Todo lo que nos enseña la crisis de Ceuta sobre la relación de España con Marruecos

La marea humana que ha llenado las calles de Ceuta ha visibilizado una crisis logística –con el reto de atender las necesidades inmediatas de decenas de miles de personas en una ciudad de limitados recursos–; migratoria –ante la necesidad de gestionar su situación administrativa y los muy probables retornos sin salirse del marco legal y sin afectar a sus derechos básicos– y de seguridad –tanto en materia de orden público en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes como de seguridad nacional, especialmente en relación con el control de fronteras–.

Lo primero que nos enseña esta crisis es que, en contra del discurso oficial que maneja el Gobierno español, Marruecos no es un país amigo. Como cualquier otro país del planeta, Marruecos tiene intereses y está decidido a emplear todos los medios a su alcance para defenderlos.

En este caso, el interés de Rabat es cumplir su sueño de integrar a Ceuta, entre otros territorios españoles, bajo su soberanía, y uno de sus principales instrumentos es su propia población, de la que manipula vergonzosamente sus carencias y sus expectativas. Eso explica, una vez descartada la opción militar de un asalto por la fuerza, la activación de una “estrategia en la zona gris”, tal como figura desde hace años en los manuales al uso.

Una estrategia que se traduce en acciones que, individualmente consideradas, quedan por debajo de lo que cabría entender como un casus belli (motivo por el que comienza una guerra), pero que tienen una clara intencionalidad de provocar un cambio radical de la situación de partida, sin tener que recurrir a las armas.

Lo primero que nos enseña esta crisis es que, en contra del discurso oficial que maneja el Gobierno español, Marruecos no es un país amigo

Marruecos lleva años desarrollando esa estrategia –es inevitable recordar la Marcha Verde, en la que movilizó a centenares de miles de civiles marroquíes hacia el Sahara Occidental, calculando (acertadamente) que España no se atrevería a frenarlos con su ejército–.

La crisis también nos muestra que el rey Mohamed VI no tiene reparo alguno en mostrar al mundo la pésima situación en la que viven millones de sus súbditos (más que ciudadanos). La supuesta estabilidad y progreso del país, en los que ha puesto tanto énfasis en su reciente discurso de conmemoración de su acceso al trono, quedan de inmediato cuestionados con esas imágenes de descontrol fronterizo y de unos marroquíes que demuestran con su acción lo poco que ya esperan de sus gobernantes.

Muy negativas tienen que ser sus condiciones de vida para que se arriesguen de ese modo –mientras sigue aumentando el número de quienes han muerto en el intento de llegar a donde creen (infundadamente) que todos sus problemas se van a resolver–.

En esa misma línea, tampoco es creíble la insistencia de distintos responsables gubernamentales españoles en la “plena colaboración” prestada en todo momento por Marruecos para solucionar el problema de lo que, autoengañándose, se quiere hacer pasar por movimientos espontáneos de población próxima a la frontera y de la acción de las mafias locales que trafican con personas.

Nada de estas proporciones ocurre en un país tan autoritario y represor de cualquier tipo de disidencia sin que responda a una decisión política que busca volver a demostrar (como sucedió en 2021) quién tiene, no solo la sartén, sino también el mango en su mano. Y que, una vez desencadenada la crisis, Rabat se apresure a desplegar medios y colaborar con Madrid no es más que una señal adicional del nivel de control sobre una dinámica en la que el régimen marroquí es un consumado experto.

Nada de estas proporciones ocurre en un país tan autoritario y represor de cualquier tipo de disidencia sin que responda a una decisión política que busca volver a demostrar quién tiene no solo la sartén, sino también el mango en su mano

Todo eso muestra, asimismo, el fracaso del esquema ideado por los sucesivos Gobiernos españoles para evitar los sustos que Marruecos nos proporciona regularmente. Ni el pleno alineamiento con la tesis soberanista marroquí respecto al Sahara Occidental, ni las condecoraciones a altos responsables de la seguridad del reino (los mismos que algo tendrán que ver con el espionaje telefónico al que ha sido sometido el propio presidente del Gobierno español), ni el extremo cuidado en no alimentar sus suspicacias (renunciando incluso a que el personal de refuerzo de Frontex esté presente en la zona fronteriza) han servido para evitar la repetición a mayor escala de lo sufrido hace cinco años.

Tampoco parecen haber sido muy útiles los servicios de Inteligencia españoles: a pesar de que en la primera mitad del año la entrada de irregulares había aumentado un 150% respecto al mismo periodo del año anterior, no han sido capaces de detectar lo que se venía preparando.

En definitiva, da igual si esta nueva crisis es la respuesta marroquí a la reciente visita del jefe de gobierno español a Argel o si busca forzar la aceptación española de que la final del Mundial de fútbol se celebre dentro de cuatro años en Casablanca. Lo que deja en claro es tanto la voluntad de Rabat de mantener el rumbo soberanista (más aún al saberse respaldado por Washington y Tel Aviv), como la incapacidad española para neutralizar esa estrategia en la zona gris.

Seguimos atrapados en un esquema que no ha servido para garantizar una relación bilateral mutuamente fructífera y que –como demuestra la reacción inicial de nuestros socios, con Italia y Finlandia en primera línea– tampoco consigue alinear a los Veintisiete –con toda la potencialidad presupuestaria, comercial y diplomática que atesoran– para dejar suficientemente claro quién tiene realmente la sartén en su poder.