¿Por qué Israel no quiere ningún plan de paz para Gaza?

Hace pocos días, Hamás afirmó que había aceptado un acuerdo presentado por Estados Unidos, destinado a poner fin completamente a la guerra de Israel en Gaza, incluyendo disposiciones para desarmar y entregar sus armas por etapas. Según el acuerdo, Israel debería retirar sus fuerzas con el paso del tiempo, pero Netanyahu ya ha dicho que acepta el plan de 15 puntos presentado.

Desde la práctica de mediación en conflictos armados, esta propuesta sigue un patrón reconocible: la secuenciación recíproca condicionada, donde ninguna parte se mueve primero sin garantías verificables de que la otra cumplirá. Es un diseño técnicamente sensato —el desarme unilateral de Hamás sin retirada israelí sería un suicidio político y de seguridad para la organización, mientras que la retirada israelí sin desarme verificado sería inaceptable para el establishment de seguridad israelí—, pero estructuralmente frágil: basta que una parte incumpla o dilate su fase para que la otra tenga justificación legítima para congelar la suya. Los plazos de 200-300 días para la desmilitarización, combinados con retiradas “graduales hacia líneas designadas en sintonía con el progreso de la verificación”, dejan amplio margen de interpretación y disputa.

Esto se ha confirmado ya en la práctica: Netanyahu ha resumido su posición en tres ideas que contradicen abiertamente la lógica paralela del acuerdo. Primero, que el ejército “no realizará ninguna retirada hasta que Hamás esté verdaderamente desarmado”, invirtiendo la secuencia pactada de “en paralelo y por fases” hacia un esquema donde el desarme total es precondición, no proceso simultáneo. Esta no es simple ambigüedad textual, sino lo que en teoría de negociación se conoce como reinterpretación unilateral de mala fe, pues no se rechaza el acuerdo formalmente —lo cual tendría un costo diplomático claro—, sino que se vacía de contenido operativo mientras se mantiene la ficción de haberlo aceptado, trasladando el costo político de una eventual ruptura hacia Hamás o hacia la comunidad internacional.

El segundo elemento de esa posición —que los militares “seguirán frustrando las amenazas” contra ellos y los ciudadanos israelíes— es un ejemplo clásico de ambigüedad constructiva empleada en sentido inverso: en vez de servir para acercar posiciones, como sería su función legítima en diplomacia, aquí preserva unilateralmente un margen de acción discrecional que anula el compromiso explícito del acuerdo de “completar plenamente y sin demora” el cese de operaciones militares. Es una cláusula de autoexcepción encubierta, donde cualquier acción militar futura puede justificarse retroactivamente como respuesta a una amenaza indefinida, sin necesidad de establecer umbral, naturaleza o verificación independiente. En el terreno, esto se traduce en un patrón muy concreto: mientras se negocia formalmente el ritmo de la retirada, el ejército israelí ha ampliado unilateralmente el territorio bajo su control del 60% a un objetivo del 70%, desplazando bloques de hormigón y extendiendo las zonas de fuego libre. Es una negociación de facto que ocurre fuera del marco declarado, alterando la línea base sobre la que se mediría cualquier repliegue futuro, puesto que, si el punto de partida sigue expandiéndose después de la firma, cualquier eventual retirada parcial puede presentarse como concesión sustancial aunque solo devuelva una fracción de lo tomado unilateralmente tras el acuerdo, técnica de negociación posicional maximalista documentada en otras disputas territoriales prolongadas como Chipre o Nagorno Karabaj.

La tercera idea de Netanyahu —que “no se creará un Estado palestino, ni en Gaza ni en Judea y Samaria” mientras él esté en el poder— no es solo una declaración ideológica dirigida al electorado antes de las elecciones de octubre, sino una señal estratégica deliberada hacia la contraparte: elimina el horizonte político que el propio acuerdo de la Junta de Paz establece como condición para un “camino creíble hacia la autodeterminación”. Esto rompe el vínculo entre gesto de seguridad y gesto político que ha sostenido casi todo proceso de paz exitoso, y cambia radicalmente el cálculo racional de quien debe desarmarse: sin contrapartida política final, el desarme se percibe como rendición unilateral, no como parte legítima de una transición, incluso si se mantiene como discurso público bajo presión internacional. A esto se suma un problema de verificación que agrava todo lo anterior. La comprobación del desarme de Hamás depende de una comisión internacional cuya composición y estándares de prueba no están claramente definidos, en un contexto donde, como advierten muchos analistas, habrá milicias armadas ajenas a Hamás operando en Gaza y políticos israelíes de línea dura con incentivos para alegar incumplimientos “que pueden o no ser ciertos”. La legitimidad del proceso depende, en última instancia, de que esa verificación sea percibida como imparcial por ambas partes, algo que la experiencia en procesos de desarme postconflicto muestra que rara vez ocurre cuando una de las partes tiene interés político directo en declarar el fracaso del proceso.

El deterioro de la confianza no es solo teórico, sino que ya se refleja en cifras: más de 1.200 muertos durante los diez meses de alto el fuego, un promedio de un niño muerto al día según Unicef, restricciones activas a la entrada de materiales de reconstrucción —casas prefabricadas, tiendas de campaña, maquinaria para retirar escombros— que técnicos estiman podrían retrasar la reconstrucción de Gaza durante décadas. Este patrón de incumplimiento sostenido, unido a la reinterpretación unilateral de los términos del acuerdo, ha llevado a que ocho países —incluyendo socios tan alineados con Occidente como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, junto a Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía y Egipto— emitieran un comunicado conjunto de “más enérgica condena” advirtiendo que las violaciones israelíes “amenazan con hacer descarrilar” la segunda fase del plan. Esto añade una dimensión que trasciende el conflicto bilateral: la erosión de credibilidad ante los garantes regionales de los que depende toda la arquitectura de verificación y estabilización del acuerdo.

En síntesis, el marco negociado contiene elementos técnicamente correctos —fuerza internacional bajo mando unificado, comité nacional palestino como poseedor único de armas, vinculación formal de fases—, pero enfrenta los riesgos clásicos de todo acuerdo asimétrico y no simultáneo, como incentivos desiguales para el cumplimiento, actores con capacidad de veto que no firmaron el pacto, reinterpretación unilateral de sus cláusulas por la parte con mayor poder relativo, y un calendario electoral que compite con el calendario técnico del proceso. Sin mecanismos de garantía externa eficaces y automáticos —no discrecionales ni dependientes de la “decepción” de un mediador—, el riesgo real no es tanto un colapso declarado del acuerdo como su parálisis progresiva, un proceso que ni avanza ni se declara formalmente muerto, dejando a la población civil de Gaza en un limbo que las cifras y los hechos sobre el terreno ya confirman.