El derecho a no morir en una guerra

El ejecutivo europeo anunció el pasado viernes su intención de extender durante un año adicional, el marco legal de protección temporal destinado a los ciudadanos ucranianos que abandonan su país a causa del conflicto bélico y buscan amparo en territorio europeo. No obstante, la institución con sede en Bruselas ha planteado introducir cambios en dicha normativa con el objetivo de excluir de este beneficio a aquellos ucranianos en edad de prestar servicio militar, es decir, principalmente varones de entre 23 y 60 años que se encuentren en condiciones físicas de incorporarse a las fuerzas armadas de su país. El propósito detrás de esta modificación es garantizar que Ucrania no vea mermada su capacidad para movilizar soldados frente a la ofensiva del Gobierno de Vladímir Putin. De hecho, el comisario europeo responsable de Migración y Asuntos Internos, Magnus Brunner, subrayó que esta iniciativa no va en detrimento de los intereses ucranianos, sino que responde a una solicitud formulada directamente por Kiev.

En consecuencia, los países integrantes del bloque europeo impedirán la permanencia en su territorio a ciudadanos ucranianos en edad militar, salvo que cuenten con la autorización expresa de las autoridades de Kiev. Sin embargo, fuentes oficiales de la UE aclaran que quienes ya residan actualmente en algún Estado miembro no serán expulsados ni se les revocará su permiso de estancia. La propuesta deberá recibir el visto bueno del Consejo de la UE. Aun así, fuentes comunitarias anticipan que los Estados miembros aprobarán sin mayores obstáculos esta reforma, impulsada por el propio gobierno de Zelenski, y que podría entrar en vigor en las próximas semanas.

Aunque en las guerras todos los bandos esconden la cifra de sus muertos, la OTAN estima que Rusia ha perdido 250.000 soldados en la guerra, cifra que el Gobierno británico duplica, medio millón. La OTAN estima que Ucrania ha perdido entre 60.000 y 100.000 soldados, por lo que estamos hablando de una guerra que ya ha provocado centenares de miles de muertos, sin lo que los frentes de guerra se muevan demasiado en los dos últimos años, por lo que el nivel de letalidad es una crueldad injustificada incluso desde el punto de vista militar.

Se estima que, tanto en Rusia como en Ucrania, medio millón de jóvenes han huido para evitar ir a esta guerra tan sanguinaria. Ir al matadero puede ser una opción individual, pero nunca debe ser una obligación, sea cual sea la invocación. La obligatoriedad de ir a una guerra va en contra de los principios elementales del derecho a la vida. Ucrania prohibió la salida de hombres de 18 a 60 años desde febrero de 2022, con una ley de movilización más estricta aprobada en mayo de 2024. Como han explicado multitud de reportajes, existe una alta presión sobre los soldados que llevan 2 o 3 años en el frente, sin rotación, por lo que los que sobreviven acaban teniendo severas secuelas mentales y un fuerte estrés postraumático. Ambos países tenían legalizada la objeción de conciencia al servicio militar, pero esta legislación quedó abolida tras iniciarse la guerra en 2022. Quieras o no, lo entiendas o no, te obligan a ir a un frente sumamente letal.

La guerra es siempre un fracaso de la humanidad, y quienes la analizan con rigor llegan invariablemente a la misma conclusión: ningún objetivo político, territorial o ideológico justifica la destrucción sistemática de vidas humanas. Las guerras contemporáneas no resuelven los conflictos que las originan; los agravan, los perpetúan y los transmiten a generaciones que no eligieron pelear. Detrás de cada conflicto armado existe un sistema que lo hace posible y rentable: industrias armamentistas que necesitan mercados, élites políticas que instrumentalizan el miedo, medios de comunicación que espectacularizan la violencia y estructuras ideológicas que glorifican el sacrificio bélico como virtud patriótica. Este sistema no es natural ni inevitable; es construido, mantenido y reproducido por actores concretos con intereses concretos. Reconocer esto es el primer paso para resistirlo.

Dentro de esa lógica perversa, el soldado raso —el joven arrancado de su vida cotidiana para empuñar un arma—, es simultáneamente la pieza más prescindible y la más explotada del engranaje bélico. Se le dice que defender la patria es un deber sagrado, que el enemigo es un monstruo deshumanizado, que la muerte propia o ajena tiene sentido cuando va envuelta en una bandera. Pero ninguna bandera devuelve la vida a quien la pierde, ni repara el trauma de quien mata por orden de otros. Por eso, la tradición más honesta del pensamiento humanista ha sostenido siempre que la conciencia individual es una autoridad moral que ningún Estado tiene derecho a anular. Obligar a una persona a matar o a morir en una guerra que su conciencia rechaza, es una forma de violencia institucional tan real como las balas mismas. El derecho a la vida no es solo el derecho a no ser matado: es también el derecho a no ser convertido en instrumento de muerte ajena.

El conflicto en Ucrania ilustra con dolorosa claridad esta tensión. Más allá de los análisis geopolíticos y de las responsabilidades que cada parte pueda tener en el origen y en la prolongación de la guerra, existe una realidad humana elemental e innegable la de que hay miles de hombres y mujeres, en ambos lados de la línea de frente, que no quieren estar allí. Ucranianos que huyen de la movilización forzosa, que se esconden, que cruzan fronteras arriesgando todo, no necesariamente porque sean cobardes o traidores, sino porque su conciencia les dice que no pueden matar, que no quieren morir, que el conflicto tiene salidas que los que detentan el poder no han querido explorar con suficiente determinación. Criminalizar a esas personas, perseguirlas y forzarlas a combatir es tratar los cuerpos y las conciencias humanas como recursos bélicos al servicio del Estado, exactamente la inversión de lo que debería ser la relación entre el individuo y las instituciones que supuestamente lo protegen.

Ninguna ley de ningún Estado debería estar por encima del derecho fundamental de una persona a negarse a participar en la violencia organizada, cuando su conciencia así lo exige. La objeción de conciencia no es un privilegio ni una excusa: es un derecho humano reconocido internacionalmente, una expresión de la dignidad moral de la persona que ninguna emergencia nacional puede legítimamente suspender. Reconocer ese derecho —también en tiempos de guerra, también en Ucrania—, no equivale a ignorar la complejidad del conflicto ni a absolver a quienes lo iniciaron con su agresión. Equivale simplemente a afirmar que hay un límite que la conciencia humana no está obligada a cruzar, y que una sociedad verdaderamente libre es aquella que respeta ese límite incluso cuando le resulta incómodo, porque la libertad que no se ejerce en los momentos difíciles no es libertad, es apenas una concesión revocable del poder.

La decisión de la Comisión Europea de excluir de la protección temporal a los ucranianos en edad militar representa algo más que un ajuste técnico en una normativa de emergencia, pues representa un giro moral de enorme gravedad que merece ser llamado por su nombre. La Unión Europea, que ha construido buena parte de su identidad política sobre la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y la dignidad de la persona, está considerando convertirse en brazo ejecutor de una política de reclutamiento forzoso ajeno, devolviendo hombres a un frente donde morir o quedar destruidos psicológicamente no es una posibilidad remota sino una probabilidad estadísticamente abrumadora. Que la institución europea justifique su decisión argumentando que responde a una solicitud del propio gobierno de Kiev, no la exime de responsabilidad moral, ya que los gobiernos en guerra tienen incentivos sistémicos para sacrificar a sus ciudadanos, y precisamente para eso existe el derecho internacional de los derechos humanos, para proteger a las personas frente a sus propios Estados cuando estos los tratan como munición.

Lo que hace esta decisión especialmente perturbadora es que anula, en la práctica, el único espacio de libertad real que le quedaba a quien había decidido, con enorme coste personal, que no podía ni quería participar en esa guerra. Huir no es cobardía: es, en muchos casos, el único acto de soberanía moral que le queda a quien ha sido despojado de todos los demás. Más de medio millón de jóvenes, ucranianos y rusos, han arriesgado todo para escapar de esa lógica. No son desertores en el sentido peyorativo del término, sino seres humanos que han ejercido el juicio moral más básico, el de negarse a convertirse en instrumentos de una violencia que no cesa, que no avanza, que no resuelve nada y que los destruye tanto si sobreviven como si no. La Europa que se niega a acogerlos, o que los acoge condicionalmente hasta que Kiev dé su visto bueno para retenerlos, no está aplicando una política migratoria, está subcontratando la coerción bélica y llamando a eso solidaridad con Ucrania. Ir al matadero puede ser una elección; nunca puede ser una obligación impuesta por ningún Estado, y menos aún facilitada por una unión de Estados que se reclama defensora de los derechos fundamentales.