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Santiago Pérez

Santiago Pérez García  (La Laguna, 1954) es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado su labor docente durante más de 25 años. Senador por la Isla de Tenerife (1990-2000), fue portavoz adjunto y secretario general del grupo parlamentario, así como portavoz socialista en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la Comisión especial para la Reforma Constitucional del Senado y en la Comisión de Educación. Diputado del Parlamento de Canarias en la I y VI legislaturas, así como en la VII en la que ejerció de portavoz del Grupo Socialista Canario, en la actualidad es concejal del Ayuntamiento de La Laguna, tras liderar como independiente la candidatura progresista Por Tenerife-Nueva Canarias. 

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 93

¿Qué democracia? (III)

En amplios sectores de la ciudadanía de siguen sin comprenderse algunas cuestiones claves de la democracia. Por eso encuentran tanto eco proclamas como “nunca puede ser delictivo el ejercicio del voto, ni llamar a las urnas”.

Hay dos grandes formas de entender la democracia con muy hondas raíces históricas. La de signo autoritario: la democracia es el gobierno de la mayoría. Y la de origen liberal: la democracia como poder de la mayoría, pero un poder limitado por los derechos individuales y los de las minorías (políticas, étnicas, religiosas, de orientación sexual...) protegidos por la Constitución.

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¿Existió la violencia propia del delito de rebelión? (II)

Si se exige, como considera el Tribunal de Schlewig Holstein, que la violencia sea eficaz para “doblegar al organismo constitucional”, no.

Pero, en mi opinión, el criterio de los jueces alemanes  parte de considerar que la violencia surge y se utiliza súbitamente y no, como la experiencia demuestra, que puede evolucionar en función de las circunstancias (espiral acción-reacción) hasta acabar desencadenándose plenamente. Y consideran también que no existe violencia al margen de una insurrección exitosa, lo que excluiría las formas de tentativa y frustración en el delito de rebelión. Ambos criterios tienen, a mi parecer, poca consistencia. Lo demuestran las propias consideraciones del Tribunal alemán al reconocer que “sí hubo violencia y responsabiliza de ella a Puigdemont”, pero “no fue suficiente para doblegar al órgano constitucional”.

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Puigdemont: ¿sólo malversación? (I)

¿Se persigue en España a las personas por sus ideas políticas? En mi opinión, no.

No hay sistema político -y menos debe haber en los que pretenden fundarse en los principios democráticos y en el respeto a los derechos fundamentales- ni ordenamiento jurídico que no reaccionen contra cualquier estrategia para atacar las decisiones políticas fundamentales en que se asienta e implantar -por la vía de los hechos- un nuevo orden: en este caso el de un Estado catalán independiente, quebrando la unidad de España como comunidad política.

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'La Opinión', el caso Grúas y la “interferencia” de la Audiencia

Definitivamente, El Régimen de ATI pretende imponernos a los tinerfeños un mundo al revés. Porque es darle la vuelta a la realidad reconvertir el Estado democrático de Derecho en la reencarnación de sistema caciquil, con luz, sonido y nuevas tecnologías de la comunicación, censura-sin-oficina-del-censor…y todos los modernismos que se quiera, pero caciquismo redivivo.

Y necesitado, como el viejo caciquismo, de mantener a la gente de esta tierra en el mayor desconocimiento posible sobre asuntos que le conciernen y, sobre todo, sobre cómo es y cuáles son las garantías propias de una sociedad libre.

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Gamberrismo propagandístico en La Laguna

Que Coalición Canaria usa eslóganes en lugar de argumentos  y propaganda con dinero público en lugar de información es cosa ya sabida. En realidad es la marca, la única marca de la casa.

Pero de último, sobre todo en La Laguna, ha incorporado otra seña de identidad, suya de ellos: una buena dosis de gamberrismo.

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Autoridad Portuaria de Las Palmas, botín de guerra

¡Por fin saltó! Me refiero a Ángel Víctor. Y con él, es un suponer, lo que dice ser y llamarse PSC-PSOE.

No habían saltado hasta ahora, a pesar de la cadena infinita de traiciones, menosprecios, tomaduras de pelo, vacilones… de Clavijo y su banda que se han ido sucediendo desde que en 2015  la dirección del PSC-PSOE decidió entregarle la presidencia del Gobierno a una maltrecha Coalición Canaria, tercera en votos  (aunque primera en escaños, después del paso de los votos por la tolva el sistema electoral).

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El bolígrafo rojo

Como no puedo sentir al Partido Socialista como algo ajeno, he sentido vergüenza propia al saber del concierto alcanzado entre  Clavijo y Casimiro y Ángel Víctor para amordazar a los diputados  (y, por tanto, al Parlamento) durante la votación sobre las nuevas incorporaciones al Consejo de la tv autonómica.

Una mordaza y una (otra) humillación al PSOE y a sus votantes.

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Clavijo miente (una vez más)

Desmontar las mentiras del Régimen de ATI es una tarea ardua. No porque sean sutiles, sino porque las difunden con miles, millones de euros de dinero público gastados en propaganda. Y porque se aprovechan del desconocimiento de la gente, al modo del caciquismo de siempre.

Pero defender la verdad es una tarea imprescindible para ayudar a formar una opinión pública libre, sin cuya existencia la democracia se convierte en una farsa.

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¿Qué federalismo?

He leído con respeto las ideas desarrolladas por eminentes profesores de Derecho Constitucional y Administrativo sobre la inaplazable reforma constitucional para “poner remedio” a la “crisis constitucional en la que estamos inmersos”.

Creo que España no padece ninguna “secular maldición” que nos haya abocado a la revolución o a golpes de Estado ante las crisis constitucionales, en lugar de encauzarlas mediante la reforma constitucional. No existe ni nunca existió dicha maldición, sino una sociedad con grandes desigualdades y una intolerancia casi genética que han impedido asentar un modelo de convivencia en el que se encaucen jurídica y pacíficamente los conflictos sociales.

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Bruselas, la Ley del Suelo y los trompeteros de Clavijo

Clavijo y los constructores y promotores inmobiliarios  --que tanto monta--  saben perfectamente que eso que llaman  Bruselas, que según ellos ha bendecido la conformidad  de la Ley del Suelo con la normativa medioambiental de la Unión Europea,  es meramente un escuálido informe de  la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Saben que ese  informe    --del que sólo Clavijo y sus cuates tienen conocimiento--  ha sido emitido a requerimiento del Parlamento Europeo  que continua tramitando una petición de la Plataforma canaria “Por un Territorio Sostenible”. Sí: la misma denuncia que el Gobierno de Canarias intentó infructuosamente  que se archivara en el debate que en septiembre sostuvimos en la Comisión de Peticiones.

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