¿Moción de censura o convocatoria de elecciones? El antecedente de 1995

En los meses de mayo y junio de 1995, tras el éxito del PP en las elecciones municipales y autonómicas, José María Aznar exigió que Felipe González abandonara la Presidencia del Gobierno y se convocaran elecciones generales anticipadas. “Váyase Sr. González”, fue el estribillo con que finalizaba sus intervenciones parlamentarias.

El presidente del PP consideraba que, tras el secuestro de Segundo Marey por los GAL, tras el escándalo de la huida del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, tras las escuchas del CESID, que habían afectado incluso al Rey, y tras la detención del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas habían sido en buena medida un referéndum sobre el Gobierno de Felipe González, que había quedado deslegitimado para mantenerse en el cargo.

González argumentó en el Pleno del Congreso de los Diputados que las elecciones municipales, autonómicas y generales no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos, y que cada una de ellas está prevista en el ordenamiento para transmitir legitimidad en cada uno de los niveles en que se estructura nuestra fórmula de gobierno. Con la Constitución de 1978, la única forma en que se podía destituir al presidente del Gobierno era mediante la aprobación de una moción de censura, a lo que José María Aznar se negaba en redondo.

Al no conseguir el objetivo de que Felipe González aceptara dar por finalizada la legislatura y convocara elecciones, la presión se centró en CiU, que era el único partido con escaños imprescindibles para completar la mayoría absoluta de investidura, aunque también fue apoyada por el PNV.

CiU no soportó la presión y, aunque no decidió apoyar una moción de censura, sí hizo pública la retirada de la confianza que había otorgado en la investidura a Felipe González.

El presidente del Gobierno entendió el mensaje y anunció que daba por finalizada la legislatura, aunque no se materializaría el fin de la misma de manera inmediata, sino que se pospondría al final del año, dado que España era el país responsable de gestión de la Unión Europea en ese segundo semestre de 1995. Las Cortes Generales quedaron disueltas al comenzar 1996 y se celebraron las elecciones, que ganó el PP, aunque sin mayoría suficiente para que José María Aznar fuera investido presidente.

Jordi Pujol intentó resistirse a investir a José María Aznar y llegó a proponer la abstención de todos los grupos parlamentarios, con lo que José María Aznar sería elegido por mayoría relativa en la segunda votación de investidura con los votos del PP exclusivamente. Pero Felipe González se opuso a dicha fórmula y al final, tras el Pacto del Majestic, José María Aznar fue investido presidente.

Estoy plenamente convencido de que Jordi Pujol no se ha arrepentido nunca lo suficiente de no haber soportado la presión en 1995 y haber retirado la confianza públicamente a Felipe González. Debilitó al “bloque democrático” y facilitó el acceso al poder de los herederos de Alianza Popular. Y se equivocó. Vaya que si se equivocó. José María Aznar no hace prisioneros. En la primera legislatura no pudo llegar más allá de donde la composición del Congreso de los Diputados le permitía. Pero en la segunda, con mayoría absoluta, decidió hacer el ajuste de cuentas, primero al PNV y después a CiU, agrietando, con ello, el sistema político de la Constitución de 1978 de una manera que todavía no hemos sabido cómo reparar.

En la legislatura que se inició el 23 de julio de 2023 el PP también pensó que iba a ganar las elecciones. Mucho más que en 1993. Y aunque no denunció “un pucherazo” en la misma noche electoral, sí consideró que el PSOE carecía de legitimidad para gobernar e intentó torpedear la investidura de Pedro Sánchez.

No ha dejado, además, de intentar crear un clima irrespirable para forzar al Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones. Y, sobre todo, se ha dado el paso de hacer uso del poder judicial para intentar derribar al Gobierno.

Ha habido un plan A político. Pero ha habido también un plan B judicial, que se ha expresado en la persecución de los dirigentes de Podemos y de los nacionalistas catalanes, pero que ha llegado hasta la familia del presidente del Gobierno y, sobre todo, al fiscal general del Estado.

El plan A ha consistido en la programación concatenada de cuatro elecciones automáticas, con la finalidad, por un lado, de independizarse de Vox y, por otro, de debilitar al Gobierno. El plan no ha tenido éxito, ya que no se ha conseguido en ninguna de las cuatro comunidades la mayoría absoluta necesaria para ello. Se ha perdido incluso la única mayoría absoluta de la que se disponía, en Andalucía.

Inmediatamente después de constatado el fracaso del plan A, se ha puesto en marcha el plan B, con la persecución de José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, sin que se haya aportado el más mínimo indicio de en qué ha consistido la presión del expresidente sobre los funcionarios de la SEPI que habían intervenido en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

Desde la perspectiva del delito de tráfico de influencias, el auto de imputación es un auto vacío, que imposibilita el ejercicio del derecho a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nos encontramos, como en 1995, en una presión destinada a los socios que aprobaron la moción de censura en 2018 y que, de una manera u otra, han mantenido al Gobierno hasta hoy.

¿Se repetirá la historia?