Qué puede hacer España en su relación con Marruecos tras la crisis de Ceuta

El generalizado convencimiento de que el modelo de relaciones aplicado por España desde hace años con Marruecos no sirve plantea la obvia necesidad de diseñar otro que nos lleve a superar tanto el permanente chantaje de Rabat, como el inútil apaciguamiento de Madrid ante cada nuevo pulso. A partir de ese punto se abre aparentemente un amplio abanico de opciones para, sea cual sea el color político del inquilino de la Moncloa, poder salir airoso de una relación de vecindad tan cargada de asignaturas pendientes.

La opción más radical sería la entrega a Marruecos de Ceuta, Melilla y el resto del territorio español que la corona alauí viene reclamando desde hace décadas. Habitualmente se suele descartar esa posibilidad con los consabidos argumentos históricos de su pertenencia a España desde mucho antes de la existencia de Marruecos como Estado, con el añadido de la consideración a los derechos de ceutíes y melillenses como plenos ciudadanos españoles, al mensaje de debilidad que algo así transmitiría de un país que renuncia a su propio territorio y al previsible efecto multiplicador que eso tendría en las reivindicaciones marroquíes (con Canarias en su horizonte maximalista).

En todo caso, la historia está llena de cesiones territoriales que parecían inicialmente impensables. Por eso, si esa alternativa queda descartada actualmente, mucho más allá de los argumentos históricos, legales y hasta sentimentales, es, sobre todo, porque, dicho llanamente, no hay nada que Marruecos tenga lo suficientemente atractivo a cambio –sea en el terreno geopolítico o geoeconómico– como para que en su momento un gobierno y una sociedad española se planteen dar ese paso.

Si se atiende a muchos de los comentarios suscitados por la crisis de Ceuta, parecería que el camino a emprender ante cada gesto marroquí de lo que melifluamente se suele denominar “asertividad” tendría que ser el de la fuerza. Más policías y guardias civiles, más soldados desplegados permanentemente sobre el terreno, acompañado de la reimposición de las concertinas, así como de vallas y barreras aún más altas.

Por un lado, son sobrados los ejemplos de que una valla mayor o un carro de combate adicional no detienen la desesperación de los abandonados por su propio Gobierno. Por otro, basta con recordar el extemporáneo “Al alba y con viento de levante…” con el que el entonces ministro defensa, Federico Trillo, dio cuenta en julio de 2002 de la operación Romeo-Sierra para recuperar Perejil para entender que ese nunca será el camino que resuelva los problemas con nuestro vecino del sur.

Lo que se necesita es atreverse a tomar decisiones, empleando los instrumentos ya creados, para hacer ver a nuestro vecino que no dispone de carta blanca para jugar a su antojo sin consecuencias

Ceuta y Melilla son, militarmente, indefendibles por muchos que sean los medios desplegados en sus muy escasos terrenos. Por supuesto, en un contexto de guerra abierta, España tendría muchas vías para defenderse y para hacer sentir su superioridad en el campo de batalla; pero sería a todas luces un camino equivocado, no solo porque Marruecos ya tiene un potencial militar considerable (con Washington y Tel Aviv a sus espaldas), sino porque nada garantiza el resultado y tensaría brutalmente nuestras alianzas tanto europeas como atlánticas.

Implicación de la UE

Lo que queda entonces, asumiendo los imperativos de la geografía y el interés por contar con la colaboración marroquí en la lucha antiterrorista, en la represión del narcotráfico y en la gestión de los flujos migratorios, es optar por el entendimiento pacífico. Un entendimiento que no cabe confundir con sumisión y edulcoramiento y que debe asumir que Marruecos ya ha activado hace tiempo una “estrategia en la zona gris”, con la vista puesta en hacerse con todos esos territorios españoles. Una estrategia que incluye emplear a su propia población como ariete, piratear teléfonos ajenos o corromper a periodistas y eurodiputados, con el evidente propósito de lograr concesiones y posiciones de ventaja en cualquier asunto de su interés.

Eso es, en esencia, lo que España lleva haciendo desde los años 80 del pasado siglo con el entonces llamado “colchón de intereses”; es decir, la creación de una tupida red de interdependencias –tanto en el terreno comercial como en el político, judicial y de seguridad– que sirva para evitar una confrontación directa y para responder a cualquier bufido marroquí. Hoy puede decirse que la red es suficientemente densa, pero lo que falta es voluntad para emplear su potencialidad cuando Rabat se deja llevar por su instinto soberanista. A fin de cuentas, ni el muy criticado alineamiento con la posición marroquí en relación con el Sáhara Occidental, ni el silencio ante su espionaje telefónico, ni la oferta para que se sumara a España y Portugal en la organización del campeonato mundial de futbol han servido para garantizar la calma.

La imagen ofrecida perjudica directamente a la UE como un actor político inoperante e insolidario

No se trata, por tanto, de inventar lo que ya existe. Si lo que se busca es ir más allá de titulares fantasiosos que sirven para criticar al gobernante de turno, buscando una rentabilidad electoral a corto plazo, es obligado reconocer que el citado colchón sigue siendo válido como esquema global de relaciones. Pero también lo es admitir que, sin voluntad política para emplearlo, cuando dicha relación se tensa porque Marruecos se sale de la senda acordada conjuntamente, lo único que se garantiza es el abuso y el chantaje. No hay una fórmula mágica que sacar de ninguna chistera. Lo que se necesita es atreverse a tomar decisiones, empleando los instrumentos ya creados, para hacer ver a nuestro vecino que no dispone de carta blanca para jugar a su antojo sin consecuencias.

Y nada de eso puede funcionar sin la implicación de la Unión Europea en el esfuerzo, haciendo valer su peso ante Marruecos tanto en el terreno comercial como en el presupuestario. Desgraciadamente, una vez más, los Veintisiete han dado un pésimo ejemplo de desunión ante lo ocurrido en una de sus fronteras exteriores más problemáticas. Es cierto que, si el propio Gobierno español ha optado por no señalar la responsabilidad de Marruecos en lo sucedido en Ceuta, no cabía esperar que el resto de los gobiernos de la Unión fueran a suplir esa pusilánime dejadez en la carta firmada por 22 jefes de Estado y de Gobierno. Pero también lo es que la imagen ofrecida perjudica directamente a la UE como un actor político inoperante e insolidario.