La compañía norteamericana Google, un gigante de la comunicación de nuestro tiempo, propietaria del motor de búsqueda más usado en la red, ha anunciado que dedicará trescientos millones de dolores en los próximos tres años a ayudar a combatir la desinformación. Trata de evitar consumidores de información compulsivos tragalotodo y fomentar ciudadanos críticos. ¿Cómo? Potenciando el conocimiento en todos los sentidos y un periodismo de calidad. Lo quiere hacer, sobre todo, en las plataformas digitales con la denominada Google News Initiative.

Lo decíamos hace pocas fechas, cuando nos identificábamos con el planteamiento del analista José A. Pérez Ledo, a propósito de su sugerencia de una asignatura sobre pensamiento crítico, concebida para que “el alumnado entienda la necesidad de dudar, de buscar fuentes, de confrontar versiones”. La aportación de Google  puede ser de gran utilidad en medio de los incesantes avances tecnológicos y del influjo, no siempre positivo, de las redes sociales y de los propios medios de comunicación. Hay múltiples ejemplos con los que contrastar que los editores de la información impulsan (prácticamente en la impunidad y sin escrúpulos) la difusión de contenidos falsos y de baja calidad, incluso con el empleo de insultos y difamaciones.

El asunto es delicado y se puede complicar, ya veremos hasta qué extremos. Jueces y fiscales de toda España inician hoy las movilizaciones que podrían desembocar, el próximo mes de mayo, en una huelga en el sector. Quieren despolitizar la justicia, a ver si con ello mejora la imagen que de ella se tiene en amplios sectores sociales. Las asociaciones profesionales -hasta ahora conduciéndose por la senda de la unanimidad- han sido contundentes en sus consideraciones previas, de modo que, en un comunicado conjunto, han criticado que el Gobierno no haya modificado las bases para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de modo que sean elegidos por los propios jueces. No se quedan ahí: el inmovilismo detectado en la política de nombramientos judiciales, al no tener en cuenta criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia, es también objeto de severa crítica, tal es así que, en caso de prolongarse esta situación, irán a la huelga el próximo mes de mayo.

Por eso, las movilizaciones que hoy se inician en los juzgados y en las sedes judiciales del país servirán para ir tomando el pulso, siquiera desde el ámbito interno. Luego habrá una concentración en la capital del Reino, a la que seguirán paros parciales de una hora los jueves de cada semana. En caso de que no sean atendidas las peticiones de los estamentos judiciales, habrá huelga el próximo 22 de mayo.

La transmisión del encuentro de Liga entre la U.D. Las Palmas y el Real Madrid nos devolvió, por unos momentos, a tiempos pasados de ejercicio y seguimiento radiofónico. Entre ellos, la figura de Segundo Almeida, un comunicador aventajado de la isla hermana, especialista en el medio, con quien tuve el placer de colaborar en la época que dirigía la programación deportiva de Radio Atlántico. Tiempos ilusionantes, laboriosos, meritorios: cuando se informaba desde una cabina telefónica en la que había que introducir monedas, se apuraba la información de resultados, de fútbol y baloncesto principalmente, y se aguardaba hasta el final de las sesiones de entrenamiento para conocer la lista de convocados o el parte de enfermería donde estaban los lesionados.

Todo Deporte se titulaba aquel programa que hacía furor en horas de sobremesa, incluso entre la población juvenil que estudiaba en La Laguna. Una audiencia sobresaliente, sin necesidad de EGM. La Unión Deportiva en Primera división, gestando una leyenda que llegó a subcampeón de Liga y años después un subcampeonato de Copa. Aquella alineación memorizada de carrerilla, ya fuera con 1-3-2-5 o después con 4-2-4, aquel conjunto con canarios de varias islas hasta que abrieron las puertas a los extranjeros y a los oriundos y se incorporaron valores que se ensamblaron perfectamente en la filosofía canterana.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado publica el Real Decreto-Ley que faculta a los gobiernos municipales la posibilidad de destinar sus superávit a un conjunto de inversiones financieramente sostenibles, entre las que figuran las líneas de actuación demandadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en materias como infraestructuras sociales,  equipamientos culturales, protección civil, educación e instalaciones deportivas, entre otras.

Es lo que conceptualmente se conoce como 'reinversión del superávit de los ayuntamientos”, iniciativa en la que, efectivamente, la FEMP volcó muchos afanes después de haber probado que las corporaciones locales, en general, habían cumplido con las exigencias planteadas por el Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para su equilibrio financiero y su saneamiento contable. La norma recoge la posibilidad de ejecutar la inversión en los años 2018 y 2019. El importe total del superávit se eleva a unos cinco mil millones de euros.

Deben quedar pocas dudas sobre la importancia que tiene la dependencia en las prestaciones sociales de nuestros días. Desde que fue aprobada en 2006, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la denominada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, configuraba un conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de dicha autonomía, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados concertados y debidamente acreditados.

Aprovechemos, por cierto, para recordar que la Ley define la autonomía personal como “la capacidad de controlar, adoptar y tomar por propia iniciativa decisiones personales, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”. En cuanto a la dependencia, se conceptúa como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Los resultados de las últimas elecciones en Italia son la constatación de los sucesivos fracasos de la socialdemocracia en Europa. Sin estrategia ni discurso, muy desnaturalizado, muy desdibujado en el espectro político, el centroizquierda apenas alcanzó el 19% de los votos. Mateo Renzi, presidente del gubernamental Partido Demócrata (PD), tuvo que dimitir. Tremendo el frenesí electoral de nuestros días: Renzi, 43 años, ya es un ex. Una de las grandes esperanzas alimentó la frustración, la ya larga sombra de la crisis. La socialdemocracia europea vaga sin alma, sin un sustrato ideológico propio, y lejos de fortalecer una alternativa a los esquemas conservadores y liberales, se inhibe con tibieza hasta propiciar que amplios sectores de población, decepcionados o desmotivados, prefieran depositar su confianza en aquéllos, siquiera con la nariz tapada, como es el caso de la corrupción en España. No es de extrañar, pues, que las derechas y los populismos extremistas, incluso las opciones xenófobas, aún fragmentadas, avancen y estudien el reparto del poder.

Hay que ir más allá de los resultados electorales. Importan, claro que sí. Para cualquier programa o cualquier organización política. Pero tal como evoluciona la política, condicionada por múltiples intereses caracterizados por el mercantilismo, es indispensable disponer de contenidos ideológicos sólidos y ganar espacios.  La crisis de la socialdemocracia debe ser contemplada entonces con suma preocupación. Después de una etapa de conquistas y de evidente bienestar, la clase trabajadora, sostén de sus bases electorales, pasó a engrosar las clases medias que, naturalmente, se van haciendo más conservadoras. Según el profesor Vicenç Navarro, los dirigentes de algunos partidos se han olvidado del concepto 'clase social', excepto “en su referencia a las siempre presentes clases medias, y dentro de una estructura social que se redefine, limitándose a hablar de ricos, clase media y pobres, o clase alta, media y baja”.

El Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE) se ha plantado y con la aportación de más de cuatrocientos casos de censura o manipulación informativa ha solicitado al Parlamento Europeo (PE) adopte medidas consecuentes. La denuncia del Consejo ha sido admitida a trámite por la Comisión de Peticiones del PE que ahora resolverá. Sus componentes, a la espera de esa resolución, han expresado su satisfacción, sobre todo porque dicha Comisión ha encargado, además, sendos informes sobre la cuestión a la Comisión Europea (CE) y a la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Pero, en todo caso, el asunto no ha hecho más que empezar.

El Consejo plantea que la Eurocámara valore sus denuncias, de modo que obligue al Gobierno de España a que haga cumplir los principios básicos de objetividad, pluralidad e imparcialidad a los que está obligado un medio público, tanto por la legislación española como por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) y la directiva europea 2010/13.

La voluntad pedagógica divulgativa es innegable en La sima del olvido (Boliche Productions), el largometraje documental de Juan José Monzón, proyectado en la noche del viernes pasado en el Instituto de Estdios Hispánicos (IEHC), del Puerto de la Cruz. Tal es así que la obra termina resultando un antes y un después en el contexto de la lucha por la memoria histórica en Canarias.

La sima es Jinámar, en Telde (Gran Canaria), una localización que inspiraba -e inspira- miedo, temor, una suerte de tabú que realizaciones como la de Monzón, con la voluntad antedicha, va quebrando. Porque el documental, confeccionado desde distintas perpsectivas metodológicas, contiene valiosos testimonios que nos trasladan a los horripilantes hechos contextualizados en la represión en plena guerra incivil y a su terminación. Jinámar es el punto final, el último disparo, el empujón, la barbarie, el abuso, el afán asesino... pero también el oscurantismo, lo insondable, el olvido...

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2016 son reveladores: el 60,9 % de los hogares españoles tienen dificultades, con los ingresos que tienen, para llegar a fin de mes. Un 27 % declara tener cierta dificultad; el 18,6 % dificultad y el 15,3 % mucha dificultad. En cifras globales, sobre un total de dieciocho millones trescientos setenta y ocho mil setecientos hogares, once millones cientos noventa y dos mil mil sesiscientos se encuentran con problemas para cubrir sus pagos habituales.

O sea, que la macroeconomía irá muy bien y las grandes magnitudes serán sobresalientes, que se hable de antes de la crisis será todo lo significativo que se quiera, pero la realidad para muchas familias españolas es distinta, dura y plagada de incertidumbres.