La pandemia del COVID 19 ha provocado una crisis sanitaria, social y económica que está dañando, como no había sucedido nunca en períodos de paz, al conjunto de la población de Gran Canaria, al tejido productivo y a sus instituciones. Es una realidad excepcional que reclama del Cabildo de Gran Canaria, hoy más que nunca, una actuación decidida y comprometida en favor de la ciudadanía a la que representamos. Es el momento de liderar, de arriesgar, de tomar decisiones, de comprometerse, de definir estrategias, de cambiar las reglas del juego… Es el momento de utilizar todos los recursos del Cabildo de Gran Canaria para ayudar a los hombres y mujeres de esta isla que están en dificultades y a las pequeñas y medianas empresas y autónomos que generan miles de empleos y una actividad económica esencial para nuestra isla.

La lucha por salvar las vidas de las personas y reducir los efectos del virus ha supuesto la paralización de la actividad económica y, en el caso de Gran Canaria, la práctica inmovilización del turismo lo que afecta decisivamente al resto de sectores productivos. La realidad es que el daño es generalizado y nuestra obligación es apoyar y trabajar con el conjunto de la población, especialmente con las personas y colectivos más vulnerables e indefensos. De plantear alternativas y soluciones.

La transformación de Gran Canaria, a través del modelo de ecodesarrollo que guía nuestro trabajo en el Cabildo de la isla, depende de que avancemos correcta y aceleradamente hacia la soberanía energética con la introducción de las energías limpias.Hemos defendido siempre la necesidad de avanzar en un mix energético renovable sustentado en nuestras condiciones naturales (sol, viento, mar…)  y en el respeto al territorio y al paisaje. Por eso, estamos muy preocupados porque desde hace unos días anda circulando un borrador del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con las propuestas de distribución de las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Canarias y cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER. Obviamente, se trata de un borrador consensuado con el Gobierno de Canarias (Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial).La información ha levantado ampollas en los promotores fotovoltaicos y las administraciones públicas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.  Se trata de una distribución profundamente  injusta y parcial que provoca un desequilibrio importante entre los distintos territorios insulares. Distintas asociaciones han presentado, alarmadas, alegaciones a un borrador que ha preocupado gravemente a las administraciones públicas, promotores, instaladores y ciudadanía.Por supuesto, el Cabildo de Gran Canaria, además de contactar directamente con la Consejería del Gobierno de Canarias responsable de coordinar esta nueva distribución de potencia, ha formulado de manera inmediata un escrito de alegaciones. La primera de las reclamaciones que hacemos tiene que ver con el presupuesto de la convocatoria, que consideramos debe incrementarse hasta los 40 millones de euros en lugar de los 20 previstos. No se trata de una cifra arbitraria,  sino de la cantidad que se contemplaba en una convocatoria de similares características para Baleares, y parece evidente que Canarias, con una mayor demanda energética, merece como mínimo unas ayudas con un presupuesto similar al de Baleares.Además de la escasez de fondos de la convocatoria, el problema más grave que presenta es que, en lugar de equilibrar la diferencia de potencia fotovoltaica actualmente instalada entre las diferentes islas, especialmente en Gran Canaria, profundiza en ese desequilibrio de manera alarmante. En el borrador figura un reparto de potencia insular que no se relaciona con las necesidades a cubrir para lograr la máxima penetración de renovables en el archipiélago. Así, por ejemplo, la isla de Tenerife prevé instalar 94 MW más de los que actualmente dispone frente a los 32 MW a instalar en Gran Canaria. Según el Anuario Energético de Canarias de 2018, la potencia fotovoltaica instalada en la isla de Tenerife es de 116,8 MW frente a los 41,5 MW de Gran Canaria, es decir, un diferencial de 181,45% a favor de la primera, al que hay que sumar el que ya existe en potencia eólica: un 20,93% más de eólica instalada en Tenerife que en Gran Canaria.Sin embargo, la demanda de energía eléctrica en ambas islas es muy similar, por lo que la penetración de renovables debería seguir una evolución parecida, que no se está cumpliendo en estos momentos. Y hay que tener en cuenta que Gran Canaria está pendiente de la autorización administrativa para la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Almacenamiento e Hidrobombeo de Chira-Soria que, con una potencia de turbinado de 200 MW, permitirá incrementar la capacidad de penetración de energías renovables en Gran Canaria. A esto se suma la prevista interconexión con Fuerteventura y Lanzarote en un futuro, lo que supondrá un potencial muy alto de penetración de renovables para Gran Canaria a medio plazo.Es decir, de no corregirse la convocatoria del IDAE, se profundizaría en la desigualdad de potencia energética fotovoltaica instalada entre las dos islas, a pesar de que la demanda energética de ambas es similar y de que Gran Canaria está dando los pasos necesarios para aumentar muy considerablemente la penetración de energías limpias en nuestra isla. Es más, desde nuestro punto de vista, esta convocatoria debería ir justamente en sentido contrario y contribuir a equilibrar el diferencial entre islas. Por ese motivo hemos propuesto un reparto alternativo de la potencia mínima instalable para que a Gran Canaria le correspondan  95 MW en lugar de los 32 que contempla el IDAE. De no atenderse nuestra reclamación, la diferencia de potencia instalada entre Tenerife y Gran Canaria aumentaría hasta el 186,8 %, algo absolutamente inaceptable.Desde el Cabildo de Gran Canaria también hemos presentado alegaciones para aumentar el plazo de presentación de los proyectos de 2 a 6 meses, para que se incremente un 20% el presupuesto financiable unitario máximo por proyecto y así compensar los sobrecostes derivados de nuestra condición ultraperiférica así como otras medidas que tengan como objetivo favorecer la presencia de cooperativas y comunidades energéticas locales. En definitiva, hemos trabajado en una batería de propuestas que contribuirán a mejorar el borrador en el actual contexto de emergencia sanitaria, considerando nuestro hecho diferencial geográfico y corrigiendo desequilibrios que desde nuestro punto de vista impiden un abordaje equitativo de la transición energética de Canarias.El cambio de modelo energético para transitar hacia uno basado en renovables es uno de los principales ejes sobre los que debe construirse la diversificación económica de las islas. Las energías limpias son, junto con el turismo, el sector en el que contamos con una mayor ventaja comparativa, además de ser crucial para reducir emisiones, la dependencia del exterior así como los costes energéticos (ya que son las energías más baratas) haciendo más competitivos y rentables a los sectores restantes. Además, un sistema energético distribuido con participación de cooperativas, particulares, pymes y entidades locales contribuiría a democratizar el sistema energético y a repartir de manera más equitativa sus beneficios. Por eso desde el Cabildo de Gran Canaria nos hemos volcado con las políticas de soberanía energética.La fotovoltaica, la que produce el sol que nos ilumina y da calor durante todo el año, se ha convertido en la energía renovable más competitiva. La institución está en proceso de instalación de 5,34 MW de potencia fotovoltaica. Además, a través del Consejo Insular de la Energía, lanzamos un programa de subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas con una partida de 150.000 euros con el objetivo de fomentar el autoconsumo y caminar hacia un nuevo modelo que permita alcanzar la máxima soberanía energética posible a través de las renovables. La cantidad a subvencionar en cada proyecto era de 1 euro por vatio instalado, con un límite de potencia de 3.000 vatios y hemos otorgado un gran protagonismo en las subvenciones a la figura del instalador de baja tensión como representante para la gestión. A día de hoy podemos decir que esta subvención ya ha contribuido a la instalación de, al menos, 600 paneles solares.Los resultados de las subvenciones hasta ahora constituyen un éxito incontestable. En las dos primeras convocatorias se concedieron 218 subvenciones y en el poco tiempo que lleva la del 2020 se han concedido 10. Se han subvencionado 350 Kw y en total se han instalado 595 Kw. Se ha evitado la emisión de 702 toneladas de CO2 a la atmósfera. La inversión total que se ha logrado impulsar es de 1.407.000 €. Además hemos redoblado nuestra apuesta con una tercera convocatoria dotada con 200.000 € para el autoconsumo de fotovoltaica en viviendas particulares y comunidades de vecinos así como el lanzamiento de la primera convocatoria de subvenciones por un montante de 150.000 € para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en microempresas, pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores y 10 millones de € de facturación) así como entidades sin ánimo de lucro. Estamos convencidos de que el autoconsumo  de las familias y las pymes debe ser un elemento fundamental en la implantación de las renovables. Favorece una auténtica democratización de la energía y permite utilizar miles de metros cuadrados de cubiertas que consiguen también generar menos impacto en el territorio y el paisaje.Afortunadamente hoy la energía fotovoltaica, la que produce el sol que nos ilumina y dar calor durante todo el año, es la renovable más competitiva,En una situación como la actual, con un parón turístico sobrevenido y por tiempo aún indefinido, las medidas para impulsar la transición energética así como una industria local para la fabricación, montaje y mantenimiento de insumos relacionados con las energías renovables, son absolutamente imprescindibles. También desde luego la formación de nuestros jóvenes en este nuevo reto profesional. Valoramos positivamente que tanto el Gobierno de Canarias como el de España estén comprometidos también con este objetivo, ya que esta alianza progresista puede acelerar el ritmo de implantación de las energías limpias. Por eso creo que es crucial que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Energética y el Gobierno de Canarias atiendan nuestras justas reivindicaciones y contribuyan a un desarrollo energético en Canarias equilibrado entre islas y adaptado a nuestro hecho diferencial.

Hace unas semanas reflexionaba en mi artículo semanal sobre el drama que se ha vivido durante esta pandemia en las residencias de mayores en toda España. Se calcula que han muerto más de 15.000 personas en estos centros. Los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían al 67 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Y eso que no tenemos los datos completos dada la imposibilidad de realizar pruebas a todas las personas fallecidas por lo que podemos suponer que el número puede ser incluso mayor.El virus está produciendo un daño superior en la población mayor de 60 años, pero también es consecuencia de una escasez en toda España de centros públicos para atender a una de las poblaciones más envejecidas del mundo. De centros públicos y de recursos suficientes para la dependencia, la atención domiciliaria, los centros de día… Según los datos del IMSERSO el 75%  de las residencias de mayores que hay en España son privadas. Muchas de ellas están en manos de fondos buitres. Hay más de 4.000 centros privados, frente a unos 1.400 públicos. Esta misma semana el diario “Público” informaba de que los trece mayores grupos de residencias de mayores de España están controlados por fondos de inversión (algunos con sede en paraísos fiscales como Jersey), multimillonarios y empresarios implicados en el caso Gúrtel. Todos ellos alrededor de un negocio que mueve más de 4.500 millones de euros al año y que tiene un ritmo de crecimiento de casi un 4% anual. Madrid, Aragón y Asturias son las comunidades con más plazas privadas que públicas. En Canarias el porcentaje es también alto, sobre todo en Tenerife: en un informe reciente CanariasAhora.es apuntaba que Tenerife dispone de 63 residencias (el 92% privadas) y Gran Canaria 38 (el 42,1% privadas).Es una muestra de las políticas económicas neoliberales de las últimas dos décadas que han ido desmantelando paulatinamente el Estado del Bienestar y despojándonos de derechos sociales a través de privatizaciones para el lucro de fondos de inversión, multinacionales y grandes empresas. Si el impacto social de la crisis generada por la pandemia del coronavirus está siendo tan fuerte (Cáritas lleva semanas llamando la atención sobre el aumento de las demandas de peticiones de ayudas en sus oficinas) es por la situación de precariedad, desigualdad y pobreza que vivimos, incrementada por las políticas del Gobierno del Partido Popular durante la crisis que empezó en 2008 y duró hasta 2015 aproximadamente.Para el neoliberalismo el Estado del Bienestar es un lujo inaceptable que alimenta a los ociosos y desincentiva a la iniciativa emprendedora. Entienden la democracia como un instrumento para favorecer la iniciativa privada y nunca como un elemento corrector de las desigualdades, que es un fenómeno natural. Friedman, refiriéndose a Pinochet en Chile, decía  que prefería una dictadura liberal a una democracia social. La justicia social, según Hayek, anula la responsabilidad personal, eleva el poder del Gobierno sobre los ciudadanos y limita sus libertades.A finales del año pasado se publicó el último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en el archipiélago elaborado por la Fundación Foessa y publicado por Cáritas.  Revelaba que en Canarias el 29% de la población está en situación de exclusión social. Otro informe, también de 2019, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias) establecía que el 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir un total de 773.422 personas. Pese a estos datos el gasto en protección social en Canarias es inferior a la media española, ya que gastamos 2.714 euros por persona y año frente a los 3.214 euros, que se destinan en el resto del Estado.Pero en perspectiva comparada, la situación es aún más grave si cabe, ya que somos la única comunidad autónoma donde los niveles de exclusión han crecido en los últimos 5 años. Desde el 2013 a 2018  ha pasado del 28,6% al 29%. Pero es que además  la mayoría de la población  coincide en  que “los pobres son cada vez más pobres”. Hay 330.000 personas en situación de exclusión social severa que han pasado de representar un 10,7% de la población canaria en el año 2013 a un 15,7% en el año 2018, porcentaje muy superior al del conjunto de España y al resto de las comunidades autónomas.Si nos fijamos en los ámbitos en los que más dificultades encuentran las personas que están en riesgo de pobreza severa el informe destaca la vivienda, el empleo y la salud, justamente tres ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar, especialmente si contemplamos la estrecha relación existente entre educación y empleo. En nuestras islas la imposibilidad de acceder a una vivienda ocupa el primer lugar tanto para el conjunto de la población como para la población en desventaja social. El 68,1% de las personas en exclusión severa se encuentran afectadas por esta situación. Parece evidente que los 10 años que lleva Canarias sin construir una sola vivienda pública tienen bastante que ver con las dificultades de acceso a este bien básico.Si nos fijamos en el empleo vemos que no se trata tan solo de un problema de paro, ya que aparte de los problemas para la integración laboral, el 20,4% de las personas que trabajan está en situación de pobreza  en Canarias, por lo que tener un empleo ya no es sinónimo de salir de la pobreza, consecuencia de las políticas de desregulación del mercado laboral y desprotección de los trabajadores. Por último nos encontramos con las afecciones a la salud ya que por ejemplo el 12,8% de la población reside en hogares que han dejado de comprar medicinas y/o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.Si esta era la situación antes de la pandemia, después de un lustro de crecimiento moderado en el que tanto España como Europa se estaban recuperando de los efectos de la crisis económica de 2008, no es difícil imaginar la terrible situación que nos podemos encontrar tras la crisis del COVID que ha paralizado completamente por tiempo aún desconocido el sector que produce el 35% del PIB de las islas y proporciona el 40% del empleo. La exclusión y la desigualdad tienen efectos muy graves sobre la cohesión de las sociedades y si no hay un plan de actuación ambicioso, rápido y decidido las consecuencias de la actual situación son imprevisibles y la desafección ciudadana con la política y la democracia puede ser irreversible.Como he repetido en varias ocasiones últimamente, no podemos volver a cometer los errores de 2008. Ni Europa, ni por supuesto Canarias pueden encarar otra década de recortes en el estado del bienestar y de políticas de austeridad. Más bien al contrario, además de los planes de reactivación económica que se están elaborando y en los que tenemos que trabajar de manera conjunta todas las instituciones y la sociedad civil, urge igualmente en Canarias un plan de recuperación y ampliación de derechos sociales que se sustente en los tres ejes que marcan nuestra exclusión y sobre los que pivota la cohesión social: el acceso a una vivienda digna, la sanidad y salud públicas (incluyendo políticas preventivas de fomento de alimentación saludable y ejercicio físico y la dimensión sociosanitaria de atención a mayores y dependientes) y la educación pública, que además de un garante de cohesión y futuro tiene una incidencia determinante en el acceso al empleo.Estamos asistiendo y vamos a asistir a los mayores programas de intervención estatal en la economía en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. A la espera del acuerdo que se adopte en la UE es evidente que la actual crisis va a cambiar, aunque sea transitoriamente, el papel que el Estado ha venido desempeñando en la economía. Prácticamente nadie discute la necesidad de planes de estímulo públicos, lo que se discute ahora es su dimensión y a qué sectores deberían ir dirigidos. Con todas las cautelas, podemos afirmar que esta crisis ha creado la oportunidad propicia para avanzar hacia un “nuevo acuerdo verde” de inversión pública para garantizar una transición ecológica socialmente justa.Canarias se encuentra ante un punto de inflexión y, de no actuar en la dirección correcta y con la intensidad requerida, la degeneración de la situación social y económica nos va a situar ante un escenario de consecuencias graves e imprevisibles. En Gran Canaria tenemos una dirección y un compromiso indiscutibles, los recursos del Cabildo de Gran Canaria, todos, incluidos los remanentes y el endeudamiento, tenemos que destinarlos a mejorar estas condiciones sociales. Pensamos que los servicios públicos son una garantía de bienestar y de progreso y no un gasto insostenible. Es posible mantenerlos con un gran compromiso de quienes más tienen y de las administraciones públicas. Estoy convencido de que el futuro de las islas pasa por un modelo de desarrollo sostenible integral que contemple como objetivo estratégico la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad y que eso solo puede hacerse con inversión pública para la mejora y ampliación de nuestro modelo de bienestar, a partir de un gran consenso del conjunto de la sociedad.

El impacto que la pandemia del COVID19 está teniendo en nuestra sociedad está siendo brutal, en vidas humanas, en daños sociales y en parálisis económica. Pero tenemos que reponernos, tomar decisiones, sacar enseñanzas y ganar el reto de la recuperación y revitalización de nuestra isla y de toda Canarias. Y en esta reflexión urgente aparece una evidencia incontestable que es la importancia crucial de contar con un sistema sanitario público y universal, que garantice el acceso a él de toda la ciudadanía al margen de su situación económica. Gracias al sistema público de salud y al enorme esfuerzo de las personas que trabajan en la sanidad pública es por lo que, a pesar de la gravedad de la pandemia, estamos siendo capaces de frenar la propagación del virus y evitar más muerte. Esto contrasta con las noticias que llegan de otras partes del mundo sin sistemas sanitarios públicos, como es el caso de los Estados Unidos de América, donde las tasas de mortalidad entre las poblaciones empobrecidas están siendo escalofriantes.

Comparto las afirmaciones recientes de Rafael Bengoa, experto gestor en Salud Pública cuando afirma: “A pesar de las muertes, es evidente que el SNS está funcionado con gran eficacia. Se certifica así que el sistema público de salud es el modelo que necesitamos para el futuro, tanto para futuras crisis epidémicas como para poder ofrecer los servicios necesarios derivados de todas las enfermedades. También queda patente que la sanidad en un país es una inversión, no un gasto”. Lo decía Adela Cortina con otras palabras: “si las metas de la sanidad son fundamentalmente prevenir la enfermedad, curar lo que puede curarse con los medios disponibles, cuidar lo que no puede curarse y ayudar a morir en paz, la rentabilidad del mundo sanitario ha de medirse en términos de ese beneficio”.

En agosto de 2007 la OMS lanzó al mundo una severa advertencia acerca de un riesgo real de pandemia mundial. La doctora Margaret Chan, su Directora General en aquel entonces, declaró que era hora de que los países comenzaran a compartir su información para prevenir un mal mayor y dejó claro que “dada la vulnerabilidad universal a estas amenazas, una mejor seguridad exige solidaridad global. La seguridad sanitaria pública e internacional es tanto una aspiración colectiva como una responsabilidad mutua”.

En septiembre de 2019 un informe de esta misma organización insistía en que en la mayoría de los países del mundo lo habitual eran los ciclos de alerta y abandono ante la aparición de pandemias. Se aumentan los esfuerzos cuando surge la amenaza grave pero seguidamente cuando desaparece todo el mundo se olvida muy pronto.

Acaba hoy una Semana Santa que no ha tenido ninguno de los componentes que la identifican, la primera que se suspende desde 1936. Pero también ha sido el momento en el que han empezado a llegar las primeras buenas noticias. Parece que finalmente estamos consiguiendo “aplanar la curva”, que el número de nuevos contagios, hospitalizaciones y muertes va descendiendo día a día y que cada vez estamos más cerca de poder levantar el confinamiento aunque sea de manera escalonada y progresiva. Pero mientras llegue ese momento es más importante que nunca que sigamos en nuestras casas para que el esfuerzo colectivo que hemos realizado hasta ahora no haya sido en balde.

Cuando salgamos de nuestras casas el mundo al que volveremos tendrá poco que ver con el que conocíamos hasta el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma. El levantamiento de las medidas será progresivo, por lo que muchos sectores y actividades seguirán inactivos. Además en unas islas cuya principal actividad es el turismo, el impacto económico va a ser de gran calado y prolongado en el tiempo. Por eso, cuando según los responsables autonómicos, la gestión sanitaria de la crisis está bien encaminada, es el momento de pensar en el día después de la pandemia.

Estamos viviendo la situación de mayor impacto en nuestras vidas desde la guerra civil española de 1936. Ningún país previó o estaba preparado para una catástrofe como la que estamos sufriendo. La pandemia originada por el COVID-19 está llevando al límite la capacidad de nuestro sistema sanitario y en general, de nuestros sistemas de protección social. Además ya estamos preparándonos para la gestión de la difícil situación social y económica que vendrá tras la emergencia sanitaria. Pero el momento actual también ha puesto de manifiesto las consecuencias de las políticas neoliberales de recorte de lo público y la necesidad de implementar políticas más centradas en el bienestar de las personas.

La pandemia del coronavirus está haciendo daño a muchas personas, deteniendo la actividad económica y dejando sin recursos básicos a un porcentaje muy alto de nuestra población. Está incrementando el desempleo en cifras desconocidas en nuestra tierra y paralizando sectores estratégicos de nuestra actividad social como jamás había ocurrido.Para salir de esta dura situación se necesita un compromiso solidario del conjunto de nuestra sociedad. Las personas que soportan las tareas sanitarias y las que mantienen los servicios esenciales están dado un ejemplo extraordinario. Quiero agradecerlo y expresar, en nombre de los hombres y mujeres de esta isla, el reconocimiento más sincero del Cabildo de Gran Canaria. Las administraciones públicas tenemos que cumplir con la obligación de facilitar las tareas de las personas  que están en la primera línea de combate y también planificar  la salida a esta situación aportando recursos, organización y apoyo para que recuperemos, al menos, la situación anterior a esta enorme crisis sanitaria, social y económica.El Cabildo de Gran Canaria asume sus responsabilidades complementando la acción de los Gobiernos de España y de Canarias y en coordinación directa con los 21 ayuntamientos de nuestra isla. Entendemos como prioritaria la recuperación para todas las personas de sus derechos básicos a la subsistencia, el empleo y la inclusión social. Es fundamental que nuestras empresas resistan y puedan volver a generar valor económico y trabajo. Queremos tener una especial consideración con las pequeñas y medianas empresas de nuestra isla, auténticas vertebradoras del tejido socioeconómico.Vamos a estar cerca de las personas y las familias que no tienen recursos para afrontar esta situación excepcional. Y queremos colaborar en la reactivación de todos los sectores teniendo en cuenta que las personas en paro, los empresarios y empresarias autónomas y todo el sector turístico y de servicios debe levantarse para garantizar una reactivación solidaria de Gran Canaria.Nuestra isla debe recuperar, desde que las autoridades sanitarias lo permitan, todo su potencial turístico. Ahora mismo debemos consolidar también nuestro sector primario porque representa la garantía de continuidad de un modelo saludable y sostenible.En este momento la batalla contra la pandemia la ganamos manteniendo la conducta disciplinada, solidaria y comprometida que la inmensa mayoría de los y las grancanarias está manifestando estas semanas. Pero además, debemos asumir desde las administraciones públicas compromisos concretos que nos abran un horizonte de esperanza. Por eso hemos aprobado en el Cabildo de Gran Canaria un conjunto ambicioso de medidas destinadas a reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria para que desde que las autoridades sanitarias lo autoricen, la máquina de nuestra sociedad recupere la actividad con plena determinación.Reforzar los servicios públicos.De manera inmediata hemos puesto en marcha un fondo de 3,5 millones de euros con el objetivo de financiar una bolsa de empleo adicional para la contratación inmediata de personal de refuerzos o sustituciones en centros de mayores,  sociosanitarios y  de menores, crear un servicio complementario de ayuda a domicilio de usuarios de centros de día y centros ocupacionales e incrementar el servicio de teleasistencia dirigido a los mayores que no necesitan ayuda a domicilio. Igualmente hemos puesto en marcha los mecanismos administrativos con el fin de que las ONG de atención directa a las personas afectadas por la emergencia reciban desde ya las subvenciones del 2020 sin el requerimiento de la justificación de las recibidas el año anterior.Promoción de empleo y respuesta a la emergencia socialEs evidente que una de las consecuencias económicas más graves de la crisis sanitaria va a ser el desempleo que llevará aparejado el cierre de empresas, agravando este problema estructural en Canarias. Por ello nos volcaremos en medidas de fomento del empleo, a través de la creación de un fondo para la contratación de desempleados por valor de 5 millones de euros. Aportaremos además 4 millones de euros en incentivos a las empresas para la contratación de personal y el reforzamiento de los servicios sociosanitarios de atención a mayores y menores por un total de 3.250.000 euros.Muchas personas y familias que ya se encontraban en una situación precaria han visto cómo esta situación la empeoraba y las dejaba sin los escasos recursos con los que contaban. Por ese motivo transferiremos de manera inmediata 2,5 millones de euros a los ayuntamientos para ayudas de emergencia social que tengan como fin cubrir las necesidades básicas y vamos a conceder prioritariamente las subvenciones a las ONG que atienden a las personas afectadas por la emergencia. También se creará un fondo para el pago de matrículas universitarias para el curso 20/21 destinado a los estudiantes cuyos progenitores estén en situación de desempleo y se ha  prorrogado la vigencia de los bonos de transporte joven y residente por la imposibilidad de poder usarlo durante el periodo de confinamiento.  Hemos acordado también diferir y ampliar el pago de los impuestos.Apoyo a pymes, autónomos, sector primario y comercio localEl brusco parón económico que hemos sufrido va a tener un impacto muy fuerte en  autónomos y pymes, que son los que crean la mayor parte del empleo y que van a necesitar  un fuerte apoyo e impulso para evitar que se destruya una parte importante de nuestro tejido productivo. Hemos presupuestado 4 millones de euros de ayudas a trabajadores autónomos, complementando así las ayudas que otorguen las administraciones estatal y autonómica. Implementaremos una línea de microcréditos de hasta 5 millones de euros para la reactivación de las pymes y habilitaremos distintos instrumentos de financiación y aval a estas empresas a través de la SPEGC por un montante de tres millones y medio de euros.Subvencionaremos los alquileres de las pymes instaladas en el Parque Tecnológico de Gran Canaria durante el año 2020 y estableceremos un periodo de carencia hasta 2021 de los alquileres de las empresas instaladas en las estaciones de guagua de Gran Canaria. Para reactivar el comercio local una vez acaben las medidas de confinamiento adelantaremos el 50% de las subvenciones a las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. Los artesanos  y artesanas de la isla, que durante este tiempo no van a poder vender prácticamente nada, contarán con un fondo de ayuda de 120.000 euros.A pesar del aumento de consumo en el sector de la alimentación que se está experimentando estos días, el cierre de los hoteles y de la restauración así como el descenso de la afluencia a los mercados agrícolas por las restricciones a la movilidad, está provocando un grave daño al sector primario, que en los últimos años estaba en expansión. Por ello el plan de medidas incluye un millón de euros para que los productos agrícolas y ganaderos que no se hayan podido vender en los canales de comercialización habituales (hoteles, restaurantes, etc.) se integren en la red de distribución alimentaria actualmente en funcionamiento y de esta manera minimizar las pérdidas. Por otra parte, se suspenden los cortes de suministro de agua de riego a los agricultores por falta de pago  y se establece un plan de pago.Reactivación de la actividad turísticaAproximadamente el 40% del empleo de las islas depende del turismo. Nuestra capacidad para recuperarnos de esta situación depende en gran medida de que seamos capaces de reanudar esta actividad en el menor periodo de tiempo posible. Por ello destinaremos 3 millones a la  reactivación de la imagen de Gran Canaria como destino turístico cuando finalice la crisis sanitaria. También vamos a disponer de un fondo  público o  público-privado para la atracción de eventos a Gran Canaria, una vez se puedan realizar, dotado con 1.000.000 de euros. Este dinero también tendría un impacto positivo en el sector cultural, que ha visto cancelados o aplazados sine die buena parte de los eventos programados.Agilización de la gestión y apoyo a ayuntamientosEl Cabildo estará a la altura de la situación y mejorará y agilizará el pago a proveedores ya que la retribución de facturas pendientes puede dotar de liquidez a corto plazo a pymes y autónomos para superar estos meses. Crearemos equipos de trabajo - con funcionarios propios y de otras administraciones -  para agilizar la licitación de obra pública que ya cuente con presupuesto y proyecto. Para estos equipos se ha consignado un millón de euros. La Intervención General del Cabildo también se ha comprometido a simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes.Por otra parte además de la transferencia de 2,5 millones de euros a los ayuntamientos para las ayudas de emergencias, sus ingresos no se verán mermados por el aplazamiento del pago de tributos ya que el Cabildo adelantará el dinero y pondrá a su disposición los medios necesarios para hacer frente a cuantas situaciones sobrevengan durante esta crisis. En casos de excepcionalidad en la situación de alarma o en los momentos posteriores a la crisis sanitaria, el Cabildo, en la medida de sus posibilidades, estará atento a la situación de los ayuntamientos de Gran Canaria para impedir, con recursos insulares, que problemas de liquidez sobrevenidos y coyunturales puedan poner en riesgo servicios esenciales.Plan extraordinario de inversionesSuperada la crisis sanitaria, ejecutaremos un plan de inversiones con la finalidad de incentivar el empleo y la economía local por valor de 100 millones de euros. Además de la reactivación económica, es una gran oportunidad para hacer hincapié en aquellas inversiones e infraestructuras que contribuyan a la transición ecológica, a avanzar en un nuevo modelo energético renovable y a generar empleos verdes y de calidad que nos hagan más sostenibles, menos dependientes y más resistentes frente a futuras crisis.Como he explicado en reiteradas ocasiones en estos días, nuestra obsesión es que esta crisis no la terminen pagando los que menos tienen como pasó en la de 2008. No podemos permitir que se precaricen aún más las condiciones de vida de nuestra gente, y la salida a esta situación tiene que ser social, con más protección, reforzamiento del estado del bienestar, más solidaridad e inversiones que nos ayuden a modernizar nuestra economía y hacerla más sostenible y justa. Desde el Cabildo de Gran Canaria pondremos todo de nuestra parte y nuestra sociedad unida lo volverá a conseguir.

Un suceso insólito y absolutamente inesperado ha transformado nuestras vidas literalmente de un día para otro. La aparición del coronavirus en China nos pareció un fenómeno lejano hasta que se detectaron cuatro personas infectadas en La Gomera. La incidencia del coronavirus en Europa y en España y el altísimo riesgo que la pandemia entraña para la salud pública ha obligado al Gobierno a tomar medidas inéditas hasta el momento. La declaración del Estado de Alarma y la orden de confinamiento salvo para gestiones imprescindibles, para la adquisición de productos básicos, visitas médicas o atención a personas dependientes, nos sitúan ante un escenario desconocido. Están siendo semanas muy duras y difíciles, pero debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás y quedarnos en casa los que no estemos obligados a salir, porque esa es la única manera de “aplanar” la curva de contagios, frenar la expansión del virus y evitar muchas muertes. 

Quiero mostrar mi enorme agradecimiento a todas las personas que se están sacrificando para luchar contra el virus y garantizar el suministro de productos básicos así como el resto de actividades diarias necesarias. El personal sanitario, de farmacias, de supermercados, transportistas, conductores/as de transportes públicos, taxistas, repartidoras/es, personal público de servicios esenciales, trabajadores/as de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc… Hay miles de personas trabajando, en ocasiones realizando un esfuerzo extra, para garantizar la salud, la provisión de servicios básicos y para afianzar la normalidad dentro de la excepcionalidad de la situación. Se merecen nuestro más sincero aplauso y agradecimiento.