El Gobierno niega la caducidad de las oposiciones a la Policía Canaria y achaca el “leve retraso” a la avalancha de recursos

El Gobierno de Canarias ha cerrado la puerta a un grupo de opositores que exigían la declaración de caducidad del polémico proceso selectivo para el ingreso de 141 agentes en la Policía Canaria, la quinta promoción del cuerpo. La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública ha desestimado íntegramente esas solicitudes y ha achacado el “leve” retraso en las oposiciones a la avalancha de recursos presentados frente a las actuaciones del tribunal, una cantidad “en absoluto habitual”. 

Como publicó este periódico, el pasado 26 de febrero el Gobierno recibió una batería de alegaciones que solicitaban la nulidad del proceso selectivo al entender que se había cumplido el plazo improrrogable de tres años que el Estatuto Básico del Empleado Público establece para concluir de manera definitiva las Ofertas de Empleo Público (OEP). 

Los recurrentes basaron su solicitud en la doctrina fijada por el Supremo en una sentencia dictada en julio del año pasado en relación con un proceso selectivo en Sevilla. El alto tribunal resolvió una vieja discusión jurídica y determinó que dentro de esos tres años se debe desarrollar todo el proceso selectivo, que no es suficiente con convocar las oposiciones en ese plazo desde la aprobación de la oferta de empleo público. 

“No es razonable mantener procesos selectivos abiertos por un tiempo indeterminado (...) Limitar el concepto de ejecución a publicar la convocatoria permitiría que los procesos selectivos se alargasen ad eternum (para siempre), vaciando de sentido el plazo legal”, recogía esa sentencia que este grupo de opositores entendía extrapolable al caso canario. 

Las oposiciones a la Policía Canaria unificaron 61 plazas de la OEP de 2022 (aprobada en diciembre de ese año) con 80 de la de 2023. Los aspirantes sostenían que las primeras plazas caducaron en diciembre de 2025 (transcurrido el plazo improrrogable de tres años) y que, al ser una convocatoria conjunta, esos efectos se extendían a toda la oposición.

Un retraso “admisible”

En su respuesta, el Gobierno de Canarias acumula todas las solicitudes de caducidad de los aspirantes y las desestima íntegramente. La resolución, firmada el pasado 6 de marzo por el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso, remarca que la calificación jurídica de ese plazo improrrogable de tres años ha sido objeto de “extensos debates doctrinales y jurisprudenciales”. 

Ese debate, continúa el escrito, “culmina” con el reciente fallo del Supremo (el dictado en julio de 2025), “que recapitula las sentencias previas y fija como regla general que el procedimiento selectivo tiene que desarrollarse íntegramente dentro del plazo de tres años”. 

Sin embargo, el alto cargo del Ejecutivo regional precisa que esa misma sentencia “admite expresamente que, de forma justificada y excepcionalmente, pueda ser admisible un retraso, sin preverse un régimen de nulidad de pleno derecho automático e indiscriminado”. 

El Gobierno entiende que el incumplimiento del plazo de tres años respecto a la Oferta de Empleo Público de 2022 “no llevaría aparejado automáticamente consecuencias invalidantes”. Por un lado, defiende que el proceso selectivo se encuentra “en una fase muy avanzada”, puesto que el pasado 18 de febrero se publicó la propuesta de personas seleccionadas. “Cualquier retraso en el desarrollo total sería muy leve”, agrega. 

Avalancha de recursos

El director de Estudios y Formación incide, por otra parte, en el volumen del proceso selectivo, con “un elevado número de plazas (141)”, con “1.100 horas de curso de formación y 600 horas de prácticas”, y con “un número muy elevado de incidencias promovidas por los propios opositores ante el tribunal calificador y ante el órgano convocante”. 

La resolución subraya que no sólo se han presentado alegaciones y reclamaciones contra actos provisionales en todas las fases del proceso selectivo (algunos aspirantes hablan de un “patrón de irregularidades”), sino que también se han planteado incidentes de recusación contra el presidente y otros miembros del tribunal calificador. En el caso del presidente, por haber dado clases de formación en los cinco años anteriores a la convocatoria. 

Según el Gobierno regional, hasta la fecha se han presentado cerca de un centenar de recursos de alzada contra los dos últimos actos de trámite adoptados por ese tribunal. 

“Por tales motivos, puede sostenerse razonablemente que la duración del mismo (del proceso selectivo) responde a la propia complejidad del proceso en cuestión, sin que en modo alguno pueda detectarse inactividad por parte de esta administración, que ha realizado una actividad continuada sin paralizaciones imputables a la misma”, concluye la Dirección General, que insiste en que no es “en absoluto habitual” que “un porcentaje tan alto de aspirantes hayan promovido recursos administrativos frente a las últimas actuaciones del tribunal o hayan solicitado la anulación del proceso selectivo”. 

En definitiva, el Gobierno desestima íntegramente las solicitudes de caducidad, “declarando la plena validez y continuidad del referido proceso selectivo hasta su completa finalización”. La resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que a los opositores tan sólo les queda la opción de acudir a los juzgados de lo contencioso en el plazo de dos meses. 

600 efectivos a final de legislatura

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este martes, durante el debate sobre el estado de la nacionalidad, que al final de la legislatura habrá aproximadamente 600 miembros de la Policía Canaria, así como destacamentos y comisarías del cuerpo autonómico en las islas no capitalinas.