Las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ ya están aquí

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Espacio de opinión de Canarias Ahora

El pasado jueves, la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales para situarnos en la primera; y Ley del Impuesto sobre las transacciones financieras, para identificar coloquialmente la segunda. Ambos proyectos de Ley continuarán ahora su tramitación en el Senado. Políticamente, el asunto se sintetiza con el respaldo o los votos del centro-izquierda a dar luz verde a las nuevos impuestos; y la oposición de los grupos parlamentarios de centro derecha.

¿En qué consisten estas nuevas tasas que, en caso de ser aprobadas, van a terminar siendo muy familiares? Hagamos una breve explicación: la tasa ‘Google’ gravará con un tipo impositivo del tres por ciento los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. En concreto, en caso de llegar a ser aprobado también por el Senado, el tributo se aplicará a las empresas dedicadas a estas actividades que registren ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. El objetivo del Gobierno es que el tributo entre en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que su liquidación tenga lugar a final del año en este primer ejercicio. La exposición de motivos del proyecto de Ley señala la necesidad de crear este impuesto para adaptar las normas fiscales a la digitalización de la economía, ya que ésta hace posible nuevas formas de negocio sin tener presencia física en el lugar donde tiene lugar la actividad, por lo que «las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades no resultan ya apropiadas».

La Comisión Europea (CE) ya promovió este impuesto hace un par de años pero el acuerdo final consistió en trasladar el debate para su creación al seno de la Además, recuerda que la Comisión Europea ya propuso este impuesto en 2018 pero que, finalmente, se acordó trasladar el debate para su creación al seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un organismo de cooperación internacional, compuesto por treinta y siete estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. En este sentido, el proyecto justifica la aprobación unilateral del impuesto por parte de España ante la tardanza para alcanzar un acuerdo a nivel internacional, pero señala el «carácter transitorio» y «provisional» de esta norma que, llegado el momento, se adaptará a la solución adoptada en el ámbito internacional.

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