La investigación del caso Leire Díez facilita un bulo contra el PSOE por el trato a un venezolano captado por la cloaca del PP

El caso Leire Díez se enreda entre bulos y nuevas revelaciones bajo sospecha. La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga la existencia de una trama vinculada al PSOE y dirigida por la exmilitante Leire Díez, quién supuestamente maniobró con ayuda de otros entre abril de 2024 y mayo de 2025 para “desestabilizar” procedimientos judiciales en marcha que afectaban a exdirigentes socialistas (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y a familiares del presidente del Gobierno (esposa y hermano). El juez Santiago Pedraz ha imputado a dos decenas de personas en este procedimiento, entre ellas a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

La unidad encargada de investigar el caso, la UCO de la Guardia Civil, es la misma a la que la trama de Leire Díez intentó desacreditar buscando trapos sucios de uno de sus jefes principales, el teniente coronel Antonio Balas.

El último informe de esta unidad incorporado al sumario del caso ha sido utilizado ahora por numerosos medios afines a la derecha para fabricar un nuevo bulo que implica a la actual secretaria general del ministerio de Justicia, Sofía Puente, en el intento de nacionalización del exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, y de paso, su supuesta colaboración con la trama de Leire Díez. Ambas acusaciones son falsas.

El Mundo tituló inicialmente: “La hermana de Óscar Puente habría ayudado a la trama de Leire Díez, según una nota hallada por la UCO: 'Pregunta la directora'. Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica, se habría interesado por el proceso de nacionalización del exiliado venezolano Nervis Villalobos, quién habría colaborado con Díez en el acoso al fiscal Grinda”. Horas más tarde eliminó esa idea del titular, e incluyó una versión distinta dentro del texto. VozPópuli: “La hermana de Puente usó su cargo en Justicia para interesarse por la nacionalización de un exviceministro chavista. La UCO subraya que Sofía Puente seguía de cerca la tramitación del expediente de Nervis Villalobos, en la que pudo intervenir Leire Díez”. El Debate: “La UCO documenta el interés de Sofía Puente por la nacionalización de un exviceministro chavista en la que trató de influir Leire Díez”.

Todos estos medios, y otros como Libertad Digital u Onda Cero, basan su información tergiversada en el informe de la UCO, donde se recoge un correo electrónico que envía un funcionario del ministerio de Justicia contando que la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se interesó por la situación del expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos el 15 de julio de 2020. Ninguno de esos medios aclara que cuando Sofía Puente recibió la respuesta a su pregunta, con informes policiales sobre los antecedentes del exdirigente venezolano, la directora general ordenó expresamente el 17 de julio de 2020 que se le denegara la nacionalidad.

Pero es que, además, cualquier vinculación de esa actuación de Sofía Puente con la trama de Leire Díez, como se sugería en esos medios, es pura ciencia ficción porque cuando sucedieron los hechos —la denegación de la solicitud de Nervis Villalobos ocurre el 17 de julio de 2020— faltaban aún cuatro años para el nacimiento de la red delictiva vinculada al PSOE que ahora investiga la Audiencia Nacional. Ni siquiera estaba en proyecto. El primer contacto de Leire Díez con Nervis Villalobos se produce en el verano de 2024, según la propia investigación. 

La Guardia Civil pretendía conocer si hubo un trato de favor en la concesión de nacionalidad al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, quien residía en España desde 2014. La UCO citó como testigo a un subdirector general de Justicia encargado de esos trámites e incorporó junto a su escrito con la transcripción del interrogatorio un correo electrónico de 2020 que acreditaba el interés de Sofía Puente por el expediente del dirigente venezolano. Pero esos hechos en ningún caso podrían tener relación con la trama que dirigía Leire Díez y que empezó a funcionar en abril de 2024, tras una reunión mantenida en la sede socialista de la calle Ferraz con quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El interés del Gobierno del PP

Villalobos, según la investigación, colaboró a partir de 2024 con la trama de Leire Díez para desacreditar al fiscal José Grinda, quien a su vez había impulsado una causa penal que llevó al exdirigente venezolano a la cárcel, de la que salió posteriormente por decisión de instancias superiores.

Quién en realidad se interesó desde el principio por el expediente de Villalobos en Justicia fue el Gobierno del PP a través de la policía política que funcionó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior. Villalobos solicitó la nacionalidad a mediados de 2017 y el Gobierno del PP acabó su mandato tras la moción de censura de julio de 2018 sin aprobar la solicitud del exdirigente venezolano. Desde entonces y ya bajo Gobierno socialista, el ministerio de Justicia ha denegado las distintas solicitudes de nacionalización de Villalobos hasta que en abril de 2025, a raíz de un recurso del venezolano demostrando que era nieto de española y acogiéndose a la Ley de 2022, el exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez consiguió la nacionalidad.

Villalobos fue captado por la policía política del PP en 2016 para que aportara información sobre el dinero que Jordi Pujol ocultaba en la Banca Privada de Andorra o sobre los pagos del régimen venezolano a los dirigentes de Podemos. Estos hechos están acreditados en diferentes investigaciones judiciales. El exviceministro venezolano llegó a declarar en el Congreso de los Diputados: “A mí se me ofreció que si yo podía colaborar con la policía española se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia”. Pero Villalobos nunca tuvo la información contra Podemos o Jordi Pujol que buscaba la policía política durante el mandato del PP para desacreditar a sus adversarios. Esos hechos, ahora resucitados por el informe de la UCO, siguen impunes en los tribunales de Justicia.