Una tendencia que se va abriendo paso en el sector es la de los pisos turísticos, bien es verdad que las grandes hoteleras españolas vienen mostrándose renuentes, pues coinciden en señalar que constituyen una competencia desleal para la propia actividad hotelera, principalmente en aspectos básicos como pueden ser la fiscalidad o las normativas laborales y  de seguridad. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, añade una normativa reguladora cambiante y con algunos vacíos como motivo que les hace recelar, hasta el punto de afirmar que “algunos empresarios que se meten en este negocio sin disponer de información, no calculan el impacto negativo en sus empresas”.

Pero, a escala internacional, los poderosos grupos empresariales van tomando posiciones. Y si lo hacen, es con la intención de quedarse. Ya han puesto en marcha divisiones que incorporan a sus estructuras organizativas para potenciar el negocio de los pisos o apartamentos turísticos. Abrió el camino la compañía francesa 'Accor', a la que siguió la norteamericana 'Marriott', considerada la mayor del mundo. Cinco mil novecientos cincuenta y dos hoteles y 1,16 millones de habitaciones son sus poderes, ampliables, naturalmente, pues para eso integra sus bases en Roma, París y Lisboa. La marca 'IHG', matriz de 'Intercontinental', también funciona desde hace algún tiempo con esta modalidad: disponer de apartamentos de media y larga estancia para cubrir la necesidad de viajeros de negocios.

Conviene contrastar las cifras del turismo, para verificar su evolución ante la recuperación de otros destinos y comprobar si nuestros productos y las ofertas siguen siendo competitivos. Hasta hace unos meses, Canarias se situaba destacada en diversas clasificaciones y contribuía decisivamente en el excelente rendimiento turístico nacional.

La entrega más reciente de Coyuntura Turística Hotelera, publicitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), contiene algunos datos que, aparentemente contradictorios, llaman la atención y demuestran que la cuestión no se ciñe exclusivamente a tener más viajeros o más clientes.

Los ayuntamientos del país, en su conjunto, acreditan ser la administración que menos despilfarra y mejor gestiona los recursos públicos. Han cumplido razonablemente bien con exigencias legales aún vigentes. A pesar de lo cual, siguen teniendo que enfrentarse a vientos que soplan en dirección contraria a sus avances: los que inspiran la supresión de municipios y los derivados de una concepción neoliberal y conservadora que merma su autonomía, limita canales de participación y defiende un modelo de prestación de servicios que, en el fondo, es un gran campo de negocio. Donde siempre ganan los de siempre y siempre perdemos los mismos.

Lo importante son los servicios y no quien los presta, suelen defender con inflexibilidad los partidarios de este modelo. Ni los informes específicos de la Asamblea de Naciones Unidas ni algunas corrientes europeístas de la remunicipalización de los servicios públicos les arrugan. Lo tienen claro: agua, electricidad, basuras... No quedan muchos campos donde incursionar pero ya han visto fisuras en los servicios sociales y en la dependencia, de ahí que no extrañen los propósitos de orientar la modalidad de prestación. Eso sí, con todas las bendiciones legales, faltaría más. Ya sacaremos el chubasquero cuando haga falta. Más de uno argumenta que, de paso, se reduce el número de funcionarios y personal laboral, como si no hubiera que cargar las contrataciones en los pliegos de condiciones para reajustar cifras. Y lo que teóricamente se deja de pagar por un lado, reaparece en otra esfera, aunque lleve la 'p' de privada. Atención: porque ni se evita el clientelismo ni los riesgos de ayuntamientos paralelos. El profesor titular de Ciencia Política y de la Administración y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, Manuel Zafra, ha sido tajante al dudar de la extendida  pretensión de convertir los ayuntamientos en meros prestadores de ciertos servicios “controlados y ofertados a bajo precio”.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, abonó recientemente los surcos de los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sobre la creación de empleo, con algunas previsiones que se alinean en las posiciones de rechazo o disconformidad con la medida pactada entre el Gobierno y Podemos con vistas a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Concuerdan también con las apreciaciones de otras formaciones políticas, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI). Una conjunción ¿de intereses? cuyas recetas, por cierto, no han contribuido muy eficazmente que digamos a la solución del desempleo ni de la desigualdad. Pero bueno...

Lo que se pretende es que el SMI pase a ser de novecientos euros mensuales (en la actualidad, setecientos treinta y cinco) en catorce pagas, un incremento del 22,35%, el mayor de la historia en tasa interanual. La medida significa un impacto de trescientos cuarenta millones de euros y afectaría a más de quinientos treinta y tres mil trabajadores, aproximadamente el 3,5% del total de afiliados a la Seguridad Social.

Un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), firmado por su relator especial sobre pobreza extrema, Philip Alston, es tan contundente sobre la privatización de servicios públicos que algunos sectores llegan a calificarlo de varapalo. Y el documento pone nombre y apellidos a a los promotores de esa fiebre privatizadora: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Son los inductores de este modelo por ideología”, señala Alston.

No es el nuevo debate, cierto. En varias ocasiones nos hemos ocupado del asunto, sobre todo cuando en nuestro país afloran las diferencias en las modalidades de gestión administrativa y los resultados que ponen en evidencia a sus responsables. El informe de la ONU es merecedor de algunas nuevas reflexiones.

Se han cumplido cincuenta años de la tragedia, de la desaparición del Fausto, un barco pesquero de origen palmero que debía hacer la ruta entre El Hierro y Tazacorte y nunca llegó a su destino. En aquel verano de 1968, el suceso fue conmocionante. Aún recordamos las esperas tempranas en la librería cercana para leer El Día. Y luego, cuando ya de noche, llegaba La Tarde y ávidos comprobábamos si había novedades.

Pero el Fausto no apareció. Cuando se creía que ya estaba a la vista o que, por fin, había encontrado el rumbo adecuado, nunca ocurrió: el misterio perfecto.

Pues se supone que hoy debe pasar algo en los bancos españoles después de la ya célebre sentencia del Tribunal Supremo (TS), determinando que debían ser los bancos y no los clientes quienes abonasen el impuesto de las hipotecas, decisión congelada -y a revisar- por la misma instancia judicial apenas veinticuatro horas después, alegando -en una nota informativa del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo- “la enorme repercusión económica y social del fallo”.

El fin de semana debió ser atroz para todos: web y cajeros de los bancos, bloqueados o sin funcionar y sin informar sobre los pasos que debían dar los clientes y afectados; los gabinetes del TS, trabajando sin cesar hurgando en los tratados más recónditos para justificar de manera argumentada la controvertida decisión; los economistas y expertos de los poderes financieros estrujándose las meninges para dar forma e implementar las medidas correctoras y unos cuantos mortales preguntándose si, con decisiones así, la Justicia va a recuperar credibilidad. La confusión está servida; el desconcierto es mayúsculo.

Tiempo de presupuestos. Casi todos, preparando las cuentas del próximo ejercicio que coincide, ya saben, con un año electoral. Preparativos, negociaciones,   preacuerdos, cálculos, bases y demás a la espera de los trámites parlamentarios y corporativos que han de desembocar en las aprobaciones definitivas, si es que se producen.

Mientras tanto, el calendario presupuestario ya empieza a fluir con ciertas prisas. Hoy mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habrá de presentar en Bruselas un borrador anticipo de las previsiones de las cuentas públicas del Estado. Se supone que los contenidos responderán a la entente alcanzada días pasados entre el PSOE y Podemos y que ya han generado rechazos del Partido Popular y Ciudadanos. En Bruselas, puede que la primera lectura tampoco guste si se confirma que la reducción del déficit público será inferior al inicialmente comprometido y si el aumento del gasto supera las cantidades estimadas razonables. Hay que tener en cuenta que España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor desfase presupuestario (el 3,1 % el año pasado) y está sujeto a un procedimiento sancionador al acumular un déficit considerado excesivo.

Estaba entre las prioridades del discurso que sustanció la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy: derogar, al menos parcialmente, la Ley de Seguridad Ciudadana, también identificada como Ley  mordaza. Van pasando los meses y el propósito sigue siendo eso, una formulación que, dadas las circunstancias políticas, tendrá que esperar. Hay que proveer mucho y bien para afrontarla, especialmente desde el punto de vista parlamentario. La fragilidad actual del partido gubernamental, como se ha comprobado, no aconseja abrir otra lata so pena de agravar la situación intramuros, pues ya se ve lo fácil y cómodo que resulta agitar algunos espantajos. Cuestión de oportunidad, pues.

La Ley, recordemos, fue severamente criticada al ser interpretada, en muchos aspectos, como un retroceso de las libertades públicas. Hasta cuarenta y cuatro conductas delictivas se consignan en la norma. Reprender antiguas faltas con sanciones más severas y sin sumisión al previo control judicial era elevar el listón autoritario en un espacio democrático donde es muy fácil traspasar las líneas que separan los derechos de manifestación y huelga, máxime cuando hay especialistas que, sin mayor rubor, se encargan de revolver con finalidades muy claras de algarada, desorden, tumulto y represión.