Una huelga de sentido común
La iniciativa de la huelga general nació en la calle. Tras el desahucio y muerte de Maricarmen. Auspiciada por el Sindicato de Inquilinas. Armada después del desencanto al ver que el Congreso ni siquiera sacaba adelante dos decretos leyes que, lejos de acabar con la dinámica salvaje de un mercado roto, eran un pequeño y tardío parche contra el sufrimiento. Lo impidieron PP, Vox y Junts.
Así se gestó la huelga. Y los sindicatos, con gran olfato y asunción de una reclamación que no tenía que ver con los centros de trabajo pero sí con la vida de los trabajadores, se sumaron y la vehicularon. La de este miércoles fue, por tanto, una huelga de sentido común, de lo que siente comúnmente una mayoría según las encuestas: la vivienda no puede seguir siendo un problema sin solución.
No tener casa, no poder elegir dónde, o dedicarse a trabajar a destajo solo para pagar facturas, tiene efecto sobre las relaciones sociales y la maternidad. Tiene efecto sobre las horas que se pierden en llegar al trabajo. Rompe sueños como estudiar en una capital o mudarse para medrar. El precio de la vivienda no es un fenómeno exógeno e imprevisto: es fruto de una política de décadas de desregulación que condiciona nuestras vidas, nos obliga a renuncias y ha favorecido, claramente, a los ya privilegiados. El bienestar y el progreso ya no se miden en salario, sino en si tienes o vas a heredar propiedades.
La inflación creciente, la incertidumbre por la IA y el desprecio de algunas comunidades autónomas por lo público y sus selectivas privatizaciones que obligan a hacer más desembolsos (FP, sanidad, universidad, cuidados) ponen el resto y completan un ciclo en el que la clase trabajadora siente –porque lo vive– que no vive en la franja que le corresponde.
Si no se dan hoy las condiciones para una huelga general, ¿cuándo se darían? Es un malestar que recorre muchas democracias, que afecta a votantes progresistas y conservadores. Y que a veces encuentra recetas simples y reaccionarias en la ultraderecha: la culpa la tienen los que son aún más pobres.
Esa expresión de descontento también recorre el mundo: los estadounidenses no han hecho huelga, pero ante la oportunidad de darle un revolcón a Trump por incumplir sus promesas, se lo han dado. Los ciudadanos franceses, ante ese malestar, han tomado las calles (algunos, aprovechando el momento, para ejercer caos y violencia). El movimiento de los estudiantes ha descabalgado al gobierno de Serbia...
En España, ese malestar se ha mostrado en una huelga canalizada por los sindicatos, que es un aldabonazo para el próximo gobierno que salga de las urnas, sea cual sea. Ese malestar se podrá canalizar también votando el 29-N, porque la huelga no entorpece el voto: según los resultados, sabremos qué receta es la que prefieren los españoles para salir del atolladero. Si más Estado o más mercado.
Dejando al margen los exabruptos de 'Isabel Díaz Milei', el otrora moderado PP ha dicho que es un “disparate”, un “error histórico” de los sindicatos o una huelga “inédita” porque no va contra el Gobierno. Este partido solo demuestra no haber entendido casi nada de lo que pasa en la calle.
La razón de una huelga general no puede reducirse a ir contra un gobierno: va contra las políticas de distintos gobiernos locales, autonómicos y, por supuesto, el nacional. Ni se puede circunscribir a la nómina, porque el trabajador también es un sujeto cuando sale de la fábrica. Ni lo inédito es ilegítimo: simplemente califica algo que no había pasado antes. Como tampoco antes había familias viviendo en habitaciones o caravanas.
Querer convertir un acto de protesta general que bebe de unas condiciones objetivas y demostrables en una treta de los sindicatos al servicio del malvado Pedro Sánchez es otro giro más de guion en el que la oposición se autoproclama víctima de un reproche que, en realidad, es más amplio y complejo.
La gente ha dicho este miércoles que no merece ser el botín de nadie. Y se lo está diciendo a todos los que fueron, los que son y los que serán. Con una huelga estructurada. El gobierno de la próxima legislatura solo tiene que demostrar que no es sordo y tomarse en serio a los verdaderos dueños del país: los votantes.
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