Con dos centros cerrados y 15 detenidos por presuntos malos tratos, una ONG sigue atendiendo a mil menores migrantes en Canarias

19 de mayo de 2025. La Justicia ordenó la clausura y el precinto del centro de menores migrantes La Fortaleza I, en Gran Canaria. En él vivían 43 jóvenes llegados a las islas en patera y sin familia, que tuvieron que ser reubicados en diferentes recursos del Archipiélago. Las razones que llevaron al pionero Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria a desmantelar el centro fueron “las numerosas evidencias y testimonios recibidos” sobre presuntos malos tratos ejercidos contra los menores en el interior. 

67 días después, el magistrado titular de este juzgado, Tomás Martín, dictó el cierre de otro centro en la misma isla. Un recurso localizado en el municipio de Agüimes, junto a la playa del Cabrón donde el número de menores alojados ascendía a 148. También lo gestionaba Quorum. Ese mismo mes, en julio de 2025, la Policía Nacional registró la sede de la entidad, en la capital de Gran Canaria, y en noviembre hizo lo mismo con un centro de la ONG en Fuerteventura, donde procedió a la detención del subdirector y de un educador. 

Todas estas actuaciones se enmarcan en una causa que permanece bajo secreto de sumario, bautizada como Operación Cábila, en la que se investigan delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas hacia los menores no acompañados.

Desde que comenzó la investigación han sido detenidos 15 trabajadores de Quorum Social 77, entre ellos la presidenta de la organización. Los últimos cuatro empleados fueron arrestados este martes en Tenerife, tras el registro por parte de la Policía Canaria del dispositivo de acogida instalado en el antiguo hotel MyCity, en el pueblo de Puerto de la Cruz. Todos ellos fueron puestos en libertad y están siendo investigados cinco exempleados. 

Antes de los primeros registros y detenciones, algunos menores y trabajadores ya denunciaron públicamente supuestos malos tratos en los centros. Los testimonios publicados por este periódico entonces advertían de “zulos” y salas de “castigo” donde algunos educadores agredían supuestamente a jóvenes. Ese año, Quorum Social 77 estaba en el primer puesto como la entidad que más fondos públicos recibía del Gobierno de Canarias para la atención para los menores migrantes. Entonces, recibió 6,9 millones de euros en contratos, muy por encima de la segunda ONG que más dinero público cobró, Coliseo, con 4,3 millones de euros. 

Ahora, la ONG gestiona 22 centros en el Archipiélago, con un total de 997 menores acogidos en ellos, según las cifras ofrecidas a este periódico por la Dirección General de Protección a la Infancia. En estos últimos años se han desmantelado cinco recursos dirigidos por Quorum: dos por orden del Juzgado y tres a instancias de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno canario. Según explican desde el área, estos tres recursos se cerraron por problemas con el espacio y las instalaciones. 

Sobre por qué no se rompen los contratos con Quorum, la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, respondió a los medios que “cuando haya sentencia, veremos qué es lo que sucede”. También emplazó a ver cómo queda la capacidad de los centros cuando se reorganicen “tras la contingencia migratoria”, haciendo referencia a las reubicaciones de los menores no acompañados en otras comunidades autónomas. 

Rodríguez ha asegurado que otros centros de la entidad funcionan “muy bien” y que el recurso de Puerto de la Cruz sigue abierto porque “funciona correctamente” y porque las personas investigadas ya no trabajan en él. “Nosotros sí hicimos un requerimiento a la entidad para que apartara de manera cautelar a estas personas del trabajo con los menores. Fueron apartados y despedidos”, aseveró. 

Denuncias públicas de menores y trabajadores

“Palizas, golpes, amenazas y castigos desproporcionados” fueron descritos por algunos menores en 2024 a la asociación de Gran Canaria El Taller La Isleta , que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo. En esta denuncia, los menores acogidos en el centro de Arinaga, ya cerrado por orden del Juzgado, contaron cómo un día fueron a clase “sin pegar ojo” porque había desaparecido un cargador y, como castigo, los educadores dejaron a los jóvenes sin dormir hasta encontrar al que lo había cogido. 

“El educador me pegó porque estaba ayudando con la comida que llegaba del cáterin. Se me cayó una de las bandejas porque pesaba mucho, y sin querer le golpeé con ella. Me dio un cachetón, no era motivo, yo soy muy tranquilo y nunca me meto en problemas”, describía uno de los testimonios recogidos en la denuncia. 

Otro joven narró cómo tres trabajadores “pegaron a un chico en la planta 3”. “Alguien grabó un vídeo de la paliza y lo amenazaron, que si no lo borraba le rompían el teléfono y le pegaban”, puede leerse en el escrito. Un grupo de menores que en 2024 vivía en el hotel MyCity también habló a los medios de comunicación de una sala de castigo, así como una trabajadora que informó de la existencia de un supuesto “zulo” con este fin en el macrocentro de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, también gestionado por Quorum.