Estupor entre los aspirantes a la Policía Canaria por la filtración de “decisiones institucionales” con el proceso aún abierto

Colectivos de opositores y afectados por el proceso selectivo que se sigue en el Cuerpo General de la Policía Canaria han mostrado su “profunda preocupación e indignación” ante la difusión en redes sociales por parte de un presunto sindicato que aparenta estar relacionado con la UGT de información anticipada relativa a la incorporación de 143 aspirantes a la Academia Canaria de Seguridad, “incluso indicando fechas y aspectos organizativos relacionados con uniformidad y tallaje”. Todo ello sin que se hayan resuelto los contenciosos interpuestos ante la Justicia y sin que se haya producido información oficial por parte de la Consejería de Presidencia y Seguridad, que es la competente.

“Los hechos son especialmente graves debido a que este proceso selectivo continúa inmerso en procedimientos judiciales actualmente en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, ha dicho un portavoz a este periódico. Esos pleitos incluyen la petición de medidas cautelares que no se han resuelto. “En este contexto, resulta absolutamente improcedente que una organización sindical actúe como canal previo de información institucional, adelantando decisiones que oficialmente no han sido notificadas”.

Los afectados señalan “un posible tráfico o filtración de información privilegiada”, así como “la existencia de relaciones impropias entre determinados responsables del proceso y miembros vinculados al citado sindicato”.

La preocupación aumenta para estas personas al conocer, según relatan, que algunos mandos presuntamente relacionados con las irregularidades denunciadas durante el proceso selectivo “mantienen vínculos directos con dicho sindicato y, además, tendrían un interés personal en el resultado del procedimiento, al encontrarse familiares directos —hijos, esposas y otros allegados— entre las personas pendientes de incorporación a la academia”.

De ahí que los afectados exijan a la Administración autonómica “transparencia absoluta, que se investigue cómo ha accedido el sindicato a información que no ha sido comunicada oficialmente, que se depuren responsabilidades en caso de confirmarse filtraciones o trato de favor, que se garantice la imparcialidad y legalidad del proceso selectivo y que se respete escrupulosamente la actuación de los órganos judiciales mientras existan procedimientos abiertos”.