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Santiago Pérez

Santiago Pérez García  (La Laguna, 1954) es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado su labor docente durante más de 25 años. Senador por la Isla de Tenerife (1990-2000), fue portavoz adjunto y secretario general del grupo parlamentario, así como portavoz socialista en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la Comisión especial para la Reforma Constitucional del Senado y en la Comisión de Educación. Diputado del Parlamento de Canarias en la I y VI legislaturas, así como en la VII en la que ejerció de portavoz del Grupo Socialista Canario, en la actualidad es concejal del Ayuntamiento de La Laguna, tras liderar como independiente la candidatura progresista Por Tenerife-Nueva Canarias. 

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A Boris (Johnson, of course)

El sistema de gobierno inglés se desenvolvió, desde siempre, con un remarcado sentido evolutivo. Hasta cuando ha habido revoluciones, fueron en realidad el último hervor de un nuevo plato ya cocinado a fuego lento.

Nunca hubo grandes proyectos revolucionarios o contrarrevolucionarios, que requerían la demolición previa de todo lo existente, tan frecuentes (tan dantescos y, casi siempre, tan inútiles) en la historia de la Europa continental.

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Leyes espinolescas, pactos en cascada 5-G y otros asuntos

La Constitución obliga a todos, ciudadanos y poderes públicos. La igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico y, por tanto,  de nuestra convivencia social y nuestro sistema político. Los poderes públicos deberán remover todos los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Corresponde al Estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. La legislación estatal básica  (por ejemplo, en materia de Régimen Local) debe garantizar esa igualdad. Las leyes autonómicas pueden desarrollar, pero no recortar, esas condiciones básicas.

Las normas estatales prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas (por ejemplo, Régimen Local), lo que supone la inaplicación  por los operadores jurídicos primarios de la ley autonómica como único resultado respetuoso constitucionalmente… (Tribunal Constitucional, Sentencia 116/2016).

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Los escombros de un régimen

He leído en un reportaje periodístico que he sido un “concejal martillo pilón”,  “fiscalizador implacable” de Coalición Canaria. Sobre esto quería escribir.

No ha sido fácil, aunque no haya tenido nada de heroicidad, ser disidente frente al Régimen de ATI   --sí, el Régimen, aunque a Julio Pérez le extrañe el nombre porque cree que es nombre sólo correspondía al franquismo--.

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Ley de cabildos, artículo 88, o hasta mañana a las ocho

No será fácil encontrar un episodio más esperpéntico que la intentona   de Coalición-Canaria y de Ciudadanos (versión Rivera), de impedir la participación de Zambudio, Lazcano, Arriaga  y Rivero en los gobiernos de Santa Cruz y del Cabildo de Tenerife, mediante la aplicación de dos disparatadas disposiciones de las leyes de municipios y de cabildos de Canarias que les impedirían percibir retribuciones si (o una vez) eran declarados concejales y consejeros “no adscritos”.

Todo este enredo arranca allá por 2011, cuando se introdujo en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General las normas “antitransfuguismo”. 

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La Laguna: Por qué no excluir a Ciudadanos y PP

La Laguna ha votado cambio. Como en 2015; pero entonces no fue posible. Y no porque lo impidieran Ciudadanos y PP, sino el PSOE de entonces.  A nadie más que a mí le gustaría comprobar  que el PSOE  de ahora ya no es aquél.

En La Laguna, como en Canarias, la tarea a acometer no es sólo la de un cambio de Gobierno, sino la de desmontar un Régimen, un sistema de poder, casi tan duradero como el franquismo. Por eso el cambio tiene un no sé qué de Transición.

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Antonio Doreste, el cancerbero de Coalición Canaria

 “…la democracia se despliega y sufre un proceso de metamorfosis en el tiempo, renovándose a través de tanteos e intentos sucesivos que no cesan de modificar las vías y enriquecer las formas.Desde hace unos veinticinco años ha surgido una configuración inédita donde la opinión pública y el juez han pasado a ocupar el primer rango”. (Marcel Gauchet)

Recién terminada la declaración judicial del investigado, ciudadano Clavijo, el jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, -es decir, la voz de Antonio Doreste-, desplazado para la ocasión a los juzgados de la Plaza del Adelantado, enviaba este mensaje a un grupo de WhatsApp integrado por periodistas: “en el actual momento procesal, la magistrada instructora está investigando; no imputa ningún delito al presidente del gobierno”…”cuando termine la instrucción apreciará si aparecen delitos y a quiénes se les imputan”.

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El presidente-interviniente

La finalidad exclusiva de todas las iniciativas procesales del presidente/interviniente en el caso Grúas, Fernando Clavijo, principal protagonista de los hechos investigados -y por los que están imputados dos de sus antiguos subordinados durante su etapa como alcalde- es la dilatoria.

La prensa del Régimen ha montado un espectáculo grotesco porque en el encabezado del Auto de aplazamiento de la declaración de Clavijo como imputado, aparecía como interviniente. ¡Ya no está imputado! Habría que explicarle a Pomares, Lourdes Santana, Millet y compañía que ese encabezado no forma parte del Auto. Pero, sobre todo, que en la citación a Clavijo para que declarara como investigado también figuraba como “interviniente”. ¿Entonces? Clavijo sabe que está imputado. Hasta Antonio Doreste, en su particular “voto particular”, lo da por sentado.

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El magistrado Doreste o el sobreseimiento del caso Grúas

Me llamó poderosamente la atención que el magistrado Doreste, en su voto tan particular contra la remisión del Caso Grúas a los juzgados laguneros, subrayara que el aforamiento operaba para Clavijo como un recurso, como “la única oportunidad de evitar ser imputado”, “puesto que la decisión del juzgado es considerarle tal”. Esas afirmaciones no hacían sino confirmar lo que los emisarios de Clavijo venían pregonando por las esquinas desde hacía mucho tiempo: que el TSJC daría el carpetazo al Caso Grúas. El único error de previsión del Régimen fue identificar el TSJ con su presidente.

Otro imputado, José Alberto Díaz, ya reconoce que el Caso Grúas será “un proceso más largo que lo esperado por su partido”, esperanza (latinizada como spes en el voto particular de Doreste) sustentada seguramente en la teoría imaginaria del Derecho en la que se desenvuelve tan  a gusto el propio presidente del TSJC.

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El PP como relator-mediador (entre Vox y Ciudadanos)

La incorporación de un relator-mediador-notario en una mesa de partidos no tiene, en mi opinión, particular entidad objetiva; pero tiene total trascendencia en medio de un clima de confrontación civil, como el que vienen tratando de crear “los más resueltos de sus miembros” (Elliot, sobre  la revuelta de los catalanes de 1640)  del independentismo catalán y de la derecha española. Sobre todo cuando quienes pregonan la noticia son una ministra y una consejera. Es decir, los gobiernos.

El uso que pueda hacer el adversario de una decisión o de un mero gesto es algo que se aprende en la EGB de la política y, por tanto, debe saberlo un gobernante. Sobre todo cuando el adversario tiene una gran potencia de fuego mediático, como tiene la derecha aunque esté en la oposición. Así es la vida.

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El valor de la Constitución

“Las propuestas de Vox afectan a conceptos vinculados con el núcleo mismo de la Constitución, y es relevante recordar que su artículo 2 no sólo reconoce la indisoluble unidad de la nación española, sino el sistema autonómico como forma de gestión del poder territorial, que Vox pretende aniquilar” (El País, 16 diciembre)

Recién apagadas las luces de  los fastos del 40 aniversario de la maltrecha Constitución de 1978, recuerda este editorial de El País que del  núcleo duro de la Constitución no sólo forma parte el reconocimiento de la unidad de España (que presupone su existencia como comunidad  política, algo que la retórica de los nacionalismos periféricos niega con contumacia), sino el de su pluralidad territorial que está en la base del derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Y, por cierto, también el del la justicia como valor superior y, en consecuencia, la configuración de nuestro sistema político como Estado Social.

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