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Santiago Pérez

Santiago Pérez García  (La Laguna, 1954) es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado su labor docente durante más de 25 años. Senador por la Isla de Tenerife (1990-2000), fue portavoz adjunto y secretario general del grupo parlamentario, así como portavoz socialista en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la Comisión especial para la Reforma Constitucional del Senado y en la Comisión de Educación. Diputado del Parlamento de Canarias en la I y VI legislaturas, así como en la VII en la que ejerció de portavoz del Grupo Socialista Canario, en la actualidad es concejal del Ayuntamiento de La Laguna, tras liderar como independiente la candidatura progresista Por Tenerife-Nueva Canarias. 

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Clavijo "desaforado": desmontando cantinfladas

Es conveniente desmontar, para empezar, algunas cantinfladas que Clavijo dijo en el Parlamento. Lo que se está investigando no es la decisión de privatizar la gestión del servicio municipal de Grúas, allá por los 2004 y 2005, sino las trapisondas perpetradas por Clavijo varios años después. Presionar al primer concesionario del Servicio, José Padilla,  para que contratara como empleados  “fuera como fuera” a varios amigos del propio Clavijo Batlle. Ahogar económicamente a  la empresa concesionaria Auto Grúas Poli  retrasándole los pagos del Ayuntamiento, para forzar su venta a esos mismos trabajadores, que compraron a ciegas la empresa concesionaria (2011), hipotecando sus propias viviendas, confiados en la protección del ya alcalde Clavijo, que les había sugerido que podía ser un “bonito negocio”.

Cuando la empresa entró en situación de insolvencia, con más de 300.000 euros de deudas con los trabajadores, la Seguridad Social y las haciendas estatal y autonómica, incumpliendo además gravemente sus obligaciones contractuales con el Ayuntamiento, Clavijo utilizó todo el poder de la alcaldía  para proteger los intereses de sus amigos: intervino “temporalmente” el Servicio; decidió al margen de la ley darle a la empresa concesionaria un préstamo en dinero público de 120.000 euros, para maquillar la bancarrota; y finalmente, prorrogó por cuatro años más (que pueden llegar hasta 15, según el contrato que sigue vigente) una concesión que -con la Ley en la mano- tuvo que ser resuelta, rescatado el servicio y sacado de nuevo a concurso público. Todo ello saltándose las advertencias de ilegalidad reiteradamente formuladas por la Intervención General del Ayuntamiento.

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La aplicabilidad directa de la reforma electoral

El sistema electoral al Parlamento de Canarias, que será derogado próxima, feliz y formalmente, fue concebido no solo para apuntalar y perpetuar  a Coalición Canaria  (y los intereses que representa) en el gobierno, impidiendo la alternancia,  sino para consolidar organizativamente a la propia Coalición Canaria bajo la batuta de la siempre rediviva ATI.

Fue la subida de las barreras electorales la que ponía en manos de ATI el ticket del 6%, como garantía de la presencia de las agrupaciones insulares en el Parlamento en el caso de no ganar las elecciones o no superar el 30% de los votos en su respectiva isla. Y por tanto la hegemonía de los insularistas tinerfeños-después nacionalistas sobre Coalición Canaria.

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Medianeros

Todos los agentes de Coalición Canaria (el “Régimen”, en lo sucesivo), se han echado al ruedo contra Pedro Sánchez por no haber recibido --aunque fuera 20 minutitos-- a Clavijo durante su breve estancia en Lanzarote.

Sin detenerse en tiquis-miquis argumentales, han saltado de criticar una actitud que califican de no institucional, sino partidista, a emplear palabras gruesas contra el Gobierno-PSOE acusándole de deslealtad con los partidos constitucionalistas y de estar sometido a los separatistas de todos los colores.

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La Virgen de La Candelaria bajó del cielo a la arena

Y al pisar tierra canaria, se volvió toda morena.

Esta no es una diatriba contra la religión. Todo lo contrario: escribo con el mayor respeto hacia creencias y sentimientos del ser humano desde que, con el primer atisbo de inteligencia, empezamos a formularnos las preguntas que  nos han acompañado para siempre.

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El "nuevo pueblo" según Oramas

Coalición Canaria, con Oramas de portavoz estelar, ha vuelto a brindarnos un ejercicio insuperable de cinismo, suplantación e impostura. Y todo a cuenta de la aprobación por el Congreso de la Reforma del  Estatuto de Autonomía.

Si se trata de  “un día de felicidad”, tenemos que agradecer a Coalición Canaria  que este magno acontecimiento se haya retrasado, más de 10 años, por su exclusivo interés partidista.

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Un paraíso de prevaricación

El Estado de Derecho democrático consiste en esencia en que las principales decisiones políticas las toma en forma de Leyes una asamblea representativa de la ciudadanía y el Gobierno y la Administración actúan con pleno sometimiento a esas Leyes (principio de legalidad). Y la legalidad de su  actuación queda bajo el control de jueces independientes.

El control judicial no se pone en marcha de oficio, es decir por iniciativa de los propios jueces; sino que depende, por lo general, de la interposición de un recurso por parte de los ciudadanos contra los actos y normas dictados por el poder Ejecutivo y la Administración.

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¿La dimisión de Rajoy desactiva la moción de censura?

En opinión de un jurista de pueblo como yo, no.

La Constitución regula con carácter general los efectos de la dimisión del Presidente del Gobierno: cesa; el Gobierno, sin el presidente, queda en funciones; y el Jefe del Estado abre una ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios con la finalidad de comprobar quién puede reunir los apoyos necesarios y proponerlo como candidato a la Investidura.

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En la encrucijada

España como sociedad organizada en Estado, vive un momento delicado.

La Constitución de 1978 representó un pacto de convivencia para intentar encauzar  con éxito los principales problemas que habían condicionado durante demasiado tiempo la historia española. No eran problemas excepcionales, diferentes a los que han tenido que afrontar  otros países occidentales: protección de las libertades públicas, corrección de las desigualdades sociales más lacerantes, reconocimiento de la pluralidad territorial, laicidad del Estado, contención del poder militar…para hacer posible una convivencia pacífica.

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La Ley del Suelo hace aguas

La Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria es  la más intensa garantía introducida por la legislación medioambiental europea. La legislación estatal obliga a someter a ella, con carácter previo a su aprobación o a su modificación, todos   los planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos.

Proyectos referidos a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

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Valle de Guerra bien vale la pena

El pacto sobre el futuro PGO alcanzado entre las entidades y colectivos representativos de Valle de Guerra es un acontecimiento muy importante. Tanto que marca un camino a seguir.

Han firmado un acuerdo sobre un modelo de ordenación que permitirá armonizar  desarrollo económico, respeto al suelo agrario y una forma de ser y de vivir, construida a lo largo de generaciones de valleros.

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