Tiempo de presupuestos. Casi todos, preparando las cuentas del próximo ejercicio que coincide, ya saben, con un año electoral. Preparativos, negociaciones,   preacuerdos, cálculos, bases y demás a la espera de los trámites parlamentarios y corporativos que han de desembocar en las aprobaciones definitivas, si es que se producen.

Mientras tanto, el calendario presupuestario ya empieza a fluir con ciertas prisas. Hoy mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habrá de presentar en Bruselas un borrador anticipo de las previsiones de las cuentas públicas del Estado. Se supone que los contenidos responderán a la entente alcanzada días pasados entre el PSOE y Podemos y que ya han generado rechazos del Partido Popular y Ciudadanos. En Bruselas, puede que la primera lectura tampoco guste si se confirma que la reducción del déficit público será inferior al inicialmente comprometido y si el aumento del gasto supera las cantidades estimadas razonables. Hay que tener en cuenta que España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor desfase presupuestario (el 3,1 % el año pasado) y está sujeto a un procedimiento sancionador al acumular un déficit considerado excesivo.

Estaba entre las prioridades del discurso que sustanció la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy: derogar, al menos parcialmente, la Ley de Seguridad Ciudadana, también identificada como Ley  mordaza. Van pasando los meses y el propósito sigue siendo eso, una formulación que, dadas las circunstancias políticas, tendrá que esperar. Hay que proveer mucho y bien para afrontarla, especialmente desde el punto de vista parlamentario. La fragilidad actual del partido gubernamental, como se ha comprobado, no aconseja abrir otra lata so pena de agravar la situación intramuros, pues ya se ve lo fácil y cómodo que resulta agitar algunos espantajos. Cuestión de oportunidad, pues.

La Ley, recordemos, fue severamente criticada al ser interpretada, en muchos aspectos, como un retroceso de las libertades públicas. Hasta cuarenta y cuatro conductas delictivas se consignan en la norma. Reprender antiguas faltas con sanciones más severas y sin sumisión al previo control judicial era elevar el listón autoritario en un espacio democrático donde es muy fácil traspasar las líneas que separan los derechos de manifestación y huelga, máxime cuando hay especialistas que, sin mayor rubor, se encargan de revolver con finalidades muy claras de algarada, desorden, tumulto y represión.

Se trata, en pocas palabras, de facilitar las demandas colectivas de consumo. Eso es lo que persigue una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, promovida por  quince diputados al Congreso -encabezados por  el valenciano de Coalició Compromís, Joan Baldoví-, de modo que no solo sean los fiscales y las asociaciones de consumidores quienes presenten tales demandas.

Y es que la experiencia indica que cuando se han registrado casos de fraudes sistémicos o similares, las asociaciones, entendidas como agentes sociales representativos, se han revelado como un recurso poco eficaz.  Desde el momento en que se aprecie la necesidad de corregir y el procedimiento lleve camino de eternizarse, es prioritario intervenir con urgencia.

Algo se mueve.

Por un lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el Gobierno suprimirá temporalmente los efectos del impuesto del 7% que abonan las compañías productoras de electricidad y que repercute en la facturación final de los consumidores. Ello significa que la recaudación estatal se reducirá en unos mil millones de euros. Esta merma se corregirá con modificaciones en otras partidas presupuestarias, Esta reducción, en efecto, se verá compensada, por ejemplo, con lo que se obtenga por los derechos de emisiones de C02 cuyo precio, en los últimos meses, se ha triplicado.

Canarias es una de las siete comunidades autónomas donde, a partir de hoy lunes, las agencias -unas ocho mil acreditadas en toda España- podrán vender la plazas de los viajes del Imserso. Mundosenior (costas peninsulares e interior) y Mundiplan (Baleares y Canarias) son los operadores que gestionarán las opciones de la última temporada del actual concurso. Dentro de poco, será convocado un nuevo concurso para los períodos 2019-20 y 2020-21 que deja abiertas las puertas de las prórrogas y al que, previsiblemente, se presentarán otras firmas.

Hablamos del turismo social para mayores. En efecto, el segmento senior se consolida como un importante yacimiento del mercado turístico. Lo que son las cosas: hasta hace no muchos años, era poco menos que despreciado por las propias agencias de viaje y por amplios sectores de la industria hotelera. Fueron unos cuantos, en la órbita dirigente, los que se jactaban de no vender Imserso, cuya oferta pública está subvencionada en un 21 %. Pues miren por donde: el aumento del poder adquisitivo de los mayores lo convierte en un deseado objeto de captación. El producto, inicialmente, era poco -por no decir nada- atractivo si se tenía en cuenta la baja rentabilidad y la enorme dedicación que comportaba en horas de trabajo. Pero luego, analizados los resultados y la experiencia de la denominada temporada baja, se comprobaba que los ingresos no hacían ascos. Ahí cambió el panorama.

Parece que fue ayer cuando Máxim Huerta se veía obligado a renunciar a su cargo de ministro y ya se han cumplido cien días desde que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno, vía censura, válida en el juego democrático aunque todavía hoy muchos sigan refutándola olvidándose seguramente de otros episodios similares en los que no se mostraron tan beligerantes, más bien todo lo contrario.

Aquel fue el primer tropiezo de un Sánchez resurgido de sus cenizas, capaz de demostrar que el tesón es indiscutible para alcanzar cualquier objetivo político. Aquel fue un episodio que hizo tambalearse mucho más a la derecha, groggy por el   efecto ético de la decisión pero más aún por la pérdida de poder y por la incertidumbre que se abría en su propio seno. Pero ni cortesía ni gracia: desde aquellos momentos, críticas inmisericordes, alentadas incluso en las redes sociales, no importa que fueran con falsedades y deformaciones, convenientemente aderezadas.

Los españoles somos los europeos que más normas nos saltamos cuando nos alojamos en un hotel. Es la conclusión de una encuesta hecha por el buscador de hoteles y apartamentos hotelscan.com entre turistas de toda Europa mayores de dieciocho años que hayan estado de vacaciones en un hotel al menos una vez en los últimos dos años.

Somos incorregibles. Un 90 % de los consultados respondió afirmativamente cuando fueron preguntados si alguna vez habían hecho algo prohibido. Y cuando se les cuestionó en detalle por las normas que habían infringido en el establecimiento, los resultados son reveladores:

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo de la Administración General del Estado, encargado de la promoción  en el exterior de nuestro país como destino turístico y al frente del cual está el tinerfeño Héctor Gómez, ha hecho público su último Informe prospectivo trimestral del turismo internacional hacia España, en el que destaca que las previsiones respecto a la llegada de turistas internacionales son, en general, positivas para la mayoría de los mercados.

Sin embargo, reconoce que se consolidan los síntomas de ralentización  apreciados en los meses anteriores en algunos países emisores, de modo que se presume un cambio de tendencia, al menos en lo que atañe a viajeros y pernoctaciones. A pesar de ello, el informe señala que el gasto mantiene índices positivos en gran parte de dichos países.

Se asocia el verano, los meses de vacaciones, a un incremento del gasto, a una mayor capacidad de consumo. En tiempos de bonanza económica, la tendencia a  ser menos austeros y no privarse -al menos aquellos que se lo pueden permitir- es evidente. Pero ¿cómo incide ello en la marcha de la economía? ¿Qué se desprende del comportamiento de los consumidores, siquiera en un período del año muy característico?

Por eso es interesante interpretar los datos del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que, contextualizado en las entregas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), permite aproximarse a las intenciones de gasto de los consumidores, a quienes se pregunta por su percepción actual y sus expectativas de futuro para la economía del país, su economía familiar y el empleo. El método de obtención de datos: una encuesta mensual realizada telefónicamente a una muestra de mil quinientas diez personas mayores de 16 años, representativas de la sociedad española. Según el propio CIS, el objetivo final de este Índice, uno de los más relevantes entre los que elaboran organismos e instituciones de este país, es “ser una herramienta útil para interpretar y predecir la evolución del consumo privado en España”.