y determinando la condición de refugiado en nombre de las autoridades marroquíes. Por tanto, quienes huyen de Sudán, Yemen, Somalia, Siria o Gaza pueden encontrar importantes obstáculos para acceder a una protección efectiva. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sometido a personas migrantes y refugiadas a redadas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos hacia zonas alejadas de las fronteras, robos y palizas. Son vulneraciones de derechos humanos documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional.

Nadie niega que la situación en Ceuta, provocada por la inacción del propio Marruecos en la frontera a finales de julio, sea de una gran complejidad. Pero España, como Estado y mediante una respuesta multinivel e intersectorial, no puede eludir sus obligaciones legales, sus principios éticos y sus valores democráticos entregando sin más a estas personas a un país que puede no ser seguro para cada una de ellas. Ya no se trata solo de qué tipo de país queremos ser, sino de qué estamos dispuestos a consentir como sociedad cuando, ante lo que está sucediendo, nos sumamos a quienes proponen respuestas que deshumanizan a quienes tenemos la obligación de proteger.