Familias de Escuelas Pías dicen al Obispado que mover al cura acusado de pederastia es seguir ''con la complicidad''

Familias del colegio Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife, donde residía hasta este jueves un cura denunciado por pederastia, han enviado un escrito al Obispo de Tenerife para expresar su ''máxima preocupación'' ante estos hechos. El sacerdote C.A.A. ha sido denunciado ante la Iglesia y la Fiscalía de Colombia por un supuesto caso de abusos sexuales a un menor en un colegio colombiano de 1992. Según publicó en exclusiva Canarias Ahora, el religioso residió desde 2015 hasta este 21 de mayo en este centro concertado de la isla.

Pocas horas después de la publicación en este periódico, el centro informó en una circular a las familias de que habían adoptado medidas cautelares para separar al cura de los menores. Por la tarde, tras un escrito emitido por los familiares, el colegio informó de que habían procedido a expulsar al religioso del colegio para reubicarlo en un ''lugar adecuado a su situación y avanzada edad, donde tampoco tendrá ningún contacto con menores ni estará vinculado a ningún entorno escolar''.

En el escrito enviado al Obispo de Tenerife, las familias denuncian la ''grave ambigüedad'' de esta circular. ''El centro no explicita ni aclara a qué espacio concreto denominan ''fuera del entorno escolar''. Nos resulta de extrema preocupación que dicho traslado pretenda limitarse a dependencias o estancias residenciales de la propia comunidad de religiosos que, aun estando apartadas de las aulas, se ubican físicamente dentro de las instalaciones y del recinto integral del centro educativo, manteniendo zonas de acceso comunes o colindantes'', subrayan las familias.

En esta línea, el colectivo de padres y madres de alumnos de las Escuelas Pías de Santa Cruz considera que ''trasladar'' a C.A.A. es ''continuar con la complicidad y generar otro foco de víctimas, no es la depuración de responsabilidades que la agravedad de los hechos exige''. Asimismo, piden una ''fiscalización contundente, detallada y sin ambigüedades'', que priorice el interés superior de los menores y garantice un espacio seguro para ellos.

Las denuncias contra C.A.A.

El pasado 5 de mayo, la víctima alertó al superior de la orden de los escolapios por correo electrónico de que, cuando tenía ocho años y estaba en tercero de Primaria, en 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C.A.A., de nacionalidad española. En aquel momento, relata el mensaje, el sacerdote era coordinador de Primaria en el colegio de Calasanz de Cúcuta (Colombia). En ese correo, advertía de que había tenido constancia de que el religoso vivía en un colegio de España y que tenía contacto con menores. Por eso, presesntó una denuncia ante la Fiscalía de Colombia el pasado 19 de mayo.

En la denuncia presentada por el exalumno ante la Fiscalía, este relata que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”.

En una entrevista con esta redacción, el denunciante asegura que actualmente aún recibe ayuda psicológica y psiquiátrica y que ha guardado silencio durante 35 años. Sus padres, explica, se enteraron hace apenas unos días de los hechos que denuncia.

C.A.A. llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Las Escuelas Pías reconocieron a este periódico que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. “En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’’, han señalado. La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, ''se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos''. 

El traslado del cura

En la segunda circular enviada por el centro a las familias el jueves 21 de mayo, informan del traslado del cura a un entorno fuera del espacio escolar. Además, en el comunicado intentan trasladar ''un mensaje claro de tranquilidad y seguridad''. ''Entendemos plenamente la inquietud que esta situación ha podido generar, y por ello queremos asegurarles que la protección de vuestros hijos e hijas, la seguridad del alumnado y la garantía de un entorno educativo seguro son nuestra máxima prioridad'', aseveran.

Las Escuelas Pías han reiterado su “rechazo absoluto” a “cualquier forma de abuso o conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores”. Ante cualquier denuncia de esta naturaleza, “nuestra obligación es actuar con seriedad, prudencia, rigor y humanidad, protegiendo siempre a los menores y colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, apuntan.

Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife es un colegio concertado. Este periódico ha preguntado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias si tomaría medidas en relación a los hechos publicados o si podía ofrecer su valoración de los mismos, a lo que desde el área han respondido que no entran en los regímenes disciplinarios de centros privados ni concertados.