Cada conferencia, cada intervención, cada declaración de la la filósofa y ensayista Adela Cortina despierta creciente interés. Recientemente, ha sido distinguida con el premio 'Palabra 2019', promovido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y patrocinado por la Fundación César Egido Serrano. El jurado ponderó la extraordinaria aportación de la palabra y la obra de la doctora Cortina en el fomento de la convivencia, la tolerancia y la justicia, esenciales “en su constante defensa de la dignidad y los derechos de las personas”.

En efecto, Adela Cortina enfatiza a la hora de referirse a las palabras que hoy tienen “más importancia que nunca” en la revolución digital de nuestros días. Y es que lo que circula por las redes, por las plataformas de ciudadanía, son, precisamente, las palabras. En fechas que se cuestiona el papel de las redes y se debate el de los medios cada vez con menos reservas, Cortina insiste en la idea de educar para que “los usuarios de las redes utilicen las palabras con el fin de promover valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Esa es la principal tarea de nuestras sociedades”.

Ha sido aprobada en Túnez la nueva Carta Mundial de Ética para Periodistas, un documento concebido para defender y fortalecer, de forma global, la ética de los y las profesionales de la información. Trescientos delegados asistentes al 30º Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) acordaron actualizar la Declaración de Principios sobre la Conducta de los Periodistas, redactada en Burdeos (Francia) en 1954, modificada posteriormente en 1986. El texto aprobado en Túnez se adapta ahora a los desafíos actuales que han de afrontar los profesionales de la información.

Sus dos primeros artículos son muy claros. El 1 señala: “Respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla constituye el deber primordial del periodista”. Y el 2 es consecuente: “De acuerdo con este deber, el o la periodista defenderá, en todo momento, el doble principio de la libertad de investigar y de publicar con hontestidad la información, la libertad de comentario y de crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad. Él/ella se asegurará de distinguir claramente la información de la opinión”.

El socialismo canario está a punto de materializar su conquista del poder político como no lo había saboreado desde 1983. Pendiente de lo que ocurra con el Cabildo de Tenerife, los excelentes resultados del pasado 26 de mayo le catapultaron hacia una coyuntura histórica cargada de exigencias: tiene que corresponder a un considerable depósito de confianza, mejor dicho, a la oportunidad concedida por una sociedad que demostró estar bastante harta de lo que había y ha preferido ensayar con otras fórmulas a la espera de una mejor gestión de los recursos y de la solución de las cuestiones que siguen condicionando el futuro de las islas.

¿Sabrá, podrá dar el socialismo canario una respuesta adecuada? Desde luego, tendrá que ser consciente del nuevo escenario político en que se va a desenvolver. Y eso comporta una visión bien asentada en estrategias pragmáticas, consensuadas y favorecedoras del progreso social. Canarias, donde los juegos de poder se libran sin escrúpulos y a menudo con fiereza, necesita estabilidad para avanzar con decisión y firmeza, de la forma más cohesionada posible, hacia horizontes donde se palpen el crecimiento y la sostenibilidad, donde la igualdad deje de ser un concepto para malabares retóricos y donde los desequilibrios se reduzcan para contrastar que todo es posible a poco que se proponga con voluntad y emprendimiento.

Octava edición del Digital News Report 2019, publicado días pasados por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford. Está considerado como la radiografía más completa de lo que ocurre en los medios de comunicación de todo el mundo. Está confeccionado a partir de setenta y cinco mil encuestas hechas entre usuarios de Internet, consumidores de información, digital o tradicional, de treinta y ocho países, entre los que se encuentra España.

Del informe se desprenden más sombras que luces. Algunos datos, a poco que se tenga una visión autocrítica, deben ser destacados para poner de relieve, una vez más, que depende de los propios periodistas cualquier intento de mejora de los productos informativos, sobre todo para ganar credibilidad, un objetivo cada vez más complicado ante fenómenos perniciosos como la desinformación cuyo impacto es cada vez más notorio. El peso creciente de las grandes compañías tecnológicas es otra causa que influye en buena medida a la hora de seguir experimentando para 'cuadrar' el modelo de negocio.

En el repaso de imágenes de los actos de constitución de las corporaciones locales y de los momentos anteriores o posteriores la investidura de alcalde y alcaldesas, siempre despierta interés o llama la atención el gesto, la acción instintiva, la espontaneidad, ese momento en que los camarógrafos y los fotoperiodistas captan para decir más de las mil palabras que reza el tópico.

El gesto es producto de las emociones, la liberación de los sentimientos o de la tensión acumulada. Admitamos que para muchas personas, en ese acto, más o menos protagonistas, más o menos despejadas las dudas o la incertidumbre, la reacción es frescura, acaso no poder controlar del todo la compostura que se supone hay que guardar. Sonrisas y lágrimas, al menos en los segundos iniciales. Es comprensible.

Hostelería de España, una organización empresarial que representa a restaurantes, bares, cafeterías y pubs ha publicado los resultados de un estudio llevado a cabo para medir el impacto de las retransmisiones deportivas, especialmente las de encuentros de fútbol, en la facturación de los establecimientos. En efecto, ya no queda convocatoria en el país que no esté acompañada, cuando menos, de un cálculo que sirva para medir económicamente las repercusiones favorables de su desarrollo, si es durante un fin de semana, mejor. Y la oferta televisiva no iba a quedar al margen.

En este caso, Hostelería de España ha elaborado su trabajo en todo el territorio nacional, pues tiene una representación superior a los doscientos sesenta mil locales. Las opiniones mayoritarias corresponden a los bares, un 63,3 %; otro tercio se centra en restaurantes, un 32,5 %; y el 4,2 % se encuadra en locales de ocio nocturno epígrafe que engloba pubs, discobares y discotecas. El gasto medio es de 4,65 euros en bares tradicionales; de 12,25 euros en restaurante y de 11 euros en locales nocturnos.

Podrá parecer un tema recurrente pero hay que insistir en el mensaje, dados los modelos asumidos en algunos destinos y dadas las tendencias que se producen en los mercados: la implicación de los nativos y residentes en el adecuado uso y cuidado de los recursos de tales destinos, la integración activa de la población para una mejora constante y una atracción permanente. Ahora que en las instituciones se está preparando un nuevo ciclo, lo dicho: los nuevos responsables deben echar imaginación y asumir un compromiso para constatar que el turismo es cosa de todos. 

El testimonio más reciente en este sentido es el del jefe del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Turística del Departamento de Innovación Turística del Centro Tecnológico de Catalunya (Eurecat), Jordi Calabuig. La implicación de la ciudadanía en la actividad turística “está convirtiéndose en un factor clave para la mejora de la sostenibilidad de la actividad”, ha dicho. En su opinión, ello es determinante para “las expectativas de los visitantes. Mejora la imagen y la competitividad de las empresas y del destino y perfila el modelo turístico deseado por la sociedad de acogida”.

Se ha iniciado la decimotercera Legislatura en las Cortes Generales. El desarrollo legislativo del secreto profesional de los periodistas es uno de los asuntos pendientes. Cabe confiar en que, dentro del maremágnum de los problemas políticos y las demandas sociales, haya tiempo para debatirlo, tratarlo y regularlo.

Las necesidades son acuciantes desde aquel caso Cursach en Baleares, a propósito de una intervención del juez Miguel Florit a quien le fue reprochado, por organizaciones profesionales, académicas y ciudadanas, que alguna decisión suya pusiera en riesgo el derecho a ese secreto. Un Manifiesto en defensa del Derecho a la Información y la Libertad de Prensa, rubricado con más de mil setecientas firmas, circuló por España. El documento ponía de relieve la exigencia del respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional.