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Santiago Pérez

Santiago Pérez García  (La Laguna, 1954) es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado su labor docente durante más de 25 años. Senador por la Isla de Tenerife (1990-2000), fue portavoz adjunto y secretario general del grupo parlamentario, así como portavoz socialista en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la Comisión especial para la Reforma Constitucional del Senado y en la Comisión de Educación. Diputado del Parlamento de Canarias en la I y VI legislaturas, así como en la VII en la que ejerció de portavoz del Grupo Socialista Canario, en la actualidad es concejal del Ayuntamiento de La Laguna, tras liderar como independiente la candidatura progresista Por Tenerife-Nueva Canarias. 

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La Laguna: Por qué no excluir a Ciudadanos y PP

La Laguna ha votado cambio. Como en 2015; pero entonces no fue posible. Y no porque lo impidieran Ciudadanos y PP, sino el PSOE de entonces.  A nadie más que a mí le gustaría comprobar  que el PSOE  de ahora ya no es aquél.

En La Laguna, como en Canarias, la tarea a acometer no es sólo la de un cambio de Gobierno, sino la de desmontar un Régimen, un sistema de poder, casi tan duradero como el franquismo. Por eso el cambio tiene un no sé qué de Transición.

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Antonio Doreste, el cancerbero de Coalición Canaria

 “…la democracia se despliega y sufre un proceso de metamorfosis en el tiempo, renovándose a través de tanteos e intentos sucesivos que no cesan de modificar las vías y enriquecer las formas.Desde hace unos veinticinco años ha surgido una configuración inédita donde la opinión pública y el juez han pasado a ocupar el primer rango”. (Marcel Gauchet)

Recién terminada la declaración judicial del investigado, ciudadano Clavijo, el jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, -es decir, la voz de Antonio Doreste-, desplazado para la ocasión a los juzgados de la Plaza del Adelantado, enviaba este mensaje a un grupo de WhatsApp integrado por periodistas: “en el actual momento procesal, la magistrada instructora está investigando; no imputa ningún delito al presidente del gobierno”…”cuando termine la instrucción apreciará si aparecen delitos y a quiénes se les imputan”.

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El presidente-interviniente

La finalidad exclusiva de todas las iniciativas procesales del presidente/interviniente en el caso Grúas, Fernando Clavijo, principal protagonista de los hechos investigados -y por los que están imputados dos de sus antiguos subordinados durante su etapa como alcalde- es la dilatoria.

La prensa del Régimen ha montado un espectáculo grotesco porque en el encabezado del Auto de aplazamiento de la declaración de Clavijo como imputado, aparecía como interviniente. ¡Ya no está imputado! Habría que explicarle a Pomares, Lourdes Santana, Millet y compañía que ese encabezado no forma parte del Auto. Pero, sobre todo, que en la citación a Clavijo para que declarara como investigado también figuraba como “interviniente”. ¿Entonces? Clavijo sabe que está imputado. Hasta Antonio Doreste, en su particular “voto particular”, lo da por sentado.

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El magistrado Doreste o el sobreseimiento del caso Grúas

Me llamó poderosamente la atención que el magistrado Doreste, en su voto tan particular contra la remisión del Caso Grúas a los juzgados laguneros, subrayara que el aforamiento operaba para Clavijo como un recurso, como “la única oportunidad de evitar ser imputado”, “puesto que la decisión del juzgado es considerarle tal”. Esas afirmaciones no hacían sino confirmar lo que los emisarios de Clavijo venían pregonando por las esquinas desde hacía mucho tiempo: que el TSJC daría el carpetazo al Caso Grúas. El único error de previsión del Régimen fue identificar el TSJ con su presidente.

Otro imputado, José Alberto Díaz, ya reconoce que el Caso Grúas será “un proceso más largo que lo esperado por su partido”, esperanza (latinizada como spes en el voto particular de Doreste) sustentada seguramente en la teoría imaginaria del Derecho en la que se desenvuelve tan  a gusto el propio presidente del TSJC.

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El PP como relator-mediador (entre Vox y Ciudadanos)

La incorporación de un relator-mediador-notario en una mesa de partidos no tiene, en mi opinión, particular entidad objetiva; pero tiene total trascendencia en medio de un clima de confrontación civil, como el que vienen tratando de crear “los más resueltos de sus miembros” (Elliot, sobre  la revuelta de los catalanes de 1640)  del independentismo catalán y de la derecha española. Sobre todo cuando quienes pregonan la noticia son una ministra y una consejera. Es decir, los gobiernos.

El uso que pueda hacer el adversario de una decisión o de un mero gesto es algo que se aprende en la EGB de la política y, por tanto, debe saberlo un gobernante. Sobre todo cuando el adversario tiene una gran potencia de fuego mediático, como tiene la derecha aunque esté en la oposición. Así es la vida.

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El valor de la Constitución

“Las propuestas de Vox afectan a conceptos vinculados con el núcleo mismo de la Constitución, y es relevante recordar que su artículo 2 no sólo reconoce la indisoluble unidad de la nación española, sino el sistema autonómico como forma de gestión del poder territorial, que Vox pretende aniquilar” (El País, 16 diciembre)

Recién apagadas las luces de  los fastos del 40 aniversario de la maltrecha Constitución de 1978, recuerda este editorial de El País que del  núcleo duro de la Constitución no sólo forma parte el reconocimiento de la unidad de España (que presupone su existencia como comunidad  política, algo que la retórica de los nacionalismos periféricos niega con contumacia), sino el de su pluralidad territorial que está en la base del derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Y, por cierto, también el del la justicia como valor superior y, en consecuencia, la configuración de nuestro sistema político como Estado Social.

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Clavijo quiere un tribunal solo para él

Lleva mintiendo vergonzosamente varias semanas a los canarios: repite todos los días que le da lo mismo que le investigue el Tribunal Superior de Justicia  que el Juzgado de Instrucción de La Laguna; pero está revolviéndose como gato panza arriba para que el Tribunal Superior de Justicia, ejerciendo  una jurisdicción que ya no tiene,  archive el caso.

Un Caso  en el que, según la lógica más elemental, será imputado por actos relacionados con la corrupción desde que sea devuelto a La Laguna.

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Clavijo "desaforado": desmontando cantinfladas

Es conveniente desmontar, para empezar, algunas cantinfladas que Clavijo dijo en el Parlamento. Lo que se está investigando no es la decisión de privatizar la gestión del servicio municipal de Grúas, allá por los 2004 y 2005, sino las trapisondas perpetradas por Clavijo varios años después. Presionar al primer concesionario del Servicio, José Padilla,  para que contratara como empleados  “fuera como fuera” a varios amigos del propio Clavijo Batlle. Ahogar económicamente a  la empresa concesionaria Auto Grúas Poli  retrasándole los pagos del Ayuntamiento, para forzar su venta a esos mismos trabajadores, que compraron a ciegas la empresa concesionaria (2011), hipotecando sus propias viviendas, confiados en la protección del ya alcalde Clavijo, que les había sugerido que podía ser un “bonito negocio”.

Cuando la empresa entró en situación de insolvencia, con más de 300.000 euros de deudas con los trabajadores, la Seguridad Social y las haciendas estatal y autonómica, incumpliendo además gravemente sus obligaciones contractuales con el Ayuntamiento, Clavijo utilizó todo el poder de la alcaldía  para proteger los intereses de sus amigos: intervino “temporalmente” el Servicio; decidió al margen de la ley darle a la empresa concesionaria un préstamo en dinero público de 120.000 euros, para maquillar la bancarrota; y finalmente, prorrogó por cuatro años más (que pueden llegar hasta 15, según el contrato que sigue vigente) una concesión que -con la Ley en la mano- tuvo que ser resuelta, rescatado el servicio y sacado de nuevo a concurso público. Todo ello saltándose las advertencias de ilegalidad reiteradamente formuladas por la Intervención General del Ayuntamiento.

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La aplicabilidad directa de la reforma electoral

El sistema electoral al Parlamento de Canarias, que será derogado próxima, feliz y formalmente, fue concebido no solo para apuntalar y perpetuar  a Coalición Canaria  (y los intereses que representa) en el gobierno, impidiendo la alternancia,  sino para consolidar organizativamente a la propia Coalición Canaria bajo la batuta de la siempre rediviva ATI.

Fue la subida de las barreras electorales la que ponía en manos de ATI el ticket del 6%, como garantía de la presencia de las agrupaciones insulares en el Parlamento en el caso de no ganar las elecciones o no superar el 30% de los votos en su respectiva isla. Y por tanto la hegemonía de los insularistas tinerfeños-después nacionalistas sobre Coalición Canaria.

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Medianeros

Todos los agentes de Coalición Canaria (el “Régimen”, en lo sucesivo), se han echado al ruedo contra Pedro Sánchez por no haber recibido --aunque fuera 20 minutitos-- a Clavijo durante su breve estancia en Lanzarote.

Sin detenerse en tiquis-miquis argumentales, han saltado de criticar una actitud que califican de no institucional, sino partidista, a emplear palabras gruesas contra el Gobierno-PSOE acusándole de deslealtad con los partidos constitucionalistas y de estar sometido a los separatistas de todos los colores.

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