Unidad democrática frente a la reacción ultraconservadora

Al gran capitalismo le viene sobrando la democracia, y no digamos el Estado Social (sí, ése que proclama la Constitución de 1978 nada más abrirla), desde hace ya algunas décadas.

En realidad de lo que se trata a nivel planetario y, cómo no, en España, es convertir al Estado en una herramienta a disposición de “un sector inusualmente estrecho”, que diría Chomsky, de los poderes financieros y empresariales, poniendo a su servicio las políticas estatales, en perjuicio de lo que los laboratorios de ideas reaccionarias norteamericanos llaman “población subyacente”, y en la Roma antigua “la plebe”, y a las generaciones futuras. Para lograr ese objetivo hace falta mucho autoritarismo y sobra cualquier atisbo de democracia.

En España, la deriva antidemocrática está alcanzando velocidad de crucero. En primera fila -pero no en el verdadero puesto de mando- figuran personajes cuya mediocridad sólo es comparable con su falta de escrúpulos: los feijóos, ayusos, abascales…son verdaderamente inimitables.

Y tienen programa, ¡vaya que sí tienen programa!: vuelta atrás en derechos laborales, regalos fiscales a las grandes fortunas, amnistías a los grandes evasores de impuestos (30.000 millones de euros, que se sepa), privatización de la sanidad y la educación, degradación territorial y ambiental…Y todo eso, y mucho más, requerirá importantes retrocesos en libertades y en derechos políticos: control absoluto (aunque ya casi lo tienen) de los medios informativos, leyes mordaza…Es que todo eso, históricamente, forma el pack indisoluble de reaccionarismo político e involución social. 

Pero ese programa hay que ocultarlo, como siempre, con el manoseo y la profanación del nombre de España: el eslogan “Toma Partido (PP) por España” es la coronación de la desvergüenza.

Capítulo aparte merece el control de las más altas instancias judiciales. Durante largos años de secuestro del Consejo General del Poder Judicial, en una obscena imitación de lo que desde los años 70 ha venido haciendo la derecha norteamericana, han ido copando mediante designaciones discrecionales puestos claves en la cúspide de la judicatura. Los “elegidos” no están defraudando a sus patrocinadores: que en España sigan completamente impunes las miles de muertes en las residencias de Madrid, que la jueza que investiga las responsabilidades de la DANA esté siendo acosada, que la fiscala que pretendía conocer el contenido del correo aromero@minhap.es, el correo B del ministro Montoro, haya sido sancionada por el Fiscal Anticorrupción; pero no en cualquier país, sino en el mismo país en el que el juez Peinado pretende acceder al contenido del correo de Begoña Gómez en los últimos 8 años… Todo eso es simplemente estremecedor. Y eso por no hablar de la dimensión delictiva de embarcar a España en una guerra ilegal y basada en mentiras, y exponer a los españoles a riesgos sobre sus vidas y sus bienes (atentado de Atocha), ejecutada por el impune y summus pontifex Aznar.

Fruto de este control es el acorralamiento del fiscal general del Estado, después de de un proceso inquisitorial en el que no se han podido comprobar indicios consistentes de la “divulgación” de secretos, ni se han tenido en cuenta muy fehacientes contraindicios aportados notarialmente por varios periodistas, ni -lo que es definitivamente incomprensible- que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece desde el principio de su articulado el deber de la Fiscalía, que no es sólo moral sino legal, de velar por el respeto a las instituciones (art. 3.4) y la potestad de informar a la opinión pública en el ámbito de sus competencias(art. 4.5): desmintiendo, por ejemplo, la manipulación informativa desplegada por Ayuso y su entorno sobre el reconocimiento del delito fiscal cometido por su pareja, Alberto González Amador.

Con este panorama ya han empezado a aparecer la voces “sensatas” de quienes empiezan a predicar la conveniencia de que el PSOE acabe respaldando a un gobierno en minoría del PP, si resultara el partido con más escaños tras unas no muy lejanas elecciones, para evitar un Gobierno PP/VOX. 

Discrepo profundamente de esas cartas pastorales, porque la tarea prioritaria es evitar que las derechas en plena efervescencia reaccionaria ganen las futuras elecciones, a pesar de la destacada labor del Gobierno. Y esa tarea requiere no sólo del concurso de todas las organizaciones y personas progresistas, sino del de quienes simplemente se sientan comprometidos con el modelo de convivencia y el sistema político alumbrado por la Constitución de 1978.

Recordaba Paul Preston (Las tres Españas de 1936) que en las elecciones de 1933 el PSOE obtuvo 58 diputados, a pesar de sus 1.627.472 votos. Y que 806.340 votos dieron a los radicales de Lerroux 104 escaños en el Congreso, lo que permitió a las derechas hacerse con el Gobierno de la República.

Este dato lo traigo a cuenta porque la imprescindible unidad democrática exigirá dejar de lado sectarismos y poner mucha inteligencia a la hora, incluso, de diseñar candidaturas conjuntas donde sea eficaz electoralmente. Rescatemos las fecundas tradiciones de los acuerdos entre republicanos y socialistas, patrocinados tenazmente por don Inda Prieto, así como las experiencias de juntas y plataformas democráticas en el franquismo tardío, para optimizar la relación votos/escaños-en-defensa-de-la-democracia, dadas las características de nuestro sistema electoral que, aunque proporcional, prima a las listas más votadas y tiene un sesgo de sistema mayoritario en las circunscripciones provinciales con pocos escaños en juego y, además, con un importante plus de representatividad en el Congreso.

No desperdiciar ni un sólo voto para defender la democracia y el Estado Social de la reacción autoritaria y evitar que el Estado y las políticas “públicas” acaben bajo el control y al servicio de los intereses de un “sector inusualmente estrecho”, pero muy poderoso, del mundo empresarial.