Amenaza de cierre para Cepsa: la Fiscalía pide su disolución y acusa a la Hacienda canaria de ignorar un presunto fraude de 7,7 millones

Una causa judicial abierta en 2022 en la provincia de Las Palmas compromete el futuro de la antigua Cepsa, ahora denominada Moeve. La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la compañía petrolera y una de sus directivas, la responsable del área de Impuestos Indirectos, por un presunto fraude de 7,7 millones de euros a la Agencia Tributaria de Canaria entre enero de 2016 y octubre de 2020. En ese escrito de calificación, el Ministerio Público pide, entre otras penas, la “disolución de la persona jurídica”. Esto es, la desaparición de la empresa.

También se sentarán en el banquillo tres altos cargos de la Hacienda canaria a los que la Fiscalía acusa de haber ignorado durante 28 meses las denuncias que una empresa de la isla de Fuerteventura había formulado por esos mismos hechos, vinculados con el impuesto autonómico sobre combustible derivado del petróleo.

Durante los seis años objeto de investigación la empresa Petrocan, filial de Cepsa en Canaras, habría tributado como fuelóleo el gasóleo que importaba para distribuir por las Islas. La diferencia es sustancial. Por cada tonelada métrica de fuelóleo (un tipo de combustible más pesado y viscoso, utilizado para plantas de energía eléctrica, calderas u hornos) se paga 0,56 euros. Por cada mil litros de gasóleo (usado, principalmente, para los motores diésel de los vehículos), 222 euros.

Para la Fiscalía, se trató de una decisión “deliberada y sistemática” de la empresa “con el claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública autonómica”. Así, las arcas públicas regionales habrían dejado de ingresar durante ese periodo 7,7 millones de euros (781.295,5 euros en 2016; 404.134,8 en 2017; 1.443.675,3 en 2018; 2.359.398,7 en 2019; 1.582.436,35 en 2020, y 1.202.359,5 hasta octubre de 2021).

Consultada la compañía petrolera (ahora, Moeve) ha manifestado su postura: “Esperamos que la actuación de la justicia resuelva con prontitud este caso y confirme la correcta aplicación de la fiscalidad efectuada por Moeve al producto denominado Diesel Oil, de uso industrial y no vinculado con la actividad de estaciones de servicio”.

Su postura en la causa es la de que en esa actuación no hubo ningún ánimo defradatorio y que liquidó el combustible con el tipo impositivo del fuelóleo porque ese producto, que importaba bajo la etiqueta aduanera de “Marine Diesel Oil sin trazar” y vendía con la denominación Diesel Oil Industrial, tiene un uso industrial. Además, incide en que la Agencia Tributaria Canaria modificó el impuesto especial en 2023 para aplicar un tipo de 90 euros por tonelada métrica.

Denuncias ante la Agencia Tributaria Canaria

La primera denuncia por estos hechos fue formulada en julio de 2019 ante la Agencia Tributaria Canaria por el administrador de Maxoinversiones, una empresa que opera en el sector de los hidrocarburos y que tiene su sede en Fuerteventura. En octubre de 2020 presentó una ampliación y cuatro meses después (febrero de 2021), ante la falta de respuesta de la Hacienda canaria, decidió llevar el caso a la Fiscalia, que abrió diligencias de investigación en septiembre de 2021. Es decir, 28 meses después de la denuncia inicial.

Hasta ese ese momento, según el relato contenido en el escrito de acusación de la Fiscalía, la Agencia Tributaria Canaria no había ejecutado “ninguna actividad material y sustancial de actuación (prevención, fiscalización, gestión o inspección)”.

Los delitos y las penas

Después de más de tres años de investigación en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria (ahora Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital), el fiscal Tomás Fernández de Paiz, que ejerce en Fuerteventura y está especializado en delitos económicos, solicitó recientemente la apertura de juicio oral contra Cepsa y cuatro investigados.

El Ministerio Público entiende que la compañía petrolera y su responsable de Impuestos Indirectos, M.I.M.M., han cometido seis delitos contra la Hacienda Pública, cinco de ellos agravados (en todos los ejercicios investigados, a excepción de 2017).

La alto cargo de la empresa se enfrenta a penas que suman 28 años de cárcel (tres por el presunto fraude de 2017 y cinco por cada uno de los agravados), además de una multa de 25,2 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de doce años.

La Fiscalía solicita una multa de 13,25 millones a Cepsa, 750.000 euros por el presunto fraude de 2017 y 2,5 millones por cada uno de los delitos agravados. Para el supuesto delito cometido en 2017, solicita la suspensión de la actividad empresarial durante cuatro años. Sin embargo, para los cinco restantes exige la “disolución” de la compañía, su cierre definitivo. En el escrito, el representante del Ministerio Público hace constar que esa petición de condena se dirige contra Cepsa “con esta o nueva denominación posterior”. Cepsa se convirtió en Moeve en octubre de 2024.

Para los tres funcionarios procesados de la Agencia Tributaria Canaria pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años. Son F.T.C., que fue jefa de Tributos a la Importación y Especiales y subdirectora de Grandes Contribuyentes de la Hacienda canaria durante este periodo; D.M.L.T, que también fue subdirector antes de ser nombrado jefe de Inspección Tributaria, y O.C.C., adjunta jefa de Inspección Tributaria y subdirectora de Inspección y Planificación. Según la Fiscalía, estos altos cargos tenían conocimiento de las denuncias del empresario de Fuerteventura y de su contenido, y a pesar de ello, no adoptaron “las medidas legales oportunas para la investigación de esos hechos”, a pesar de que era su deber legal.

Cepsa- Moeve

Cepsa anunció en octubre de 2024 el cambio de nombre. Desde esa fecha se llama Moeve. En aquel momento la compañía defendió que esa modificación era consecuencia del “avance” de una transformación que había iniciado dos años antes “para convertirse en el referente de de la energía y la movilidad sostenibles”.

Moeve obtuvo un beneficio neto de 92 millones de euros en 2024. Según el último balance depositado en el Registro Mercantil, las ventas durante ese ejercicio ascendieron a 21.277 millones de euros. La compañía cuenta con cerca de 2.800 empleados.